La resistencia a conocer el pasado

Este artículo responde a algunas de las críticas hechas predominantemente por las derechas (y también por intelectuales conocidos por su antiizquierdismo) a las movilizaciones progresistas que están ocurriendo en España en protesta del enjuiciamiento del Juez Garzón por sus investigaciones de los crímenes realizados por el fascismo.

La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.
Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.
Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País, es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).
Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10), “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.
Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.
El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.
Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país. (Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 29 de abril de 2010)

Grecia no es la causa principal de la crisis del euro

La visión que se está transmitiendo, por la mayoría de medios de información en España, sobre la crisis del euro es que esta crisis está causada por el comportamiento irresponsable del gobierno griego, que ha gastado en exceso en su estado del bienestar, creando un déficit y una deuda pública que no son sostenibles y que han generado dudas sobre si el gobierno podrá pagar sus deudas, con lo cual la moneda que utiliza Grecia –el euro- quedará muy afectada. Ejemplo de esta lectura del euro es el artículo de Sala i Martín en La Vanguardia (17.02.10), en el que critica a Grecia (y a otros países de la eurozona mediterránea, incluyendo España) de ser responsables de la crisis de la moneda europea, debido a un excesivo gasto público, derrochado –según él- en exuberantes beneficios sociales y laborales (ver mi artículo “La crisis, ¿qué debería hacerse?” Sistema 05.03.10). En este contexto, aparecen frecuentemente los pensionistas griegos, muchos de los cuales pueden ya jubilarse a la temprana edad de 55 años. De esta lectura se deriva que la solución es que los griegos (así como los españoles, portugueses y otros mediterráneos -aunque incluyen también a Irlanda- inclinados a excesos en sus gastos públicos) se aprieten el cinturón recortando su gasto público y reduciendo sus exuberantes beneficios sociales y laborales, tal como instruyen el Banco Central Europeo (máxima autoridad monetaria de la Eurozona) y el Pacto de Estabilidad.
Hasta aquí el dogma liberal. Veamos ahora los datos. En realidad, la economía griega en los últimos quince años (hasta 2009) había sido altamente exitosa. Su crecimiento económico (medido en el PIB per capita) creció más rápidamente que el promedio de la UE. Es cierto que ahora su déficit es elevado (13% del PIB), y su deuda es también elevada (113%), aunque no mucho más elevada que la deuda que se proyecta para el 2011 para el promedio de los países de la OCDE y mucho menor que la deuda de Japón (192% del PIB). Lo que ha ocurrido en Grecia, y en la mayoría de países de la OCDE, es que la disminución de los ingresos del estado, consecuencia del descenso muy marcado de la actividad económica, ha causado el crecimiento del déficit. Lo que los liberales olvidan es que el problema del déficit se basa más en el déficit de ingresos al estado (impuestos), que en la exuberancia del gasto.
Grecia es un país pequeño (que además tiene un fraude fiscal enorme), y el gobierno conservador anterior prefirió conseguir más dinero de los bancos extranjeros que aumentar los impuestos de la gente más pudiente y así corregir el fraude fiscal. El 95% del dinero que consiguió, vendiendo bonos, fue a bancos europeos. En otras palabras, el 95% de la deuda del estado griego la tienen los bancos europeos (y muy en especial los alemanes). Estos bancos compraron los bonos griegos en masa y a precios muy reducidos. Tiene millones de euros en bonos. Esto s bonos los tienen asegurados en lo que se llama Credit Defaults Swaps (CDS); lo cual quiere decir que el aseguramiento de los bonos no se basa en su precio real, sino en un precio ficticio, resultado de la especulación. De ahí las campañas de los bancos y de los hedge funds (fondos de carácter especulativo) a fin de inflar el precio de los bonos que generan un interés exorbitante de un 7% por año. Y se están forrando como consecuencia de ellos. De esto, los liberales ni hablan.
Pero este crecimiento exuberante de los intereses de los bonos lo tiene que pagar el ciudadano griego a base de ajustarse el cinturón. Y ahí está el Pacto de Estabilidad, el instrumento por antonomasia de rectitud monetaria. Lo que al ciudadano griego se le dice es que tiene que ser más austero, vivir con menos transferencias y servicios públicos y reducir sus beneficios sociales y laborales. Todo ello para que se puedan pagar a los bancos sus escandalosamente altos bene ficios bancarios, basados en mera especulación. Y los bancos tienen sus propias agencias de certificación (que están en su bolsillo), que catalogan los bonos de los estados según la voluntad de los gobiernos de seguir las instrucciones de los bancos (que se llaman los mercados financieros).
Ahora bien, este descenso del gasto público está creando un enorme problema, pues acentúa más la recesión y dificulta la recuperación en todos los países de la eurozona y no sólo en los países mediterráneos (e Irlanda), sino también en los países centrales, incluida Alemania. La austeridad de gasto público (iniciada ya con las reformas Schroeder) en Alemania, junto con la falta de crecimiento de los salarios en aquel país, hace que la escasa demanda interna esté imposibilitando el estímulo económico necesario para salir de la crisis. De ahí que los círculos liberales y conservadores que gobiernan en Alemania intenten basar la recuperación económica en el crecimiento de las exp ortaciones. Pero el problema es que la gran mayoría de exportaciones en Alemania (2/3 partes) van a los países de la Eurozona que no están importando por las mismas razones: las prácticas de austeridad (bajada de gasto publico y de salarios), que están imposibilitando que se importen los productos alemanes. De ahí que el comercio alemán y europeo se está paralizando. En realidad, en Irlanda, donde más se han aplicado las recetas de austeridad (al igual que en Lituania), el PIB ha disminuido nada menos que un 8% (en 2009), desembocando aquel país en una profunda recesión. Un tanto igual ocurrirá en Grecia (y puede ocurrir en España si las políticas de austeridad no cambian). El paquete de ayuda de la UE a Grecia que el presidente Zapatero, Presidente de la UE, ha organizado, es una medida necesaria pero profundamente ineficiente, pues la solución a la crisis de Grecia pasa por cambios más profundos de lo que la UE está considerando, pues se necesita un giro de 180º en sus políticas, pasando de políticas liberales a políticas keynesianas de estímulo de la demanda. Cuando se creía que la crisis presente (generada por las políticas liberales) significaría el fin del neoliberalismo, resulta que, paradójicamente, estamos viendo como la mayoría de gobiernos de la UE, alentados por sus instituciones (tanto el BCE como la Comisión Europea y el Consejo Europeo) están reincorporando tales políticas. (Vicenc Navarro.) (Foto para el recuerdo, madre e hija minutos antes de participar juntas en una carrera de 5 km. Se aconseja verla escuchando la canción de Katie Melua)

¿Salvar a Grecia?¡Ni que fuera un banco!

"Prometer ayuda concreta demasiado pronto sólo tendría como efecto quitar presión a Grecia de cara a las medidas que debe afrontar.” Guido Westerwelle, ministro alemán de Exteriores.
¿Tienen ganas de meterse con alguien sin temer su respuesta? Si les pide el cuerpo desahogarse un rato, insultar o humillar a alguien y que el humillado se limite a agachar la cabeza y asentir, búsquense un griego. A ser posible un ministro. Llámenle tramposo y vago, acúsenle de engañar con las cifras, de trabajar poco; pídanle que venda sus preciosas islas, que reforme sus pensiones, que privatice todo lo que tenga.
Hay que ver cómo se las gastan los hermanos europeos, qué bonita es la solidaridad continental. Lo saben los griegos, tratados como apestados, sometidos a la incertidumbre de si les ayudaremos, los dejaremos en manos del fraternal FMI o los abandonaremos a su ruina; y obligados a pasar por todos los aros que les pongan delante. Lo llaman “rescate”, pero en realidad nos rescatamos a nosotros mismos, para proteger la zona euro. Sólo por eso ayudamos a los griegos, y lo hacemos prestando dinero que devolverán con intereses, aunque sean algo más bajos de los que hoy pagan por su disparada deuda. Lo anunció nuestro presidente hace unos días: la ayuda a Grecia nos hará ganar 110 millones de euros. Toma solidaridad.
Lo llaman rescate, sí. ¿Dónde he oído yo esa palabra antes? Ah, sí, cuando entre todos rescatamos al sector financiero, fundiendo billones de los Estados. Qué diferencia de rescate: a los bancos se les dio el dinero sin exigir nada a cambio, mientras que Grecia va a sudar cada euro que reciba, con duros planes de ajuste para varias generaciones. Grecia se ha portado mal, dicen, pero ¿lo ha hecho peor que los bancos rescatados? Claro que éstos eran “demasiado grandes para caer”, frente a la pequeña Grecia.
Lo mejor de todo es que el rescate, a quien de verdad rescata, es a los “mercados”, a los poseedores de deuda griega -que con el plan europeo verán asegurada su ganancia y a intereses cada vez más altos-, y a quienes están jugando con el riesgo griego como en una casa de apuestas. Tras ser rescatado, el sector financiero está haciendo negocio con la deuda pública. Y quiere más. (Isaac Rosa. Público)