Fuentes: Nueva Tribuna
En el momento de afrontar la integración de la memoria democrática como una parte significativa del currículo escolar, se ha de tener muy en cuenta la situación, retos y perspectiva de la democracia misma, en su faceta actual como modo de vida y sistema de gobierno representativo, también en España.
En nuestro caso se advierten algunos de esos riesgos, provocados por una derecha conservadora que todavía no ha superado su transición a la militancia democrática normalizada en el occidente europeo y se manifiesta incapaz de desprenderse de sus antiguos vínculos con el franquismo político y sociológico. Que reclama el monopolio del “constitucionalismo”, pero en un alarde permanente de incoherencia se ha opuesto sistemáticamente a incorporar la Educación para la Ciudadanía Democrática en el sistema educativo español, y recientemente ha prometido derogar la Ley de la Memoria Democrática, cuya finalidad reside en la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España y su lógica incorporación al currículo escolar de un Estado democrático.
Como escribió en 1986 H.R. Southworth en su obra El mito de la cruzada de Franco, «durante cuarenta años, los españoles fueron obligados a tragarse una falsa historia de su país, y los efectos secundarios de una dieta tan asquerosa difícilmente pueden desaparecer en pocos meses». Así ha ocurrido, no en pocos meses, pero ni siquiera en pocos años han desaparecido en la enseñanza de nuestra Historia curricular los efectos prolongados de la memoria franquista, cuyo rastro aún puede seguirse a través de las carencias que hasta la fecha ha tenido la enseñanza de nuestra historia y memoria democrática. Inaceptables neutralismos y equidistancias, viejos tópicos heredados del régimen antidemocrático, hábitos debidos a la pereza y la comodidad, temores prolongados por difusas amenazas o rechazos. Deficiencias a las que la incorporación de la memoria al currículo escolar debe poner pronto remedio. De tal modo que en el futuro no salgan de nuestras escuelas generaciones enteras de alumnos que ignoren hechos fundamentales y graves que han marcado nuestra existencia como nación, como la dictadura, la guerra, el exilio…O que carezcan de un conocimiento de los hechos históricos basado en un análisis crítico y valorativo de su significado que favorezca el desarrollo de una conciencia y valores de ciudadanía activa.
Inaceptables equidistancias, como la de aquel que habló de «la guerra de los abuelos”, que han favorecido un trato equiparado de la historia y la memoria de un sistema democrático, como fue la II República y su contrario en términos políticos absolutos que la destruyó. Una dictadura que como dejó escrito Santos Juliá tuvo la violencia ejercida por el Estado y la política de terror como «elemento constitutivo del propio régimen franquista un pilar básico del ordenamiento jurídico-político durante todas las fases por las que pasó la dictadura”, incluida la fase de gobierno de los tecnócratas del Opus y la de lavado de cara de los ”25 años de paz”.
Algunos confundieron deliberadamente amnistía con amnesia y reconciliación con blanqueo de los horrores de una férrea dictadura. Los promotores de la amnesia y de la ocultación o equiparación de ese pasado de represión de libertades y dictadura han mediatizado todo lo que han podido el modo de enseñar la historia contemporánea de España, ocultando o desvaneciendo una parte importante de nuestra memoria democrática. De ahí han derivado las limitaciones y carencias de una memoria democrática frágil e incompleta, toleradas durante una larga etapa desde la Transición, y el tardío reconocimiento de sus fundamentos históricos, de las antiguas raíces democráticas de sus instituciones y declaraciones de derechos por parte del vigente sistema democrático español. Hasta que la aprobación de la Ley de Memoria Histórica por las Cortes en 2007 produjo un giro decisivo y el inicio de un proceso más ambicioso que culminó con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022.
Llegados a este punto es preciso considerar con el rigor que merece, la preocupante cuestión que suscita la práctica de la equidistancia, la neutralidad y la equiparación, como comportamiento de una parte no desdeñable del profesorado en el momento de abordar cuestiones relevantes de la memoria democrática ya integradas en el currículo oficial.
Entre las conclusiones del proyecto de investigación realizado en 2021 sobre la incorporación de la memoria democrática al currículo escolar, realizado por un amplio equipo de la Fundación Cives, señalamos una evidencia extraída del análisis de los libros de texto y de la práctica extendida entre segmentos del profesorado: la existencia de una tendencia a omitir los temas “conflictivos” en el aula, así como la abundancia de expresiones sobre responsabilidades compartidas en la represión, síntomas todos ellos de excesos de neutralismo, equidistancia y escasa implicación. Cuyas consecuencias serían la transmisión al alumnado de un mensaje equívoco, conforme al cual los acontecimientos violentos y represivos del pasado reciente son un aspecto más de la historia de España, sin que fuesen aprovechados para aprender de los errores del pasado, y promover así su no repetición.
En cualquier caso, como recogimos en la conclusión XIII de nuestra investigación, es evidente que no se puede dejar el tratamiento de cuestiones tan fundamentales a expensas de la buena disposición de los profesionales de la enseñanza, a su implicación personal en función de sus particulares ideologías o creencias, a su actitud favorable o desfavorable respecto a la memoria democrática curricular, ni a las incomodidades que el ejercicio docente, inspirado en la pertinente deontología profesional, puedan acarrearle en sus relaciones con el equipo directivo, las familias y el alumnado.
No se puede aceptar en este, ni en otros aspectos de la docencia, PIM parental de ninguna especie, ni pretendidas objeciones de conciencia a la recepción de las enseñanzas regladas, una vez garantizada su legalidad y legitimidad conforme a las normas del Estado de Derecho establecido en la Constitución.
El profesorado que imparte sus enseñanzas en el sistema educativo de un Estado democrático debe tener claros al menos los siguientes principios básicos:
1º- Su ejercicio profesional como enseñante está amparado por la libertad de cátedra, como derecho establecido por nuestra Constitución para garantizar la transmisión objetiva del saber y no las meras opiniones personales.
2º- El Estado al que sirven está en el deber de promocionar la educación en principios, valores y contenidos cívicos democráticos.
3º- La educación para ciudadanía democrática, en la que ha de integrarse la memoria democrática curricular, no es, por tanto, adoctrinamiento.
4º- La memoria democrática curricular se rige también por los principios de verdad, justicia, reparación a las victimas y el deber de no repetición de las graves violaciones de derechos del pasado. Ello requiere del profesor objetividad y no equidistancia, ni ambigüedad ni indiferencia. Y exclusión de todo partidismo sectario en cualquiera de sus manifestaciones.
Gracias a estas leyes y a las normas dictadas para la reforma educativa por la LOMLOE y los reales decretos sobre mínimos curriculares, el sistema educativo ha abierto finalmente sus puertas para la normalización y generalización de la existencia de una memoria democrática que formará parte del currículo de las asignaturas de Historia que se imparten en bachillerato y educación secundaria obligatoria, y en la de educación de valores cívicos y éticos, sin olvidar su incorporación igualmente en la Enseñanza Primaria. Mediante ellas el alumnado podrá adquirir la competencia ciudadana, muy unida al conocimiento de la historia de la democracia en España y los derechos de ciudadanía conquistados gracias a sus graduales avances, haciendo expresamente énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres.
Victorino Mayoral Cortés es presidente de la Fundación Cives-
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