El poder de los agentes de influencia aumenta en la política alemana y europea

Berlín cuenta con una red de 5000 lobbystas, gente que pulula alrededor de las instituciones públicas, el gobierno, los ministerios y el Bundestag, promocionando los intereses privados de empresas y sectores. Pueden ser empleados de esas empresas, o “expertos”, o ejecutivos de “agencias de comunicación”, de despachos de abogados y de consultoras que trabajan como mercenarios para esas empresas o sectores, pero el objetivo es común: ¿qué hay de lo nuestro?

Este ejército de traficantes de influencias determina mucho la política, no sólo en Alemania sino en el conjunto de Europa. La palabra inglesa Lobby significa “vestíbulo” y de lo que se trata es de ocupar las antesalas de las instituciones para influirlas.

En Berlín es un fenómeno que va claramente a más, señala la organización Lobby Control, fundada en 2005 para impulsar la transparencia. La organización realiza recorridos turísticos por el centro de Berlín identificando las sedes lobbystas que jalonan el barrio gubernamental, cerca de la cancillería, los ministerios y el edificio del Reichstag sede del parlamento alemán.

Corrupción y política
Transparency International Deutschland, la veterana organización no gubernamental con sede en Berlín, pide que se establezca un “registro obligatorio” de todo este ejército de conseguidores para saber quién es quién. La organización define “corrupción” como, “abuso de un poder delegado en aras del beneficio y la ventaja privada”.

Otros defienden un concepto más amplio que incluye aquellas decisiones políticas con grandes consecuencias económicas y financieras que son adoptadas con el propósito y la voluntad de favorecer intereses particulares o a personas concretas. De acuerdo a esa definición ampliada, el panorama de la corrupción se ensancha considerablemente.

Un ejemplo alemán pero bastante universal es el de la privatización parcial del sistema de pensiones de jubilación. El sistema privado de pensiones es mucho más caro para los ciudadanos que el estatal pero abre suculentas oportunidades de negocio a bancos y compañías de seguros. La jugada entraría dentro de esa definición más amplia de corrupción.

La privatización de las pensiones comenzó a examinarse en Alemania en dos comisiones gubernamentales a partir del año 2002. El presidente y varios miembros de una de esas comisiones, la Comisión Rürup, cuyo objetivo oficial era estudiar la “sostenibilidad del sistema de pensiones”, eran representantes del sector del seguro privado, beneficiario directo del asunto. Walter Riester, entonces ministro de trabajo y presidente de la otra comisión creada con el mismo cometido, se benefició personalmente de la privatización del sistema.

“Expertos independientes”
Los medios de comunicación, que prepararon el terreno a la operación desde los años noventa, agitando el fantasma del cambio demográfico para favorecer la privatización, también fueron un puntal de la operación ¿Inocente?

En los medios de comunicación los lobbystas tienen una presencia muy importante. Los de la organización empresarial alemana Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSW) propugnan privatización, desregulación y flexibilización, y han sostenido una campaña contra el salario mínimo. En algunos debates televisivos han llegado a participar hasta tres miembros del INSW en el mismo programa en calidad de “expertos independientes”.

“La gente puede pensar que si tantos expertos coinciden en un mismo punto de vista, es que la tesis que defienden debe ser la correcta”, se lee en una publicación del sindicato Verdi.

Trasvase de influencias
La comunicación entre lobbysmo y política es fluida y reposa sobre una estrecha interrelación. Incluso en Alemania y en la Europa luterana del Norte, con una moral económica mucho más estricta que en el Mediterráneo, lobbystas y políticos alternan su posición con creciente dinamismo, señalaba en septiembre el semanario Der Spiegel. Si entre 1969 y 1982 solo tres ministros alemanes se mudaron a empresas al concluir su función, desde el año 2000 se contabilizan once. En niveles más bajos de la burocracia la cuenta es muy abultada, señalan los estudios y contabilidades con nombres y apellidos realizadas en Alemania.

El ministro de trabajo del SPD Wolfgang Clement, que fue clave en la llamada “flexibilización” del mercado de trabajo potenciando los “minijobs” y el trabajo subcontratado, trabaja hoy para la mayor empresa de subcontratación del país. Su colega de partido y ex canciller Gerhard Schröder, bajo cuya dirección se cerró el negocio de los oleoductos bálticos con la compañía rusa Gazprom, es hoy presidente de la compañía resultante: Nord Stream A.G.

Diferente es la combinación que encarna la nueva senadora de economía de Berlín, Cornelia Yzers. Durante ocho años Yzers fue la mujer del sector farmacéutico en el Bundestag y durante cinco fue secretaria de estado parlamentaria en los ministerios de Angela Merkel y Jürgen Rüttgers con el canciller Kohl. En 2001 logró que el canciller Schröder retirara una ley de su ministra de sanidad Ulla Schmidt que ahorró al sector 500 millones de euros. Su actual nombramiento en el gobierno de Berlín ha dado de qué hablar, pues la capital es el centro del sector farmacéutico nacional que mueve aquí 5600 millones de euros anuales. Bayer y Berlin Chemie se cuentan entre las principales empresas de la ciudad.

Redes y “redes”
En octubre el partido verde criticó el paso al consorcio energético Anbaric de Johannes Kindler, un alto funcionario de la CDU que dirigió hasta principios de año la agencia federal de la red eléctrica. La red eléctrica alemana está en vísperas de enormes y millonarias inversiones relacionadas con la apuesta eólica de la reconversión energética nacional, y Anbaric tiene una gran presencia financiera en esa red. El conocimiento directo de otras redes, las de decisión, y los contactos informales de los altos funcionarios públicos, rentan mucho cuando estos dejan la política.

Michael Glos (CSU), ex ministro de economía de 2005 a 2009 y hoy diputado, es el número dos del Bundestag en ingresos colaterales a su función de diputado: 546.000 euros en la actual legislatura. El número uno es el ex ministro de finanzas y actual candidato socialdemócrata a la cancillería, Peer Steinbrück, un hombre clave en la apertura alemana a los productos financieros y que ha ingresado 1,25 millones de euros desde su escaño de diputado. Ni Glos ni Steinbrück recibirían todo ese dinero, de conferencias, libros y demás, si no hubieran sido ministros y no se les considera “influyentes” y conocedores de las redes de decisión.

Otmar Issinger, ex miembro de la dirección del Bundesbank y del Banco Central Europeo es hoy consejero de Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión con mayores responsabilidades en la crisis financiera. Eso no impide que, en Europa y América, los ex empleados de Goldman Sachs aporten una lista de veinte dirigentes y gestores de primera línea de la actual crisis, incluidos jefes de gobierno en Italia y Grecia y el propio presidente del BCE. La Europa actual y su crisis no se comprenden sin atender a este fenómeno.

En Bruselas aún peor
La situación en la capital de la Europa comunitaria es aún peor que en Berlín. Se estima que hay allí unos 15.000 lobbystas revoloteando alrededor de la toma de decisiones del ejecutivo europeo y su burocracia.

“La industria financiera forma uno de los grupos mejor organizados y disciplinados, puede que sea la fuerza principal en Bruselas”, explica el alemán Wolfgang Hetzer, director del departamento de Inteligencia y Análisis de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Es un problema “muy preocupante” y que está lejos de ser únicamente europeo, dice este experto, que cita el caso de Estados Unidos. Y no se trata solo de bancos y de finanzas.

La DG Enterprise, como se llama en Bruselas a la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, es un organismo clave. Dos tercios de los grupos no gubernamentales de asesoramiento que rodean a ese organismo están compuestos por lobbystas que defienden intereses de las grandes empresas. Así lo establece el informe que presentó el julio la organización británica Alter-EU (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), que ha contabilizado 482 consejeros empresariales que asesoran y presionan en áreas claves de la política.

Entre los cometidos de la DG Enterprise figura el fortalecimiento del mercado y la industria, el acceso a materias primas en todo el mundo, el fomento de una economía energéticamente eficiente, el sector espacial y armamentístico, la protección del consumidor, normas alimentarias y medioambientales y otros. En sectores considerados sensibles, como el químico, alimentario, la sanidad y el automóvil, la DG Enterprise emite directivas de ámbito europeo. Frente a los 482 lobbystas empresariales, que representan casi el 60% de los expertos, sólo hay 11 representantes sindicales (1,3%).

Enorme desequilibrio
Los sindicatos no son los únicos en gozar de esa diminuta proporción en el área del asesoramiento. La pequeña y mediana empresa solo cuenta con un 5,2% del total de los representantes no gubernamentales, mientras que las ONGs - entre las que hay de todo, incluidas muchas claramente empresariales- pesan un 7,8%. El mundo académico sin ánimo de lucro tiene una presencia del 14,7% y el sector cooperativista un 0,5%. Como el sector empresarial también está representado a través de organizaciones híbridas, y profusamente también entre los representantes del sector público, su peso real es mucho mayor, señala el estudio. En ese caldo de cultivo, ¿quién puede extrañarse del enorme desequilibrio entre intereses financieros-empresariales por un lado e intereses ciudadanos por el otro que refleja la política europea?

El Parlamento Europeo ha criticado en diversas ocasiones a la Comisión por implicar de forma tan desproporcionada a las grandes empresas en la toma de decisiones, con muy poco éxito.

El aplastante dominio en los grupos de expertos, “otorga a la gran empresa un acceso privilegiado a la hora de influir en la agenda política, mientras otros intereses no disponen de esa ventaja”, dice Yorgos Vassalos, uno de los autores del informe de Alter-EU. “En consecuencia, hay un riesgo muy real de que los lobbystas de la industria se hagan con el control de áreas enteras del quehacer político europeo en detrimento del conjunto de la sociedad”, dice.
Rafael Poch, en la Vanguardia. Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20121112/54354405217/lobbys-politica-alemania-europa.html