Por David de Jong, NYT.
Fue reportero de Bloomberg News y autor de Nazi Billionaires: The Dark History of Germany’s Wealthiest Dynasties, del cual se adaptó este ensayo.
La columna vertebral de la economía alemana actual es la industria automotriz. Esto no solo se debe a que representa alrededor del 10 por ciento del PIB; marcas como Porsche, Mercedes, BMW y Volkswagen son reconocidas en todo el mundo como símbolos del ingenio y la excelencia de Alemania en el sector industrial. Estas empresas invierten millones en mercadotecnia y publicidad para sustentar esa imagen. Invierten menos dinero y energía en hablar sobre sus orígenes.
El éxito de estas corporaciones se remonta directamente a los nazis: Ferdinand Porsche convenció a Hitler de poner en marcha las operaciones de Volkswagen. Su hijo, Ferry Porsche, quien hizo crecer a la empresa, se ofreció voluntariamente como oficial de las SS. Herbert Quandt, quien convirtió a BMW en lo que es hoy, cometió crímenes de guerra. También Friedrich Flick, quien llegó a liderar Daimler-Benz. A diferencia de Quandt, Flick fue sentenciado en Núremberg.
No es que este sea un secreto en la Alemania moderna, pero sí se ignora con despreocupación. Estos titanes de la industria, los hombres que desempeñaron un papel central en el desarrollo del “milagro económico” del país después de la guerra, en general siguen siendo alabados y celebrados por su visión empresarial, no por sus actos bélicos. Edificios, fundaciones y premios llevan sus nombres. En un país que es tan elogiado por su cultura de remembranza y arrepentimiento, el reconocimiento honesto y transparente de los actos en tiempos de guerra de algunas de las familias alemanas más adineradas sigue siendo, en el mejor de los casos, una acotación. Pero las cuentas no estarán del todo ajustadas sino hasta que estas empresas —y Alemania— sean más explícitas sobre el pasado nazi de sus patriarcas.
He escrito sobre estas familias desde hace una década; primero, como periodista de Bloomberg News, luego, como autor de un libro sobre las dinastías empresariales alemanas y sus historias relacionadas con el Tercer Reich. He indagado en cientos de documentos históricos y estudios académicos, así como en memorias y autobiografías. He hablado con historiadores y visitado archivos dentro y fuera de las fronteras alemanas. Y mis descubrimientos me han asombrado.
Veamos primero a los Quandt. En la actualidad, dos de los herederos de la familia tienen un patrimonio neto de unos 38.000 millones de dólares, controlan BMW, Mini y Rolls-Royce y tienen participaciones considerables en las industrias química y tecnológica. Los patriarcas de la familia, Günther Quandt y su hijo Herbert Quandt, fueron miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y sometieron hasta a 57.500 personas a trabajo esclavo y forzoso en sus fábricas, donde se producían armas y baterías para la iniciativa bélica alemana. Günther Quandt adquirió empresas de judíos que fueron obligados a vender sus negocios a precios inferiores a los del mercado y de otros cuyas propiedades fueron incautadas luego de que Alemania ocupara sus países. Herbert Quandt ayudó con al menos dos de estas adquisiciones sospechosas y también supervisó la planificación, la construcción y el desmantelamiento de un subcampo de concentración que jamás se finalizó en Polonia.
Tras el fin de la guerra, los Quandt fueron “desnazificados” en un proceso jurídico malogrado durante la posguerra en Alemania, cuando la mayoría de los perpetradores del Holocausto eludieron el castigo por sus crímenes. En 1960, cinco años después de heredar una fortuna de su padre, Herbert Quandt salvó a BMW de la quiebra. Se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa y comenzó a reconstruirla. Hoy en día, dos de sus hijos, Stefan Quandt y Susanne Klatten, forman parte de la familia más rica de Alemania, con un control casi mayoritario de BMW. Los hermanos gestionan sus fortunas desde una ciudad cerca de Fráncfort en un edificio que lleva el nombre de su abuelo.
Los Quandt de la actualidad no pueden alegar que desconocen las acciones de su padre y su abuelo. La información que acabo de mencionar se incluye en un estudio de 2011 que encargó la dinastía Quandt cuatro años después de que un documental crítico que apareció en la televisión expuso parte de la implicación de la familia en el Tercer Reich. Pese a haber ordenado el estudio, que fue realizado por un historiador y un equipo de investigadores, al parecer los herederos de la BMW prefieren seguir con su vida como si no se supiera nada.
En la única entrevista que ofreció en respuesta a los hallazgos de la investigación, Stefan Quandt describió el distanciamiento que la familia tomó de su padre y su abuelo como un conflicto necesario pero “enorme y doloroso”. Aun así, el nombre de Günther Quandt sigue plasmado en sus oficinas centrales y Stefan Quandt concede un premio anual de periodismo que lleva el nombre de su padre. Stefan Quandt afirmó creer que el “trabajo de toda la vida” de su padre lo ameritaba.
En la entrevista, Stefan Quandt declaró que, para la familia, los objetivos principales del estudio eran “la apertura y la transparencia”. Pero durante una década más, el sitio web de Herbert Quandt Media Prize mostró una biografía de su homónimo que no mencionaba sus actividades durante la época nazi, excepto por el momento en que se unió al consejo administrativo de la empresa de baterías de su padre en 1940.
Eso no cambió sino hasta finales de octubre de 2021, más de una década después de que se realizó el estudio, pero, muy evidentemente, a pocos meses de que yo cuestionara a la familia al respecto. Ahora, una biografía ampliada menciona parte de los hallazgos del estudio, como la responsabilidad que tuvo Herbert Quandt en la contratación de personal en las fábricas de baterías de Berlín, donde personas fueron sometidas a trabajo esclavo y forzoso. Pero aún omite la participación de Herbert Quandt en el proyecto del subcampo de concentración, el uso que hizo de prisioneros de guerra en su propiedad privada y su contribución a la adquisición de compañías que fueron arrebatadas de empresarios judíos.
En 2016, la rama filantrópica de BMW se consolidó con el nombre BMW Foundation Herbert Quandt. Ahora es una organización benéfica de categoría mundial, con alrededor de 150 millones de dólares en activos, que apoya causas de sustentabilidad e inversiones de impacto. Stefan Quandt y Klatten se cuentan entre sus donantes fundadores. Si tomamos la información del sitio web de la fundación, la biografía entera de Herbert Quandt se resume a un solo acto: “Garantizó la independencia” de BMW. El lema de la organización benéfica es promover el “liderazgo responsable” e inspirar a “líderes de todo el mundo a trabajar para desarrollar un futuro más pacífico, justo y sustentable”.
BMW y sus accionistas mayoritarios, Quandt y Klatten, no están solos en su revisionismo. En 2019, la Ferry Porsche Foundation anunció que otorgaría la primera cátedra de Historia Corporativa de Alemania en la Universidad de Stuttgart. La empresa Porsche creó la fundación en 2018, 70 años después de que Ferry Porsche diseñó su primer auto deportivo. “Enfrentar nuestra historia es un compromiso de tiempo completo”, escribió el presidente de la organización benéfica en una declaración. “Este es precisamente el tipo de reflexión crítica que la Ferry Porsche Foundation quiere promover, porque: para saber a dónde vas, debes saber de dónde vienes”.
Podría haber comenzado más cerca de casa. La fundación lleva el nombre de un hombre que, de manera voluntaria, solicitó trabajo en las SS en 1938, fue contratado como oficial en 1941 y mintió al respecto por el resto de su vida. Durante la mayor parte de la guerra, Porsche estuvo ocupado con la administración de la empresa Porsche en Stuttgart, que explotó a cientos de trabajadores forzados. Como el director ejecutivo de Porsche en las décadas de la posguerra, se rodeó de personas que tenían puestos de alto rango en las SS.
En su autobiografía de 1976, Porsche ofreció un recuento histórico tergiversado, repleto de declaraciones antisemitas, sobre el cofundador judío de Porsche, Adolf Rosenberger. Incluso acusó a Rosenberger de extorsión luego de que se vio obligado a huir de la Alemania nazi. La verdad fue que, en 1935, Ferry Porsche recibió las acciones de la empresa que le correspondían a Rosenberger luego de que su padre, Ferdinand Porsche, y su cuñado, Anton Piëch, compraron las acciones del cofundador, a un precio muy inferior al del mercado.
Hoy, Porsche no solo auspicia cátedras o fabrica autos deportivos. Junto con sus primos, los Piëch, los Porsche controlan el Grupo Volkswagen, que incluye a Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda y Volkswagen. El patrimonio neto combinado del clan Porsche-Piëch se evalúa en unos 20.000 millones de dólares. Ahora se preparan para escindir a Porsche del Grupo Volkswagen y cotizarla en bolsa, en la que se perfila para ser una de las ofertas públicas iniciales más grandes de 2022.
Los Porsche nunca han mencionado en público las actividades que sus patriarcas perpetraron durante el régimen nazi. Y Ferry Porsche no fue el único implicado: Ferdinand Porsche, quien diseñó el Volkswagen, dirigió la fábrica de Volkswagen durante la guerra junto con Piëch. Ahí, decenas de miles de personas fueron explotadas en condiciones forzosas y de esclavitud para producir armas en masa.
La Ferry Porsche Foundation auspició la cátedra de la Universidad de Stuttgart porque, en 2017, los miembros de su Departamento de Historia publicaron un estudio financiado por la empresa sobre los orígenes de Porsche en la era nazi. Sin embargo, tal parece que el estudio omitió algo muy importante: por algún motivo, la investigación no incluyó ningún documento personal de Rosenberger. El estudio también describió de manera errónea cómo se dio la venta de las acciones de Rosenberger. Cuanto más analicé el estudio, más comenzó a revelarse como una fachada parcial en vez de un recuento íntegro.
Luego tenemos a los Flick. Friedrich Flick controló uno de los conglomerados de acero, carbón y armamento más grandes de Alemania durante el régimen nazi. En 1947, fue sentenciado a siete años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En su juicio en Núremberg, fue declarado culpable de hacer uso de trabajo esclavo y forzoso, brindar apoyo económico a las SS y saquear una fábrica de acero. Tras su liberación anticipada en 1950, reconstruyó su conglomerado y se convirtió en el accionista mayoritario de Daimler-Benz, otrora el mayor fabricante de automóviles en Alemania. En 1985, Deutsche Bank adquirió el conglomerado de Flick, con lo cual sus descendientes se volvieron multimillonarios.
En la actualidad, una rama de la dinastía Flick valorada en alrededor de 4000 millones de dólares administra una fundación privada en Düsseldorf bautizada con el nombre de su patriarca. La fundación —que tiene un puesto en el consejo administrativo de una de las universidades más prestigiosas de Alemania y destina fondos a causas educativas, médicas y culturales, sobre todo en Alemania y Austria— sigue llevando el nombre de un criminal de guerra convicto en cuyas fábricas y minas decenas de miles de personas trabajaron en condiciones forzadas o de esclavitud, incluidos miles de judíos. Pero si revisas el sitio web de la fundación, jamás te enterarías del pasado sombrío de la fortuna de los Flick.
¿Cómo es posible que tres de las familias empresariales más poderosas de Alemania, así como sus compañías y sus organizaciones benéficas, estén tan desconectadas de la cultura de remembranza tan elogiada del país?
Cuando le pregunté a Jörg Appelhans, el vocero de años de Stefan Quandt y Klatten, acerca de su decisión de bautizar sus oficinas centrales y su premio para medios con el nombre de su padre y su abuelo, me envió un correo electrónico que decía: “No creemos que cambiar los nombres de calles, lugares o instituciones sea una manera responsable de lidiar con las figuras históricas”, porque hacerlo “impide que haya una exposición consciente del papel que tuvieron en la historia y más bien fomenta el olvido”.
Esta contorsión es desvergonzada a un nivel muy específico. Estas familias no exponen la historia sangrienta detrás de sus fortunas excepto, en ocasiones, en estudios encargados, redactados en un denso alemán académico y cuyos hallazgos luego se excluyen al describir el legado de la familia en internet. Ni siquiera enfrentan su pasado de manera honesta. De hecho, hacen lo contrario: conmemoran a sus patriarcas sin mencionar sus actos durante la era nazi.
Los representantes de los multimillonarios Flick se rehusaron a ofrecer comentarios cuando me comuniqué con la oficina de la familia. Cuando pregunté por qué no había una biografía de Ferry Porsche en el sitio web de la fundación que lleva su nombre, Sebastian Rudolph, el presidente de la fundación, respondió que se está “examinando en qué medida también debería representarse esto en el sitio web de la fundación” y agregó que “contemplamos el trabajo de toda la vida de Ferry Porsche desde una perspectiva diferenciada”.
Durante décadas, la cultura de remembranza ha sido un componente central de la sociedad alemana. En todas las ciudades y pueblos alemanes encontrarás los Stolpersteine, cubos de latón y concreto con nombres y fechas de muerte y nacimiento de las víctimas de la persecución nazi. Hay monumentos, grandes y pequeños, por todas partes. En las cafeterías, desde Berlín hasta Fráncfort y desde Hamburgo hasta Múnich, se escuchan conversaciones a diario sobre la culpa y la expiación colectivas. Son diálogos reflexivos, matizados y, sobre todo, conscientes.
No obstante, este movimiento encaminado a enfrentar el pasado, por algún motivo, no está llegando a muchos de los magnates más venerados de Alemania y sus historias turbias. Cuanto más tiempo dedicaba a aprender sobre estas dinastías empresariales y sus mancillados pasados, fortunas y empresas, además de su deseo de ignorar o encubrir el grado de implicación de sus patriarcas en el Tercer Reich, más comencé a dudar sobre la verdadera profundidad, sinceridad y durabilidad de esta cultura de remembranza en Alemania.
La industria automotriz es un arquetipo alemán por excelencia, es esencial no solo para la economía del país, sino también para su identidad. ¿Acaso repudiar a estos magnates sería un rechazo de la identidad nacional? ¿Acaso debemos alabar a estos hombres porque siguen siendo símbolos poderosos del resurgimiento y el poder económico alemanes? ¿Celebrar el éxito comercial sigue siendo más importante en Alemania que reconocer los crímenes contra la humanidad? ¿O será que la respuesta real es más simple? Quizá el país está en deuda con unos cuantos multimillonarios y sus empresas globales, que están más interesados en proteger sus reputaciones —y sus fortunas— que en hacer frente al pasado.
David de Jong (@davidthejong) es el autor de Nazi Billionaires: The Dark History of Germany’s Wealthiest Dynasties, del cual se adaptó este ensayo.
https://www.nytimes.com/es/2022/04/20/espanol/opinion/fortunas-nazi-bmw-porsche.html
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sábado, 30 de abril de 2022
lunes, 21 de mayo de 2012
Recortes, crecimiento, Syriza
Como a menudo sucede, la lógica argumental del sistema nos obliga a elegir entre dos opciones que no pueden ser las nuestras. Si la primera --hablo del principal debate que se revela hoy en los países que tienen el euro como moneda-- señala que no queda más remedio que asumir recortes dramáticos del gasto público, la segunda entiende que lo anterior es un error y que esos recortes deben limarse para permitir que las economías recuperen la senda del crecimiento. Mientras la señora Merkel abrazaría la primera posición, el recién elegido presidente francés, Hollande, postularía la segunda. Entrampados como estamos entre esas dos opciones, pareciera como si no hubiese ningún horizonte diferente.
Está claro por qué hay que rechazar la primera de las perspectivas anotadas. Los recortes mencionados obedecen al evidente propósito de hacer que paguen justos por pecadores. Y es que en la esencia del juego de hoy lo que se asoma es una formidable estafa: quienes, a través de prácticas lamentables, han provocado un aumento espectacular de la deuda privada han recibido sumas ingentes de recursos públicos para sanear sus instituciones financieras. El efecto ha sido doble: mientras, por un lado, con el dinero de todos --y de la mano de un engrosamiento notable, de resultas, de la deuda pública-- se han saneado inmorales empresas privadas, por el otro estas últimas, gracias a los recursos recibidos, han impuesto reglas del juego de obligado cumplimiento, traducidas en retrocesos significativos en el gasto público en sanidad, educación y pensiones.
Acaso no es tan evidente, en cambio, por qué hay que poner mala cara ante la segunda opción que nos ocupa. Nadie negará que parte de una premisa fundamentada: la política de recortes, sobre el papel encaminada a permitir que la crisis quede atrás, traba poderosamente cualquier recuperación económica y, como tal, prima con descaro los intereses privados y nos emplaza ante una recesión prolongada. No faltan, sin embargo, los problemas en esta segunda opción. Si así se quiere, son fundamentalmente tres. El primero es que la perspectiva que nos ocupa, aberrantemente cortoplacista, sólo parece interesarse por la crisis financiera y deja en el olvido las otras crisis que están en la trastienda. En ese sentido prefiere esquivar la conclusión de que el crecimiento económico no es esa panacea resolutora de todos los males que retrata el discurso oficial: poco o nada tiene que ver con la cohesión social, mantiene una nebulosa relación con la creación de empleo, propicia el despliegue de formidables agresiones medioambientales, facilita el agotamiento de recursos escasos, se asienta a menudo en el expolio de la riqueza humana y material de los países del Sur, y, en suma, apuntala un genuino modo de vida esclavo que nos invita a confundir sin más consumo y bienestar.
Hora es ésta de mencionar un segund o problema en la percepción que hace de la recuperación del crecimiento el objetivo fundamental. Da por supuesto que si el PIB vuelve a crecer se resolverán mágicamente la mayoría de los ingentes problemas sociales en los que estamos inmersos. Nos topamos aquí con una superstición más. Si la economía española era 100 en 2007, antes del estallido de la crisis financiera, hoy se emplaza en un 97. Con estas dos cifras en la mano, no parece que el deterioro sea tan notable como se nos sugiere. Lo que debiera preocuparnos no es el retroceso de tres puntos en la riqueza general, sino, antes bien, la distribución, cada vez más desigual, de esa riqueza. Y, sin embargo, esta dimensión queda en un segundo plano, absorbida por la intuición de que los problemas de los de abajo se diluirán en la nada si el crecimiento económico reaparece. Nada más lejos de la realidad. Hay que afirmar con rotundidad, antes bien, que en un escenario en el que en el Norte opulento hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, podremos vivir mejor con 80 --no con 120, con 100 o con 97-- si somos capaces de reorganizar nuestras sociedades y de redistribuir la riqueza. Salir del capitalismo se impone al respecto, claro, como urgencia.
Dejemos constancia, en fin, del tercer problema que acosa a la propuesta que parece abrazar el nuevo presidente francés y, con él, el conjunto de la socialdemocracia, declarada o encubierta. Me refiero a la ilusión óptica de que podemos, sin más, regresar a la aparente bonanza anterior a 2007. Esta pretensión ignora palmariamente que lo que hoy arrastramos no es sino una consecuencia lineal de lo que teníamos entonces. Se nutre, por lo demás, de la conclusión de que el papel de la izquierda progresista debe estribar en obligar al capital a reconstruir la regulación que ha ido tirando por la borda en los últimos decenios. En tal sentido sigue sin concebir otro horizonte que el del capitalismo y defiende sin cautelas una institución, los Estados del bienestar, que, junto a sus innegables virtudes, se muestra inseparable de la lógica de fondo de aquél, se asienta de siempre en fraudulentos pactos sociales, reclama por necesidad la lógica seudodemocrática de la representación, ratifica una economía de cuidados que castiga indeleblemente a las mujeres, ninguna solidaridad preconiza en lo que se refiere a los países del Sur y, en fin, parece difícilmente sostenible en el terreno ecológico. Qué llamativo es que en el discurso de la izquierda progresista, obsesionada en estas horas con el crecimiento y desentendida de la distribución --véase, si no, la patética propuesta cotidiana de Alfredo Pérez Rubalcaba--, falten siempre las palabras autogestión y socialización , no se aprecie ningún guiño encaminado a la creación de espacios de autonomía con respecto a la lógica del capital y la contestación del orden de la propiedad existente brille, en suma, por su ausencia. En semejantes condiciones, la apuesta consiguiente apunta a resolver algunos problemas de corto plazo a costa de agudizar de forma preocupante todos los demás.
La afirmación de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tan común en los últimos tiempos, tiene un significado diferente si antes se ha enunciado una crítica cabal de la miseria en la que estamos inmersos o si, por el contrario, semejante crítica no se ha abierto camino. Mientras en el primer caso remite a una realidad reconocible --es verdad que en el Norte opulento hemos vivido por encima de lo que el planeta y la equidad nos permiten--, en el segundo se traduce en una genuina estafa moral: quien ha vivido por encima de sus posibilidades es el señor Botín. La disputa correspondiente tiene algún eco en otra que se refiere a la idoneidad del término austeridad para describir nuestras opciones. Una cosa es que rechacemos --no puede ser de otra manera-- las políticas de austeridad que se nos imponen al servicio de los intereses del capital, y otra que no nos percatemos de la necesidad de asumir, quienes podamos, en nuestra vida cotidiana y en nuestras respuestas colectivas, fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntarias.
Bueno sería que de todo lo anterior tomasen nota los amigos de Syriza en Grecia. No deseo ignorar en modo alguno que la coalición de izquierda radical griega ha hecho suyas propuestas programáticas muy sugerentes. Mucho me temo, sin embargo, que si, además de seguir blandiendo el fetiche del euro, Syriza asume de buen grado la perspectiva hollandiana de encaramiento de la crisis, la del crecimiento, la conclusión estará servida: bien podemos hallarnos ante el enésimo retoño de una miseria, la socialdemócrata, que se niega a abandonarnos.
Carlos Taibo.
Está claro por qué hay que rechazar la primera de las perspectivas anotadas. Los recortes mencionados obedecen al evidente propósito de hacer que paguen justos por pecadores. Y es que en la esencia del juego de hoy lo que se asoma es una formidable estafa: quienes, a través de prácticas lamentables, han provocado un aumento espectacular de la deuda privada han recibido sumas ingentes de recursos públicos para sanear sus instituciones financieras. El efecto ha sido doble: mientras, por un lado, con el dinero de todos --y de la mano de un engrosamiento notable, de resultas, de la deuda pública-- se han saneado inmorales empresas privadas, por el otro estas últimas, gracias a los recursos recibidos, han impuesto reglas del juego de obligado cumplimiento, traducidas en retrocesos significativos en el gasto público en sanidad, educación y pensiones.
Acaso no es tan evidente, en cambio, por qué hay que poner mala cara ante la segunda opción que nos ocupa. Nadie negará que parte de una premisa fundamentada: la política de recortes, sobre el papel encaminada a permitir que la crisis quede atrás, traba poderosamente cualquier recuperación económica y, como tal, prima con descaro los intereses privados y nos emplaza ante una recesión prolongada. No faltan, sin embargo, los problemas en esta segunda opción. Si así se quiere, son fundamentalmente tres. El primero es que la perspectiva que nos ocupa, aberrantemente cortoplacista, sólo parece interesarse por la crisis financiera y deja en el olvido las otras crisis que están en la trastienda. En ese sentido prefiere esquivar la conclusión de que el crecimiento económico no es esa panacea resolutora de todos los males que retrata el discurso oficial: poco o nada tiene que ver con la cohesión social, mantiene una nebulosa relación con la creación de empleo, propicia el despliegue de formidables agresiones medioambientales, facilita el agotamiento de recursos escasos, se asienta a menudo en el expolio de la riqueza humana y material de los países del Sur, y, en suma, apuntala un genuino modo de vida esclavo que nos invita a confundir sin más consumo y bienestar.
Hora es ésta de mencionar un segund o problema en la percepción que hace de la recuperación del crecimiento el objetivo fundamental. Da por supuesto que si el PIB vuelve a crecer se resolverán mágicamente la mayoría de los ingentes problemas sociales en los que estamos inmersos. Nos topamos aquí con una superstición más. Si la economía española era 100 en 2007, antes del estallido de la crisis financiera, hoy se emplaza en un 97. Con estas dos cifras en la mano, no parece que el deterioro sea tan notable como se nos sugiere. Lo que debiera preocuparnos no es el retroceso de tres puntos en la riqueza general, sino, antes bien, la distribución, cada vez más desigual, de esa riqueza. Y, sin embargo, esta dimensión queda en un segundo plano, absorbida por la intuición de que los problemas de los de abajo se diluirán en la nada si el crecimiento económico reaparece. Nada más lejos de la realidad. Hay que afirmar con rotundidad, antes bien, que en un escenario en el que en el Norte opulento hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, podremos vivir mejor con 80 --no con 120, con 100 o con 97-- si somos capaces de reorganizar nuestras sociedades y de redistribuir la riqueza. Salir del capitalismo se impone al respecto, claro, como urgencia.
Dejemos constancia, en fin, del tercer problema que acosa a la propuesta que parece abrazar el nuevo presidente francés y, con él, el conjunto de la socialdemocracia, declarada o encubierta. Me refiero a la ilusión óptica de que podemos, sin más, regresar a la aparente bonanza anterior a 2007. Esta pretensión ignora palmariamente que lo que hoy arrastramos no es sino una consecuencia lineal de lo que teníamos entonces. Se nutre, por lo demás, de la conclusión de que el papel de la izquierda progresista debe estribar en obligar al capital a reconstruir la regulación que ha ido tirando por la borda en los últimos decenios. En tal sentido sigue sin concebir otro horizonte que el del capitalismo y defiende sin cautelas una institución, los Estados del bienestar, que, junto a sus innegables virtudes, se muestra inseparable de la lógica de fondo de aquél, se asienta de siempre en fraudulentos pactos sociales, reclama por necesidad la lógica seudodemocrática de la representación, ratifica una economía de cuidados que castiga indeleblemente a las mujeres, ninguna solidaridad preconiza en lo que se refiere a los países del Sur y, en fin, parece difícilmente sostenible en el terreno ecológico. Qué llamativo es que en el discurso de la izquierda progresista, obsesionada en estas horas con el crecimiento y desentendida de la distribución --véase, si no, la patética propuesta cotidiana de Alfredo Pérez Rubalcaba--, falten siempre las palabras autogestión y socialización , no se aprecie ningún guiño encaminado a la creación de espacios de autonomía con respecto a la lógica del capital y la contestación del orden de la propiedad existente brille, en suma, por su ausencia. En semejantes condiciones, la apuesta consiguiente apunta a resolver algunos problemas de corto plazo a costa de agudizar de forma preocupante todos los demás.
La afirmación de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tan común en los últimos tiempos, tiene un significado diferente si antes se ha enunciado una crítica cabal de la miseria en la que estamos inmersos o si, por el contrario, semejante crítica no se ha abierto camino. Mientras en el primer caso remite a una realidad reconocible --es verdad que en el Norte opulento hemos vivido por encima de lo que el planeta y la equidad nos permiten--, en el segundo se traduce en una genuina estafa moral: quien ha vivido por encima de sus posibilidades es el señor Botín. La disputa correspondiente tiene algún eco en otra que se refiere a la idoneidad del término austeridad para describir nuestras opciones. Una cosa es que rechacemos --no puede ser de otra manera-- las políticas de austeridad que se nos imponen al servicio de los intereses del capital, y otra que no nos percatemos de la necesidad de asumir, quienes podamos, en nuestra vida cotidiana y en nuestras respuestas colectivas, fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntarias.
Bueno sería que de todo lo anterior tomasen nota los amigos de Syriza en Grecia. No deseo ignorar en modo alguno que la coalición de izquierda radical griega ha hecho suyas propuestas programáticas muy sugerentes. Mucho me temo, sin embargo, que si, además de seguir blandiendo el fetiche del euro, Syriza asume de buen grado la perspectiva hollandiana de encaramiento de la crisis, la del crecimiento, la conclusión estará servida: bien podemos hallarnos ante el enésimo retoño de una miseria, la socialdemócrata, que se niega a abandonarnos.
Carlos Taibo.
miércoles, 2 de mayo de 2012
¿Hay o no hay dinero?
Rajoy sobre los recortes: "Es imprescindible. No hay dinero para los servicios públicos"
El presidente reclama "un pequeño esfuerzo" a los españoles.
"Son unos pocos euros al mes", ha dicho del pago de los fármacos.
Pide a los españoles que entiendan estas decisiones "duras".
La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco. Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el 36.3% del PIB, es decir, 7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos. Esto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de recursos para estimular la economía. España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de dinamitar el incompleto estado del bienestar español. Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y 2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8 puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a 1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9.5% la recaudación proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 millones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millones de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la parte empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias. En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de algo “impresentable”, “injusto” y “antisocial”. Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. (foto Porche boxter)
El presidente reclama "un pequeño esfuerzo" a los españoles.
"Son unos pocos euros al mes", ha dicho del pago de los fármacos.
Pide a los españoles que entiendan estas decisiones "duras".
La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco. Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el 36.3% del PIB, es decir, 7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos. Esto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de recursos para estimular la economía. España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de dinamitar el incompleto estado del bienestar español. Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y 2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8 puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a 1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9.5% la recaudación proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 millones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millones de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la parte empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias. En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de algo “impresentable”, “injusto” y “antisocial”. Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. (foto Porche boxter)
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