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lunes, 21 de mayo de 2012

Recortes, crecimiento, Syriza

Como a menudo sucede, la lógica argumental del sistema nos obliga a elegir entre dos opciones que no pueden ser las nuestras. Si la primera --hablo del principal debate que se revela hoy en los países que tienen el euro como moneda-- señala que no queda más remedio que asumir recortes dramáticos del gasto público, la segunda entiende que lo anterior es un error y que esos recortes deben limarse para permitir que las economías recuperen la senda del crecimiento. Mientras la señora Merkel abrazaría la primera posición, el recién elegido presidente francés, Hollande, postularía la segunda. Entrampados como estamos entre esas dos opciones, pareciera como si no hubiese ningún horizonte diferente.

Está claro por qué hay que rechazar la primera de las perspectivas anotadas. Los recortes mencionados obedecen al evidente propósito de hacer que paguen justos por pecadores. Y es que en la esencia del juego de hoy lo que se asoma es una formidable estafa: quienes, a través de prácticas lamentables, han provocado un aumento espectacular de la deuda privada han recibido sumas ingentes de recursos públicos para sanear sus instituciones financieras. El efecto ha sido doble: mientras, por un lado, con el dinero de todos --y de la mano de un engrosamiento notable, de resultas, de la deuda pública-- se han saneado inmorales empresas privadas, por el otro estas últimas, gracias a los recursos recibidos, han impuesto reglas del juego de obligado cumplimiento, traducidas en retrocesos significativos en el gasto público en sanidad, educación y pensiones.

Acaso no es tan evidente, en cambio, por qué hay que poner mala cara ante la segunda opción que nos ocupa. Nadie negará que parte de una premisa fundamentada: la política de recortes, sobre el papel encaminada a permitir que la crisis quede atrás, traba poderosamente cualquier recuperación económica y, como tal, prima con descaro los intereses privados y nos emplaza ante una recesión prolongada. No faltan, sin embargo, los problemas en esta segunda opción. Si así se quiere, son fundamentalmente tres. El primero es que la perspectiva que nos ocupa, aberrantemente cortoplacista, sólo parece interesarse por la crisis financiera y deja en el olvido las otras crisis que están en la trastienda. En ese sentido prefiere esquivar la conclusión de que el crecimiento económico no es esa panacea resolutora de todos los males que retrata el discurso oficial: poco o nada tiene que ver con la cohesión social, mantiene una nebulosa relación con la creación de empleo, propicia el despliegue de formidables agresiones medioambientales, facilita el agotamiento de recursos escasos, se asienta a menudo en el expolio de la riqueza humana y material de los países del Sur, y, en suma, apuntala un genuino modo de vida esclavo que nos invita a confundir sin más consumo y bienestar.

Hora es ésta de mencionar un segund o problema en la percepción que hace de la recuperación del crecimiento el objetivo fundamental. Da por supuesto que si el PIB vuelve a crecer se resolverán mágicamente la mayoría de los ingentes problemas sociales en los que estamos inmersos. Nos topamos aquí con una superstición más. Si la economía española era 100 en 2007, antes del estallido de la crisis financiera, hoy se emplaza en un 97. Con estas dos cifras en la mano, no parece que el deterioro sea tan notable como se nos sugiere. Lo que debiera preocuparnos no es el retroceso de tres puntos en la riqueza general, sino, antes bien, la distribución, cada vez más desigual, de esa riqueza. Y, sin embargo, esta dimensión queda en un segundo plano, absorbida por la intuición de que los problemas de los de abajo se diluirán en la nada si el crecimiento económico reaparece. Nada más lejos de la realidad. Hay que afirmar con rotundidad, antes bien, que en un escenario en el que en el Norte opulento hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, podremos vivir mejor con 80 --no con 120, con 100 o con 97-- si somos capaces de reorganizar nuestras sociedades y de redistribuir la riqueza. Salir del capitalismo se impone al respecto, claro, como urgencia.

Dejemos constancia, en fin, del tercer problema que acosa a la propuesta que parece abrazar el nuevo presidente francés y, con él, el conjunto de la socialdemocracia, declarada o encubierta. Me refiero a la ilusión óptica de que podemos, sin más, regresar a la aparente bonanza anterior a 2007. Esta pretensión ignora palmariamente que lo que hoy arrastramos no es sino una consecuencia lineal de lo que teníamos entonces. Se nutre, por lo demás, de la conclusión de que el papel de la izquierda progresista debe estribar en obligar al capital a reconstruir la regulación que ha ido tirando por la borda en los últimos decenios. En tal sentido sigue sin concebir otro horizonte que el del capitalismo y defiende sin cautelas una institución, los Estados del bienestar, que, junto a sus innegables virtudes, se muestra inseparable de la lógica de fondo de aquél, se asienta de siempre en fraudulentos pactos sociales, reclama por necesidad la lógica seudodemocrática de la representación, ratifica una economía de cuidados que castiga indeleblemente a las mujeres, ninguna solidaridad preconiza en lo que se refiere a los países del Sur y, en fin, parece difícilmente sostenible en el terreno ecológico. Qué llamativo es que en el discurso de la izquierda progresista, obsesionada en estas horas con el crecimiento y desentendida de la distribución --véase, si no, la patética propuesta cotidiana de Alfredo Pérez Rubalcaba--, falten siempre las palabras autogestión y socialización , no se aprecie ningún guiño encaminado a la creación de espacios de autonomía con respecto a la lógica del capital y la contestación del orden de la propiedad existente brille, en suma, por su ausencia. En semejantes condiciones, la apuesta consiguiente apunta a resolver algunos problemas de corto plazo a costa de agudizar de forma preocupante todos los demás.

La afirmación de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tan común en los últimos tiempos, tiene un significado diferente si antes se ha enunciado una crítica cabal de la miseria en la que estamos inmersos o si, por el contrario, semejante crítica no se ha abierto camino. Mientras en el primer caso remite a una realidad reconocible --es verdad que en el Norte opulento hemos vivido por encima de lo que el planeta y la equidad nos permiten--, en el segundo se traduce en una genuina estafa moral: quien ha vivido por encima de sus posibilidades es el señor Botín. La disputa correspondiente tiene algún eco en otra que se refiere a la idoneidad del término austeridad para describir nuestras opciones. Una cosa es que rechacemos --no puede ser de otra manera-- las políticas de austeridad que se nos imponen al servicio de los intereses del capital, y otra que no nos percatemos de la necesidad de asumir, quienes podamos, en nuestra vida cotidiana y en nuestras respuestas colectivas, fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntarias.

Bueno sería que de todo lo anterior tomasen nota los amigos de Syriza en Grecia. No deseo ignorar en modo alguno que la coalición de izquierda radical griega ha hecho suyas propuestas programáticas muy sugerentes. Mucho me temo, sin embargo, que si, además de seguir blandiendo el fetiche del euro, Syriza asume de buen grado la perspectiva hollandiana de encaramiento de la crisis, la del crecimiento, la conclusión estará servida: bien podemos hallarnos ante el enésimo retoño de una miseria, la socialdemócrata, que se niega a abandonarnos.
Carlos Taibo.

miércoles, 2 de mayo de 2012

¿Hay o no hay dinero?

Rajoy sobre los recortes: "Es imprescindible. No hay dinero para los servicios públicos"
El presidente reclama "un pequeño esfuerzo" a los españoles.
"Son unos pocos euros al mes", ha dicho del pago de los fármacos.
Pide a los españoles que entiendan estas decisiones "duras".

La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco. Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el 36.3% del PIB, es decir, 7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos. Esto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de recursos para estimular la economía. España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de dinamitar el incompleto estado del bienestar español. Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y 2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8 puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.
Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a 1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9.5% la recaudación proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 millones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millones de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la parte empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias. En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de algo “impresentable”, “injusto” y “antisocial”. Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. (foto Porche boxter)