Entrevista a Susan George sobre el TTIP (Subs Castellano)

El activista Tom Kucharz advierte que Extremadura será "una de las grandes perjudicadas" por el TTIP

También alerta de que el TTIP rebajará los estándares laborales a nivel de China

Kucharz, investigador y miembro de Ecologistas en Acción, impartió una charla-coloquio en la Asamblea de Extremadura acompañado de la diputada de Podemos Irene de Miguel

Advierte que el tratado que negocian EEUU y la Unión Europea puede tener consecuencias sobre la democracia y el derecho a regular por parte de las administraciones públicas, tanto a nivel municipal y provincial, pero también de las comunidades autónomas

El investigador Tom Kucharz ha advertido en Mérida que el Tratado de Libre Comercio que se negocia entre Estados Unidos y Europa rebajará los estándares labores "a los niveles más bajos" de USA, de forma que "en algunos años será igual de barato que producir en China".

Kucharz ha participó en la Asamblea de Extremadura en una charla-coloquio sobre el TTIP, acompañado por la diputada de Podemos Irene de Miguel, quien acaba de participar en el Parlamento Europeo en un encuentro formativo destinado a parlamentarios de toda Europa sobre el Tratado de Libre Comercio e Inversiones, que se negocia desde 2003 entre EEUU y la UE.

Según este investigador ligado a Ecologistas en Acción, el TTIP "puede tener unos impactos muy importantes sobre la democracia y el derecho a regular por parte de las administraciones públicas, tanto a nivel municipal y provincial, pero también de las comunidades autónomas". De hecho alerta de que “Extremadura será una de las grandes perjudicadas por el TTIP”.

En ese sentido, ha alertado de que ese ataque a la autonomía municipal o autonómica "se va a intentar hacer a través de un ataque al sector de los servicios públicos, al tema de la compra y licitación pública, pero también a través de una cosa que se llama la cooperación reguladora, donde quieren armonizar a la baja las regulaciones y los estándares medioambientales, sociales, laborales, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea".

Según Tom Kucharz, el tratado plantea "una eliminación o un cambio de entre un 25 y 50 por ciento de toda la regulación existente" en EEUU y la UE, "y eso puede afectar a todo tipo de derechos sociales y regulaciones medioambientales", que "pueden quedar borrados".

¿Bienestar social y crecimiento económico?

El también periodista ha criticado que "se venda" que el TTIP vaya a generar "bienestar social y crecimiento económico", cuando en realidad algunos estudios económicos plantean que se podían perder en los primeros diez años, tras la entrada en vigor del tratado, 600.000 empleos en la Unión Europea y un millón en Estados Unidos. A su juicio, "el corazón de estas negociaciones es bajar los salarios en todos los sectores económicos", de tal forma que en algunos casos los trabajadores podrían perder entre 5.000 y 6.000 euros de salario anual.

"El tema de bajada de salarios y derechos laborales es un peligro enorme y tenemos que tener una denuncia muy fuerte en relación a lo que son los servicios públicos", ha dicho Kucharz, para quien éstos "están en la mira de estas negociaciones" y podrían afectar a algunos que todavía en Europa no se han visto afectados por liberalizaciones o privatizaciones como la educación, la sanidad, el agua o los servicios sociales.

El investigador social se ha felicitado de que la oposición al TTIP "crezca cada día" y, en ese sentido, ha recordado que en Berlín se han manifestado contra él 250.000 personas en Berlín y que a principios de octubre se entregaron 3,2 millones de firmas de ciudadanos la Comisión Europea.

Agenda en Extremadura
La primera de las citas del actvista fue el jueves, 29 de octubre, en el Ateneo de Cáceres. Allí dio su visión de las implicaciones que puede tener el tratado sobre las economías de los estados europeos y sus gentes. También incidió sobre los “claoscuros” que se atisban en un tratado que ha sido negociado “con el más absoluto de los secretos”.

En Mérida, además de participar en el Parlamento regional, estuvo en la asamblea de la ‘Plataforma emeritense No al TTIP’. Por último se trasladó a Badajoz, donde habló sobre el TTIP dentro del ‘Otoño Ecologista’ que organiza Ecologistas en Acción en "La Nave" (Av. Miguel de Fabra, 3).

Sólo la ciudadanía puede frenar la grave amenaza del TTIP

Espacio Público me ha pedido que presente el debate sobre el polémico Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP), y estoy encantada y orgullosa de hacerlo. Este tratado, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, se está negociando desde mediados de 2013 pero mucha gente, tanto en España como en el resto de Europa, nunca ha oído hablar de él. Por eso este debate es vital: creo que el TTIP es una de las iniciativas más perniciosas que se hayan planteado jamás en una mesa de negociación.

Quien espere de esta introducción un punto de vista neutral más vale que deje de leer en este mismo instante. A mi entender, pedir una valoración equitativa del TTIP es como intentar mantener una discusión objetiva sobre los pros y los contras del cáncer o de la guerra nuclear.

Antes de explicar por qué sostengo que el TTIP es un peligro indiscutible para todos nosotros, déjenme señalar que también creo que podemos derrotarlo; y cuando hablo de “nosotros” me refiero a los ciudadanos corrientes, tanto estadounidenses como europeos. La gente corriente es, de hecho, la única que puede decir No con total firmeza, porque cada uno de los 28 gobiernos que conforman la Unión Europea ha delegado en la Comisión Europea para negociar este tratado y todos lo han hecho sin informarnos de ello. Y, al hacerlo, nuestros gobiernos han decidido primar los intereses de las corporaciones internacionales (TNCs), verdaderos arquitectos de este tratado, por encima del bienestar y de la seguridad de sus propios ciudadanos.

Hoy, sin embargo, después de dos años de negociaciones, la gente se está uniendo para luchar, en Europa y en Estados Unidos, y evitar así que el TTIP adquiera categoría de ley. Estoy segura que los dos meses de debate en Público demostrarán que el TTIP perjudicaría los intereses de los ciudadanos europeos y nuestras tradiciones democráticas. La mejor arma de que disponemos para hacerle frente es la información. Como en los casos del cáncer y de la guerra nuclear, la única opción decente, la única alternativa, es que TTIP desaparezca.

Este tratado es una creación de las más grandes y poderosas corporaciones transnacionales de los Estados Unidos y Europa. Comenzaron a preparar su golpe de Estado hace veinte años cuando, con el conocimiento y el apoyo de sus gobiernos, fundaron en 1995 el TABD (Diálogo Empresarial Transatlántico). El TABD asumió el desarrollo de un acuerdo de libre comercio e inversión de amplio alcance que constituye el gran proyecto para situar los intereses de las multinacionales por encima de la soberanía nacional, del imperio de la ley y de los derechos ciudadanos. Su objetivo es la “integración” y “armonización” de las economías europea y estadounidense según los deseos de las empresas y su eslogan era: “Aprobado una vez [por el TABD], aceptado en todas partes”.

Por tanto, no debe sorprendernos que este Tratado Europa-EEUU, si llega a ser aprobado, promueva gobiernos de, por y para estas mismas multinacionales transatlánticas. El TTIP es una grave amenaza para las atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales de todos nuestros gobiernos y pretende reemplazarlas de forma permanente por normativas y procedimientos favorables para las corporaciones.

Las grandes empresas no quieren gobernar directamente –tienen de su parte a los políticos afines para hacerlo– pero, a diferencia del resto de nosotros, pueden seguir las negociaciones paso a paso. El texto del TTIP se mantiene en secreto así que, para conocer su contenido, incluso los parlamentarios europeos de la Comisión de Comercio han de solicitar permiso para entrar en una habitación especial de Bruselas, cerrada a cal y canto, en la que no se les permite hacer copias ni siquiera tomar notas. Recientemente, hasta a los altos funcionarios de los gobiernos de los países miembros se les ha comunicado que también tendrán que pasar por esa misma habitación de Bruselas si quieren echar un vistazo al texto. Los ciudadanos dependen de las publicaciones especializadas y de las filtraciones.

A pesar de su nombre, esta “Asociación de Comercio e Inversión” trata poco sobre comercio. Los aranceles entre Estados Unidos y Europa son ya bajos y, excepto para la agricultura, su media está en torno al 2% o 3%, por lo que no merece la pena mantener largas y complicadas conversaciones para reducirlas más aún. Pero precisemos que si la UE renuncia a los aranceles de protección a la agricultura, gran parte de los 13 millones de familias europeas que aún dependen del campo no podrían competir con las gigantescas granjas industriales norteamericanas de utilización intensiva de capital. Las pequeñas familias de granjeros y agricultores que quedan en Europa serán aniquiladas, exactamente igual que ocurrió con los dos millones y medio de campesinos mejicanos que fueron arruinados por la importación masiva de maíz subvencionado y barato tras el acuerdo de libre comercio firmado hace 20 años entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA). ¿Dónde hallarán estas personas una nueva forma de vida, otro empleo? Lo más probable es que acaben engrosando las filas de los parados europeos.

Las multinacionales no están muy interesadas en reducir los aranceles, pero se están concentrando duramente en lo que se conoce como barreras “no-arancelarias” o “detrás de las fronteras”. Estas pueden ser cualquier cosa de la que una corporación quiera deshacerse. Por ejemplo, “impedimentos para acceder al mercado” como las regulaciones gubernamentales en materia de alimentación, productos farmacéuticos, químicos, medio ambiente, etcétera.

En la actualidad, los europeos disponen de un sistema de regulación mejor que el de Estados Unidos prácticamente en todas las áreas, exceptuando las finanzas. Si el TTIP se aprueba tal como las multinacionales desean, todos los ciudadanos estarán en peligro –por los productos alimenticios, las sustancias tóxicas, los costosos medicamentos no genéricos, los pesticidas y otros muchos productos–. Por tanto, si los europeos se niegan por ejemplo a comer ternera criada con antibióticos y hormonas, o pollos lavados con cloro; si no quieren comer alimentos procesados con organismos modificados genéticamente; si se resisten a usar cosméticos y productos de uso diario en el hogar que contengan elementos químicos hasta ahora prohibidos en Europa, ¿cuál será el escenario?

Los norteamericanos argumentarán que eso “no es científico”

Las agencias de control de calidad de los alimentos europeas y los legisladores han sido obligados hasta ahora a aceptar el “principio de cautela”, porque así consta en los tratados de la fundación de la Unión Europea y afirma que este principio debe aplicarse en aquellos casos en los que “un fenómeno, producto o proceso pueda tener un efecto peligroso” para el medio ambiente, la alimentación o la salud de los humanos, los animales o las plantas. En otras palabras, “si existe un riesgo apreciable de que algo puede ser dañino, no lo permitas”. Si una empresa quiere colocar un producto equis en el mercado, es el fabricante quien debe demostrar que es sano y seguro. Al importador potencial no se le puede exigir que pruebe que no lo es.

Los norteamericanos adoptan el punto de vista opuesto y por eso presionan en las negociaciones del TTIP: si los europeos quieren rechazar sus productos o procesos, deberían ser obligados a proporcionar pruebas cien por cien científicas que demuestren que el producto es peligroso. Especialmente cuando está en juego algo tan complejo como el cuerpo humano, esto puede ser imposible –al menos en cuanto a que satisfaga a los estadounidenses. ¿Cómo puede usted estar seguro al cien por cien de que un ingrediente o producto A tiene un impacto dañino sobre la función B del cuerpo humano? Se pudo demostrar con el amianto porque causa un cáncer poco común en personas que han trabajado o vivido con él, pero no se puede disponer de una prueba irrefutable en cada caso. Los lobbies corporativos son capaces de retrasar una regulación durante años, y provocar así muchas muertes innecesarias. Un ejemplo flagrante es la forma en que el lobby del tabaco fue capaz de postergar durante décadas la prohibición de fumar y la inserción de textos en los paquetes avisando de los perjuicios de este hábito para la salud.

Europa cuenta aproximadamente con tres mil “indicaciones geográficas” sobre gastronomía y vinos –los negociadores norteamericanos del TTIP quieren convertir todos nuestros quesos, vinos, jamones, etc. en genéricos– de modo que se pueda producir queso Cheshire o feta, champán o rioja, Parma o Jabugo en cualquier sitio… y seguir denominándolos con esos términos.

Una queja de todas estas compañías –estadounidenses o europeas– es la inutilidad y el elevado coste que supone analizar los productos en ambos lugares. De acuerdo. Todos podrían acceder a evitar duplicidades si y sólo si los análisis tanto en Estados Unidos como en Europa fueran exactamente iguales –pero esto no es necesariamente cierto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una agencia de seguridad del automóvil. Pero General Motors fue obligada recientemente a revisar 12,8 millones de coches porque su sistema de ignición corría riesgo de apagarse y dejar a los conductores sin frenos o sin dirección. ¿Con qué meticulosidad se había llevado a cabo el control de calidad? ¿Y por qué la agencia de “seguridad” tardó más de una década en reconocer que estos coches eran peligrosos, a pesar de los numerosos informes de accidentes con heridos y muertos?

Esto nos lleva a otra de las demandas corporativas: deshacerse de todos los problemáticos “impedimentos para el comercio”, con la cooperación incondicional de sus respectivos gobiernos. Quieren un sistema para lo que la Comisión Europea denomina “Mejor Regulación” o “Cooperación Regulatoria”, en el que las multinacionales se involucren plenamente como “expertos” y que –según denuncia la red medioambiental ciudadana Amigos de la Tierra Europa– levantará “más y más barreras para impedir el establecimiento de nuevos estándares medioambientales, laborales, de salud y seguridad que protejan a los ciudadanos”… y que “amenaza con debilitar los criterios actuales sobre alimentación, productos químicos o biodiversidad”. Es fácil ver que esto es un potencial golpe de Estado, al servicio de los negocios, contra nuestros representantes democráticamente elegidos. Las multinacionales podrán así sentarse a la misma mesa que las instituciones y agencias reguladoras, e influir en sus resoluciones antes de que se adopten.

El TTIP es un tratado de comercio y de inversión, y en nombre de la protección de esa inversión otorga a las empresas la capacidad de demandar a los gobiernos ante tribunales privados de arbitraje cuando entienden que una normativa gubernamental puede perjudicar sus beneficios, tanto ahora como incluso en el futuro. Esto es una característica habitual de los tratados bilaterales de comercio e inversión conocidos como ISDS (de la siglas inglesas de Arbitraje de Diferencias entre Inversor y Estado) y es el aspecto del TTIP que hasta ahora ha sido objeto de mayor rechazo público. “entre Inversor y Estado” o Inversor contra Estado pudo haber sido una propuesta justa en 1959, fecha del primer tratado bilateral de inversión entre Alemania y Pakistán, cuando nadie podía estar plenamente seguro de la imparcialidad de, digamos, un tribunal paquistaní. Pero en el caso del TTIP estamos hablando de sistemas judiciales maduros, equitativos y comprobados en Estados Unidos y Europa, en los que se da por descontado que garantizarán un juicio justo cuando una empresa recurra porque estime que ha sido expropiada o tratada injustamente por alguna regulación gubernamental.

Hoy en día tenemos ya un conjunto de más de 600 tratados privados de arbitraje, concluidos o en proceso, y se puede comprobar cómo están siendo utilizados continuamente de forma arbitraria para deshacerse de regulaciones molestas y para obligar a los gobiernos –es decir, a sus contribuyentes– a pagar enormes cantidades de dinero a las compañías. Los gobiernos en Europa, especialmente los de países más pequeños y débiles, se lo pensarán dos veces antes de arriesgarse a aprobar cualquier nueva ley que pueda desagradar a los inversores. Algunos de los casos más conocidos son amenazas evidentes al clima, promovidas por empresas decididas a evitar la transición hacia un futuro libre de combustibles fósiles, como el caso de la empresa Lone Paint contra Quebec, demandando una indemnización de 250 millones de dólares porque Quebec impuso una moratoria sobre el fracking y Lone Paint quiere perforar en la cuenca del río San Lorenzo.

O si no, el caso de Occidental Petroleum en Ecuador, que ganó un contencioso de 1.800 millones de dólares ante un tribunal de arbitraje de tres jueces privados porque el país suramericano se negó a permitir la perforación para buscar petróleo en una zona natural protegida. Otros casos son amenazas directas a la salud pública o al deber de los gobiernos de proteger el bienestar de sus ciudadanos. Como el de Philip Morris contra Australia y Uruguay por requerir cajetillas sin marcas y avisos ostensibles de los graves peligros del tabaco para la salud. O el caso de Veolia contra Egipto porque el Gobierno egipcio aumentó el salario mínimo.

Yo espero que ustedes ya se estén planteando hacer algo para detener este Tratado que ataca las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de los gobiernos democráticos y para evitar que tanto su Gobierno como la Unión Europea lo lleven adelante. Las negociaciones están empezando a vacilar en varios puntos gracias a las protestas de los ciudadanos –los gobiernos esperaban firmar antes del final de 2015; ahora están hablando, de manera “más realista”, de 2017. La UE ha intentado justificarlo aduciendo que traerá “empleos y crecimiento”, pero sus argumentos han sido desbaratados y se ha mostrado que sus “investigaciones” son en realidad propaganda.

El conocimiento es la mejor arma. Continúen con este debate, aprendan más e informen a todos sus conocidos y allegados. Pueden firmar la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos que, en el momento en que escribo estas líneas, supera ya los dos millones y medio de firmas en 18 países distintos, España incluida. Nuestro objetivo es reunir tres millones de firmas. Pueden ir a https://stop-ttip.org/es/?noredirect=es_ES. Firmen, pidan y busquen firmas. Pueden unirse a Attac, Amigos de la Tierra u otras campañas de organización contra el TTIP. Pueden presionar a los políticos usando argumentos y frases como “O le dices No al TTIP o te diremos no a ti” (o “Si le dices No al TTIP, te diremos sí a ti”). Los españoles han demostrado que tienen mucha imaginación política. La lucha contra el TTIP puede acabar con una victoria y ustedes pueden ser parte de ella.
http://www.espacio-publico.com/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip

Susan George es presidenta de honor de ATTAC Francia y presidenta del Transnational Institute de Ámsterdam. Comprometida desde hace mucho tiempo en los combates internacionales contra los efectos devastadores de la globalización capitalista, es autora de ensayos como “Informe Lugano I y II”, “El pensamiento secuestrado”, “Otro mundo es posible si…”, “Sus crisis, nuestras soluciones” y “Los usurpadores”

“¿Por qué el TTIP quiere proteger antes a los inversores que a los trabajadores de Europa y EEUU?”, Entrevista con Harm Schepel, profesor de Derecho Económico de la Universidad de Kent

El holandés Harm Schepel es profesor de Derecho Económico de la Universidad de Kent e imparte clases en Bruselas en una de las muchas sedes que este prestigioso centro británico tiene por el mundo. Schepel, en cuyo currículum se incluye una estancia en la Universidad de Oñati (Guipúzcoa), es una de las pocas voces académicas en alzar la voz sobre el denominado ISDS: el sistema de arbitraje de conflictos entre empresas y estados incluidos en los tratados bilaterales, que actualmente se negocia en el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, más conocido como TTIP.

Schepel, una autoridad en el campo de la regulación bilateral que colabora frecuentemente con Los Verdes, aunque también con otros partidos en el Parlamento Europeo, recibe a eldiario.es en su despacho, pegado a la Universidad Libre de Bruselas. Mantiene una posición crítica sobre el TTIP y ve innecesario cualquier tribunal de arbitraje “entre dos zonas con parecido nivel de desarrollo”. “Los documentos hasta ahora publicados son muy vagos, y eso dificulta nuestro análisis sobre el TTIP y los ISDS”, lamenta.

-¿Necesitamos un sistema de arbitraje para regular las disputas entre inversores y Estados en el TTIP?
-Pues depende. ¿Por qué lo necesitaríamos y para qué? Originariamente estos tratados son instrumentales y su lógica es dar mayor seguridad a los inversores que comprometen dinero y recursos en países en vías de desarrollo, con gobiernos inestables, inseguridad jurídica y esas cosas. Pero el valor instrumental del sistema de arbitraje inversor-Estado [el citado ISDS, de sus siglas en inglés] entre la UE y Estados Unidos carece de sentido. Ya se produce una inversión de alrededor de un billón y medio de dólares entre ambos lados del Atlántico. Si preguntamos a cualquier persona de negocios de una de las dos áreas si dejaría de invertir en Europa o América porque no hay ISDS, nadie de las que yo conozco respondería con un “sí”.

-Hay un ‘boom’ de este tipo de sistemas de arbitraje en el mundo, y no solo entre países pobres y ricos. Entre Canadá y EEUU, sin ir más lejos.
-Pero recuerde que el ISDS no es solo con Canadá sino también con México, y se incluye dentro del NAFTA [Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte]. El arbitraje en el NAFTA no se firmó por Estados Unidos o por Canadá: se firmó para contener la tradición revolucionaria que tiene México. Lo gracioso aquí es que tras la firma se dispararon los litigios entre EEUU y Canadá, algo que no estaba previsto.

-La tendencia global a aplicar los ISDS es creciente, en cualquier caso.
-Así es. Hay un tratado ya listo entre la UE y Canadá, y ahora negociamos este capítulo con Estados Unidos. Pero la cuestión permanece: ¿necesitamos este sistema de arbitraje? La respuesta es que no lo necesitamos ni para incrementar las inversiones. Tenemos sistemas legales muy bien desarrollados y gobiernos más o menos estables.

-Algunas patronales europeas dicen que el ISDS protegerá mejor la inversión privada.
-Efectivamente, ese es otro argumento. Los inversores a veces se quejan de discriminación y maltrato jurídico, sea esto cierto o no. Pero aquí la pregunta es otra: ¿por qué proteger a los inversores y no a los trabajadores europeos y norteamericanos, por ejemplo? ¿Por qué no preocuparnos por ellos antes que de otros colectivos?

-¿Qué les puede pasar a los servicios públicos con el ISDS?
-Algo muy peligroso. De haber una demanda ante un tribunal de arbitraje contra, imaginemos, una empresa que gestione recursos públicos, automáticamente la demanda saldrá fuera del país hacia una especie de tribunal autónomo ‘subcontratado’. Donde normalmente un juez emite un dictamen equilibrado entre el interés público general y los derechos de propiedad individual, con el ISDS un tribunal de arbitraje cuida más por lo general los derechos de propiedad de los inversores. ¡Y no porque los tribunales de arbitraje estén compuestos de malas personas! Es que así es como trabajan, sin hacer de contrapeso entre la protección de las inversiones, por un lado, y el interés público, los servicios públicos o el medio ambiente, por destacar tres campos.

-¿En qué escenarios los servicios públicos se verían amenazados frente a los inversores?
-Un ejemplo: el Gobierno español se ha visto obligado casi por la fuerza a recortar su política de subvenciones a las renovables por los problemas presupuestarios. En esta clase de políticas siempre juegan varios intereses, que pueden ser medioambientales o sencillamente el interés de la gente cuyo dinero ha estado financiando esta clase de energía ecológica. Pero ahora además entra en juego el interés del inversor. Y en el momento en que un Estado retira las subvenciones, el inversor puede decir: ‘Miren, yo invertí en las renovables en España contando con las ayudas otorgadas por el Gobierno. Sin ellas yo no habría invertido y mi cuenta de resultados será muy diferente’.
El Gobierno de España, para bien o para mal, tiene sus propios intereses, y ante un caso así buscaría un equilibrio entre la protección jurídica y el interés general. Pero el inversor puede acudir al tribunal de arbitraje, alegar que la retirada de las subvenciones alteró su cuenta de resultados y forzar al Estado a pagar para cubrir sus pérdidas. ¿Exageración? Bueno, es que esto funciona así.

-¿Quién compone el tribunal de arbitraje?
-¿Sabe cómo funciona el ISDS? Hay un litigio entre el inversor y el Estado receptor. Y ese litigio, si lo establecen los tratados, puede resolverse por la vía del arbitraje: el inversor nombra un árbitro, el Estado nombra a otro y la clave reside entonces en quién será el tercero, a su vez presidente del tribunal. Hay varias salidas: un árbitro nombrado de mutuo acuerdo por ambas partes o, la solución más típica, alguien nombrado por una de las autoridades de arbitraje existentes. Una de estas autoridades bien podría ser el Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado, perteneciente al Banco Mundial.

-¿Y de dónde proceden los árbitros?
-Gran cuestión. No son tantos. Es verdad que hay centenares de personas que han trabajado para un tribunal de arbitraje, pero la Corte de Arbitraje la forman medio centenar de expertos aproximadamente. ¿Quiénes son? Bueno, yo diría que una mayoría posee gran experiencia en arbitrajes comerciales, habiendo pasado muchos de ellos por la Cámara Internacional de Comercio, que está en París. Estos expertos están bregados en el arbitrio de las diferencias contractuales entre empresas privadas, que no estados. Por ejemplo, si hay un litigio entre una firma española y una china la empresa española no acudirá a la Justicia china porque no entenderá nada. Probablemente tampoco busque Justicia en España a un problema ocurrido en China, porque llevará mucho tiempo y dinero. Así que lo mejor es elegir un actor neutral, un árbitro que agilice las cosas.

-Expertos en litigios entre partes privadas cuyo poder aumenta con los tratados bilaterales.
-No todos, pero muchos proceden de ahí. Muchos pasan de interpretar las normas del Comercio Internacional en litigios que enfrentan a dos empresas a servirse al Derecho Público Internacional para arbitrar los conflictos empresa-estado. Hay una sagrada diferencia entre ambas jurisdicciones, si bien el procedimiento técnico de arbitraje es similar en ambos casos. Otros son abogados internacionales, académicos, ex miembros de la Corte de Justicia… Se dan casos perversos, aunque ciertamente exagerados en ocasiones porque no son tantos: algunos de los árbitros son también abogados internacionales en activo amparados por la ley. Así que pueden darse conflictos en los que una persona una vez sea juez y otra vez sea parte.
Pau Collantes eldiario.es
Fuente original: http://www.eldiario.es/economia/TTIP-inversores-trabajadores-Europa-EEUU_0_367464051.html

Susan George: "Antes pedíamos que EEUU se fuera de Vietnam; era más fácil que explicar el TTIP"

Entrevista a la filósofa y politóloga, que presenta el libro Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder: "En el ámbito financiero, Europa es más neoliberal que Estados Unidos"

Susan George vuelve a la carga en su denuncia contra una globalización que beneficia a un grupo selecto de empresas y ciudadanos. Es lo que esta filósofa y politóloga llama Los usurpadores, título de su último libro, que acaba de publicar en castellano Icaria Editorial, y que lleva por subtítulo Cómo las empresas transnacionales toman el poder. Ha superado los 80 años pero sigue firme en el activismo que le ha llevado a presidir el Comité de Planificación del Transnational Institute de Amsterdam o a ser vicepresidenta de ATTAC Francia, entidades que reclaman un sistema financiero más justo.

Los usurpadores llega tras el éxito de las dos ediciones de El informe Lugano (2001 y 2012) y Sus crisis, nuestras soluciones (2010). El gran objetivo por el que lucha ahora es que no se apruebe el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP) que negocian la Unión Europea y los Estados Unidos. A su entender, sería un nuevo triunfo de los lobbies empresariales que pretenden mover los hilos de la política saltándose los principios democráticos y los intereses de la mayoría.

¿Quiénes son estos usurpadores de los que habla en su libro?
Son corporaciones transnacionales, muy grandes, y quienes las ayudan, que son las compañías y las personas que les hacen de lobistas. Confluyen en entidades como la Mesa Redonda Europea de Industriales, que agrupa a la mitad de los presidentes de las mayores empresas industriales y negocian con los estados siempre que quieren. Hay organizaciones similares en todas partes, trabajando para un sector o para varios sectores al mismo tiempo. Si vas a Bruselas, puedes hacer un tour por todos los lobbies que hay, especializados por sectores o clientes.

Usted habla del crecimiento de una autoridad ilegítima. ¿Quién es esta autoridad?
Están tomando poder de forma ilegítima, por eso los califico de usurpadores. Son corporaciones que desplazan a personas elegidas democráticamente. O que trabajan tan acopladas que no podemos ver la diferencia entre unas y otras. Corporaciones que dictan a los políticos lo que tienen que hacer.
Por ejemplo, el Pacto por la Competitividad fue preparado y presentado por un alemán y un francés, presidentes de grandes corporaciones, para que lo firmara François Hollande. Y lo hizo. Dos dirigentes de la Mesa Redonda Industrial Europea escribieron este pacto y, además, lo hicieron con el apoyo de técnicos de los gobiernos. Utilizaron la Comisión Europea para hacer aprobar el texto. La Comisión hizo 127 reuniones para preparar el pacto, de las cuales el 93% fueron con empresarios y representantes de los lobbies de todos los sectores afectados. Sólo el 7% de los consultados fueron consumidores, ecologistas, sindicalistas y representantes de la ciudadanía.

Dedica gran parte del libro a alertar sobre los peligros que conllevaría la puesta en práctica del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP). ¿Por qué le preocupa tanto?
Empezaron a prepararlo hace veinte años. No hay ningún problema entre las corporaciones europeas y las de los Estados Unidos. Están totalmente de acuerdo en lo que quieren. Como ciudadanos tenemos regulaciones mejores, más protectoras en Europa que en Estados Unidos, salvo en el ámbito de las finanzas. A las corporaciones europeas ya les va bien acabar con las regulaciones actuales.
Por ejemplo, en la mayor parte de Europa no se puede vender comida o semillas modificadas genéticamente. Pero las corporaciones quieren hacerlo, y sin tener que explicitarlo en las etiquetas de los productos. Y también quieren practicar el fracking. O tribunales privados que diriman los litigios con los estados. Este tipo de tribunales ya han dado la razón a grandes corporaciones que han contaminado países como Ecuador. Hay muchos ejemplos. Uno, que aún está por resolver, es el de la empresa de servicios francesa Veolia, que ganó el contrato de eliminación de residuos de Alejandría, y que ha demandado a Egipto porque aprobó un aumento del salario mínimo que considera que la perjudica.

Por este motivo, las corporaciones quieren estos tribunales privados. Pueden tener sentido si estamos hablando de países pequeños, débiles y corruptos, pero en Estados Unidos y Europa no hay ninguna justificación posible.

Mal papel de Europa en cuanto a regulación financiera si está peor que Estados Unidos.
Sí. Las regulaciones financieras en Estados Unidos son mejores que en Europa. Tienen un poco más de control sobre los bancos, los bonus, determinadas transacciones. En el ámbito financiero, Europa es más neoliberal que Estados Unidos.

De todos modos, el TTIP todavía está en fase de negociación.
Pretenden terminar las negociaciones este año. En 2016 hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y lo quieren resolver antes. Estamos progresando. Hemos conseguido un millón y medio de firmas en once países europeos contra el Tratado. Intentamos hacer una campaña oficial de recogida de firmas de acuerdo con la Unión Europea, pero se negó. Continuaremos recogiendo firmas hasta octubre. Confiamos en doblar las firmas que la Unión exige en una campaña de este tipo. Además, el 18 de abril se hará un Día Internacional contra el TTIP.

¿Qué podría interpretarse como una victoria en esta lucha contra el TTIP?
Que no se apruebe. Que no se pongan en marcha ni los tribunales privados de arbitraje que resuelvan los litigios entre las corporaciones y los estados, ni las comisiones regulatorias que quieren poner en marcha en ámbitos como la alimentación, la salud, la educación, los salarios, leyes laborales, energía, ...
Estados Unidos quiere comercializar pollos tratados con productos químicos, lo que los europeos no aceptan. Si se aprueba el Tratado, pueden intentar que se acepte en los años siguientes. Europa ha prohibido 1.200 tratamientos químicos mientras que Estados Unidos sólo ha prohibido 12, desde los años setenta.

Pensar que esta negociación puede ser reversible y que la Unión Europea podría convencer a Estados Unidos de adoptar regulaciones más favorables a los ciudadanos y a su salud, ¿es soñar?
Al principio, había sindicatos de Estados Unidos que lucharon para conseguir los derechos que tienen sus equivalentes europeos. Allí no se reconoce el derecho a la negociación de los sindicatos y un puñado de derechos laborales. El año pasado intentaron conseguir los derechos sindicales de los europeos pero no lo consiguieron.

Así las cosas, calificar de democracia a Estados Unidos requiere hacer algunos matices.
No estoy tampoco segura de que Europa sea una democracia de verdad. Los griegos votaron y no sé qué pasará ahora. El 80% de la gente apoya a Syriza tras las elecciones y para la Unión Europea parece que la democracia no cuenta. Probablemente empujarán a Grecia fuera del euro, contra la voluntad de Syriza.

La Comisión Europea no es una organización democrática, ni mucho menos. Votamos en Francia y en los Países Bajos contra la Constitución, en 2005, y pusieron el Tratado de Lisboa en su lugar, que era lo mismo. Luchamos para conseguir gobiernos democráticos y el libro va en esta dirección.

¿Cómo consiguen estos usurpadores imponer su voluntad?
Tienen mucho dinero. Están muy bien organizados. Tienen acceso a los políticos. Pagan mucho dinero a los lobistas. Tienen mucha presencia en los gobiernos. Tienen mucha más capacidad de influencia que ninguna ONG. Están en todos los comités de expertos europeos, de todos los sectores.
François Hollande, en julio de 2012, hizo muchas promesas pero dio marcha atrás rápidamente. Jean-Claude Juncker ha hecho lo propio y ha renunciado a todas las promesas que hizo durante la campaña electoral europea.

¿Por qué lo han hecho?
No estoy en sus reuniones, pero pienso que se dejan convencer por la dialéctica del "crecimiento y trabajo". Un estudio de un think tank para la Unión Europea ha calculado, en su visión más optimista, que el TTIP provocará un incremento de los ingresos en 540 euros anuales para las familias de cuatro personas y que se crearán 600.000 puestos de trabajo, en 2027. Otro estudio, con un modelo diferente, calcula que, por el contrario, se perderán 600.000 puestos de trabajo, se reducirá mucho el crecimiento y Francia será la más perjudicada.

El acuerdo NAFTA, firmado por Canadá, Estados Unidos y México, en 1994, provocó la pérdida de casi 700.000 puestos de trabajo en la industria de los Estados Unidos y los pequeños agricultores mexicanos desaparecieron prácticamente. Siempre hablan de "trabajo y crecimiento", pero no es verdad.

La información sobre cuestiones como esta no llega al gran público.
El papel de los periodistas es esencial. En la lucha en la que estamos metidos, tenemos que utilizar la "estrategia Drácula", que significa exponer los vampiros a la luz. Si no, perderemos. Podemos ganar, pero depende de tu profesión, que los periodistas sean suficientemente libres para explicar bien el TTIP. Es la razón por la que he escrito este libro.

Una investigadora hizo un estudio durante 17 meses, hasta el pasado mes de febrero, y detectó que ni la CBS, ni la ABC, ni la NBC y otra cadena televisiva nacional, habían hecho ninguna mención del TTIP. Son empresas privadas y no quieren que se discuta esta cuestión.

Una cosa es la voluntad de los periodistas y otra, la de los propietarios de los medios.
Es un problema para todos. Nadie es completamente libre. Bueno, yo puedo escribir lo que quiero. Ganamos en 1998 la batalla contra el MAI ( Multilateral Agreement on Investment). Cuando conseguimos que apareciera en la primera página del Libération pensé que habíamos ganado. Y fue así. El gobierno tuvo que escucharnos. Francia se salió y el MIA colapsó. Fuimos capaces de crear suficiente conciencia en la gente. Hay esperanza. Hay un puñado de malas noticias pero podemos ganar. Depende de nosotros.

Nosotros, dicen, somos el 99%; y ellos, los ricos, los poderosos, un 1%. Entonces ¿por qué perdemos?
¿Qué parte de este 99% está realmente bien informada? La política es muy complicada hoy. Cuando empecé en el activismo pedíamos que Estados Unidos se fuera de la guerra de Vietnam. Era un mensaje sencillo, claro, comprensible. Se podía no estar de acuerdo, pero todo el mundo lo entendía.
Ahora, si hablo del TTIP lo tengo que explicar bien. ¿Cuánta gente tiene tiempo para escuchar las explicaciones? Sobre todo si no tienen trabajo, si tienen grandes problemas en casa, si tienen que buscar los alimentos más baratos... Necesitamos movilizar a los líderes de opinión. Hay mucha gente movilizada. En España, por ejemplo, Ecologistas en Acción está haciendo muy buen trabajo.

Es un combate desigual.
Naturalmente. Lo sabemos. Ellos nunca se rinden. Tienen todo el dinero que necesitan. Mucha gente trabajando para ellos las 24 horas del día. Publicistas propios. Acceso a los medios cuando lo desean, en las páginas de opinión, los editoriales. De todos modos, cuando se entiende el peligro que representan los lobistas y que este Tratado es perjudicial para la salud de los ciudadanos, su alimentación, su salud, la educación, la calidad del medio ambiente, el transporte... la gente dice no.

Movimientos como Syriza o Podemos ¿representan un cambio político y social en la dirección que usted considera acertada?
Estoy preocupada por Syriza. He perdido dos horas de sueño esta noche pensando en un artículo para planteae preguntas del tipo: ¿está usted contento ahora, Mario Draghi, por empujar a Grecia fuera del euro? ¿Está usted contenta Christine Lagarde porque el Fondo Monetario Internacional no dará dos semanas más al nuevo Gobierno para hacer frente a sus problemas económicos? ¿Está usted contento señor Schäuble por mantener la presión al máximo sobre Grecia?

¿Hace falta algún tipo de revolución?
No, una revolución no. No hace falta ir tan lejos. Tenemos que decir basta. Debemos exigir que mantengan los negocios en su sitio. Han venido preparando el TTIP durante veinte años. Hace treinta años no estaban tan bien organizados. La globalización y el neoliberalismo les han permitido organizarse en todas partes. Es lo que yo llamo la clase Davos.

Nosotros no tenemos este nivel de organización y no tenemos tanto dinero como ellos, pero lo estamos haciendo mejor que hace diez años. Es lento. Pero la campaña para la recogida de firmas está funcionando muy bien, en muchos países. Tenemos una coalición en Francia que reúne entre cuarenta y cincuenta organizaciones. Muchos países tienen sus propias coaliciones.

Algunos analistas dicen que los poderosos sólo aceptan los cambios que benefician a la ciudadanía cuando tienen miedo. ¿Hay alguna manera de meter el miedo en el cuerpo de los "usurpadores"?
Están asustados ya. Porque están dejando que veamos algunos de los documentos que están negociando. Están recurriendo a mejorar sus relaciones públicas. Ven que estamos ofreciendo estudios que demuestran que los suyos son basura. Los socialdemócratas, que están en coalición con el partido de Angela Merkel, han mostrado su oposición a los tribunales administrativos privados.
Esto está subiendo muy arriba...
Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/Susan-George-EEUU-Vietnam-TTIP_0_367813952.html