Mostrando entradas con la etiqueta apoyo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta apoyo. Mostrar todas las entradas

martes, 26 de diciembre de 2023

Europa Laica encuentra graves insuficiencias en el Informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos a menores en la Iglesia

Fuentes:

Comunicado de Europa Laica acerca del “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica” del Defensor del Pueblo

En Europa Laica hemos recibido con suma indignación, pero no gran sorpresa, los datos sobre abusos sexuales en el entorno de la Iglesia católica española que recoge el Informe del Defensor del Pueblo, que, coordinado por el profesor Josep M. Tamarit, ha desarrollado una Comisión asesora de expertos.

Nos congratulamos de un Informe que, como dice en su “Consideración final”, aspira a «contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española» y que recuerda «que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas». Pero lamentamos con Miguel Hurtado, miembro de la Plataforma Tolerancia 0, que el resultado «no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», y que no se hayan investigado a fondo los archivos canónicos ni «el encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática», por lo que es «una oportunidad de oro perdida». También nos sorprende que, aunque en el informe se estima que el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico es del 0,6 %, no se recogen estudios como los de Richard Sipe (autor de un estudio de referencia sobre sexualidad en el clero) y otros, que concluyen que los abusadores de menores pueden representar entre el 4 y el 10 % del clero, e incluso más (según tiempos y lugares).

Habrá mucho que comentar, pues, acerca del extenso Informe, pero de entrada queremos añadir a lo dicho antes las siguientes consideraciones sobre la “Recapitulación de las recomendaciones” con que finaliza (apéndices aparte).

Las recomendaciones sobre “Reconocimiento”, “Reparación” y “Apoyo” a las víctimas, que incluyen una cuota en cada aspecto a los poderes públicos, incorporan elementos adecuados, pero otros no lo son tanto. Rechazamos de forma destacada lo que se refiere a las indemnizaciones a las víctimas de abusos eclesiales. Pretender que se haga cargo de ellas el Estado es inaceptable. Sólo faltaba eso. Recordemos, a este respecto, que la institución que ha propiciado y ocultado los abusos sexuales no carece de recursos económicos, y que su inmensa riqueza la ha acumulado en gran parte precisamente gracias a la “generosidad” del Estado, a través de la acción o inacción de los distintos gobiernos pre y postconstitucionales. El Estado, con el último gobierno, ha seguido contribuyendo a la fortuna de la Iglesia mediante la concesión de unos 12.000 millones de euros anuales (entre asignaciones directas, exenciones de impuestos, asignación tributaria, etc.). Súmese a esto la complicidad estatal (gubernamental) en el robo a la ciudadanía de un enorme patrimonio público (que incluye la Mezquita de Córdoba, la catedral de Granada, y así hasta más de 100.000 bienes) a través de las inmatriculaciones eclesiásticas de bienes públicos.

Al margen de ese desatino, incluso los aspectos positivos de estas recomendaciones sobre “Reconocimiento”, “Reparación” y “Apoyo” serán muy insuficientes e hipócritas si no se atiende lo que señalamos a continuación sobre “Prevención”.

A nuestro entender, el apartado sobre “Prevención” se queda muy corto porque previamente no se ha realizado un estudio y diagnóstico suficiente de las causas de los abusos. Aunque se reconoce en el estudio que «En la raíz de todas las formas de abuso sexual tanto si afecta a menores de edad como a personas adultas hay un abuso de poder», no se llega a ver que ese abuso poder, especialmente en el caso de la infancia, antes de llegar a ser físico, suele ser mental. La infancia, en una etapa de su desarrollo en la que debe progresar en su capacidad intelectual y en su autonomía moral, se ve expuesta, en particular en la catequesis que se imparte en las asignaturas escolares de religión, a un adoctrinamiento en buena medida anticientífico (que incluye creacionismo y pensamiento mágico-milagrero) y en el que se intenta imponer una moral heterónoma con grandes dosis de homofobia y misoginia; en una palabra, del machismo que cabe esperar de una institución que discrimina de una forma extrema a las mujeres.

Todo esto ya debería ser suficientemente grave para que el Estado no permita, y menos aún facilite, aliente y financie, mediante la instrucción religiosa, el posible daño causado al desarrollo de los menores, con todas las consecuencias que ello pueda acarrear. Pensamos, por ejemplo, que merecería la pena un estudio que indagara las posibles relaciones entre esa educación machista y la violencia de género en los adultos que la padecieron.

Pero es que, además, hay datos y argumentos que apuntan a que el adoctrinamiento catequista sirve a menudo como antesala de los abusos físicos, pero no aparecen en el informe; por ejemplo, los aportados por el exsacerdote argentino Adrián Vitali (aunque se le cite en la Bibliografía) o la teóloga alemana Gunda Werner.

El informe dice que “Es necesario que la Iglesia católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y, en lo que sea necesario, la reforma institucional”. Estamos en desacuerdo: no podemos dejar todas estas acciones a merced de la buena voluntad de la Iglesia católica. Es el Estado quien debe exigirle la reparación de las víctimas; y, en cuanto a la “reforma institucional” de la Iglesia, es algo que no compete al Estado.

Lo que a este le compete es no permitir que una institución tan esencialmente antidemocrática, teocrática y machista tenga en sus manos la educación de la infancia. Asimismo, y como ya exigió Europa Laica en 2020 mediante enmiendas a la ‘Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia’, que ninguna de sus normativas pueda contravenir las obligaciones de la ley, incluyendo el llamado secreto de confesión y el secreto de oficio.

Por consiguiente, lo que el Estado debe establecer como medida de prevención básica, además de toda la vigilancia de tipo policial que sea necesaria, es una defensa de la infancia que niegue a la Iglesia católica (y a otras confesiones religiosas, y en su caso a otras instancias ideológicas) la posibilidad de adoctrinamiento y acoso mental infantil. Esto se traduce, entre otras cosas, en que no debe haber religión (ninguna asignatura de ninguna religión, o de otras creencias particulares) en la escuela y, por supuesto, no puede ser que el Estado financie escuelas confesionales a través de los llamados “conciertos educativos”. Hay que resaltar que estas medidas, así como las antes apuntadas referidas a la financiación estatal de la Iglesia católica, exigen la urgente derogación (no reforma) de los Acuerdos con la Santa Sede.

sábado, 5 de mayo de 2018

Los actores apoyan a Alberto San Juan tras el “intento de censura” del PP. El PP de Granada pide al Ayuntamiento de Pinos Puente que no se represente "Autorretrato de un joven capitalista español" por radical.

La Unión de Actores y Actrices ha mostrado su apoyo al actor Alberto San Juan ante el "intento de censura" del grupo del Partido Popular en la Diputación de Granada, que ha pedido al alcalde de Pinos Puente que "anule la actuación" prevista del actor con Autorretrato de un joven capitalista español en la citada localidad.

"Con las noticias que nos llegan de Granada, queremos solidarizarnos y mandar nuestro apoyo a Alberto San Juan y todas las personas que participan en su obra, al igual que lo hacemos y lo haremos con todos quienes han sufrido campañas de veto; así como con todos los procesados y encarcelados únicamente por sus opiniones o por las obras que crearon", han señalado.

El pasado domingo 8 de abril el grupo del Partido Popular en la Diputación de Granada y los representantes populares en Pinos Puente acusaron a la institución provincial y al ayuntamiento del municipio, gobernado por el PSOE, de ponerse "al servicio de la ideología más radical y sectaria" al "programar" en el teatro municipal de Pinos Puente la citada obra de teatro.

En un comunicado, la Unión de Actores ha asegurado que "no casa nada bien con la democracia el intento de censura y persecución de quienes, como Alberto San Juan, son creadores artísticos". En este sentido, se han mostrado "totalmente en contra de las persecuciones basadas en la opinión del creador o en el contenido de su obra".

"Consideramos a todo el mundo suficientemente independiente para poder discernir si una creación artística es de su agrado o no lo es; sin que deban los poderes públicos, incluidos los partidos políticos, cercenar la libertad de expresión de los artistas y ciudadanos de este país", han añadido.

La asociación ha recordado que "lamentablemente, en los últimos tiempos se está asistiendo a una constante presión contra los derechos básicos de expresión y creación". "Seguiremos defendiendo que sin los mismos no hay posibilidad de mantener una sociedad auténticamente libre",

han concluido.https://elpais.com/cultura/2018/04/10/actualidad/1523346417_838266.html?rel=lom

sábado, 28 de febrero de 2015

Terapia para denunciantes. Florecen en Reino Unido las organizaciones de apoyo a las personas marcadas por denunciar irregularidades en su trabajo

Siempre han existido, pero este nuevo siglo parece haber deparado un papel protagonista a esas personas que deciden revelar irregularidades desde dentro de las organizaciones donde trabajan. La soldado Chelsea Manning, el analista de la NSA Edward Snowden, el empleado bancario Hervé Falciani. Son solo la punta del iceberg de un fenómeno que en Reino Unido, por ejemplo, ha servido para sacar a la luz graves deficiencias en la atención sanitaria pública, gracias a centenares de testimonios de valientes trabajadores anónimos. La verdadera historia de estas personas empieza cuando deciden dar el paso.

En español no existe una traducción exacta de la palabra inglesa whistleblower, que literalmente sería soplador del silbato. Existe soplón, pero posee una connotación negativa de la que carece el término inglés. Ian Foxley, fundador de Whistleblowers UK, propone “contadores de la verdad” o “héroes”. Ingeniero aeronáutico, jugador de rugby y teniente coronel retirado de 58 años, Foxley conoce de primera mano las duras consecuencias de contar la verdad. Por eso ha puesto en marcha esta organización sin ánimo de lucro que pretende ayudar y asesorar a aquellos que, como hizo él mismo hace cinco años, deciden arriesgar su seguridad y la de sus familias por actuar de acuerdo a sus principios.

En 2010 Foxley trabajaba para Airbus en un contrato de más de 2.000 millones de euros entre el Ministerio de Defensa británico y la Guardia Nacional saudí. Pero al poco de llegar a Riad empezó a ver cosas que no le gustaron. “Me entregaron un contrato que, como director, debía firmar”, explica, mientras come un sándwich de carne en un viejo pub de York, la ciudad inglesa más cercana al pueblo donde vive ahora con su familia. “Encontré en una línea del contrato una serie de pagos extra y me negué a firmar. Se trataba de pagos a las islas Caimán, a unas compañías que yo no conocía. Empecé a hacer averiguaciones y la empresa se volvió contra mí. Le entregué las pruebas a un general del Ejército británico, a quien conocía desde hacía 20 años. Él habló con el Ministerio en Londres, y estos le dijeron que devolviera los documentos a la compañía. Así lo hizo. Entonces me llamaron de la compañía y me dijeron que lo que había hecho, en Arabia Saudí, constituía un delito de robo de información y que me iban a detener”.

Foxley logró volver a Londres y llevó el caso ante la Justicia. El juicio se espera que salga a lo largo de este año. Foxley, padre de tres hijos, se quedó sin trabajo y se convirtió, dice, en una especie de apestado. “Cuando denuncias a una empresa grande hay un desequilibrio de recursos”, explica. “Pierdes tu empleo, tus ahorros, y tienes dificultades para volver a trabajar en el mismo sector. El dinero empieza a ser un problema. Mis hijos y mi esposa me comprendieron y me ayudaron mucho. Somos católicos, y la religión jugó un papel importante, al proporcionarme un contexto moral contra el que medir mis acciones. Pero se trata de una experiencia muy solitaria”.

Foxley decidió ponerse en contacto con otras personas que habían pasado por lo mismo. Montaron una estructura para ofrecerse apoyo mutuo y para luchar por lograr cambios legales que protejan a quienes deciden dar el paso. En Whistleblowers UK –que no es la única organización de este tipo que surgido en Reino Unido- lo hacen todo online, con un software que pasa las llamadas entre los socios y las oculta. Ni siquiera tienen una sede física, y se financian con donaciones.

Reciben una media de diez llamadas al día, de diferentes países. “Primero se le aclara que todo lo que dice es confidencial y se le ofrece la posibilidad de permanecer en el anonimato”, explica. “Le decimos que lo que le aconsejemos viene de la experiencia, que nosotros también hemos pasado por eso. En función del sector de que proceda, ya sea la Educación, la Sanidad, la Iglesia, se le pone en contacto con denunciantes del mismo sector. Ponemos a su disposición nuestros consejeros legales y terapéuticos. Y tenemos un listado de contactos de periodistas de diferentes medios”.

Whistleblowers UK propone crear una especie de oficina del soplón. “Un ombudsman independiente, con delegados en cada uno de los sectores de la sociedad, con recursos y poderes para investigar”, explica Foxley. “Las multas que se impongan a las organizaciones servirían para financiarlo y para compensar a los personas que deciden dar el paso”.

Lo que caracteriza a estas personas, dice Foxley, es que es actúan “de buena fe”. “En un momento determinado, no vemos otra opción que denunciar una situación injusta”, explica. “Yo, en mi vida normal, si veo que alguien ataca a una persona, trataré de detenerlo. Si veo a alguien robar, iré tras él. Pues esto es lo mismo ¿Por qué lo hice? Porque era lo correcto”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/22/actualidad/1424595078_405828.html