Que se rompa la lavadora o la cafetera debería dejar de significar en la UE la necesidad de comprar un aparato nuevo. El Parlamento Europeo y el Consejo (los Estados) han llegado a un acuerdo provisional, aún por ratificar por las dos partes, sobre el “derecho a reparar”, una normativa que facilitará la reparación de electrodomésticos rotos o defectuosos para promover una economía circular más ecológica y, a la par, permitir un significativo ahorro.
Con este acuerdo, “Europa apuesta claramente por reparar en vez de tirar”, ha celebrado la secretaria de Estado belga de Presupuesto y Protección del Consumidor, Alexia Bertrand, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Para el negociador jefe de la norma por parte de la Eurocámara, el socialdemócrata alemán René Repasi, con el pacto alcanzado durante la noche del jueves al viernes, “será más fácil y barato reparar productos que comprarlos de nuevo caros”. Bertrand ha añadido: “Creará buenos trabajos de calidad, reducirá los desechos, limitará nuestra dependencia de materiales críticos extranjeros y protegerá nuestro medio ambiente”.
El Consejo subraya que el pacto provisional mantiene el derecho del consumidor a elegir entre reparar y restituir cuando un producto está roto o es defectuoso y se encuentra todavía en garantía. Pero prioriza lo primero, para lo que prevé una serie de incentivos para que los consumidores se animen a prolongar la vida de sus aparatos. En el caso de aparatos reparables, incluso si la garantía ya ha expirado, el cliente tendrá derecho a una reparación más barata. Una posibilidad que no solo reduce desechos, sino que “impulsa el sector de la reparación y promueve modelos de negocios más sostenibles”, se felicitan los negociadores.
Cuando presentó la propuesta, el año pasado, la Comisión destacó que, cada año, solo en la UE se tiran 35 millones de toneladas de aparatos que podrían ser reparados. Algo que tiene consecuencias medioambientales graves: esos desechos crean hasta 261 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero “innecesarios”. El despilfarro es también económico: según Bruselas, los consumidores pierden cada año hasta 12.000 millones de euros al comprar nuevos electrodomésticos en vez de reparar los estropeados.
“Nuestro actual modelo de consumo es, sencillamente, insostenible”, subraya al respecto el eurodiputado Repasi. “Con la nueva ley, obligaremos a los Estados miembros a introducir incentivos financieros para los ciudadanos para que opten primero por reparar, lo que consecuentemente provocará ahorros en emisiones de gases de efecto invernadero, recursos y desechos”, ha agregado.
La directiva prevé la posibilidad de que los consumidores puedan reclamar a los productores la reparación de productos técnicamente reparables bajo las normas de la UE, como lavadoras, aspiradores, frigoríficos o teléfonos móviles. Y se abre la posibilidad de que, en el futuro, la Comisión añada nuevos productos a la lista inicial.
El fabricante deberá informar en su página web sobre los repuestos y asegurarse de que estén disponibles a un “precio razonable”. La directiva también prohíbe prácticas que “impiden el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por parte de puntos de reparación independientes”.
Además, el fabricante deberá realizar las reparaciones necesarias en un “tiempo razonable” y, salvo que ese servicio sea gratuito, también a un “precio razonable”. Si el consumidor elige que el producto sea reparado en vez de reemplazado, la garantía del mismo se extenderá al menos 12 meses más a partir del momento en que el producto queda arreglado, un espacio de tiempo que los Estados pueden prolongar si quieren.
El acuerdo incluye también la creación de un “formulario europeo de información” que será gratuito y en el que los reparadores dan información clara sobre condiciones de reparación, tiempo de finalización de sus trabajos, precios o productos de sustitución. Finalmente, el pacto también prevé la creación de una “plataforma europea de reparación en línea” que informe a los consumidores de los 27 Estados sobre los servicios de reparación que existen tanto a nivel europeo como en cada país y de manera transnacional.
La directiva busca armonizar a nivel europeo diferentes medidas adoptadas ya en algunos países. En Francia, por ejemplo, entró en vigor en 2021 el denominado “índice de reparabilidad”, una etiqueta que se debe colocar cerca del precio del aparato y que, con una nota de 0 a 10, califica si el producto es “reparable”, “difícilmente reparable” o, directamente, “irreparable”. Ese mismo año, en España, el Ministerio de Consumo explicó que también trabajaba en la creación de un índice de reparabilidad, una clasificación de los electrodomésticos y aparatos electrónicos según diferentes variables, como la disponibilidad de piezas de reemplazo o la facilidad en el desmontaje. Sin embargo, la legislatura se agotó y el entonces ministro, Alberto Garzón, no logró aprobarlo. El nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha manifestado su intención de retomar el tema, si bien no hay por ahora fecha para su puesta en marcha, informa Miguel Ángel Medina.
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