Mamen
La desinformación y la falta de recursos dificultan el acceso a esta ayuda, especialmente a las personas sin techo: “Algo falla y eso genera enfado, ansiedad y desesperanza”
Mamen Román tiene un recuerdo vívido de la primera noche que acabó durmiendo en las calles de Cádiz. Las nuevas miradas de desprecio. La ansiedad y el miedo. “Me fui a la playa de la Caleta. Una luz alumbraba mi tienda de campaña y me asusté muchísimo. Resultó que era el faro”, rememora con una sonrisa triste. Fue el 11 de enero de 2021, nunca lo olvidará: “Me cambió para siempre”. Tampoco se le desvanece de la mente otra fecha, la del 24 de septiembre de ese mismo año, el día que consiguió salir de esa pesadilla, gracias al cobro del primer pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la red última de protección creada en 2020 para alcanzar las capas más vulnerables de la sociedad. Román sabe que lo suyo es excepcional: la gran mayoría de las personas sin hogar no perciben esta ayuda.
Una persona recoge y observa su menú de Nochevieja, en la iglesia de San Antón, a 31 de diciembre de 2023, en Madrid (España). La ONG Mensajeros de la Paz, liderada por el padre Ángel, reparte un total de 150 cenas a personas sin hogar y familias en situación de vulnerabilidad como ya ha hecho durante varios años. También realizan cenas de Nochebuena como la realizada el pasado 24 de diciembre en el Teatro Real.
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Carlos Luján / Europa Press
31/12/2023
El ingreso mínimo vital solo llega al 5% de las personas sin hogar
Román, de 61 años, se siente tan afortunada por tomar impulso tras tocar fondo que no ha dejado de ir por el pequeño salón en el que, cada día, la asociación Calor en la Noche reparte decenas de desayunos, en el Campo del Sur de la capital. Conoció el recurso como usuaria y ahora regresa una vez por semana como voluntaria: “Me ayudaron tanto que ahora me toca a mi ayudar, poner mi granito”. La mujer prefiere no acordarse del revés final que le llevó a la calle, tras una vida entera trabajando como camarera de piso en Lanzarote. “Me vi sin trabajo, sin paro y sin dinero”, resume. Cuando Román acabó en la calle, el IMV ya llevaba medio año en vigor, después de que se aprobase en pleno inicio de la pandemia como medida urgente para familias vulnerables. El importe máximo para un beneficiario individual es de unos 600 euros mensuales en 2024, que va creciendo en función del número de personas que integran el hogar.
El Ministerio de Seguridad Social publicó en febrero por primera vez cuántas personas reciben en total el IMV en la actualidad (antes daba el dato acumulado desde que entró en vigor de la ayuda, sin tener en cuenta a los perceptores que habían dejado de cobrarla): 557.405 familias (compuestas por 1.669.361 personas). El departamento asegura que no puede detallar qué porcentaje de los potenciales beneficiarios no han solicitado la ayuda, pero da por buenos los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de 2022, que apuntaban a un 58% no la han pedido, y que solo ha llegado a un 36% de los hogares con derecho a ella. En el caso de las personas sin hogar, la ayuda únicamente llega al 5%, según un estudio elaborado por Nuria Badenes, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales (IEF).
En relación con esta ayuda hay un enorme problema de desconocimiento y barreras de acceso: muchos potenciales beneficiaros no la solicitan porque no saben que existe o porque creen que se les denegaría. Un estudio publicado el viernes pasado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, una coalición de ONG y otros grupos de lucha contra la exclusión social en la UE, concluye que el 41% de los potenciales beneficiarios del IMV desconocen la existencia de la prestación, y que una alta proporción de los que tienen derecho a ella y no la reciben piensan que no cumplen los requisitos (34%) o no les corresponde (42%).
Para las personas que no les queda más remedio que vivir en la calle, la carrera de obstáculos es aún mayor, según explica Rocío Urbano, trabajadora social de la ONG Calor en la Noche: “Algo falla [durante el proceso para pedir y la ayuda], y eso les genera enfado, ansiedad y desesperanza”. En la entidad se afanan por ayudar a algunas de las 117 personas sin hogar de Cádiz capital —según el último censo municipal— que piden auxilio en las gestiones para el IMV, aunque son los trabajadores del Ayuntamiento y su albergue los que llevan el peso de las gestiones.
Pero se topan con muros de inconvenientes, como la falta de información de los usuarios y las trabas burocráticas. Una de las primeras, como recuerda Urbano, fue el requisito del empadronamiento, que capearon al inscribir a los demandantes en el albergue. Otra fue que los demandantes tengan una cuenta bancaria en entidades que se niegan a hacerles clientes por no tener ingresos. “Hacen un trabajazo bestial, pero te encuentras con personas que lo tienen, otras que no, cada una en un punto diferente”, apunta Urbano.
Mamen Román, en el centro de la imagen, va una una vez por semana como voluntaria a Calor en la Noche, una ONG que colabora con Si la cobertura llegase a todas las personas sin hogar que les corresponde, el aumento de gasto para las arcas públicas sería de 130 millones. La cantidad es baja para los 4.300 millones que se destinaron en 2023 para la ayuda, pero supondría una disminución en la desigualdad del colectivo de hasta un 80%, según el estudio de Nuria Badenes.
Satanaela Michalski no suelta su carpeta negra, mientras saca papeles que le va dando a Urbano. “Se supone que el IMV es para que me levante, pero esto no me da para nada. Mi vida es muy dura”, se queja indignada la mujer nacida en Polonia hace 45 años. Michalski comenzó a gestionar la ayuda en el verano de 2020. Primero se la denegaron por el empadronamiento, ya que vive de forma irregular en una casa abandonada. Lo resolvió y le vino concedida, con retrasos, en mayo de 2023. Pero en noviembre pasado se la redujeron de 565 euros a 357. Desde entonces, deambula de administración en administración para intentar averiguar el motivo, sin ningún éxito.
“Cada reclamación a la Administración es un mundo, una tortura china”, reconoce Urbano. La trabajadora social también se muestra crítica con el importe que reciben las personas sin hogar, que habitualmente se mueve en las cifras más bajas del rango de los 462 euros a 1.015 euros mensuales que se pueden conceder en función de las personas que integran la unidad familiar: “A veces, es difícil que les dé para salir de su situación”. “Con los 565 me dio para comida, para arreglar mi casa, para lavar la ropa. Con esta bajada he tenido que volver a los recursos de la calle”, explica Michalski.
Mamen Román cobra 600 euros al mes. Todavía recuerda la alegría que la invadió cuando la asistenta social le avisó de que iba a cobrar los 4.000 euros que le correspondían desde que solicitó el IMV. “Lo eché en comprar todo el menaje para volver a vivir en una casa, fue como el que se prepara el ajuar para casarse”, explica emocionada. Ese mismo 24 de septiembre que recibió el ingreso, consiguió salir de la calle, gracias a una amiga que le prometió una habitación en un piso compartido con otras siete mujeres. La gaditana lleva tiempo soñando con encontrar un estudio para ella sola, pero no hay forma: “Con 600 euros te agarras una oreja y no te llega para la otra y aquí el alquiler es muy caro”.
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