En España, la libertad de elección está en el centro del debate político en torno a la educación. El PP llevó la semana pasada al último pleno de la legislatura una moción para exigir al Gobierno que "explique" si su reforma educativa garantizará "la libertad de enseñanza". En el nuevo proyecto de ley educativa del PSOE, cuya tramitación no se llevará a cabo por el adelanto electoral, la ministra Isabel Celaá eliminó el artículo de la Lomce (ley actual aprobada por el PP en 2013) en el que se reconocía la llamada "demanda social". Es decir, el derecho de los padres a elegir la enseñanza concertada —sostenida con fondos públicos— para sus hijos y la obligación de las administraciones de ofertar tantas plazas como peticiones.
Más allá del enfrentamiento político, en España no se debate que las familias no puedan escoger centro, sino qué fórmula se debe usar para hacer compatible ese derecho a elegir con un reparto equitativo de los alumnos, sostienen los expertos consultados. En el curso 2017-2018, en España hubo 8,1 millones de estudiantes desde Infantil a Bachillerato. De ellos, el 67,3% se matriculó en la pública; el 25,9% en la concertada y el 6,9% en la privada.
"El problema es que las familias no escogen el centro que quieren, descartan los que no quieren para sus hijos. Es una dinámica de huida y no de elección", señala Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, dedicada a la investigación educativa. Según varios estudios publicados por la fundación, las familias suelen tener en cuenta el tipo de alumnado del centro y no tanto el proyecto educativo o el profesorado. Palacín cree que la solución es un "plan de choque" que evite la estigmatización de los colegios. Un ejemplo es el proyecto Magnet, que Cataluña ha copiado de Estados Unidos, en el que centros con alta segregación escolar se alían con institutos de investigación y se especializan en un área, por ejemplo, ciencias del mar. "Es una llamada a los vecinos para que den una oportunidad y manden allí a sus hijos", explica.
En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. .
"Es difícil aprobar una regulación que impida a las familias escoger, están acostumbradas a hacerlo en todos los aspectos de su vida", indica Agnès Van Zanten, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés, que ha estudiado la segregación en ese país. La elección introduce las dinámicas de mercado en la educación: los colegios compiten para atraer a las familias, pero en la mayoría de los casos, esa competitividad no conlleva mejores resultados para los alumnos, ya que en lugar de mejorar el programa académico, los centros invierten en mejores instalaciones, señala la OCDE. Mientras, en los centros con mayor segregación escolar, "los profesores intentan adaptarse al nivel de los alumnos y al final bajan los estándares y se desmotivan", explica Van Zanten. La solución debe llegar de mano de las administraciones locales porque no existe una única fórmula que solucione el problema. "Hacen falta comisiones de escolarización integradas por expertos, cada ciudad tiene una situación".
Los centros concertados "son más selectivos" con la admisión de los alumnos, según muestran las investigaciones de Van Zanten en ciudades como París o Lyon. En España, hay una barrera económica, ya que muchos concertados cobran cuotas a las familias, aunque no existen datos oficiales. En el Estudio de precios de colegios concertados, publicado el pasado octubre por el Círculo de Calidad Educativa (CICAE), una asociación que agrupa a 57 colegios privados, se analizaron 147 colegios concertados de seis comunidades autónomas que cobran una cuota media de 160 euros al mes.
En 25 de los 36 países de la OCDE hay colegios concertados financiados con fondos públicos. A la cabeza, Holanda (con un 65% de los estudiantes en la concertada), Bélgica (60%), Irlanda y Chile (50%), Francia (20%) y España (25%). Aunque, de media, el 85%de los estudiantes en los países de la OCDE están matriculados en centros públicos. Tanto en Holanda como en Bélgica se han aprobado medidas para evitar la segregación escolar. En el primero se da mayor financiación a los centros que admiten a alumnos con menos recursos y en el segundo la renta tiene mayor peso en los procesos de admisión.
Establecer cuotas máximas de alumnos desfavorecidos por centro es otra de las posibles soluciones, considera Miguel Ángel Alegre, autor del estudio ¿Qué funciona en educación?, publicado por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas. Un ejemplo es el País Vasco, que en 2008 recomendó a sus centros, de forma pionera en España, que los alumnos extranjeros no superaran el 30% por aula en primaria y el 20% en secundaria.
Barcelona aprobó la semana pasada un paquete de medidas que obligará a todos los centros públicos y concertados de la ciudad a reservar plazas para alumnos en riesgo de exclusión social, para asegurar una matriculación de estudiantes más equitativa.
Elisa Vega ha llevado a sus cuatro hijos a una escuela concertada religiosa de Valencia. Forma parte de la plataforma Yoelijo, surgida en la Comunidad Valenciana en febrero para reivindicar más plazas y financiación para la concertada. "No se trata de mezclar alumnos de barrios ricos y pobres, sino de dar a cada centro los recursos que necesita. Desarraigar a los niños de sus barrios no es justo", opina.
"Nuestra recomendación para España es que introduzca criterios en los procesos de admisión que den más peso al nivel socioeconómico de los alumnos, de forma que tengan prioridad los que menos tienen", dice Beatriz Pont, analista de políticas educativas de la OCDE. "Un buen sistema educativo tiene que garantizar que cualquier escuela a la que vayas sea de calidad. Eso es lo que ha logrado Finlandia, que el colegio que está al lado de tu casa sea igual de bueno que el que está a 28 kilómetros". Pone otro ejemplo, el de Chile, donde se da más financiación a los centros con mayor número de alumnos desfavorecidos. "Es la forma de hacer a esos chicos más atractivos. Los colegios quieren más recursos para, entre otras cosas, contratar a más docentes. Allí ha funcionado".
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