En el debate del Congreso del miércoles sobre la situación económica, el presidente del Gobierno habló de un país que no existe. Su triunfalismo tenía que ver con algo que recogió Cayo Lara: Rajoy nos está curando de una tendinitis cuando lo que padecemos es un cáncer. Solo así se entienden autosatisfacciones tan artificiales como la de que “estamos realizando la mejor política de empleo posible”.
Se podría objetar que lo anterior son puntos de vista. Mucho menos lo es su continua apelación a la herencia recibida para justificar una política económica que está suponiendo un gran salto hacia atrás de este país, en tantos aspectos. “Lo único que no podemos hacer es volver a las políticas económicas que nos han traído aquí”, dijo Rajoy. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se revolvió en la enésima ocasión en que Rajoy regresó al manido argumento, pero no explicó por qué, quizá por falta de tiempo.
A saber: de la crisis que estamos sufriendo desde el año 2008 en España no es responsable ni el déficit público (superávit) ni la deuda pública existentes entonces (muy baja), sino la inmensa deuda privada motivada por la gigantesca burbuja especulativa en lo inmobiliario, activada por el PP con la ley del suelo del año 1998. Recordemos una vez más los datos que Rajoy jamás menciona como causas del desastre: entre 1997 y 2007 (periodo mayoritariamente gobernado por el PP), la construcción creció a un ritmo de un 5% anual. En esos años, el parque de viviendas aumentó en 5,7 millones de casas, casi el 30% del total existente, y la revalorización del precio alcanzó un 191%.
En 1998, la construcción suponía casi el 14% del empleo global en España, el doble que en Alemania y cinco puntos más que en Reino Unido. Entonces, ese año, José María Aznar aprueba una ley del suelo que multiplica la exuberancia irracional del sector de la construcción: todo el suelo se declara urbanizable, salvo que esté expresamente prohibido.
Con ese bonito principio liberal se favorece un boom inmobiliario de la construcción. Pero no en el sentido que decía el PP (aumentará el número de pisos y, por tanto, bajarán los precios de los mismos), sino en el especulativo: se adquirían viviendas endeudándose, no porque fuesen baratas, sino porque eran caras y en el futuro lo serían más, con lo que se podría especular con ellas. La especulación desencadenó la continua recalificación municipal de los terrenos y los Ayuntamientos engordaron sus arcas.
La responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero fue no pinchar esa burbuja y cabalgar a lomos de la opulencia. Se debe discutir si sus planes de expansión de la demanda cuando empezaron las dificultades fueron precisamente óptimos. Pero la transformación de la deuda privada en deuda pública en una continua socialización de pérdidas llega de Aznar, no de Zapatero. Esta sí es una insoportable herencia recibida.
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miércoles, 7 de noviembre de 2018
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