Lo hizo tras admitir un amparo presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado, en el que pedía que se revisara la resolución de 2020 en la que se ordenó el cierre de la causa penal.
El suceso tuvo lugar la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando soldados de élite del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata "Atlacatl", un comando entrenado en Estados Unidos, accedió al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y mataron a seis religiosos de la orden de los jesuitas y a dos mujeres.
Ocurrió en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1979-1992).
El conflicto dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos (en su mayoría civiles), y obligó a cientos de miles de salvadoreños a abandonar sus hogares.
El Constitucional, también ha dado 10 días a la Sala de lo Penal para que "modifique" la resolución de 2020 en la que cerraba el caso alegando que se "violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas".
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó "que no se investigue a los señalados como autores intelectuales de la masacre".
Las ocho víctimas fueron Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Amando López, Elba Ramos y su hija Celina Ramos.
Uno de los curas asesinados fue Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA).
Más de 30 años después la mayoría de los responsables no ha enfrentado la justicia, con una excepción.
En septiembre de 2020, el excoronel Inocencio Montano, que en aquella época se desempeñaba como viceministro de Defensa, fue condenado a más de 130 años de cárcel por la Audiencia Nacional de España.
La Justicia española inició en 2011 un proceso penal bajo el principio de justicia universal dado que cinco de las víctimas tenían nacionalidad española.
La guerra civil en El Salvador tuvo lugar entre 1979 y 1992. La ONU estima que murieron más de 75.000 personas.
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