Isabel Díaz Ayuso y la Complutense.

¿Con base en qué evaluación del “principio de mérito y capacidad” han podido llegar las autoridades académicas a la conclusión de que Isabel Díaz Ayuso era merecedora de la distinción?

La supervivencia de la sociedad contemporánea depende ahora más que nunca de la ciencia. A los problemas que se van acumulando, generados en muy buena medida por el propio ser humano, no se les puede dar respuesta ya sin el conocimiento científico. Todavía menos se les podrá dar en el futuro. En el caso de las sociedades democráticamente constituidas, todavía más. Sin las revoluciones científicas, tanto en las ciencias de la naturaleza como en las de la sociedad, no habría sido posible que la democracia como forma política llegara a imponerse.

El conocimiento científico es un presupuesto imprescindible para la democracia. De ahí la importancia de la enseñanza y la investigación en todos los niveles del sistema educativo. No solamente en el universitario, sobre el que, con frecuencia, se pone la atención de la opinión pública de manera exclusiva. De la calidad de los dos primeros niveles de la enseñanza depende la calidad del tercero. Pero de la calidad de la investigación universitaria depende el avance progresivo de la calidad de los dos primeros.

El respeto por la enseñanza y la investigación es tal vez el mejor indicador de calidad democrática. Una sociedad que no siente respeto e incluso admiración por la docencia y la investigación que se produce en el país es una sociedad enferma. Cuando en el origen de esa falta de admiración y respeto está el propio comportamiento de quienes dirigen las instituciones de más alto nivel del sistema de enseñanza e investigación, la enfermedad de la que está aquejada la sociedad puede ser grave o incluso muy grave. Nadie que no se respete a sí mismo puede ser respetado por los demás.

Esto es lo que han exteriorizado el Rector y supongo que también la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid esta misma semana con la designación de esta última como “alumna distinguida”. Tanto las autoridades universitarias como la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma se han faltado el respeto a sí mismas, desencadenando un escándalo que ha ocupado lugar destacado en todos los medios de comunicación.

Es claro que no ha sido la trayectoria académica de Isabel Díaz Ayuso la que está detrás de su designación. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid hubiera tenido una trayectoria similar a la de la alumna que este año ha recibido la distinción, nadie hubiera podido decir nada respecto a su designación. Si hubiera tenido una ejecutoria destacada como profesora una vez terminados sus estudios de licenciatura, tampoco se podría haber objetado nada a la misma.

Pero no siendo así, la designación a las puertas de la celebración de unas elecciones autonómicas en la que la receptora de la distinción académica va a ser candidata a la reelección como presidenta, resulta injustificable. Tanto por parte de las autoridades académicas que han tomado la decisión de dársela, como por parte de la presidenta por aceptarla.

¿Con base en qué evaluación del “principio de mérito y capacidad” han podido llegar las autoridades académicas a la conclusión de que Isabel Díaz Ayuso era merecedora de la distinción? ¿Con base en qué evaluación de dicho principio ha podido considerarse la presidenta merecedora de la misma?

La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos figura en el artículo 9.3 de la Constitución sin excepción de ningún tipo. Tanto el Rector y los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense como la Presidenta de la Comunidad de Madrid están sometidos a dicha interdicción.

Por lo que sabemos, parece que el acto de concesión de la distinción académica no puede ser calificado de “discrecional”, sino que únicamente puede ser calificado de “arbitrario”. En consecuencia, pienso que debería interponerse un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa para la anulación del mismo. La autonomía universitaria, constitucionalmente reconocida, no puede transformar la arbitrariedad en discrecionalidad. Sería una interpretación perversa de la misma carente de cualquier justificación.

Los alumnos, profesores y personal de administración y servicios de la Universidad Complutense no deben tolerar una “cacicada” como la que se ha producido esta semana. Es el prestigio de la institución el que se ha puesto en cuestión. Si el Rector y la Junta de Gobierno y la Presidenta de la Comunidad de Madrid se han faltado el respeto a sí mismos, los miembros de la comunidad universitaria no deben aceptarlo. Porque la falta de respeto les afecta a ellos. En una “sociedad democrática avanzada” a la que se refiere el Preámbulo de la Constitución no puede tener cabida un acto esperpéntico como el que ha tenido lugar en la Universidad Complutense.

Javier Pérez Royo