_- Un serio retroceso en materia de igualdad. El pacto firmado por el PP y Vox en Andalucía es opuesto a las políticas progresistas tanto en definición como contenido y medidas. No tiene nada que ver con la defensa de las “familias”, en plural.

_- Si atendemos a los puntos 16, 17 y 18 del pacto firmado por el PP y Vox en Andalucía, podríamos pensar que quizá la derecha le habría tomado la delantera a la izquierda en la priorización de las políticas de familia e infancia y en la inclusión, en la agenda política, de las medidas centradas en la reducción del coste de tener hijos. Sin embargo, esta primera posible impresión es falsa.

Existe un tipo de evaluación de políticas públicas que se denomina “evaluación de coherencia” y que se refiere al significado atribuido a la realidad que se pretende analizar. En el caso del pacto entre el PP y Vox, una evaluación de coherencia nos llevaría a concluir que, cuando la derecha española habla de conciliación, de familia y de embarazos no deseados, está dotándoles de un significado que se aleja mucho de la definición, contenido y medidas que tienen en mente las políticas progresistas.

Según Eurostat, en España se gasta el 1,3% del PIB en la protección de familias e infancia, mientras que en la UE-28 la media alcanza el 2,4% del PIB. Sin embargo, la bondad de las políticas sociales no la establece únicamente su porcentaje sobre el PIB. Como bien nos enseñó el sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen, existen otras variables más cualitativas que permiten dotar de mayor o menor valor al gasto social porque analizan su impacto en la sociedad y en las personas. Una de ellas es la desmercantilización; el grado en que el Estado y sus políticas públicas permiten que el individuo no dependa del mercado para cubrir sus necesidades básicas, aquellas que le garantizan una vida digna. Otra variable, asumida por Esping-Andersen, pero aportada por investigadoras feministas como Ann Shola Orloff, es la desfamilización, que atiende a todo el bienestar social no remunerado que se genera en los hogares y que, mayoritariamente, llevan a cabo las mujeres. Un buen modelo de bienestar social también pasa, por tanto, por garantizar labores de atención y de cuidado más allá de la familia, que permitan a las mujeres poder conciliar su vida personal, laboral y familiar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

El neoliberalismo y el neoconservadurismo no abogan por la extensión del modelo de bienestar social y tampoco creen en la necesidad de que el Estado de bienestar garantice la desmercantilización y la desfamilización. Sus postulados se centran en la defensa de los valores tradicionales del capitalismo: familia, empleo y patria. La idea de familia neoconservadora o neoliberal, que propone la recuperación de los valores tradicionales, no tiene nada que ver con la idea de “familias” en plural de las políticas socialdemócratas o progresistas. En el primer caso, persiste la división sexual del trabajo, una definición del papel social de las mujeres muy centrado en la maternidad y el cuidado, muy vinculado al ámbito privado, doméstico, a la familia. Una familia en la que las mujeres asumen el papel de cuidadoras y permiten que el Estado no necesite invertir en políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Cuando PP y Vox dicen: “16. Fomentar medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar, como fórmula esencial para la mejora de la calidad de vida de las familias”, olvidan dos conceptos clave en la ecuación: conciliación también “personal” y, sobre todo, conciliación “corresponsable”. Al feminismo le ha costado años de lucha y reivindicación conseguir que en los planes de igualdad institucionales y en las políticas sociales, familiares y de empleo se incluyera la corresponsabilidad al hablar de conciliación. Si no trabajamos y construimos un modelo social y económico en el que la conciliación sea corresponsable, estaremos favoreciendo la perpetuación de la feminización de la conciliación que tiene importantes efectos perversos sobre la igualdad entre mujeres y hombres, agravando los sesgos de género en las tareas de cuidado, agrandando la brecha salarial de género y generando feminización de la pobreza.

Cuando el PP y Vox dicen: “18. Crear una Consejería de Familia”, se están olvidando del plural: “Familias”. Atendiendo al pacto pareciera que lo que más les preocupa es incrementar la natalidad, pero se olvidan de que para lograr un resultado efectivo deben partir de un correcto diagnóstico de las causas. La interpretación de las actuales tasas de natalidad, fecundidad y reemplazo generacional no puede obviar que una de las principales causas está en el mantenimiento de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, en el cambio del papel social desempeñado por las mujeres y en el cambio de valores; la maternidad hoy no es la única vía de autorrealización personal de las mujeres. Un pacto que pretende sustituir las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, por políticas de familia sin perspectiva de género, supone un grave y ciego retroceso en la adaptación de las políticas sociales a la situación real de las mujeres. Las politólogas Alba Alonso y Natalia Paleo, en reconocidos artículos científicos, ya establecieron una clara y verificable relación entre Gobiernos conservadores y retrocesos en las políticas de igualdad cuando estas son sustituidas por políticas de familia. En estos casos, la agenda de igualdad se reorienta y pasa a ocupar una posición central la promoción de la maternidad. Estas autoras demuestran que la presencia de los partidos conservadores en el poder tiene impacto en términos de pérdida de recursos y en términos de desarrollo de una agenda política focalizada en las mujeres como madres y cuidadoras. Ha ocurrido ya y volverá a ocurrir; el pacto entre el PP y Vox nos permite prever que sus políticas supondrán un recorte en las medidas de igualdad y pondrán en riesgo los avances de los últimos años, diluyendo el carácter estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres y tratando de responder a necesidades cortoplacistas en lugar de dar respuesta a necesidades estratégicas.

No puedo terminar esta reflexión sin atender al punto 20 del acuerdo ya que es, sin duda, un claro ejemplo del retroceso en materia de igualdad y un cuestionamiento de las medidas legislativas cuya consecución ha costado años de reivindicación y de lucha social por parte del movimiento feminista. Cuando el PP y Vox acuerdan: “20. Poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas”, están planteando la medida de forma aislada, con entidad propia y sin enmarcarla en una política integral, lo que supone la introducción de criterios morales que prejuzgan a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos no deseados, sojuzgándolas y limitando su ejercicio de libertad de elección. Cuando en el acuerdo se habla de proporcionar “alternativas socioeconómicas” se dan muestras de un claro desconocimiento de las raíces del problema y de las diversas razones que hay detrás de la decisión de interrumpir un embarazo.

En suma, cuando el PP y Vox pactan y acuerdan crear una Consejería de Familia están dándole un portazo en las narices a las políticas de igualdad y a la transversalidad de género en el diseño de las políticas públicas. Están favoreciendo una definición tradicional de familia y retrocediendo en las medidas que favorecen la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ya que unas políticas sociales, familiares, de empleo y conciliación sin perspectiva de género son ciegas al impacto perverso que tienen en el incremento de la desigualdad entre mujeres y hombres.

María Silvestre es directora del Deustobarómetro. Universidad de Deusto.

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