Brócoli y mala fe. La Ley de Sanidad de Obama ante el Tribunal Supremo.

Está en peligro la cobertura sanitaria a 30 millones de estadounidenses.
La capacidad del Tribunal Supremo para estar por encima de la política está a punto de sufrir otro golpe.

Nadie sabe lo que decidirá el Tribunal Supremo de Estados Unidos en relación con la ley de reforma sanitaria de Barak Obama. Pero tras las vistas de esta semana parece bastante posible que el tribunal revoque el llamado mandato—la obligatoriedad de que los individuos contraten un seguro sanitario—, y puede que la ley en su totalidad. La supresión del mandato haría la ley mucho menos factible, mientras que revocarla por entero equivaldría a negar la cobertura sanitaria a 30 millones de estadounidenses o más.
Dado lo que está en juego, uno podría haber esperado que todos los miembros del tribunal tuviesen mucho cuidado al hablar tanto de la realidad de la asistencia sanitaria como de los antecedentes legales. Sin embargo, el hecho es que el segundo día de vistas indicó que los jueces más hostiles a la ley no comprenden, o prefieren no comprender, cómo funcionan los seguros. Y el tercer día fue, en cierto sentido, todavía peor, ya que los jueces contrarios a la reforma parecían aceptar cualquier argumento, por endeble que fuese, que pudiesen utilizar para acabar con la reforma.
Empecemos con la ya famosa intervención en la que el juez Antonin Scalia comparaba la contratación de un seguro sanitario con la compra de brécol, dando a entender que si el Gobierno puede obligarnos a hacer lo primero, también puede obligarnos a hacer lo segundo. Esa comparación horrorizó a los expertos en asistencia sanitaria de todo Estados Unidos, porque los seguros sanitarios no se parecen en nada al brécol.
¿Por qué? Cuando la gente decide no comprar brécol, no hace que el brécol deje de estar al alcance de aquellos que lo quieren. Pero cuando la gente no contrata un seguro sanitario hasta que enferma —que es lo que pasa cuando no existe un mandato—, el consiguiente empeoramiento del fondo contra riesgos hace que los seguros sean más caros, y a menudo inasequibles, para el resto de la gente. Como consecuencia, los seguros sanitarios no regulados básicamente no funcionan, y nunca lo han hecho... Leer más en El País. PAUL KRUGMAN, 1 ABR 2012

Una denuncia penal contra los responsables de la Sanidad

En el marco de la actual crisis económica, las Administraciones públicas de todos los niveles (estatal, autonómico, provincial y local) están llevando a cabo ajustes en los presupuestos de ingresos y gastos en un contexto de deterioro de la situación económica personal y familiar de la ciudadanía con un incremento desbocado de la cifra de personas desempleadas. Las subidas de impuestos directos e indirectos y el resto de medidas de ajuste presupuestario están ampliando la brecha de la desigualdad, y están deteriorando los pilares del Estado Social consagrados en la Constitución. Educación, Sanidad y Servicios Sociales están siendo tres de los sectores públicos en los que el deterioro está teniendo mayor repercusión, en un proceso de descapitalización mediante la rebaja de sus presupuestos, y de privatización mediante la profundización en modelos como los conciertos y otras fórmulas. Las restricciones de acceso son especialmente graves en estos tres sectores por su carácter de necesarios elementos vertebradores de la Democracia. El proceso de descapitalización del sector público sanitario está teniendo como consecuencia un grave deterioro en el pleno y universal disfrute por los ciudadanos de su derecho constitucional a la protección de la salud y al acceso efectivo a la asistencia sanitaria.
El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es especialmente notorio en Catalunya. Bajo el paraguas de las “medidas anticrisis” hay indicios claros de privatización del sector sanitario público con el objetivo, no de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria de la población (o en su defecto, que no se deteriore), sino de favorecer al sector sanitario privado en el que son y han sido directivos los actuales Altos Cargos con competencias sanitarias en Catalunya. Los ciudadanos que han formulado la denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya expresan muy bien el deterioro del sector sanitario público que no es explicable únicamente como una consecuencia de la crisis económica sino que se le está provocando un daño adicional con la pretensión de favorecer al sector sanitario privado. Las actuaciones del Departament de Salut que se exponen en la denuncia, sus efectos en la realidad social, las declaraciones de los responsables políticos en la toma de decisiones y el perfil de las personas a las que se ha encomendado este giro en la política sanitaria catalana, afectadas algunas de ellas por serias cuestiones de incompatibilidad, no sólo son una muestra del profundo deterioro del sistema público sanitario, sino también de una intencionalidad privatizadora. La línea de intereses que se describen, favorecedora de los privados en detrimento del interés general, está aumentando la desigualdad social al menospreciar el derecho a la salud, como derecho universal, de los grupos sociales más desfavorecidos que sufren con más virulencia los daños producidos por la crisis económica. Y esta colusión de intereses públicos y privados ha mostrado ya su cara más evidente con casos como el del hospital de “La Seu” y las actuaciones que están siendo investigadas sobre la gestión de los recursos para atender a las Listas de Espera públicas y privadas en Hospitales públicos y concertados.
La denuncia presentada basa su argumentación jurídica en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica como delito la actuación de los autoridad y funcionarios público “que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”, además de otros delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique, en especial de los delitos que pudieran constituir otro u otros de omisión del deber de socorro por denegación de asistencia sanitaria u abandono de servicios sanitarios. Es un delito situado entre los que lesionan las “garantías constitucionales”. Desde un presupuesto fundamental, el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental de conformidad con las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos. Es un delito donde la lesión consiste en restringir o privar de derechos, con independencia del daño personal que pueda causarse... Leer denuncia completa. Carlos Jiménez Villarejo. Exfiscal Anticorrupción. Leer todo el artículo aquí.

El sistema sanitario es sostenible: Las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de euros al año

El fraude total, de cerca de 60.000 millones de euros, es similar al presupuesto de la sanidad pública
Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según el informe de 'Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria' elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.
Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe "consonancia" con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.
"La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad", reclamó Mollinedo.
En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño. Casi cinco puntos menos que las microempresas
Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.
Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.
Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un "mayor esfuerzo" para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.
"Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude", lamentó Gestha en un comunicado.
Fuente: http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2722&titulo=NOTICIAS

Recortes innecesarios y perjudiciales en la sanidad pública en Cataluña y en España

Los profesionales y empleados del sector público sanitario catalán se han movilizado en contra de los enormes recortes del gasto público sanitario que ha impuesto el nuevo gobierno de la Generalitat, como parte de sus medidas de austeridad, necesarias –según tal gobierno- para reducir el déficit y cumplir los requisitos establecidos por Bruselas. A este argumento se ha sumado otro proveído por el Conseller de Salut, el Sr. Boi Ruiz quién, antes de ser nombrado para ocupar tal cargo, había sido Presidente de la Patronal Hospitalaria privada. El Conseller Boi Ruiz indicó, en una entrevista a la televisión pública catalana TV3, que los recortes eran necesarios para salvar la sanidad pública, pues, en caso de no realizarse, la sanidad pública se colapsaría. En un debate de tertulianos que siguió la entrevista al Conseller, todos los tertulianos acentuaron la necesidad de hacer recortes, mostrando sus diferencias en como deberían hacerse. No es pues sorprendente que en una encuesta entre los televidentes del programa (muchos de ellos de simpatías próximas a la sensibilidad nacionalista conservadora de TV3), la enorme mayoría (el 78%) se declaraba a favor de los recortes. Y toda una batería de columnistas próximos al partido gobernante (que son muy abundantes no solo en la televisión y radio pública del gobierno de la Generalitat sino también en los mayores medios de difusión en Cataluña) acentuaron la necesidad de tales recortes. Una voz representativa es Pilar Rahola, la cual, en su columna de La Vanguardia, reproducía los argumentos que había dado el Conseller, atribuyendo las enormes manifestaciones en contra de los recortes a la proximidad de las campañas electorales municipales y sindicales, quejándose de la politización que la oposición estaba haciendo de tales recortes que ella consideraba necesarios.
Tal argumento ignora que los recortes son, en realidad, motivados políticamente respondiendo a intereses particulares en lugar de generales. Tales recortes, en un sistema público escasamente financiado, significan un daño considerable al sector sanitario catalán. El gasto público sanitario per cápita de Catalunya es de 1.410 euros estandarizados (euros homologados en su capacidad de compra en países de distinto nivel de riqueza) y de 1.744 en España, siendo los más bajos de la UE-15 cuyo promedio es de 2.102, y ello a pesar del crecimiento muy notable de tal gasto durante el periodo 2003-2010, en que la Generalitat estuvo gobernada por las izquierdas. Cataluña, cuyo PIB per cápita es el 120% del promedio de la UE-15, tiene un gasto público sanitario per cápita de solo el 80% del promedio de la UE-15. Catalunya se gasta solo el 4.5% del PIB en sanidad, frente al 6.7% en España y el 7.5% en la UE-15.
El problema no es el excesivo gasto público sino los escasos ingresos al estado

Tales recortes no solo son muy perjudiciales sino que son innecesarios. En realidad el bajo gasto público sanitario per cápita no es, como las derechas nacionalistas constantemente acentúan, debido “al expolio de Catalunya por parte de España”, sino a las políticas fiscales regresivas llevadas a cabo en el estado español (incluyendo el catalán) con el apoyo de CiU. España y Cataluña tienen los ingresos al estado más bajos de la UE-15. Solo el 34% del PIB, comparado con el 44% en la UE-15 y el 54% en Suecia. Ni que decir tiene que el históricamente heredado centralismo del estado español explica que todavía haya una sobrecarga de “solidaridad” de Cataluña con España en los intercambios fiscales entre el estado central y el gobierno autonómico catalán, sobrecarga que debe corregirse (el déficit fiscal de Catalunya respecto al Estado es mayor que el que ocurre en sistemas federales como Alemania y EEUU) y se estaba corrigiendo durante los pactos fiscales que tomaron lugar durante el gobierno tripartito, entre tal gobierno y el gobierno central. Pero acentuar esta dimensión (muy rentable políticamente para los nacionalistas y secesionistas) es ocultar el mayor expolio que no es de nación sino de clase social, es decir el hecho de que las clases pudientes catalanas (en alianza con las clases pudientes castellanas y de otros pueblos y naciones de España) no están contribuyendo al estado en la medida que deberían, y ello como consecuencia de la regresividad de las políticas fiscales (que se acentuarán con los recortes de los impuestos a los grupos más pudientes de la población como el impuesto de sucesiones, y la propuesta eliminación del gravamen de las rentas superiores aprobado por el gobierno de izquierdas anterior) y del elevado fraude fiscal en el que incurren sobre todo las rentas superiores.

Un caso semejante ocurre a nivel de todo el estado. El déficit total de la sanidad española es de 15.000 millones de euros, una cantidad que representa la mitad de la cifra que los propios inspectores de Hacienda del Ministerio de Economía han indicado que podría corregirse revirtiendo las reformas regresivas que se hicieron en los últimos quince años (con el apoyo de CiU) y que afectarían a solo una minoría de la población. Como indicó en su día el Fondo Monetario Internacional, dos terceras partes del déficit estructural del Estado español (que incluye al gobierno central y a los autonómicos) se debe a los recortes de impuestos que han ido tomando lugar en España (y en otros país de la UE-15) durante los últimos quince años. El boom inmobiliario y su elevado crecimiento económico había ocultado este déficit estructural del estado, que apareció con toda claridad cuando el boom inmobiliario estalló.

El déficit, pues, debería reducirse no mediante los recortes de gasto público sino a través de la reversión de las políticas fiscales regresivas que han ido ocurriendo durante estos años. Y esto aplica tanto al Estado Central como a los estados autonómicos. En realidad, el Estado, incluyendo la Generalitat de Catalunya, ya tiene los medios para corregir esta regresividad fiscal. Es más, hay medidas que serían enormemente populares como hacer impuestos finalistas para la sanidad grabando el tabaco y el alcohol (que tienen los impuestos más bajos de la UE-15), así como exigir a las Mutuas Patronales que paguen los costes de los enfermos por causas laborales (que representan casi el 18% de pacientes hospitalarios) y que hoy no pagan. Ninguna de estas alternativas se está considerando.

Las consecuencias de la pobreza del sector público

Lo que el sistema sanitario requiere es más, no menos fondos. Se exagera la evaluación positiva de la población del sistema sanitario español, considerándola como “excelente”, lo cual no concuerda con los datos. La evaluación del sistema público sanitario español es un aprobado alto (6.4), que ni siquiera llega a notable. Y ello se debe a la subfinanciación, de la cual la medicina privada se beneficia. España y Cataluña tienen el gasto menor en la sanidad pública y el gasto mayor en la privada de los países de la UE-15. La segunda viene determinada por la primera. Y estos recortes beneficiarán a la privada, la cual aumentará incluso más mediante la desgravación del aseguramiento privado, medida que los conservadores-neoliberales propondrán. Los profesionales que trabajan en el sector privado están mal pagados y es un insulto considerar sus reivindicaciones resultado de la necesidad de calentar el patio consecuencia de las elecciones sindicales.

Una última observación. Los recortes tan notables que están ocurriendo en la sanidad pública catalana se presentarán como “modelos a seguir” en las otras Comunidades Autonómicas. Y su origen es la presión que el Estado (tanto central como autonómico) está recibiendo del Fondo Monetario Internacional y de las fuerzas conservadoras-liberales que dominan las instituciones europeas. Tales presiones se presentan como necesarias a fin de “tranquilizar a los mercados financieros”, fórmula que se utiliza constantemente para justificar los enormes recortes de no solo la sanidad sino también de la educación pública y otros componentes del estado del bienestar. En este argumento se ignora deliberadamente que, tal como indiqué antes, el déficit del estado (tanto central como autonómicos) puede reducirse mediante el aumento de los impuestos de los grupos que se beneficiaron más de las políticas neoliberales que se han estado imponiendo a la población durante estos años, alternativa que nunca es considerada. De ahí que el consenso que se está intentando crear alrededor de la necesidad de aceptar los recortes de gasto público sanitario y social, sea un intento claramente político y propagandístico, apologético de las relaciones de poder existentes en nuestro país, sin que tenga validez científica. Si el estado autonómico (central y autonómico) tuviera las mismas políticas fiscales que, por ejemplo, Suecia, el estado español ingresaría más de 200.000 euros más de los que ingresa ahora, cantidad más que suficiente para evitar los recortes de gasto social, reduciendo el déficit del estado. Que ello no se haga se debe al enorme dominio que las fuerzas conservadoras y neoliberales tienen en nuestro país. Así de claro. Vicenç Navarro. El Plural

La crisis de Islandia

Islandia fue llamada la “Wall Street del Ártico” o el “Tigre Nórdico”, en muy poco tiempo pasó de un crecimiento alto, para un país desarrollado, a convertirse en un país muy endeudado.

Con apenas 320.000 habitantes, los banqueros islandeses quisieron aprovechar la liberalización financiera: el sistema bancario islandés pasó de ocuparse del mercado doméstico a servir de intermediario para otros países, los escandinavos y el Reino Unido principalmente.

Por ejemplo, el banco por internet Icesave perteneciente al banco Landsbanki operó cuentas de ahorro en Holanda y el Reino Unido. Creció hasta tener depósitos por 1.700 millones de euros en el primer país, durante los breves cinco meses en que operó ahí, y por cerca de 5.000 millones de euros en el Reino Unido, durante dos años, gracias a que ofrecía tasas de interés superiores al 5 por ciento.

En una publicación de la Cámara Islandesa de Comercio [1] un funcionario nativo y un académico estadounidense, quien llegó a ser miembro del directorio del Sistema de la Reserva Federal estadounidense, argumentaban, en 2006, que los temores sobre la inestabilidad del sistema financiero de Islandia eran infundados pues todo estaba básicamente bien.

El país tenía el PIB per cápita más alto del mundo en 2005, con muy poca corrupción, bajísima deuda pública (la deuda neta representaba 10% del PIB) y con altísimos niveles de educación y salud. Una excelente muestra de la felicidad que trae a la gente decente el seguir las leyes del mercado y el respeto a la propiedad privada.

El ultraconservador Cato Institute celebraba todavía en febrero de 2008 que el éxito de Islandia se debía en buena parte a sus políticas en favor del libre mercado: los impuestos a los ingresos del trabajo eran de 36 por ciento mientras que los ingresos del capital eran gravados con 10 por ciento.
Las corporaciones gozaban de un gravamen del 18 por ciento, comparado con el 39 por ciento en EEUU, pero el diligente gobierno islandés había ya anunciado una reducción de esa tasa a 15 por ciento [2]. El único foco rojo era un considerable déficit en cuenta corriente.

No obstante la aparente solidez de la economía islandesa, Kaupthing, Glitnir Bank HF y Landsbanki Islands HF -los tres principales bancos islandeses- quebraron en octubre de 2008 tras acumular una deuda de 61.000 millones de dólares, equivalente a 12 veces el producto interno bruto de este país [3].

Tuvieron que ser nacionalizados en ese mes después de que habían sido privatizados en 2003, ¡cinco años duró el sueño del libre mercado! El Cato Institute no ha vuelto a publicar algo sobre Islandia desde febrero de 2008 lo que no habla bien de su honradez intelectual.

Islandia, por supuesto, representa uno de los grandes episodios de catástrofe económica de todos los tiempos. Su economía, capaz de brindar a su población un nivel de vida decoroso, fue secuestrada de forma efectiva por una combinación de ideología de libre mercado y capitalismo de compadrazgo; un trabajo presentado en el congreso celebrado en Luxemburgo al que acabo de asistir muestra que los beneficios de la burbuja financiera han recaído de forma abrumadora sobre una pequeña minoría que ocupa la cima de la distribución de rentas [4].

Islandia cayó en una profunda crisis económica que enfureció a la población. El gobierno debió estatizar los tres bancos y pedir un fondo de rescate al Fondo Monetario Internacional [5].

La corona islandesa se devaluó en 80 por ciento, la bolsa de valores estuvo cerrada por algunos días y el producto interno bruto cayó cerca del 7 por ciento durante 2009. Se estima que fue de cero el crecimiento durante 2010 aunque el PIB creció al fin durante el tercer trimestre de 2010 con respecto al previo.

Los capitalistas islandeses y el gobierno, en complicidad con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional consiguieron que se socializaran muchas de las deudas contraídas por la banca privada en su desbocada carrera para obtener ganancias.

Empezó una disputa por los montos de las deudas bancarias y los tiempos para cubrirlas. Por ejemplo el Reino Unido exigió el pago no de los 20.000 euros por depósito que marca la legislación europea; sino de entre 50.000 y 100.000 euros. Eso elevaba la deuda islandesa a 2.700 millones de euros por depósitos realizados en el banco Icesave.

El gobierno británico amenazó con incautar los activos del banco Kaupthing (sin relación comercial con el Icesave) aplicando la legislación antiterrorista del Reino Unido.

Ante la propuesta burguesa de que el pueblo islandés pagara todas las deudas que no contrajo; la gente salió a protestar.

Las protestas ciudadanas frente al parlamento en Reykjavik van en aumento. El 23 de enero de 2009 se convocan elecciones anticipadas y tres días después, las caceroladas ya son multitudinarias y provocan la dimisión del Primer Ministro, el conservador Geir H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno que cayó víctima de la crisis mundial.

El 25 de abril se celebran elecciones generales de las que sale un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir.

A lo largo del 2009 continúa la pésima situación económica del país y el año cierra con una caída del PIB del 7%.

Mediante una ley ampliamente discutida en el parlamento se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010 el Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular.

En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica. El FMI congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución de su deuda [6].

En noviembre, de 2010, se eligió una Asamblea Constituyente que reformará la carta magna del país para recoger las experiencias de la crisis cuyos trabajos se inician en febrero de 2011. Es claro entonces que el final de la crisis islandesa no se ha escrito aún. ¿Cuándo saldrá Islandia de la crisis y cómo se repartirán los costos? Las respuestas a estas preguntas saldrán de la pugna entre la plutocracia y el pueblo que ya ha obtenido importantes victorias.

La crisis bancaria localizada en Islandia mostró lo que la competencia capitalista ha logrado al ampliar la escala de la acumulación. Islandia, un país muy pequeño, creó las condiciones para concentrar una porción mayor de la que le correspondería de la ganancia bancaria mundial.

Como nos dice el marxismo, la ganancia bancaria proviene del interés cobrado por el tráfico dinerario y resulta de la ganancia originada en las esferas productivas. Al contraerse, durante la crisis, la masa de ganancia generada en la producción, la masa de ganancia bancaria se contrajo también y ello ocasionó crisis bancarias en todo el mundo.

Las quiebras bancarias a diferencia de las de esferas productivas tienen un efecto “perverso”. Si quiebra una empresa productiva y eso arrastra a otras empresas relacionadas con ella se trata de una purga conveniente para el organismo capitalista pues todos los involucrados son capitales total o parcialmente sobrantes que deben destruirse en mayor o menor grado.

La quiebra bancaria arrastra a capitales productivos sobrantes o no. La respuesta burguesa en esta crisis y en otras anteriores ha sido impedirlas , con excepciones como Lehman Brothers, cargándoles a los trabajadores la mayor parte posible de las pérdidas. Es decir que parte de la plusvalía futura será apropiada por el sector financiero sin pasar por la forma de ganancia de empresas productivas.

La crisis islandesa es no una quiebra bancaria sino una serie de ellas que amenaza a todo el sistema productivo del país. ¿Qué hizo posible que se dejara quebrar a los tres principales bancos del país y pareciera no tener efectos devastadores sobre toda la economía?

Krugman dice que la gravedad de la crisis islandesa impidió la aplicación de las medidas ortodoxas y eso condujo a una salida más rápida y menos costosa que otras. Esta interpretación keynesiana encuentra en los excesos del capitalismo las causas de la crisis.

Tendremos que volver a este asunto en otro artículo para tratarlo como amerita, por lo pronto es conveniente puntualizar sobre la crisis económica islandesa:

Se trató de una crisis bancaria de grandes proporciones que empobreció a todo un país que jugó el papel de banca para países más grandes merced a una legislación excepcionalmente beneficiosa para el capital.

Eso potenció durante algún tiempo el crecimiento pero desembocó en una crisis bancaria aún no resuelta y que compromete el futuro rendimiento del capitalismo en Islandia.

Los costos de la crisis no se han cargado íntegramente a los trabajadores islandeses gracias a que se han defendido y logrado victorias parciales. Obviamente las causas de esta crisis rebasan el ámbito nacional. ¿Cuáles serán las posibles soluciones entonces?

Alejandro Valle Baeza es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

Referencias:

[1] Mishkin, F.S. y Herbertsson, T. Financial Stability in Iceland. Iceland Chamber of Commerce. 2006 en: http://www.vi.is/files/555877819Financial%20Stability%20in%20Iceland%20Screen%20Version.pdf

[2] Ver “Iceland and Taiwan to Slash Corporate Tax Rates” por Daniel J. Mitchell en http://www.cato-at-liberty.org/iceland-and-taiwan-to-slash-corporate-tax-rates/

[3] Kaupthing era el mayor banco islandés antes de declarase en quiebra. El ex director general de Kaupthing, Hreidar Mar Sigurdsson, y el ex director de la sucursal de Luxemburgo, Magnus Gudmundsson, fueron interrogados el 6 enero de 2011 por el fiscal especial, Olafur Thor Hauksson, tras lo cual el primero pasará 12 días en la prisión de Litla-Hrauni, en el sur del país, y el segundo, siete.

[4] Krugman, P. “El milagro islandés después de la crisis” publicado en The New York Times y traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez en http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/06/30/the-icelandic-post-crisis-miracle/?utm_source=lasindias.info/blog En el artículo Krugman muestra que el 1 por ciento más rico de la población pasó de tener el 7.5 por ciento del ingreso en 2001 a percibir el 20 por ciento en 2007.

[5] “Justicia detrás de responsables de crisis islandesa” por Lowana Veal en esta web.

[6] “Islandia: La revolución silenciada “ en La haine.org: http://www.lahaine.org/index.php?p=50982
Fuente: Alejandro Valle Baeza. LibreRed.

Más sobre Islandia Lecciones Islandesas Y Gente Independiente Y La Gente no tiene que pagar la locura de sus banqueros, Islandia enjaula a sus banqueros, de El País.

Los parásitos en el cerebro de los laboristas. The Parasites in Labour’s Brain

Es hora de que dejemos de votar con temor y de recompensar al gobierno más derechista que el Reino Unido ha tenido desde 1945.

Por George Monbiot, publicado en The Guardian el 4 de mayo de 2010

Aferrarse a la niñera por temor a algo peor. Aunque se ha vuelto malhumorada y malvada, aunque ha usurpado a nuestros padres, ha robado nuestra herencia, ha tirado nuestros juguetes y vendido el cuarto de los niños, debemos escondernos detrás de sus faldas por temor a las bestias que merodean más allá. Esto, en esencia, es lo que Polly Toynbee, Jonathan Freedland, Seumas Milne y Nick Cohen nos están diciendo ahora que hagamos (1,2,3,4).

Al instruirnos, a lo largo de los años, a prestar atención a los temores, no a las esperanzas, tales voces han permitido que los laboristas abandonasen todo lo que una vez defendieron y nos entreguen, atados y listos para el horno, a las grandes empresas y al Daily Mail. Estaremos atrapados así para siempre, en el triángulo de las Bermudas de New Labor, a menos que votemos por lo que creemos en lugar de simplemente contra lo que no hacemos.

Este miedo paralizante ha permitido cuatro desarrollos trágicos. Ha permitido que se forme un consenso parlamentario que se apega al sentimiento público, alienando a los votantes. Ha creado espacio para ideas, como la creciente privatización de casi todo, que eran inaceptables para las generaciones anteriores. Ha permitido a los conservadores apelar a los votantes moderados: si hay tan poco que divida a los dos partidos, tal como lo imaginan los votantes, ¿pueden los tories realmente ser tan malos? Y ha permitido que un partido alguna vez progresista forme el gobierno más derechista que este país ha sufrido desde 1945.

Comencemos donde mis colegas afirman que el récord del partido es más fuerte: pobreza y desigualdad. Durante los primeros siete años del gobierno laborista hubo un progreso real en contra de la pobreza. Pero a partir de 2004 la tendencia entró en inversión. En los tres años hasta 2007/8, el número de personas en hogares que vivían con menos del 60% del ingreso medio aumentó en 1.3 millones: produciendo un resultado total mejor que en 1997 pero peor que en 1989 (5). Esto fue antes de la recesión, por lo que Dios sabe lo que mostrará la próxima serie de cifras.

El número de personas en extrema pobreza (que viven con menos del 40% del ingreso medio) nunca disminuyó sustancialmente: se mantuvo estable durante los primeros ocho años del gobierno laborista, luego aumentó. Ahora hay 700,000 personas más en estas condiciones que cuando el Laborismo asumió el cargo, y más que en cualquier tiempo desde que comenzaron los registros (6). Los ingresos reales medios del décimo más pobre disminuyeron en un 2% en los diez años hasta 2007/8 (7). Estas cifras, una vez más, son anteriores a la recesión.

Los ricos, por otro lado, pocas veces lo han hecho mejor. El cuarenta por ciento de los ingresos adicionales que disfrutan los hogares británicos durante los años laborales ha acumulado el 10% más rico (8). El uno por ciento más rico, según el nuevo libro de Danny Dorling, Injustice, ha capturado una mayor proporción del ingreso nacional que lo que han hecho desde principios de la década de 1930 (9). La desigualdad en el Reino Unido es ahora más alta que en cualquier otra época desde que comenzaron los registros coherentes, en 1979 (10). Siento que se necesita repetir las mediciones. Después de 13 años de gobierno laborista, el Reino Unido tiene niveles más altos de desigualdad que después de 18 años de gobierno tory.

¿Por qué ha sucedido esto? En parte porque los laboristas cambiaron los impuestos de los ricos a los pobres. Recortaron el impuesto de sociedades del 33% al 28% y el impuesto a las ganancias de capital del 40% al 18%. Introdujeron un plan de alivio para empresarios, gravando el primer millón de libras de ganancias de capital en solo 10% (11). Aumentó el umbral del impuesto a la herencia para las parejas de £ 300,000 a £ 600,000 (12).

Sí, el gobierno ha introducido y fortalecido el salario mínimo, y este es un progreso real. Pero también ha bloqueado los derechos laborales para los trabajadores temporales y de agencias y ha preservado la cláusula de exclusión en la directiva de tiempo de trabajo de la UE. El viejo partido de los trabajadores ha cambiado la lealtad a los patrones, entregando puestos claves a los ejecutivos corporativos y magnates de capital privado, incluso el nombramiento de Digby Jones, el ex jefe neandertal del CBI, un ministro de la Corona. Redujo las inspecciones en el lugar del trabajo (causando un aumento en el número de muertes en el trabajo) (13,14), eliminó el requisito de que las reuniones entre ministros y representantes corporativos deben registrarse (15) y detuvo el caso de corrupción contra BAe (16).

Después de haber prometido eliminarlo cuando estaba en la oposición, ha extendido la iniciativa de finanzas privadas a sectores que los conservadores no se atrevieron a tocar. Los laboristas dejaron edulcorantes en los contratos de PFI para que las corporaciones ganaran (17), manipularon las cifras para que pareciera que el esquema generaba una buena relación calidad-precio (18) y luego tuvieron que rescatar a los operadores privados cuando comenzaron a colapsar (19). El partido también incumplió sus promesas de renacionalizar los ferrocarriles y reconquistar las prisiones privadas: el Reino Unido ahora tiene una mayor proporción de prisioneros en cárceles corporativas que los EE. UU. (20).

Mientras que el laborismo ha liberado a multimillonarios, ha encerrado al resto de nosotros con 3.500 nuevos delitos penales (21), incluidas disposiciones que permiten a la policía declarar ilegal cualquier manifestación (22). Ha introducido órdenes de control que colocan al pueblo bajo arresto domiciliario permanente sin cargos ni juicio. Le ha permitido a los EE. UU. extraditar a nuestros ciudadanos sin elaborar evidencia de una ofensa. Se ha coludido en el secuestro y la tortura. Gran Bretaña ahora tiene más cámaras de CCTV que cualquier otra nación (23), y una base de datos de ADN cinco veces más grande que su competidor más cercano (24). El número de prisioneros en el Reino Unido ha aumentado en un 41% desde que los laboristas asumieron el cargo (25,26).

Este gobierno bloqueó un alto el fuego en el Líbano, despidió al embajador británico en Uzbekistán cuando se quejó de que el régimen estaba torturando a sus prisioneros (27 ), dio ayuda a un ejército colombiano que colabora con los escuadrones de la muerte fascistas (28), anunció una política de guerra nuclear preventiva (29) y decidió malgastar nuestro dinero en la sustitución de los Trident. Pero peor, mucho peor que todo esto, lanzó una guerra ilegal en la que murieron cientos de miles. Estos son los colegas del gobierno que The Guardian quieren salvar.

Hay un parásito llamado Toxoplasma gondii que coloniza los cerebros de las ratas, alterando su comportamiento para atraerlos al olor de sus depredadores. Las ratas así buscan a los gatos y estos se las comen, lo que permite que el parásito siga circulando. Esto es el Nuevo Laborismo. Ha colonizado un movimiento que luchaba por la justicia social, la distribución y la decencia, reprogramó su cerebro y se lo entregó a los gatos gordos que una vez fueron sus enemigos.

Entiendo los peligros de votar por los partidos más pequeños y permitir que el títere de guante derecho reemplace la marioneta del guante izquierdo. Sé que los tories son incluso peores que este gobierno. Pero al votar por los candidatos de la lista compilada por la campaña de la democracia Hang 'em (30), no todos demócratas liberales, pero todos ellos son reformistas con buenas posibilidades de obtener o mantener escaños, podemos romper este sistema podrido. sin dejar de ser fiel a nuestras creencias.

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, la verdadera lucha comienza después del 6 de mayo, cuando construimos un movimiento de democracia masiva que garantice que nunca más podamos ser colonizados por una clase política parásita de cualquier color. Comienza con un mitin en Parliament Square a las 2 p.m. el sábado (31). Durante y después de esta elección, debemos exigir algo mejor, en lugar de huir de algo peor.

http://www.monbiot.com/2010/05/03/the-parasites-in-labours-brain/