Muere el doctor Luis Montes, abanderado de la muerte digna. El médico fue perseguido por el PP de Madrid por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.

El doctor Luis Montes (Salamanca, 1949), presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), acusado y posteriormente absuelto, en 2007, de causar la muerte mediante sedaciones terminales irregulares a 400 enfermos del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), ha fallecido este jueves a los 69 años, según ha confirmado fuentes de la asociación.La muerte se ha producido de forma inesperada cuando se desplazaba a un acto vinculado con la asociación, en la que se había volcado durante los últimos años.

Montes, cuya especialización era la de anestesista aunque en Leganés ejercía de jefe del servicio de urgencias, acabó siendo la cabeza visible de un grupo de facultativos del que también formaban parte el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, el internista Frutos del Nogal y el otorrino Carlos Barra, entre otros. Todos ellos coparon cargos de responsabilidad en el Severo Ochoa y el Hospital de Móstoles tras una larga trayectoria en el sur de la Comunidad de Madrid, donde lucharon por imprimir a la práctica de la medicina un marcado carácter progresista y de servicio público.

Un ejemplo es su firme oposición a intentos privatizadores de la sanidad de los Gobiernos del PP. Otro, que se remonta a los años 80, fue su apuesta porque fueran los hospitales públicos los que asumieran la realización de abortos, práctica entonces no siempre accesible para quien la necesitaba y siempre relegada a clínicas privadas. Desde los pasillos de urgencias de Leganés, Montes decidió en sus últimos años en ejercicio poner fin a lo que, en sus propias palabras, era una de “las grandes cuentas pendientes de la sanidad pública: la muerte digna”. “La gente sufría y agonizaba durante horas y días sin otra razón que los prejuicios y la ineptitud de muchos facultativos”, solía afirmar.

Esta actitud disgustó a algunos médicos del Severo Ochoa y a los sectores más conservadores del PP madrileño, lo que acabó provocando uno de los mayores escándalos ocurridos en la sanidad pública española durante las últimas décadas. Tras recibir una denuncia anónima, y sin contar con informe o prueba alguna que sustentara la gravedad de las acusaciones, el entonces consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), purgó a Montes y sus aliados en el Severo Ochoa y puso en marcha una auténtica cacería de brujas contra los facultativos, a los que llegó a acusar implícitamente de decenas de muertes por sedaciones ilegales.

Lamela, en todo momento apoyado por la presidenta regional Esperanza Aguirre, hizo todo lo posible para sustentar las acusaciones. Creó comisiones para que elaboraran informes ad hoc, juego al que se prestaron algunas de las más destacadas figuras médicas de la Comunidad de Madrid. Y adoptó cuanta decisión administrativa fue necesaria para lograr que ni Montes, ni su equipo ni quienes salieron en su defensa volvieran a ocupar cargo de responsabilidad alguno.

Pero si Lamela logró en su embestida el apoyo de algunos de los sectores médicos más conservadores —y el silencio cómplice de la entonces presidenta del Colegio de Médicos, Juliana Fariña—, el consejero fracasó rotundamente cuando fue la justicia la que examinó el caso. En junio de 2007, el juez instructor archivó el caso con una decisión que tenía algo de salomónica. Por una parte, libraba a Montes y su equipo de toda responsabilidad penal, pero admitía que en cuatro sedaciones se habían producido irregularidades.

Esto dejó insatisfecho a Montes, que recurrió el caso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmontó punto por punto las acusaciones de Lamela y eximió a Montes de cualquier mala práctica.

Empezó entonces otro largo proceso judicial, esta vez sin éxito para Montes y 39 de sus colaboradores, para exigir que fueran resarcidos por los daños morales y económicos sufridos. Pero para Montes, según sus palabras, lo peor que hizo Lamela fue hacer que "la gente muera peor".

Desde 2009 el doctor era presidente federal de DMD, desde donde defendía la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y a la sedación. Montes ponía en el centro de su trabajo el derecho a la autonomía, la libertad individual y la voluntad del paciente. La militancia de Montes se remonta a los tiempos de la oposición al franquismo, donde se volcó en el trabajo comunitario en los barrios de chabolas que abundaban en el norte del actual distrito de Tetuan.

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MORIR RABIANDO. Vino un médico, nos tranquilizó, nos ayudó. Desde que llegó a casa, como un ángel de luz, mi querido enfermo pudo descansar.

POR DESGRACIA estoy segura de que muchos de los que me estáis leyendo habéis tenido que sobrellevar la muerte de alguien muy querido. A veces los fallecimientos son repentinos, pero lo habitual es tener que acompañar a la persona amada en la lenta y amarga travesía del desfiladero. En ocasiones, ese tránsito final es un martirio. Lo he vivido de cerca. Cuando busqué, desesperada, los cuidados paliativos que te ofrecía el sistema, resultó que tardaban bastante tiempo en llegar, que después de todo no eran tan paliativos y que no funcionaban ni en los fines de semana ni en las fiestas, como si los agonizantes no tuvieran el derecho de agonizar en esos días. En mi total congoja, cuando cada hora que pasaba era un sufrimiento, acerté a llamar a la asociación DMD, Derecho a Morir Dignamente. Vino un médico, nos habló, nos tranquilizó, nos ayudó. Desde que llegó a casa, como un ángel de luz, mi querido enfermo pudo descansar. Y empezó ese tiempo raro y dulce de los últimos momentos, cuando el amado ya no sufre y la Muerte anda merodeando por la casa con pies de algodón. Gracias a la sedación paliativa, falleció dos días después serenamente. No nos cobraron ni un solo euro. Nunca podré agradecérselo lo suficiente. Desde entonces pertenezco a DMD, porque quiero que todas las personas, incluida yo misma, podamos tener acceso a ese sosiego final.

Pues bien, ese médico, ese ángel, Fernando Marín, ha sido recientemente perseguido por la Fiscalía de Avilés, junto a Mercedes Caminero, una pobre voluntaria de la asociación a la que incomprensiblemente también acusaron, y a Fernando Acquaroni, que buscaba ayuda para un hermano agonizante, de la misma manera que yo la busqué para mi enfermo. Como Fernando Marín no estaba en Madrid, le pidió a la voluntaria que mandara por correo a Acquaroni la medicación del protocolo de la sedación paliativa, y el envío fue interceptado en Correos. Por todo esto les abrieron a los tres un proceso; para colmo añadieron el suicidio de una mujer a la que los imputados nunca conocieron (quien le facilitó la sustancia letal fue otra persona, también fallecida, que traicionó a la DMD). A Fernando, Mercedes y Acquaroni se los acusó de dos delitos de cooperación al suicidio y un delito contra la salud pública y les pidieron seis años y cinco meses de prisión. Aunque se saben inocentes, como la ley es tan ambigua y los prejuicios sociales tan complejos, decidieron no correr riesgos inútiles y aceptar dos años de condena, sin ingreso en prisión. El hermano de Acquaroni estaba tan terminal que el pobre murió (sufriendo y sin ayuda) tan sólo 24 horas después del momento en que hubiera recibido los fármacos. Me espeluzna pensar que yo misma podría haber ocupado el lugar de Acquaroni, y todo porque existe una confusión monumental entre el suicidio, la eutanasia y la sedación paliativa. Esta última es totalmente legal, pero, como se ha visto en el caso de Avilés, pueden retorcer las circunstancias hasta meterte en la cárcel.

Pero, como dice Marín, lo más triste de todo es que esta condena suya va a hacer que la situación retroceda aún más y que muchos médicos, aun sabiendo que la sedación paliativa es legal, no se atrevan a administrarla. Puede que nuestros seres queridos, nuestros padres, hermanos, cónyuges, amigos, tal vez hijos, mueran rabiando y en el abandono terapéutico. Puede que nosotros mismos tengamos que enfrentarnos a un calvario. ¿Y en razón de qué? ¿Cuáles son los fanáticos dogmas religiosos que nos ordenan acatar este tormento? ¿Por qué mi vida civil la regula un Dios? Además, si ese Dios es amor, como decía san Agustín (“En el atardecer de la vida te examinarán de amor”), estoy segura de que no podría querer esto.

Nuestro país precisa urgentemente un pacto social sobre la eutanasia, la ayuda al suicidio y la sedación paliativa. Un acuerdo que vaya más allá de la mugre sectaria partidista, porque estamos hablando de algo demasiado esencial como para que permitamos que lo manipulen los políticos. Necesitamos una ley que regule la eutanasia y que impida todo tipo de excesos, por supuesto. Y entre los excesos incluyo esta kafkiana persecución de la Fiscalía de Avilés y esta condena.
Rosa Montero
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