Se ha creado una percepción generalizada, reproducida en los mayores medios de información del país, de que la única respuesta posible a la desconfianza mostrada por los mercados financieros hacia la economía española es la que el Gobierno de Zapatero está llevando a cabo. Esta respuesta incluye las reformas laborales orientadas a flexibilizar y abaratar los salarios (supuestamente para hacer la economía más competitiva) y la reducción del gasto público, incluyendo el social. Esta última medida se realiza con el objetivo de reducir el déficit público, cuya elevada dimensión se presenta como la causa de que aquellos mercados duden de la fortaleza de la economía española.
Y lo que es incluso más llamativo es que los mayores partidos en la oposición en las Cortes españolas –PP, CiU y PNV– piden más dureza en aquella respuesta, exigiendo mayor desregulación de los mercados de trabajo (mediante medidas que debilitarían enormemente a los sindicatos, descentralizando la negociación colectiva) y mayores recortes de gasto público y social. Se establece así una dinámica de competición para mostrar a tales mercados quién es más duro. Vimos la semana pasada cómo grupos de empresarios se reunieron, unos con el presidente Zapatero y otros con el monarca, para presionar al Gobierno a fin de que no le flaquearan las piernas en su toma de decisiones. Un análisis de las propuestas que estos grupos han hecho muestra que ninguna afectaría los intereses del mundo de las grandes empresas y de la banca. Antes al contrario, todas ellas muestran una gran blandura hacia los intereses de tales grupos fácticos, que saldrían todos ellos beneficiados con dichas medidas. Echo en falta una invitación del Gobierno y del monarca a los sindicatos y a los pensionistas para que estos tengan la oportunidad de exigirles dureza, y pedirles que sus piernas no flaqueen en el momento de tomar decisiones para ayudar a la economía a que salga de la crisis, a base de afectar los intereses de aquellos grupos que les visitaron. En realidad, la reducción del déficit público puede conseguirse bajando el gasto público o, como alternativa, subiendo los impuestos, y muy en particular los de aquellos que se han beneficiado enormemente de la bajada impositiva que el presidente Zapatero, y antes el ex presidente Aznar, realizaron durante los últimos 15 años. Esta reducción de impuestos ha sido, tal como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, responsable del 40% del déficit estructural existente en España y en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) que siguieron semejantes políticas. Si se recuperaran los tipos existentes antes de las reformas regresivas fiscales, pasando de un 43% a un 45% para las rentas superiores a 60.000 euros, y se añadiera un nuevo tramo para los que ingresan más de 120.000 euros, con un tipo del 50%, el Estado ingresaría 2.500 millones de euros más a las arcas, afectando únicamente al 3,98% de los ciudadanos. A esta cantidad podría añadirse la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, cuya eliminación en 2008 favoreció enormemente a los sectores más pudientes de la sociedad. Con tal medida, el Estado podría ingresar otros 2.120 millones de euros.
Si, por otra parte, se recuperara el tramo que pagaban las grandes empresas en su impuesto de sociedades, pasando del 30% al 35%, el Estado recuperaría 5.300 millones de euros (afectando únicamente a un 0,12% del total de las empresas, que son las que tienen una base impositiva superior a 30 millones).Leer más aquí.
viernes, 10 de diciembre de 2010
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