Inquietantes razones contra la huelga

Pueden discutirse sus objetivos o sus posibilidades de éxito. Incluso el papel de los sindicatos. Pero no puede ignorarse la voz de los ciudadanos: pidieron una respuesta a la crisis que tuviera en cuenta a los más débiles. Confieso que tenía dudas a la hora de sumarme a la huelga general. Me las disiparon las críticas de los conservadores. En su mayoría no se referían al contenido de la huelga, a la justicia de las denuncias o de las reclamaciones, sino a la idea misma de la huelga general. Algo bastante serio. De modo que, por lo que pueda venir, no está de más diseccionarlas. Al menos tres de ellas.

La primera criticaba sus motivaciones: era “política”, con un objetivo difuso y, por ello, “condenada al fracaso”. El argumento, de entrada, asume una línea de demarcación entre causas justificadas, las económicas, y no justificadas, las políticas. Un trazo menos claro de lo que parece. Un plan de austeridad que rebaja los salarios de funcionarios, establece pagos por visita médica o abarata el despido afecta a la capacidad adquisitiva, a “la economía”. Dicho esto, es indiscutible que la huelga tenía un objetivo político. No es un drama. Que tuviera un objetivo político no quiere decir que pretendiera cambiar el sistema político. No se cuestionaba la legitimidad del Gobierno ni se pretendía sustituir un proceso electoral. Se pedía una respuesta a la crisis que tuviera en cuenta intereses fácilmente ignorados. No hay que olvidar que la política es poder y los gobiernos acostumbran a actuar por la línea de menor resistencia. Si uno no se queja, nadie le hará caso. Para algunos conseguir la atención es tan sencillo como contar su vida. Una gran empresa, a la vista de la legislación laboral o ambiental, puede avisar a un ministro que está pensando marcharse o no venir. El Gobierno, razonablemente, tendrá en cuenta esa opinión. Otros lo tienen más complicado.

Las quejas tenían que llegar al Gobierno o, más exactamente, a quien puede hacer que las cosas cambien. Porque era política tenía que ser “general”. De hecho, la protesta era europea. Sólo que se quejaron más quienes peor están, los que soportan las medidas más radicales. Un mensaje, por cierto, que el Gobierno no tenía por qué recibir con aspavientos: también él trata de decir a quién realmente manda que no todo es posible. Es así como se pueden conseguir las cosas. Porque no todas las huelgas generales acaban en fracaso. Recuerden la historia del “decretazo” de Aznar.

El segundo argumento criticaba la coerción. En dos planos. Por una parte, la huelga como tal, supondría una coacción al gobierno y, sobre todo, a quienes ven complicadas sus actividades, sus compras o sus desplazamientos. Esto, en rigor, no es un argumento, sino una tautología. Una huelga, por definición, es una acción que, mediante la presión, aspira a conseguir cierto objetivo. Si la huelga no fuera coactiva no sería huelga. En todo caso, se trataría de discutir si es una coacción legítima o no. Cuando, con alegre frivolidad, se equipara las huelgas a “chantajes”, “amenazas” o “extorsiones” se busca avecinar lo que es un derecho a un delito. Si ese léxico vale, también deberíamos aplicarlo a las empresas que llaman al ministro y le cuentan sus planes...
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Foto del dolmen del Mellizo I y II, por Valencia de Alcántara.