En 2015, todos los ciudadanos deberían poder valorar cómo funciona el sistema de salud a su nivel local, cómo proporciona los cuidados que está obligado a dar y cómo cumple con los estándares o normas de calidad fijadas públicamente. “La transparencia es un elemento decisivo tanto para mejorar la calidad de los servicios de asistencia así como para informar a los ciudadanos sobre lo que pueden esperar y exigir del Servicio Nacional de Salud”. “Es fundamental que exista una expectativa mensurable [es decir datos, cifras y comparaciones que se puedan medir] para poder valorar si el Gobierno está cumpliendo con sus afirmaciones sobre el rendimiento del sistema de salud”.
Lo que acaban de leer es parte del “mandato” firmado en noviembre pasado entre el Gobierno de Reino Unido y el Consejo de Dirección del Sistema Nacional de Salud (NHS), un organismo independiente que ha sido creado para asumir la responsabilidad del nuevo modelo de gestión del NHS a partir del 1 de abril del año próximo. El “mandato” fue negociado durante tres meses con asociaciones de ciudadanos, de médicos y de personal sanitario, y con otras organizaciones independientes relacionadas con la sanidad pública.
El Gobierno conservador británico puso en marcha una complicada reforma del Sistema Nacional de Salud, mediante la ley denominada Health and Social Care Bill, que fue objeto de centenares de enmiendas, se discutió durante horas en el Parlamento e incluso se pospuso y ralentizó su aplicación como consecuencia de la presión que ejercieron los afectados y la oposición. Cameron aceptó esperar a que un grupo independiente elaborara un informe, y esos expertos propusieron que la reforma se realizara paso a paso y que se pudiera ir valorando sus resultados.
El nuevo informe confirma esa presencia del sector privado en la sanidad pública, pero de manera equilibrada y controlada, de forma que se monitoricen permanentemente los resultados, al igual que se debe hacer con los servicios prestados directamente por el sistema gestionado de forma pública.
El King’s Fund, una fundación independiente para la mejora de la sanidad pública, que tiene sus raíces nada menos que en un hospital londinense de 1897, y que ahora funciona como un famoso think tank, advirtió sobre las dificultades que se plantean para cumplir con la exigencia del Gobierno de que el NHS ahorre un 5% anual de presupuesto en los próximos años. Sus expertos han empezado a analizar trimestralmente los datos que están obligados a proporcionar los centros sanitarios, de gestión pública o privada, y ejercen una considerable presión para lograr un máximo de información en términos que sean comparables.
Toda esta información viene a cuento del debate que se plantea en España sobre la gestión privada de hospitales y centros de salud públicos. Es lo mismo que se está haciendo en Reino Unido, advierten sus partidarios. No, no es lo mismo, porque en España ni se ha debatido sobre el asunto en el Parlamento, ni se ha consultado previamente a los expertos y a los interesados, pacientes y personal sanitario, ni se han establecido previamente las normas de control, ni se han fijado de manera formal y transparente los objetivos que deben cumplir esos centros (de gestión pública o privada), ni se garantiza la transparencia del gasto, ni la posibilidad de comparar unos centros y otros, ni nada de nada.
Lo de aquí, al margen de que se favorezca o no la presencia de proveedores privados en la sanidad pública, es una simple chapuza. Un trabajo poco profesional de unos políticos poco habituados al control, la exigencia, y la demanda de responsabilidades. Soledad Gallego-Díaz, El País.
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