EE UU deja atrás la era de la ley y el orden ("irracional") en la lucha contra el crimen. Baltimore acelera el debate sobre la represión policial y el sistema carcelario. Todo el montaje de la llamada "tolerancia cero", se viene abajo al estudiar en la práctica sus consecuencias; cárceles llenas con un coste que duplica al dedicado a educación en California, por ejemplo.

Eran otros tiempos: los del crimen rampante en las calles de Estados Unidos, la epidemia del crack que devastaba los barrios negros y pobres y las políticas de tolerancia cero, que permitían a la policía detener a un ciudadano por infracciones mínimas y a un juez imponer a pequeños traficantes de drogas sentencias de cinco, diez o más años de prisión.

El crimen bajó. Las prisiones se llenaron. Y las políticas de mano dura están ahora bajo revisión. Los casos de abusos policiales y los disturbios en Ferguson, el verano pasado, y Baltimore hace unos días aceleran el debate. La prioridad ya no es la lucha contra el crimen, sino reducir la población carcelaria, que se ha cuadruplicado en los últimos 35 años, y redefinir los métodos policiales: de la represión a la cooperación; de la policía como “ejército de ocupación”, según la definición del sociólogo Orlando Patterson, al ideal de la policía comunitaria, que coopera con los vecinos y les protege. Más bobbies que antidisturbios.

Existe una coalición transversal, de demócratas y republicanos, en favor del cambio. Habría resultado extraño escuchar hace unos años a un aspirante del Partido Republicano a la Casa Blanca lamentando que las prisiones de EE UU estén “llenas de hombres y mujeres negros y morenos que cumplen sentencias demasiado largas y duras por errores no violentos de juventud”. Son palabras de Rand Paul, senador por Kentucky y candidato republicano. Estados conservadores como Texas han iniciado un esfuerzo por vaciar las prisiones. Las prisiones cuestan millones a los contribuyentes y la eficacia a la hora de rehabilitar a los internos está en duda.

También cambian los demócratas, ideológicamente reticentes a las políticas de ley y orden pero obligados a demostrar que no eran blandos y que podían garantizar la seguridad pública tan bien o mejor que los republicanos. Bill Clinton, presidente en los noventa, era uno de ellos. Su centrismo no era sólo económico: tenía que ver con la lucha contra el crimen. La semana pasada, su esposa y candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, pronunció un discurso en el que se distanció y abogó por “terminar con la era del encarcelamiento masivo”.

Esa era de encarcelamiento masivo comenzó a finales de los sesenta, cuando la segregación quedó fuera de la ley. Las convulsiones sociales de la época alarmaban a la mayoría blanca y conservadora. Películas como Harry el sucio, de Clint Eastwood, reflejan el ambiente. Los legisladores reforzaron las penas por crímenes no violentos y establecieron cadenas perpetuas para reincidentes. Washington lanzó la guerra contra las drogas.

EE UU tiene el 5% de la población mundial pero el 25% de la población carcelaria. De los 2,3 millones de personas en prisión, un millón son negros: cerca del 40% para una minoría que representa el 13% de la población. Y son negras el 30% de víctimas de disparos de la policía.

Ferguson y Baltimore descubren la herida de la marginación y la represión, seis años después de que el primer presidente negro, Barack Obama, llegase a la Casa Blanca. Pero sitúan en el centro del debate unos problemas ignorados. La era de la ley y el orden, en la que los políticos competían por quién endurecía más las penas y quién contrataba a más policías, toca a su fin.
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