Los levantamientos militares se bautizan en ocasiones de modo singular; en Argentina, la “revolución libertadora” encabezada por Lonardi derrocó a Perón en 1955; otro golpe condujo a la presidencia del general Onganía en 1966 (“revolución argentina”) y en marzo de 1976 se inicia en el país la época de las juntas militares (“proceso de reorganización nacional”). El bombardeo del Palacio de la Moneda avanza la dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990), a la que se suman las de Uruguay (1973-1985) y en Bolivia las de Hugo Bánzer (1971-1980) y García Meza (1980-1981). El profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, Marcos Roitman, analiza estos procesos en el libro “Por la razón o la fuerza”, subtitulado “Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina” (Siglo XXI, 2019).
El texto de 382 páginas revisa y actualiza uno anterior publicado por Akal en 2013, “Tiempos de oscuridad”. En el listado de golpes y dictaduras ocupa un lugar preeminente Brasil. Además del derrocamiento del presidente Goulart, en 1964, y los gobiernos de generales hasta 1985, “toma cuerpo la Doctrina (militar) de la Seguridad Nacional vinculada a combatir la amenaza exterior y el enemigo interno, visualizados como la Unión Soviética, el comunismo y la subversión; los militares actuaron en Brasil en perfecta sintonía con terratenientes, oligarcas y la burguesía local”, destaca Roitman.
Eran tiempos -en plena Guerra Fría- de alianzas estratégicas, suma de intereses y agregación de actores internacionales contra el “comunismo”. El sociólogo chileno apunta, entre los numerosos ejemplos, la invasión de la República Dominicana por los marines estadounidenses, en 1965, en la que la potencia norteamericana “utilizó” el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la Organización de Estados Americanos (OEA) y una Fuerza Interamericana de Paz para legitimar la intervención. La Doctrina de la Seguridad Nacional se extendió a Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Los planes de estudio de la Escuela de las Américas (USARSA), ubicada en Fort Gulick (zona del Canal de Panamá), incluían las Operaciones de Contrainsurgencia; “en octubre de 1973 más de 170 graduados eran jefes de gobierno (entre otros Hugo Bánzer, Ríos Montt o Videla), ministros, generales o jefes de inteligencia de sus países”, detalla Roitman. De este modo se expresaba el Secretario de Defensa, Robert McNamara, ante el Congreso de Estados Unidos en 1967: “Nuestro objetivo en Latinoamérica es ayudar, donde sea necesario, al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares nativas capaces de proporcionar, en unión a la policía y otras fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna”.
También se internacionalizó el terror contra los militantes de izquierda; Forjada en Santiago de Chile (1975) y con el respaldo del secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, en la “Operación Cóndor” participaron los Estados de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay con este balance: 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y más de 400.000 torturadas o presas (una modalidad específica de crimen fueron los llamados “vuelos de la muerte”). El presidente Reagan también utilizó las estrategias de despliegue rápido de tropas (invasión de la Isla de Granada, en 1983) o la creación de fuerzas contrarrevolucionarias (tras el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, en 1979).
El autor de “Democracia sin demócrata y otras invenciones” (2008) e “Indignados: el rescate de la política” (2011) expone casos más recientes; “En Bolivia el presidente Evo Morales denunció varias asonadas entre 2010 y 2018”, apunta Marcos Roitman; al igual que Chile nacionalizó el cobre en 1971, el gobierno del MAS decretó en 2006 la nacionalización de los hidrocarburos, “recuperó” en 2008 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), que controlaba Telecom-Italia; y en 2012 nacionalizó la Empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica Española (REE), entre otras iniciativas de reversión.
Rafael Correa presidió Ecuador durante una década, hasta 2017, inspirándose en los principios de la Revolución Ciudadana y el Socialismo del Siglo XXI; en septiembre de 2010 Correa estuvo secuestrado durante unas horas en un hospital de Quito, y denunció un golpe de estado (fallido) en el que participó el expresidente y exmilitar Lucio Gutiérrez. En mayo de 2017 Lenin Moreno accedió, tras su triunfo electoral, a la presidencia de Ecuador; “ha lanzado una campaña apoyada en jueces corruptos y el legislativo contra Rafael Correa, es la estrategia para evitar la victoria posterior de una alternativa progresista”, valora Marcos Roitman.
“Son versiones más elaboradas del golpe de estado”, subraya el sociólogo chileno. En Argentina y Brasil se han promovido “cordones sanitarios” para frenar a líderes que congreguen el apoyo popular; en ese contexto se insertan los procesos judiciales y la persecución mediática contra Cristina Fernández de Kircher, hoy senadora y presidenta de Argentina entre 2007 y 2015; o la condena judicial a Lula da Silva, en prisión desde abril de 2018; debido a la sentencia condenatoria, el Tribunal Superior Electoral vetó la candidatura de Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores (PT) a los comicios presidenciales, celebrados en octubre de 2018 (en el momento de producirse la inhabilitación, el exmandatario encabezaba las encuestas). Otro ejemplo de los llamados golpes “blandos” o “institucionales” es el “impeachment” por el que el Congreso y el Senado de Brasil destituyeron en 2016 a Dilma Roussef; de ese modo concluyeron 13 años de gobiernos del PT.
En Paraguay, el Congreso destituyó al presidente Fernando Lugo en Junio de 2012. Lugo denunció un “golpe de estado exprés”, en forma de juicio político con el pretexto del llamado “caso Curuguaty”. Marcos Roitman atribuye la maniobra a “la derecha, en connivencia con las fuerzas armadas y el poder legislativo y judicial”. En 2013 ganó las elecciones presidenciales el banquero y terrateniente Horacio Cartes, del Partido Colorado; así, “Paraguay retomó la deriva neoliberal y Estados Unidos dio por concluido el golpe de estado”, resume el autor de “Por la razón o la fuerza”. En junio de 2009, soldados del ejército de Honduras detuvieron por orden del Tribunal Supremo al presidente Mel Zelaya, que fue trasladado a Costa Rica; Zelaya, del Partido Liberal, había planteado una consulta popular para la reforma de la Constitución, que el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia declararon ilegal; además denunció, en la cadena TeleSur, la participación de Estados Unidos en el golpe. En un informe de 2015, la ONG Global Witness calificó a Honduras como “el país más peligroso del mundo para los defensores del territorio y el medio ambiente” (entre 2002 y 2014 murieron asesinados en el país 111 activistas).
Marcos Roitman dedica en el texto un apartado específico a Venezuela: “De Chávez a Maduro, 20 años de sedición golpista”. En el libro “Los 7 pecados capitales de Hugo Chávez” (Vadell, 2012), el periodista Michael Collon escribe sobre el golpe de abril de 2002: “Estados Unidos (George W. Bush) y España (José María Aznar) reconocieron al nuevo régimen en un tiempo récord y enviaron a sus embajadores ante el golpista Carmona, presidente de la patronal (…). Y cuando el golpe de 2002 derroque a Chávez, será la gente la que le salve: millones de mujeres y hombres en la calle”; “la televisión se convirtió en un instrumento decisivo del golpe de estado”, añade Collon, que cita a medios de comunicación privados como Venevisión, Globovisión, RCTV, Televen, El Universal y El Nacional; el diario El País publicó un editorial titulado “Golpe a un caudillo”. En 2019, con Maduro en la presidencia, se trata de “viabilizar un gobierno provisional al mando de Juan Guaidó avalado por Estados Unidos y sus cómplices internacionales”, concluye Roitman.
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