El 30% del alumnado de Navarra tiene necesidades específicas de apoyo, un 16% más que hace tres años. Es la comunidad con un mayor censo de este estudiantado, muy por delante de Baleares, que es la segunda con un 20%, y muy lejos de Madrid y País Vasco, con el 8%, y Aragón, con un 5%, las autonomías que ocupan el otro extremo de la estadística. La llamativa diferencia se debe a la disparidad de criterios utilizados por unas y otras administraciones a la hora de identificar a unos escolares para los que, según la ley, las administraciones deben “asegurar los recursos necesarios” para su éxito educativo. Por ejemplo, la vulnerabilidad socioeconómica. Navarra sí tiene en cuenta a todos aquellos menores socialmente desfavorecidos, que son 13.048, prácticamente la mitad de todos los 27.471 con necesidades de apoyo. En el caso navarro, hay otros perfiles de alumnos en este colectivo, que son los que únicamente tienen en cuenta en la mayoría de autonomías: aquellos con dificultades de aprendizaje (35%), con necesidades educativas especiales por algún tipo de discapacidad o trastorno (10%) y con altas capacidades intelectuales (3%). Son datos de un informe publicado por la Cámara de Comptos de Navarra, que analiza no solo la detección de este alumnado, sino la respuesta y el seguimiento que les dispensa el departamento. Este estudio se refiere al alumnado inscrito en los centros ordinarios, no a aquellos con discapacidades de mayor grado, que están matriculados en centros específicos de educación especial.
Save the Children lleva mucho tiempo reclamando que el alumnado socioeconómicamente vulnerable sea incluido como colectivo con necesidad de apoyo. De acuerdo con las investigaciones de la ONG sobre la tasa de repetición de curso en España —una de las más altas de Europa, pese a la mejoría del dato durante la pandemia—, “el alumnado socialmente desfavorecido tiene menos oportunidades culturales y sus familias menos capacidad para ofrecer ayuda directa, proporcionar un entorno académicamente estimulante o disponer de gastos privados en forma de actividades de refuerzo y enriquecimiento en horario extraescolar”, explica Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de la organización.
Sin embargo, no está ocurriendo, añade Ferrer, a pesar de que ese criterio está claramente incluido en la ley (la Lomloe) desde 2020. Y lo sostiene con cifras: mientras “el indicador de pobreza o exclusión social llega a más del 30%”, y al menos un 9% sufre carencias materiales, el porcentaje medio nacional de identificación de alumnado con necesidades de refuerzo educativo apenas supone el 2,7% en primaria y el 2,9% en secundaria, detalla. Las consecuencias, señala Ferrer, son muy graves, puesto que, si no se detecta a este estudiantado, es difícil hacer políticas de escolarización equilibrada y garantizar el seguimiento pedagógico de estos alumnos.
Para el especialista, uno de los grandes problemas es que la ley “no hace una definición concreta de qué es la vulnerabilidad socioeducativa”. Hay excepciones, como Navarra o Cataluña, que identifican claramente esa necesidad de un refuerzo educativo con el riesgo de pobreza y exclusión. En el caso de Navarra, para poder identificar a un alumno como socialmente vulnerable, en ocasiones es necesario que los servicios sociales emitan un informe constatándolo, pero en otras basta con que sean beneficiarios de ayudas al comedor o para la adquisición de material, o que muestran dificultades evidentes para pagar las cuotas o las actividades extraordinarias, como las excursiones.
En Cataluña, los criterios son parecidos, pero además entran directamente en esta categoría de alumnado todos aquellos cuyas familias estén por debajo del indicador de renta de suficiencia que cada año fija la Generalitat (en 2022 es 569,12 euros al mes). Según un informe de 2021 del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), la mitad de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en Cataluña lo son por presentar “situaciones socioeconómicas y/o socioculturales desfavorecidas”, categoría que incluye en este caso a los que se incorporan tardíamente al sistema. En Navarra, los alumnos de familias económicamente desfavorecidas y de incorporación tardía suponen dos tercios del total.
Un programa para evitar la segregación
La red educativa navarra se sirve del sistema informático EDUCA para registrar el seguimiento y la atención a estos menores, lo que luego facilita la elaboración anual del Índice de Escolarización. El objetivo de esta herramienta, aplicada por vez primera este curso y novedosa en el territorio nacional, es distribuir de una manera más equitativa al alumnado con necesidad de refuerzo entre los diferentes centros, sean públicos o concertados. Un objetivo que también contempla la ley: las administraciones “atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”.
Una necesidad evidente en Navarra, si nos fijamos en las conclusiones del informe de Comptos, que, si bien no habla directamente de segregación escolar o concentración de alumnado vulnerable (los términos que se emplean en investigación educativa), sí detalla que tres de cada cuatro estudiantes navarros con estas necesidades están matriculados en centros públicos, y eso que la red concertada navarra acoge casi al 36% de los escolares. El desequilibrio, detalla el informe, “está básicamente en el alumnado socialmente desfavorecido, muy mayoritario en los centros públicos”. Y va más allá: la mitad de los centros públicos y el 73% de los concertados podrían acoger más alumnado con necesidad de refuerzo educativo. Otras comunidades, detalla Ferrer, como Cataluña o País Vasco, tienen índices similares.
Es preciso señalar la apreciación que hace este estudio en lo relativo a la financiación de la red pública y concertada, según el informe de Comptos, que calcula un déficit de 2.000 horas de profesorado especialista en la red privada subvencionada.
Modelos lingüísticos y altas capacidades
Por otra parte, Comptos ahonda en una característica que se repite en buena parte de los territorios con lengua propia: la distribución desigual de este alumnado en función del modelo lingüístico. Navarra está dividida en zonas lingüísticas (vascófona, mixta y no vascófona), lo que dificulta el análisis, pero Comptos señala que una media del 92% de los centros que imparten el modelo D (en euskera) pueden atender a más alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, frente al 43% de los centros que la imparten solo en castellano. De acuerdo con el análisis de Save the Children, en el caso de Euskadi, “el modelo en castellano suele atraer a más alumnado inmigrante y de bajo nivel socioeconómico que las escuelas en euskera por la dificultad añadida que supone la escolarización en una lengua distinta”. No obstante, se trata de un problema que trasciende las lenguas cooficiales, según Ferrer, que apunta que en la Comunidad de Madrid está sucediendo lo mismo con el inglés: “En las escuelas que no son bilingües, que son en castellano, se está acumulando el alumnado inmigrante y de bajo nivel económico. Si no hay medidas correctoras, es un patrón que se da con mucha claridad. En general, los modelos lingüísticos influyen en la segregación escolar”.
Volviendo al informe de Comptos, más allá de la situación de vulnerabilidad socioeconómica o de la discapacidad que pueda padecer un alumno, Navarra ha mejorado notablemente en la detección del alumnado de altas capacidades. El número de censados se ha duplicado en los últimos cuatro cursos, un incremento que se ha debido, en gran medida, a la elaboración y puesta en marcha de una guía de evaluación y protocolos de detección precoz y de actuación. Sin embargo, el informe señala que en este ámbito existe una identificación muy inferior a la realidad: solo el 1% del alumnado escolarizado cumple estas características, mientras que las estimaciones a nivel mundial apuntan a que el 10% de la población mundial tiene altas capacidades. Es decir, solo se identifica a una décima parte de estas personas. Aun así, la media de detección en la comunidad foral es notablemente más alta que la del resto de comunidades, un 0,88%, frente al 0,57%. Otra cifra llamativa: casi 6 de cada 10 alumnos con altas capacidades están matriculados en centros concertados. También para este estudiantado faltan recursos, pues el informe constata que tan solo una minoría tiene asignada alguna hora de pedagogía terapéutica.
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