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lunes, 18 de agosto de 2025

La crueldad y la impunidad del franquismo

Fuentes: Nai



Las mujeres han sufrido la represión franquista de una manera excepcional y específica. Hace pocos días ha sido el aniversario del asesinato de las trece rosas. Quizás sea este el episodio más conocido de la crueldad de los asesinos franquistas, que aún hoy siguen controlando gran parte del aparato del Estado.

Hay más casos. Matilde Landa, militante comunista, se tiró desde lo alto de una galería de la prisión de Mallorca para no acceder a los requerimientos de la catequista Bárbara Pons, del obispo José Miralles y de la orden de monjas Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, que se dedicaban a la caritativa actividad de torturar a las presas, que exigían a Matilde que se bautizara y si no lo hacía lo pagarían sus compañeras de cárcel. En la violencia contra las mujeres, a veces violencia vicaria, la Iglesia franquista desempeñó un papel primordial. El sadismo que demostraron es de una crueldad inigualable.

El caso de Maravillas Lamberto, una niña de 14 años asesinada un 15 de agosto de 1936, día de la virgen, es el paradigma del franquismo y su manera de actuar.

Era natural de Larraga, en Navarra, donde los fascistas entraron como en toda la provincia muy rápidamente. La cobardía del Frente Popular contribuyó a ello. En Navarra tuvieron la desgracia de «disfrutar» de dos fascistas de alto renombre como Mola y Sanjurjo. No eran dos cualesquiera. Eran los dirigentes del golpe y Sanjurjo, que ya había intentado antes otro golpe, La Sanjurjada, iba para presidente del gobierno.

En Navarra la represión fue tremenda. No respetaron nada. Falangistas y requetés. Las cunetas están llenas de enterramientos. Mi abuelo, Pedro Béjar, fue una de las víctimas. Trabajaba en Cáseda haciendo el canal de riego de las Bardenas. En ese pueblo mataron a más de 40 personas. Entre ellos al cura, que abogaba por la gente sin tierra, y al que los criminales franquistas no perdonaron a pesar de ser cura y le cortaron la cabeza.

En el caso de Maravillas, su padre, militante de UGT, fue detenido y ella pidió ir con él al ayuntamiento para protegerle. La violaron en presencia del secretario del ayuntamiento. La violaron delante de su padre. Los llevaron al campo, los asesinaron y echaron los restos a los perros.

Nadie pagó por ello ni pagará. La ley de amnistía, ley de punto final, es la excusa para que nadie haya pagado y nadie pagará porque la mayoría de las alimañas que hicieron estas cosas ha fallecido. Se han ido de rositas en compensación de una inmaculada transición.

El caso es que en Larraga siguen gobernando los herederos políticos de los asesinos. Los herederos de los requetés y los carlistas siguen mandando por doquier. El ayuntamiento de Larraga no ha hecho ningún homenaje a Maravillas y su familia en todos estos años. Solo las asociaciones se han volcado y los partidos de izquierda han defendido el nombre de Maravillas y han creado asociaciones para mantener su memoria.

Si aplicaran el mismo rasero que con la ley de partidos, en la que puedes ir a la cárcel o tu organización puede ser disuelta por no condenar el terrorismo, el PP y toda la derecha estarían disueltos y sus dirigentes en la cárcel. Un terrorismo, el franquista, cien veces mayor que el de ETA y dirigido desde el Estado, que sigue teniendo a sus seguidores actuando impunemente. Si se aplicase el mismo rasero, la mayoría de estos podridos franquistas estarían en la cárcel y no luciendo su chulería por todas partes.

Hoy, casi 90 años después, sigue sin haber justicia, ni reparación, ni verdad. La Administración hace muy poco. Algunas ayudas para exhumaciones, nacionalizaciones para familiares de víctimas del franquismo y un reconocimiento, que según me dijeron de la Fiscalía, no tiene ningún valor salvo el sentimental. No perseguirán a nadie. De hecho, el único condenado fue el juez Baltasar Garzón por intentar investigar al franquismo. No tendrás derecho a ninguna compensación. Y nadie moverá un dedo para conseguir información. Hazlo tú por tu cuenta. Conocemos muchas cosas por las asociaciones memorialistas. El gobierno, progresista, ni siquiera colabora con la llamada querella argentina que pretende acabar con esta injusticia exigiendo que los crímenes de lesa humanidad no prescriban. No harán nada que no sea arrancado con la lucha.

Ahora el monumento a los caídos de Pamplona es de nuevo motivo de enfrentamiento. La izquierda siempre ha defendido el derribo de ese símbolo criminal. En ese monumento estuvieron enterrados los asesinos de Mola y Sanjurjo, a los cuales se les sigue homenajeando hoy en día. Para desgracia de la izquierda, una más, los partidos gobernantes en Pamplona han decidido «resignificar» el monumento a los caídos. ¡Como si se pudiese reciclar el franquismo y su simbología! Las asociaciones memorialistas se han movilizado, se están movilizando, para impedir este despropósito. Y lo peor es que quieren ponerle a este monumento franquista el nombre de Maravillas Lamberto, cuando uno de los asesinos, Julio Redin Sanz, figura con su nombre en el citado monumento.

En su memoria, sobre todo en el País Vasco y Navarra, se han desarrollado diversos homenajes, se han compuesto canciones y se hicieron películas y documentales. La canción más conocida es la de Fermín Balentzia, aunque el grupo Berri Txarrak tiene también una canción muy conocida. Y han participado en su homenaje cantantes como Enrique Villareal “el Drogas”, ex de Barricada.

Como dejó escrito Julia Conesa, una de las trece rosas, «que mi nombre no se borre de la historia». No dejemos de hablar de ellas.

Fuente 

martes, 15 de noviembre de 2022

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ¿La escuela debe dar ayuda extra a los niños de familias pobres? Para Navarra, sí, y por eso tiene muchos más alumnos con necesidades de apoyo

La comunidad considera que un 30% de sus estudiantes requiere atención especial por discapacidad, trastornos de aprendizaje o su situación socioeconómica, un porcentaje muy superior al del resto de autonomías

El 30% del alumnado de Navarra tiene necesidades específicas de apoyo, un 16% más que hace tres años. Es la comunidad con un mayor censo de este estudiantado, muy por delante de Baleares, que es la segunda con un 20%, y muy lejos de Madrid y País Vasco, con el 8%, y Aragón, con un 5%, las autonomías que ocupan el otro extremo de la estadística. La llamativa diferencia se debe a la disparidad de criterios utilizados por unas y otras administraciones a la hora de identificar a unos escolares para los que, según la ley, las administraciones deben “asegurar los recursos necesarios” para su éxito educativo. Por ejemplo, la vulnerabilidad socioeconómica. Navarra sí tiene en cuenta a todos aquellos menores socialmente desfavorecidos, que son 13.048, prácticamente la mitad de todos los 27.471 con necesidades de apoyo. En el caso navarro, hay otros perfiles de alumnos en este colectivo, que son los que únicamente tienen en cuenta en la mayoría de autonomías: aquellos con dificultades de aprendizaje (35%), con necesidades educativas especiales por algún tipo de discapacidad o trastorno (10%) y con altas capacidades intelectuales (3%). Son datos de un informe publicado por la Cámara de Comptos de Navarra, que analiza no solo la detección de este alumnado, sino la respuesta y el seguimiento que les dispensa el departamento. Este estudio se refiere al alumnado inscrito en los centros ordinarios, no a aquellos con discapacidades de mayor grado, que están matriculados en centros específicos de educación especial.

Save the Children lleva mucho tiempo reclamando que el alumnado socioeconómicamente vulnerable sea incluido como colectivo con necesidad de apoyo. De acuerdo con las investigaciones de la ONG sobre la tasa de repetición de curso en España —una de las más altas de Europa, pese a la mejoría del dato durante la pandemia—, “el alumnado socialmente desfavorecido tiene menos oportunidades culturales y sus familias menos capacidad para ofrecer ayuda directa, proporcionar un entorno académicamente estimulante o disponer de gastos privados en forma de actividades de refuerzo y enriquecimiento en horario extraescolar”, explica Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de la organización.

Sin embargo, no está ocurriendo, añade Ferrer, a pesar de que ese criterio está claramente incluido en la ley (la Lomloe) desde 2020. Y lo sostiene con cifras: mientras “el indicador de pobreza o exclusión social llega a más del 30%”, y al menos un 9% sufre carencias materiales, el porcentaje medio nacional de identificación de alumnado con necesidades de refuerzo educativo apenas supone el 2,7% en primaria y el 2,9% en secundaria, detalla. Las consecuencias, señala Ferrer, son muy graves, puesto que, si no se detecta a este estudiantado, es difícil hacer políticas de escolarización equilibrada y garantizar el seguimiento pedagógico de estos alumnos.

Para el especialista, uno de los grandes problemas es que la ley “no hace una definición concreta de qué es la vulnerabilidad socioeducativa”. Hay excepciones, como Navarra o Cataluña, que identifican claramente esa necesidad de un refuerzo educativo con el riesgo de pobreza y exclusión. En el caso de Navarra, para poder identificar a un alumno como socialmente vulnerable, en ocasiones es necesario que los servicios sociales emitan un informe constatándolo, pero en otras basta con que sean beneficiarios de ayudas al comedor o para la adquisición de material, o que muestran dificultades evidentes para pagar las cuotas o las actividades extraordinarias, como las excursiones.

En Cataluña, los criterios son parecidos, pero además entran directamente en esta categoría de alumnado todos aquellos cuyas familias estén por debajo del indicador de renta de suficiencia que cada año fija la Generalitat (en 2022 es 569,12 euros al mes). Según un informe de 2021 del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), la mitad de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en Cataluña lo son por presentar “situaciones socioeconómicas y/o socioculturales desfavorecidas”, categoría que incluye en este caso a los que se incorporan tardíamente al sistema. En Navarra, los alumnos de familias económicamente desfavorecidas y de incorporación tardía suponen dos tercios del total.

Un programa para evitar la segregación
La red educativa navarra se sirve del sistema informático EDUCA para registrar el seguimiento y la atención a estos menores, lo que luego facilita la elaboración anual del Índice de Escolarización. El objetivo de esta herramienta, aplicada por vez primera este curso y novedosa en el territorio nacional, es distribuir de una manera más equitativa al alumnado con necesidad de refuerzo entre los diferentes centros, sean públicos o concertados. Un objetivo que también contempla la ley: las administraciones “atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”.

Una necesidad evidente en Navarra, si nos fijamos en las conclusiones del informe de Comptos, que, si bien no habla directamente de segregación escolar o concentración de alumnado vulnerable (los términos que se emplean en investigación educativa), sí detalla que tres de cada cuatro estudiantes navarros con estas necesidades están matriculados en centros públicos, y eso que la red concertada navarra acoge casi al 36% de los escolares. El desequilibrio, detalla el informe, “está básicamente en el alumnado socialmente desfavorecido, muy mayoritario en los centros públicos”. Y va más allá: la mitad de los centros públicos y el 73% de los concertados podrían acoger más alumnado con necesidad de refuerzo educativo. Otras comunidades, detalla Ferrer, como Cataluña o País Vasco, tienen índices similares.

Es preciso señalar la apreciación que hace este estudio en lo relativo a la financiación de la red pública y concertada, según el informe de Comptos, que calcula un déficit de 2.000 horas de profesorado especialista en la red privada subvencionada.

Modelos lingüísticos y altas capacidades
Por otra parte, Comptos ahonda en una característica que se repite en buena parte de los territorios con lengua propia: la distribución desigual de este alumnado en función del modelo lingüístico. Navarra está dividida en zonas lingüísticas (vascófona, mixta y no vascófona), lo que dificulta el análisis, pero Comptos señala que una media del 92% de los centros que imparten el modelo D (en euskera) pueden atender a más alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, frente al 43% de los centros que la imparten solo en castellano. De acuerdo con el análisis de Save the Children, en el caso de Euskadi, “el modelo en castellano suele atraer a más alumnado inmigrante y de bajo nivel socioeconómico que las escuelas en euskera por la dificultad añadida que supone la escolarización en una lengua distinta”. No obstante, se trata de un problema que trasciende las lenguas cooficiales, según Ferrer, que apunta que en la Comunidad de Madrid está sucediendo lo mismo con el inglés: “En las escuelas que no son bilingües, que son en castellano, se está acumulando el alumnado inmigrante y de bajo nivel económico. Si no hay medidas correctoras, es un patrón que se da con mucha claridad. En general, los modelos lingüísticos influyen en la segregación escolar”.

Volviendo al informe de Comptos, más allá de la situación de vulnerabilidad socioeconómica o de la discapacidad que pueda padecer un alumno, Navarra ha mejorado notablemente en la detección del alumnado de altas capacidades. El número de censados se ha duplicado en los últimos cuatro cursos, un incremento que se ha debido, en gran medida, a la elaboración y puesta en marcha de una guía de evaluación y protocolos de detección precoz y de actuación. Sin embargo, el informe señala que en este ámbito existe una identificación muy inferior a la realidad: solo el 1% del alumnado escolarizado cumple estas características, mientras que las estimaciones a nivel mundial apuntan a que el 10% de la población mundial tiene altas capacidades. Es decir, solo se identifica a una décima parte de estas personas. Aun así, la media de detección en la comunidad foral es notablemente más alta que la del resto de comunidades, un 0,88%, frente al 0,57%. Otra cifra llamativa: casi 6 de cada 10 alumnos con altas capacidades están matriculados en centros concertados. También para este estudiantado faltan recursos, pues el informe constata que tan solo una minoría tiene asignada alguna hora de pedagogía terapéutica.