Hay que criticar a los jueces

El ejercicio de la crítica es una obligación democrática. Es preciso observar con atención lo que sucede y analizarlo con rigor para descubrir los hilos ocultos, para saber quién los mueve y para ser conscientes de que esos hilos y su manejo no son consecuencia del azar o de la voluntad de los dioses. Decía Paulo Freire que es necesario pasar de una mentalidad ingenua a una mentalidad crítica. El buen ciudadano es capaz de analizar, de discernir, de saber que unas determinadas causas generan unos determinados efectos. Además, ese ciudadano crítico y comprometido debe alzar la voz y expresar valientemente esa crítica para que contribuya a la mejora del funcionamiento de la democracia. El buen ciudadano no es tonto, sabe pensar. El buen ciudadano no es cobarde, sabe levantar la voz cuando lo que pasa no tiene justificación lógica o ética.

En una democracia todos los ciudadanos, desde el presidente del gobierno hasta el último votante, tienen no solo el derecho sino el deber de ejercer la crítica. Por eso resulta sorprendente que hayan levantado tanta polvareda las críticas del presidente del gobierno a algunos miembros del poder judicial. ¿Es un desprestigio para los jueces esa crítica? No. El desprestigio se halla en el comportamiento de los jueces prevaricadores que propician las críticas. Ahí está el problema. No hay que poner el foco en la crítica, hay que ponerlo en los hechos que la suscitan. Porque algunos jueces hacen política. Porque algunos son parciales

Los jueces (y las juezas, dicho sea para todas las veces que escribo la palabra) no son ángeles caídos del cielo que han mutado las alas por las togas. Son seres humanos. Por consiguiente pueden actuar de forma parcial por intereses políticos, ideológicos, económicos o religiosos. Por eso es necesaria una crítica exigente, valiente y rigurosa. Esa crítica, si es certera, no va contra ellos sino en su beneficio.

Rasgarse las vestiduras porque se ha planteado una crítica a los jueces (a algunos jueces, claro, no a todos) es un atentado a la libertad de expresión. ¿O solo hay libertad de expresión para criticar al ejecutivo?

Isabel Perelló, Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dijo en la apertura del Año Judicial: «no es legítimo desacreditar al poder judicial, atribuyéndole intenciones y objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional». Dice la señora Perelló que esas críticas son inoportunas y rechazables. El adjetivo fundamental debería ser otro para que fueran reprobables: infundadas. Esa es la clave. ¿Está ella desacreditando al presidente del ejecutivo con su crítica en un discurso institucional? ¿Eso sí es de recibo?

Algunas Asociaciones de jueces también han expresado su malestar. Alguna ha dicho que no aminora la gravedad el hecho de que la crítica se haya referido solo a algunos jueces. ¿Ah, no? ¿La crítica tiene que referirse a todos o a ninguno? ¿Por qué, si la realidad es que solo hay algunos? Lo que sería inadmisible es la generalización.

La derecha ha puesto también el grito en el cielo criticando al presidente del gobierno. Parece que tienen más importancia sus palabras que los hechos que esa crítica denuncia. Eso es lo grave. Eso es lo importante: los hechos. Lo que desacredita a los sacerdotes pederastas no es lo que se dice de ellos sino lo que ellos hacen. ¿No sería más razonable, más justo y más eficaz preguntarse si esas palabras tienen algún fundamento? Cuando el dedo señala la luna, el necio mira la mano.

Cuando la señora Ayuso dice, de manera absolutamente mendaz, que todos los poderes del Estado conspiran contra su pareja, el PP calla, la presidenta del Tribunal Supremo calla, las Asociaciones de jueces callan, los medios de comunicación afines a la derecha callan. ¿Esas no son críticas inoportunas ni rechazables?

¿Cómo se puede acabar con los jueces prevaricadores si no es posible ni decir que existen? Si criticar a los jueces desprestigia al poder judicial, ¿sucederá lo mismo con la crítca al poder ejecutivo? Si las críticas a los jueces minan la confianza de la ciudadanía en el poder judicial, ¿mina también la confianza en el legislativo la crítica constante acompañada de insultos?

Solamente algunos ejemplos. El juez Juan Carlos Peinado le atribuye a Begoña Gómez cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Recientemente le ha solicitado todos los whatsaps desde julio de 2018 sin tener en cuenta el derecho a la privacidad de todas las personas. ¡Más de siete años de whatsapps! Por eso se le pasan los plazos reglamentarios que dejan sin instrucción a personas afines a su ideología. Lleva un año buscando un posible delito… En la Universidad, en la Moncloa, en Air Europa, en sus correos, en su pasado…, echando las redes a ver qué pesca. Allí o donde sea. ¿Dónde está el euro que se ha llevado fraudulentamente a su bolsillo la señora Gómez?

Y lo peor es que mientras se empecina en esa persecución, no atiende otros delitos, como lo que sucedió en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, a pesar de que los familiares de las víctimas sigan pidiendo justicia. Para esas víctimas no hay atención ni hay tiempo.

Otro caso. Ahí tenemos al Fiscal General del Estado a punto de sentarse en el banquillo. Sin una prueba, sin un indicio. Ahora el juez Ángel Hurtado, que lleva el caso, le pide una fianza de 150.000 euros porque el daño causado a alguien que se autoinculpó como delincuente fiscal puede ser muy importante. Ese mismo juez rechazó el testimonio de cuatro periodistas que manifestaron que, antes de que el Fiscal General pudiera filtrar la información ellos la tenían en su poder. Resulta que la causa del Fiscal por una posible filtración es más importante que el caso del defraudador que ha cometido y confesado dos delitos y que ha falsificado facturas.

Hay otra situación en la actualidad en la que la justicia está actuando de forma parcial. Me refiero a la aplicación de la ley de amnistía. La soberanía popular decidió inequívocamente entregar el gobierno a la izquierda. Está muy claro que la voluntad del poder legislativo al promulgar esa ley es amnistiar a los promotores del llamado procés. Interpretar la ley y darle cumplimiento excluye que interprete la ley según su ideología y particular visión de la realidad.

Hemos tenido no hace mucho otro caso de posible interpretación interesada de la ley. No nos chupemos el dedo. Algunas excarcelaciones y la disminución de la pena que ocasionó una falta de rigor técnico en la llamada ley del si es si, puso en las manos de los jueces algunas decisiones que se convertían en munición contra el gobierno.

No me olvido, finalmente, de que los jueces declararon ilegales los confinamientos durante la pandemia. Se hicieron en todo el mundo. Lo pedía la ciencia, la lógica y la ética. Yo me sentí protegido por los confinamientos, no me sentí agredido por la privación de libertad.

Por la boca muere el juez. Recordemos las sentencias que culpaban a las víctimas de violaciones por la provocación que suponía llevar una minifalda. Es como si se exculpase a un ladrón hambriento de robar los jamones de un escaparate porque su vista fuese considerada por el juez una provocación o que un mendigo que asaltase una joyería fuese absuelto porque el lujoso escaparate fura considerado una invitación irresistible.

Se dice que las críticas no respetan la división de poderes. Pues yo pienso lo contrario. Si un poder critica a otro se muestra claramente que son diferentes, se refuerza esa división. La crítica exigente y respetuosa de la ciudadanía (y la autocrítica, que debiera practicar asiduamente la judicatura) son formas de mejora. No hay crítica constructiva y destructiva, como suele decirse, en función de que agrade o desagrade al destinatario de la misma. La constructiva es la rigurosa y la destructiva es la mendaz. Por eso hay que criticar con rigor y con respeto, sin insultos, a los jueces.
El Adarve