La continuación del juicio contra los acusados por la masacre de los sacerdotes y dos mujeres en 1989 revive la figura de un religioso que apostó por la paz y la reconciliación de un país destruido por la guerra.
El activista Benjamín Cuéllar considera al sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría como un “apóstol”. Cuéllar fue director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) que impulsó en la justicia salvadoreña el caso para juzgar a los autores materiales e intelectuales de la masacre de cinco sacerdotes españoles, un salvadoreño y dos mujeres ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la universidad. Cuéllar conoce muy bien los detalles de este proceso en el que comenzó a trabajar en 1992 y lamenta que hasta ahora no se haya logrado imponer la verdad sobre aquel hecho fatídico y que las víctimas no tengan justicia. Un juzgado de San Salvador abrió la pasada semana un proceso contra 11 señalados, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani, tres exmilitares y un exdiputado, de ser lo autores intelectuales del crimen, pero el activista no tiene confianza en que la justicia salvadoreña, controlada por el actual presidente Nayib Bukele, tenga un compromiso real en el caso. La continuidad de este juicio, sin embargo, revive la imagen de un teólogo y sus colegas comprometidos con la paz y la reconciliación de un país destruido por la guerra. “Debería decirse que con Ellacuría pasó un apóstol de Jesucristo por El Salvador”, afirma Cuéllar. “Fue un férreo promotor y defensor de la salida negociada al conflicto”, agrega.
Un conflicto que dejó más de 70.000 muertos, el 80% de ellos civiles, y que se extendió de 1979 a 1992. Fueron años terribles, cuando el ejército salvadoreño combatió a las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que querían imponer un nuevo régimen de carácter socialista. Los sectores económicos más poderosos del pequeño país centroamericano temían perder sus privilegios y había un consenso entre las influyentes familias de la nación por erradicar a la guerrilla. La guerra civil dejó hechos que horrorizaron al mundo, como el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en una capilla de la capital salvadoreña, un atentado perpetrado por un grupo de extrema derecha, o la masacre de misioneras estadounidenses en diciembre de ese mismo año, que según un informe de la OEA, “fueron brutalmente asesinadas y halladas con señales de vejaciones y torturas”.
La memoria salvadoreña también guarda la conocida como masacre de El Mozote, considerada como la peor matanza militar en América, y perpetuada a manos de militares del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño, muchos de ellos formados en la Escuela de las Américas. Fueron asesinadas al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas) en una sangría que se extendió del 10 al 12 de diciembre de 1981. Y junto a ellas se guarda en la historia del horror el asesinato de los jesuitas de la UCA. Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de élite del Batallón Atlácatl irrumpió en el campus de la universidad y mató a tiros a los seis sacerdotes jesuitas: los españoles Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. Esa noche también asesinaron a la esposa e hija del jardinero de la universidad, Elba y Celina Ramos.
La crueldad del Ejército había sido tal que Cuéllar recuerda que en Estados Unidos, que por décadas mantuvo una estrategia para evitar la expansión del comunismo en lo que sus políticos más conservadores consideraban el “patio trasero de Washington”, comenzaron a alzarse voces para terminar con aquella sangría. “Hubo un senador estadounidense que dijo que le daba vergüenza estar financiando a un Ejército que cometía ese tipo de atrocidades”, comenta Cuéllar. “La guerra ya era repudiada desde todas las partes del mundo”, agrega el activista, cuya prima, Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, su papá y la trabajadora doméstica fueron desaparecidos durante el conflicto, un caso que logró una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese contexto de horror, la figura del teológo Ellacuría, entonces rector de la UCA, destaca como actor importante para encontrar una salida negociada a la guerra y declarar la paz en el país centroamericano. El también filósofo era un defensor de la Teología de la Liberación que predicaba el principio cristiano de la opción preferencial por los pobres. Era una rama del catolicismo que despertaba desconfianza en sectores políticos y económicos conservadores de América Latina, porque la relacionaban con corrientes de izquierdas que querían imponer sistemas de carácter socialista en la región. “Al ser un férreo defensor de la salida negociada del conflicto, lo ubicaban como ideólogo del FMLN y también por sus aportes importantísimos a favor de las mayorías populares, la implementación de los derechos humanos, que no se vieran como simples tratados o textos, sino que se aplicaran de igual manera a una minoría privilegiada y a los sectores populares. Todo eso a partir de la realidad salvadoreña que él vivió”, explica Cuéllar en entrevista telefónica desde San Salvador.
Paolo Lüers es un columnista de temas políticos, testigo y sobreviviente de la tragedia salvadoreña. Vive en México y ha publicado Doble Cara: Guerra, paz y guerra, obra en la que relata sus vivencias personales como reportero cubriendo la guerra civil y, después, durante 12 años como guerrillero, tras unirse a la filas del FMLN. Explica que su trabajo en la organización guerrillera estaba relacionado con la comunicación, dentro del llamado Sistema Radio Venceremos, que incluía producción cinematográfica y difusión internacional. Lüers estaba en Nueva York aquel fatídico día de noviembre como parte de su trabajo de divulgación y recuerda el impacto que le generó la noticia de la masacre de 1989. “Para mí y para la gente con quienes estaba en contacto permanente fue horrible”, dice Lüers. “La de Ellacuría era una pérdida muy fuerte y sentida tanto para el FMLN como para el presidente Alfredo Cristiani, porque Ellacuría era el puente en las negociaciones de paz. Tenía siempre un contacto abierto y de confianza con ambas partes. La dirigencia del Frente tenía discusiones muy abiertas con él. Confiaban en que podían decirle cosas que él no revelaría en público. Todos necesitaban mucho de ese contacto”, afirma el periodista.
Lüers relata en entrevista telefónica que, cuando se supo que la guerrilla organizaba una ofensiva contra San Salvador en noviembre de 1989, como un golpe certero contra el Ejército, Ellacuría hizo varias gestiones con el Frente para convencerlos de que no la llevaran a cabo. “Se venía venir, todo mundo especulaba al respecto, pero alguien como Ellacuría tenía información directa de que se estaba planificando y de que iba a pasar pronto. Él no estaba de acuerdo. Su recomendación era que no la hicieran, porque tenía miedo de que el proceso de paz se iba a fregar de una vez por todas, pero el Frente le respondió que lo harían de cualquier manera, porque el golpe aumentaría las posibilidades de la paz, se iba a demostrar claramente que el Ejército no ganaría la guerra y que la única opción para el Gobierno era buscar de verdad una salida negociada y hacer las concesiones necesarias”, recuerda.
Lüers relata que Ellacuría fue con esa información a hablar con el presidente Cristiani y le informó que las negociaciones no se iban a romper de parte del FMLN. “Eso era sumamente importante para que nadie pensara que la paz era imposible y se apostara todo a la guerra”, explica. Luego ocurrió la matanza y Lüers recuerda lo que pensó en Nueva York: “Se cagaron en todo. Era gravísimo. Además, era un hombre que generaba mucho respeto y cariño. Tratamos de hacer todo lo posible para que eso no tuviera el efecto deseado. Dijimos primero que nosotros no fuimos. Y no señalamos a Cristiani, si no al Estado Mayor del Ejército”, narra. Tras la masacre, las negociaciones continuaron y el 4 de abril de 1990 el Gobierno salvadoreño y el FMLN firmaron en Ginebra un primer compromiso para buscar una salida al conflicto armado, bajo el seguimiento de las Naciones Unidas.
Desde entonces, el camino por hallar justicia para los sacerdotes y las dos mujeres asesinadas ha sido largo y tortuoso. La justicia salvadoreña ha procesado por este crimen al excoronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión, mientras que la justicia española condenó en 2020 a 130 años de cárcel al excoronel Inocente Orlando Montano. La Fiscalía española lo acusó de participar en el diseño y ejecución del plan para acabar con las víctimas. La pasada semana un juez de San Salvador ordenó someter a juicio a 11 acusados de ser los autores intelectuales de aquel crimen, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani, los exmilitares Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda, el exdiputado Rodolfo Parker y otras seis personas.
Tanto Cuéllar como Lüers dudan de que Cristiani conocieran sobre la matanza, porque le interesaba el rol que jugaba el teológo Ellacuría en aquellas negociaciones. “La conclusión política, teórica, lógica es que no podía haber interés de Cristiani en matarlo, porque era un fuerte golpe para él”, afirma. “Había una fracción dentro de la Fuerza Armada que quería sabotear la negociación de la paz y decidió hacerlo matando a Ellacuría. Cuando mucha gente desde la izquierda dijo que Cristiani ordenó el asesinato, pensé que era absurdo, porque no correspondía a la relación, al triángulo que existía entre el Frente, Ignacio y el presidente”, asegura. Cuéllar recuerda que en su acusación señalaban a seis altos funcionarios del Ejército por la autoría intelectual del crimen y al presidente Cristiani por encubrimiento y omisión, por ser parte del aparato del poder. “Tenía la posibilidad de evitar ese delito”, explica. “Hay quienes dicen de que él dio la orden, pero con todo lo que conozco del caso durante este tiempo estoy convecidísimo de que Cristiani no la dio”, afirma.
Aunque Cuéllar y Lüers esperan que se establezca la verdad y haya justicia para las víctimas de la masacre en un proceso judicial esperado durante décadas, no confían en el actual sistema de justicia salvadoreño, fuertemente influenciado por el control que el presidente Bukele tiene del aparato estatal. “Era una decisión esperada, pero ahora lo que quiero es que no se manipule la justicia”, dice Cuéllar. “No se puede tener ninguna confianza en el sistema judicial de El Salvador, cero. Y en específico en el juez escogido para eso, Arroldo Córdoba Solís, que es candidato a la Corte de Cuentas y a lo mejor busca con esto ganar los puntos para que lo elijan, pero es un juez sometido totalmente a instrucciones políticas y que actúa en las audiencias sin tomar en cuenta las mínimas reglas”, afirma Lüers. A pesar de estas críticas, es el turno de la justicia salvadoreña para avanzar en un caso que es una herida abierta en ese país centroamericano. “Eliminaron un liderazgo moral, político e intelectual”, asegura el periodista Lüers.
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