Ahora resulta que los salvavidas rojos de la organización Proactiva Open Arms, que ha rescatado a miles de náufragos en el Mediterráneo, han dejado de ser el símbolo de una misión humanitaria que no se resigna a que el Mare Nostrum sea una gran tumba de vidas e ilusiones, para convertirse en el arma del delito de una peligrosa organización criminal. O al menos eso parece. El lunes, el juez de instrucción de Catania (Sicilia) ha de decidir la suerte del barco de la ONG que se encuentra inmovilizado en el puerto de Pozzalo y si procesa a su capitán, Marc Reig, y a la responsable de la misión de salvamento, Anabel Montes, por favorecer la inmigración ilegal y el tráfico de personas. En este contencioso se dirime la presencia de las ONG en el rescate de inmigrantes. Los acuerdos con Libia han permitido un cambio de escenario: ya no se trata de rescatar para salvar, sino de rescatar para devolver. Y en esa nueva estrategia, las organizaciones humanitarias pueden ser un estorbo.
El incidente que ha dado lugar a la inmovilización del barco refleja bien el tipo de conflicto que se dirime. El 15 de marzo, el Open Arms recibió un aviso del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma para que acudiera al rescate de una embarcación a la deriva situada a 73 millas de la costa de Libia, con la indicación de que la operación iba a ser coordinada por los guardacostas libios. Pero el barco de la ONG fue el primero en alcanzar a los náufragos y comenzó la tarea de rescate. Cuando había subido a bordo a 25 mujeres y 7 niños, llegó la patrullera libia y exigió la entrega de los inmigrantes. La ONG española se negó. Tres horas duró el forcejeo. Finalmente los libios se retiraron y entonces comenzó el segundo forcejeo: Italia no asignaba ningún puerto en el que atracar. Que fueran a Malta, o a España, les decían. Tras numerosas gestiones, les fue asignado el puerto de Pozzalo, al que llegaron con los 218 náufragos eritreos rescatados. Y allí sigue el Open Arms, con sus responsables pendientes de una posible imputación.
La entrega de los migrantes rescatados a Libia fuera de sus aguas jurisdiccionales y sin que esta sea reconocida como zona de rescate marítimo (RSS) puede considerarse una devolución en caliente que contraviene las normas de la UE. Las ONG que operan en las tareas de salvamento saben que entregar a los náufragos supone devolverlos a Libia, donde serán sometidos a condiciones inhumanas de explotación por parte de las mafias que campan a sus anchas. Libia es un Estado fallido que no puede considerarse en absoluto un país seguro. Los náufragos recogidos por el Open Arms eran eritreos, que tienen reconocido el derecho a asilo en la UE.
Los acuerdos con Libia y esta nueva forma de operar explica que el número de inmigrantes que llegaron a Italia por esta ruta cayó en marzo a 1.400, un 88% menos que en el mismo mes de 2017. En todo el primer trimestre, las llegadas han sido 6.600, casi un 75% menos que el año anterior. Y entre que llegan, los eritreos son el grupo más numeroso. El número de desaparecidos en el mar a lo largo de 2017 de los que se tiene noticia se eleva a 3.116. Nadie discute que se han de hacer esfuerzos por disminuir los flujos migratorios. La cuestión es a qué precio y con qué métodos. De los seis barcos de ONG que operaban en esta ruta ya solo quedan tres: el Open Arms, el Aquarius, de SOS Mediterranée, y el Seefuchs de Sea Eye. Y parece que ya no son tan bienvenidos.
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