Quizá la única ventaja de las grandes subidas que está teniendo el precio de la luz en España es que cada día se habla más de ello y que, poco a poco, la población que lo desee terminará informada de las barbaridades que ocurren en nuestro país con la provisión de ese bien imprescindible para la vida de las personas y las empresas. Lo malo es que, entre el aluvión de información sobre el tema, se cuelan muchos engaños que confunden y alejan la mirada del verdadero núcleo del problema.
En este artículo quiero referirme tan solo a uno de ellos, al que yo creo que está en la base del gran problema que tiene nuestro sector eléctrico.
Gracias a que se está explicando ampliamente en las últimas semanas, es sabido que el precio de la luz se fija en España a través de un sistema que establece, para todas las fuentes de energía, el precio de las más cara, en nuestro caso, la que utiliza el gas como materia prima.
La explicación digamos «oficial», la de las empresas, economistas y políticos que defienden el sistema de fijación del precio de la luz, es que nos enfrentamos a un problema coyuntural como resultado del incremento de la demanda derivado de la reactivación económica tras el confinamiento y la crisis. Ese incremento ha elevado mucho el precio del gas y también -por la misma razón- el coste de los bonos de carbono que tienen que adquirir los productores por su actividad contaminante.
En su opinión, por tanto, no hay ningún tipo de problema estructural o de fondo sobre el que haya que actuar. Si ahora ha subido, bajará enseguida que la economía deje de crecer tanto, como habría pasado en ciclos anteriores. Mientras, solo hay que dejar que el mercado eléctrico siga funcionando libremente porque, si se interviniese, se alteraría el régimen de competencia. Si acaso, nos dicen, se podrá dar ayudas a los consumidores que puedan tener problemas de suministro o bajar lo impuestos indirectos.
Quienes defienden este sistema afirman que está diseñado precisamente para que, cuando se produzcan circunstancias como la actual, los capitales fluyan a las energías más baratas y así estas se desarrollen. De hecho, dicen que su gran virtud es que resulta el mejor incentivo posible para lograr la transición energética que necesitamos.
Esto ha sido exactamente lo que contestó hace poco la Comisión Europea a la ministra Teresa Ribera cuando esta pidió que se suspendiera su funcionamiento. Según la portavoz del Ejecutivo europeo, Vivian Loonela, el aumento actual del precio de debe a la «significativa demanda global de gas y el mayor coste de los derechos de emisión de CO2 (combinados con) una «alta demanda» de electricidad por la recuperación económica y las condiciones climáticas». Y este sistema no debe suspenderse porque es el que crea «las señales para reconducir inversiones hacia tecnologías nuevas y flexibles que apoyen la transición hacia la neutralidad climática» (aquí).
Si el precio se ha disparado ahora que ha subido tanto el gas, nos dirán, es porque que ha sido imposible que de un día para otro hayan podido aumentar las fuentes de energías renovables y alternativas.
En consecuencia, no debemos tocar el sistema sino tan solo esperar a una mejor coyuntura, tal y como nos dice Europa y hacen los demás países europeos.
Nada de eso es cierto.
Si se contempla la evolución del precio de la luz en España se comprueba que no sigue la evolución de la demanda y que su disminución se produce justo después de que haya habido grandes subidas y sin bajar de los niveles anteriores a estas últimas.
Es significativo, por ejemplo, que de 2008 a 2018 la luz subiera en España un 66,8% y solo un 28,2% en el conjunto de la Unión Europea, con el que no tenemos tanta diferencia en la evolución de la demanda y en donde la evolución del coste de las materias primas es más o menos el mismo que en España.
No son circunstancias ajenas al sector eléctrico, por tanto, las que hacen que suba su precio en España. Las que lo provocan hay que encontrarlas en lo que ocurre dentro del mercado eléctrico y – a tenor de la evolución tan distinta del precio- deben ser distintas a las que se dan en el resto de la Unión Europea.
Para descubrir y entender el engaño que hay detrás de las subida tan grande en el precio de la luz en España se necesita saber que el actual sistema de fijación de la tarifa funcionaría realmente como dicen sus defensores (proporcionando «un suministro seguro y asequible de energía de la forma más económica», según la Comisión Europea, y la mejor y más barata combinación posible de las diferentes tecnologías) solo si se dieran dos condiciones imprescindibles.
La primera es que el mercado eléctrico sea de competencia.
Sin embargo, el precio de la luz en España no es el resultado del funcionamiento de un mercado de competencia, tal y como ha demostrado magníficamente Enrique Palazuelos en su obra El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal, 2019). Lo que pagamos en España por el consumo de luz eléctrica es el resultado de una constante manipulación de la oferta y la demanda que hacen las cinco empresas que controlan su producción, distribución y venta comercial y que, además, tienen el poder suficiente como para influir decisivamente en las normas que lo regulan y de las que dependen los sobrecostes -en forma de primas, subsidios, ayudas, peajes…- que terminan convirtiéndose en beneficios añadidos que pagan los consumidores.
El precio de la luz en España no refleja los costes reales de producción de las empresas sino el beneficio extraordinario que proporciona su poder oligopolista. Algo – tal y como se estudia en primero de Económicas- que es lo que tiende a ocurrir en todos los mercados de este tipo, sobre todo, cuando no hay control legal ni sanciones que impidan los acuerdos o el reparto del mercado. Algo que las eléctricas han conseguido que ocurra en España gracias a la enorme influencia política que tienen desde la dictadura de Franco.
La segunda condición que debería darse para que el sistema proporcione el resultado eficiente que sus defensores aseguran que lleva consigo es que haya libertad de entrada y salida en el mercado para que, cuando suba el coste de alguna tecnología, puedan entrar otras alternativas, más baratas y eficientes. En nuestro caso, las renovables.
En España eso era difícil porque el tamaño, la integración y el control tecnológico de las empresas oligopolistas es tan grande que supone una limitación casi definitiva a la entrada de nuevas instalaciones o empresas. Pero se logró vencer y el sector de las renovables comenzó a desarrollarse con éxito, hasta que fue ya prácticamente imposible cuando las empresas eléctricas comenzaron a presionar a los gobiernos y consiguieron finalmente, en 2012, que el Partido Popular materializara un frenazo radical a la producción de energías renovables en España. Las eléctricas tradicionales habían ido realizando inversiones en este último sector y, al conseguir que no apareciese nueva competencia, pasaban así a controlarlo también en el nivel de desarrollo que convenía a sus intereses estratégicos de conjunto. Podían seguir haciendo negocio con sus tecnologías sucias y disponían de presencia en todas ellas y en todas las fases del negocio para seguir manipulando cantidades y precios.
No estoy construyendo ninguna teoría conspirativa para descubrir el interés y el papel del oligopolio en el frenazo que sufrieron las renovables en España, una industria en la que España estaba siendo líder mundial por capacidad de innovación y por razones climáticas. Los propios dirigentes del oligopolio, como el presidente de Iberdrola, habían pedido que no se construyeran más plantas solares y, cuando el Partido Popular tomó la decisión, no solo la valoraron positivamente sino incluso como insuficiente.
Ahora bien, aunque es cierto que el oligopolio eléctrico había venido reclamando este frenazo desde hace tiempo y que ya en 2007 se habían empezado a tomar medidas en ese sentido, es muy posible que el frenazo no se hubiera producido tan radicalmente con la simple presión de las eléctricas españolas. Posiblemente, el hachazo definitivo al desarrollo de las energías renovables en España se lo impuso Angela Merkel a Mariano Rajoy en defensa del muy ambicioso proyecto que lideraban entonces diversas empresas y bancos alemanes. El llamado Desertec Industrial Initiative que trata de generar energía solar en el Sáhara para satisfacer en torno al 15% de la demanda europea, entre ella la española, y que tenía previsto invertir la fabulosa cifra de unos 400.000 millones de euros. Así lo había anunciado el diario El País el 9 de noviembre de 2011:
«El gigantesco proyecto solar del Sáhara abastecerá a España en 2015
Desertec, Industrial Initiative (DII), el más ambicioso proyecto energético desde que se erigieron las primeras centrales nucleares, tiene fecha y lugar para su arranque e incluso un destino para sus primeras exportaciones. El faraónico plan de sembrar de paneles solares el Sáhara arrancará el año próximo en Marruecos y, entre 2015 y 2016, suministrará a España parte de la electricidad producida, si se cumplen los plazos previstos.
Alemania, cuyas empresas capitanean la iniciativa, ha adelantado su inicio en tres años porque ha decidido prescindir de la energía nuclear en 2022 y porque cree que la llamada primavera árabe facilita la puesta en marcha de ideas innovadoras en un marco político más estable.
La competencia de una industria española incipiente pero de gran liderazgo mundial no podía ser bien vista por el capital alemán.
En resumidas cuentas, el sistema de fijación del precio de la luz en España es un fraude, un auténtico engaño, porque no dispone de las condiciones que sus propios diseñadores consideran que debe tener para que proporcione los precios más bajos y la eficiencia tecnológica y económica que dicen que proporciona. Eso es lo que hay que arreglar y es preciso tener valentía para enfrentarse al oligopolio en España y en sus ramificaciones de Bruselas. No se trata -como quiere hacer creer el oligopolio y sus empleados mediáticos y políticos- de que el gobierno reclame una intervención anómala en los precios del mercado de la luz para manipularlos. Todo lo contrario, la cuestión es impedir que sea el oligopolio eléctrico quien siga haciéndolo para conseguir los beneficios extraordinarios que encarecen artificialmente el recibo que tantos hogares ni siquiera pueden pagar, que ahoga también a miles de empresas españolas y que pone en peligro la recuperación económica.
https://juantorreslopez.com/el-gran-engano-que-hay-detras-del-recibo-de-la-luz/
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viernes, 17 de septiembre de 2021
miércoles, 8 de septiembre de 2021
Izquierdas electrocutadas
Publicado en Público.es el 3 de septiembre de 2021
La subida constante y tan elevada del precio de la luz está pasando una factura extraordinaria a los hogares y empresas españoles pero también a los dos partidos que forman el gobierno de Pedro Sánchez.
Los medios de la derecha, lo que equivale a decir que casi todos, los tertulianos y algunos economistas y, por supuesto, los líderes del PP, Ciudadanos y Vox culpan al gobierno de Pedro Sánchez de las nuevas subidas y lo condenan por no ser capaz de evitarlas pero lo cierto es que, a corto plazo, con inmediatez, ningún gobierno podría lograr una reducción muy significativa del recibo de la luz en España, a tenor de cómo funciona nuestro sistema eléctrico y de la coyuntura en la que nos encontramos.
El precio de la luz en España comenzó a subir después de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, aprobada con los votos de PP, CiU y PNV, y prácticamente no ha dejado de hacerlo desde entonces.
Mediante esa ley y con la reforma que años más tarde introdujo de nuevo el PP, se reguló un mercado eléctrico que inevitablemente iba a proporcionar precios caros y subidas puntuales muy elevadas en las malas coyunturas.
Se dijo que la ley pretendía «liberalizar» el mercado, hacerlo más competitivo y eficiente, para que los consumidores familiares o empresariales se beneficiaran de precios más bajos pero no fue eso lo que ocurrió.
1. En primer lugar, se consolidó un mercado muy imperfecto y no competitivo sino de oligopolios (unos pocos oferentes) con gran capacidad de control del mercado (como demuestran las multas impuestas a las empresas por manipularlo).
Sin embargo, cuando el actual gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de tomar algunas medidas bastante moderadas y perfectamente homologables a las europeas para bajar el precio de la luz, sufre ataques sin cuartel.
Algunos pensarán que la responsabilidad de estos ataques y de que ahora parezca que no se pueda hacer nada para bajar el precio de la luz es de quienes dirigen el oligopolio, de unas empresas que carecen, como dejaba caer la ministra Teresa Ribera, de empatía y responsabilidad social y que tienen un inmenso poder social, político y mediático. No lo dudo pero creo que los partidos de izquierdas tienen también una buena parte de responsabilidad ante lo que está pasando con el recibo de la luz.
Les resultó fácil culpar a la derecha cuando subía los precios con gobiernos del PP pero no fueron capaces de diseñar y hacer públicas estrategias alternativas, ni de hacer pedagogía para ganarse el apoyo y la complicidad de las familias y las empresas. Ahora están comprobando que no basta con tener buenas intenciones cuando se ocupa el consejo de ministros y los despachos de la alta administración. Cuentan que en una ocasión, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt discutía con unos sindicalistas que trataban sin éxito de convencerlo para que tomara unas medidas. Cuando pasó un buen rato, el presidente les dijo: «Tenéis razón, me habéis convencido. Lo que decís es lo que hay que hacer. Ahora salid a la calle y obligadme a hacerlo». Esa es la clave. Mientras no haya un auténtico clamor social en contra de las barbaridades y privilegios injustificados que hay detrás del recibo de la luz no será posible cambiarlo, por muy moderadas que sean las propuestas que se pongan sobre la mesa.
La izquierda que se limita a gestionar, por muy bien que lo haga, sin comunicar, sin organizar ni movilizar y sin ganarse la complicidad y el apoyo activo de una gran mayoría de la sociedad, es decir, sin lograr que las medidas que propone (como las que he comentado para bajar el precio de la luz) se perciban como de sentido común, termina electrocutada.
La subida constante y tan elevada del precio de la luz está pasando una factura extraordinaria a los hogares y empresas españoles pero también a los dos partidos que forman el gobierno de Pedro Sánchez.
Los medios de la derecha, lo que equivale a decir que casi todos, los tertulianos y algunos economistas y, por supuesto, los líderes del PP, Ciudadanos y Vox culpan al gobierno de Pedro Sánchez de las nuevas subidas y lo condenan por no ser capaz de evitarlas pero lo cierto es que, a corto plazo, con inmediatez, ningún gobierno podría lograr una reducción muy significativa del recibo de la luz en España, a tenor de cómo funciona nuestro sistema eléctrico y de la coyuntura en la que nos encontramos.
El precio de la luz en España comenzó a subir después de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, aprobada con los votos de PP, CiU y PNV, y prácticamente no ha dejado de hacerlo desde entonces.
Mediante esa ley y con la reforma que años más tarde introdujo de nuevo el PP, se reguló un mercado eléctrico que inevitablemente iba a proporcionar precios caros y subidas puntuales muy elevadas en las malas coyunturas.
Se dijo que la ley pretendía «liberalizar» el mercado, hacerlo más competitivo y eficiente, para que los consumidores familiares o empresariales se beneficiaran de precios más bajos pero no fue eso lo que ocurrió.
1. En primer lugar, se consolidó un mercado muy imperfecto y no competitivo sino de oligopolios (unos pocos oferentes) con gran capacidad de control del mercado (como demuestran las multas impuestas a las empresas por manipularlo).
2. En segundo lugar, se creó un sistema de fijación de la tarifa que, en resumidas cuentas, establece como un único precio de la luz suministrada por todas las fuente de energía (nuclear, gas, hidroeléctrica, eólica,….) el de la que más cara en cada momento.
3. En tercer lugar, se incluían como componentes del precio de la luz una serie de primas o subvenciones por muy diversos conceptos que actuaban como rentas añadidas de los productores y comercializadores.
4. En cuarto lugar, todo ello se hacía con una gran falta de transparencia, con una auténtica maraña de normas muy difíciles de seguir y entender por quien no sea especialista.
Las consecuencias de todo ellos han sido nefastas: desde precios artificialmente elevados a la pérdida de empresas públicas, pasando por la corrupción o por lo irracional que resulta que países con muchas menos horas de luz que España tengan mucha más energía solar en explotación que nosotros, después de la voladura del emergente sector de la energía renovable en el que fuimos líderes mundiales.
Ninguno de esos cambios se ha hecho por casualidad. Las grandes empresas eléctricas disponen de despachos específicamente encargados de influir en la redacción de las leyes y normas administrativas que regulan el sector y llevan a cabo su trabajo con extraordinaria eficacia. No en vano, el lobby eléctrico es uno de los más activos y poderosos de entre los muchos que despliegan su actividad en la Unión Europea.
Las subidas extraordinarias en el precio de la luz que se están produciendo ahora se inscriben en este contexto. Según el sistema establecido que he comentado, las empresas que generan electricidad a partir de distintas fuentes (renovables, nuclear y térmica) presentan cada día su oferta que va desde el precio más bajo al más caro. El primero suele ser normalmente el de las renovables y nucleares y el más caro el de las de ciclo combinado de gas, que han de pagar no solo la materia prima (gas) sino los derechos de generación de CO2.
Lo que está ocurriendo ahora mismo es que los mercados mundiales de gas están alterados y su precio se ha disparado, lo mismo que ha ocurrido con los costes de emisión de CO2.
A la vista de todo esto, cada vez más gente se pregunta qué se podría hacer para bajar el precio de la luz y la respuesta no es muy difícil de encontrar.
La tarifa eléctrica (el «precio de la luz») no se fija, como se quiere hacer creer, a través de un mercado libre que establece el precio del bien allí donde se cruzan demanda y oferta. El precio final que pagan los hogares y las empresas es realmente un precio administrado, el resultado de una regulación concreta, de una determinada voluntad del legislador que, como hemos visto, no responde a los costes que soportan las empresas, pues las «marginales», las que ofertan a precios más bajos, terminan vendiendo su electricidad muy por encima del coste. No es, en realidad, un precio sino una renta, porque es un ingreso que las empresas que soportan costes más bajos reciben por privilegio administrativo. Y es evidente que, si este beneficio extraordinario o «renta» se elimina de la factura, el precio final de la luz se reduce.
Otra posibilidad sería establecer precios fijos o máximos para alguna de las distintas fuentes de producción, sacándola de ese anterior sistema de fijación del precio. Así ocurre en Francia con la nuclear (precio fijo) o podría ocurrir si hubiera una empresa pública que no tuviera como objetivo la maximización del beneficio sino la mejor satisfacción posible del interés general.
Por otro lado, los beneficios «caídos del cielo» como consecuencia del sistema de fijación del precio que he explicado no son las únicas rentas que reciben algunas empresas productoras encareciendo así la factura final del consumo eléctrico. También hay otras muchas primas y subvenciones que se podrían eliminar o hacer que se asuman (si es que realmente son de interés general) por otras vías. Sería necesario poner en claro todo ello y tomar medidas al respecto. Nos llevaríamos muchas sorpresas pero se podría abaratar considerablemente el recibo de la luz (aunque también sería una medida de complicada puesta en marcha, sin afectar a derechos adquiridos).
Finalmente, también se pueden reducir los impuestos que graven, por diferentes conceptos, la producción, distribución y consumo de electricidad, o incentivar el consumo en aquellos momentos del día en que pueda ser posible obtener la energía eléctrica más barata.
¿Podría llevar a cabo un gobierno como el actual de coalición medidas como estas? Sí y no.
Sí, porque, como acabo de señalar, algunas se aplican ya en otros países y porque, de hecho, ya se están poniendo en marcha en el nuestro. El gobierno de Pedro Sánchez ha reducido el IVA y ha propuesto una facturación horaria que (aunque sea a trancas y barrancas y con escasa eficacia) puede reducir el precio que pagan los consumidores finales. Y en junio pasado aprobó otras dos medidas adicionales: un proyecto de ley para reducir una buena parte de esos beneficios extraordinarios caídos del cielo (que abarataría la factura entre un 1,5% y un 4,8%) y otro para crear el Fondo de Sostenibilidad Energética encaminado a sacar de la factura final los costes del régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (13% de ahorro). Unidas Podemos, por su parte, ha propuesto la creación de una empresa pública, una medida perfectamente homologable a lo que hay en otros países de nuestro entorno y que podría tener efectos positivos sobre el precio de la luz, aunque a más largo plazo.
La medida de intervenir los precios por la vía de fijar una tarifa fija para la energía nuclear, como en Francia, o una máxima en la hidroeléctrica se podrían justificar igualmente, no solo por identificación con lo que ocurre fuera sino también por razones de emergencia o excepcionalidad, a tenor de la situación económica en la que encuentran nuestras empresas y hogares. Aunque no cabe pensar que pudiera ser aceptada sin presión ante las instituciones europeas donde las empresas eléctricas tienen una gran influencia.
Dicho esto, sin embargo, lo cierto es que sería muy difícil que medidas moderadas como estas que ya se toman en otros países y que simplemente tienen como objetivo eliminar privilegios y dotar al mercado eléctrico de más transparencia, eficiencia y utilidad públicas se pudieran tomar en España a corto plazo. Y la razón también es muy sencilla.
Lo que se dirime al regular el sector eléctrico es dónde van a ir las rentas que se generan de la producción, comercialización y consumo de ese bien esencial. Y ya hemos visto que si el recibo de la luz es tan elevado es porque en el mercado no predomina la competencia ni el interés general sino que está diseñado legalmente para que unas pocas empresas se apropien de miles de millones de euros de beneficios extraordinarios. Y un privilegio como ese solo se puede disfrutar si se dispone, como tienen los oligopolios eléctricos, de una red de influencia amplísima y muy poderosa que abarque el mundo de la política, los medios, los partidos, o incluso de la función pública y la judicatura.
Con la excusa de que la Unión Europea prohibía que existieran empresas públicas en el sector, en España se privatizaron eléctricas vendiéndolas a empresas pública de otros países. Y no pasó nada. Una eléctrica como Endesa ha estado durante años estafando a miles de hogares y empresas, cobrando por servicios que no prestaba o redondeando a su favor las facturas, ganando ilegalmente miles de millones de euros (Así roban las eléctricas y el gobierno a las familias españolas), y no ha pasado nada. En 2014, el Consejo de administración de esta misma empresa, dominado por la pública italiana Enel, aprobó vender a … Enel sus activos latinoamericanos por un valor de 8.252,9 millones de euros; unos activos que solo en los primeros nueve meses del año le habían proporcionado 47.028 millones de euros de ingresos. Y los beneficios de la venta no los reinvirtió sino que se dedicaron a pagar el dividendo más elevado de la historia de España, 14.600 millones de euros, de los cuales más de la mitad (7.422,54 millones) fueron a Enel. Y no pasó nada.
Las consecuencias de todo ellos han sido nefastas: desde precios artificialmente elevados a la pérdida de empresas públicas, pasando por la corrupción o por lo irracional que resulta que países con muchas menos horas de luz que España tengan mucha más energía solar en explotación que nosotros, después de la voladura del emergente sector de la energía renovable en el que fuimos líderes mundiales.
Ninguno de esos cambios se ha hecho por casualidad. Las grandes empresas eléctricas disponen de despachos específicamente encargados de influir en la redacción de las leyes y normas administrativas que regulan el sector y llevan a cabo su trabajo con extraordinaria eficacia. No en vano, el lobby eléctrico es uno de los más activos y poderosos de entre los muchos que despliegan su actividad en la Unión Europea.
Las subidas extraordinarias en el precio de la luz que se están produciendo ahora se inscriben en este contexto. Según el sistema establecido que he comentado, las empresas que generan electricidad a partir de distintas fuentes (renovables, nuclear y térmica) presentan cada día su oferta que va desde el precio más bajo al más caro. El primero suele ser normalmente el de las renovables y nucleares y el más caro el de las de ciclo combinado de gas, que han de pagar no solo la materia prima (gas) sino los derechos de generación de CO2.
Lo que está ocurriendo ahora mismo es que los mercados mundiales de gas están alterados y su precio se ha disparado, lo mismo que ha ocurrido con los costes de emisión de CO2.
A la vista de todo esto, cada vez más gente se pregunta qué se podría hacer para bajar el precio de la luz y la respuesta no es muy difícil de encontrar.
La tarifa eléctrica (el «precio de la luz») no se fija, como se quiere hacer creer, a través de un mercado libre que establece el precio del bien allí donde se cruzan demanda y oferta. El precio final que pagan los hogares y las empresas es realmente un precio administrado, el resultado de una regulación concreta, de una determinada voluntad del legislador que, como hemos visto, no responde a los costes que soportan las empresas, pues las «marginales», las que ofertan a precios más bajos, terminan vendiendo su electricidad muy por encima del coste. No es, en realidad, un precio sino una renta, porque es un ingreso que las empresas que soportan costes más bajos reciben por privilegio administrativo. Y es evidente que, si este beneficio extraordinario o «renta» se elimina de la factura, el precio final de la luz se reduce.
Otra posibilidad sería establecer precios fijos o máximos para alguna de las distintas fuentes de producción, sacándola de ese anterior sistema de fijación del precio. Así ocurre en Francia con la nuclear (precio fijo) o podría ocurrir si hubiera una empresa pública que no tuviera como objetivo la maximización del beneficio sino la mejor satisfacción posible del interés general.
Por otro lado, los beneficios «caídos del cielo» como consecuencia del sistema de fijación del precio que he explicado no son las únicas rentas que reciben algunas empresas productoras encareciendo así la factura final del consumo eléctrico. También hay otras muchas primas y subvenciones que se podrían eliminar o hacer que se asuman (si es que realmente son de interés general) por otras vías. Sería necesario poner en claro todo ello y tomar medidas al respecto. Nos llevaríamos muchas sorpresas pero se podría abaratar considerablemente el recibo de la luz (aunque también sería una medida de complicada puesta en marcha, sin afectar a derechos adquiridos).
Finalmente, también se pueden reducir los impuestos que graven, por diferentes conceptos, la producción, distribución y consumo de electricidad, o incentivar el consumo en aquellos momentos del día en que pueda ser posible obtener la energía eléctrica más barata.
¿Podría llevar a cabo un gobierno como el actual de coalición medidas como estas? Sí y no.
Sí, porque, como acabo de señalar, algunas se aplican ya en otros países y porque, de hecho, ya se están poniendo en marcha en el nuestro. El gobierno de Pedro Sánchez ha reducido el IVA y ha propuesto una facturación horaria que (aunque sea a trancas y barrancas y con escasa eficacia) puede reducir el precio que pagan los consumidores finales. Y en junio pasado aprobó otras dos medidas adicionales: un proyecto de ley para reducir una buena parte de esos beneficios extraordinarios caídos del cielo (que abarataría la factura entre un 1,5% y un 4,8%) y otro para crear el Fondo de Sostenibilidad Energética encaminado a sacar de la factura final los costes del régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (13% de ahorro). Unidas Podemos, por su parte, ha propuesto la creación de una empresa pública, una medida perfectamente homologable a lo que hay en otros países de nuestro entorno y que podría tener efectos positivos sobre el precio de la luz, aunque a más largo plazo.
La medida de intervenir los precios por la vía de fijar una tarifa fija para la energía nuclear, como en Francia, o una máxima en la hidroeléctrica se podrían justificar igualmente, no solo por identificación con lo que ocurre fuera sino también por razones de emergencia o excepcionalidad, a tenor de la situación económica en la que encuentran nuestras empresas y hogares. Aunque no cabe pensar que pudiera ser aceptada sin presión ante las instituciones europeas donde las empresas eléctricas tienen una gran influencia.
Dicho esto, sin embargo, lo cierto es que sería muy difícil que medidas moderadas como estas que ya se toman en otros países y que simplemente tienen como objetivo eliminar privilegios y dotar al mercado eléctrico de más transparencia, eficiencia y utilidad públicas se pudieran tomar en España a corto plazo. Y la razón también es muy sencilla.
Lo que se dirime al regular el sector eléctrico es dónde van a ir las rentas que se generan de la producción, comercialización y consumo de ese bien esencial. Y ya hemos visto que si el recibo de la luz es tan elevado es porque en el mercado no predomina la competencia ni el interés general sino que está diseñado legalmente para que unas pocas empresas se apropien de miles de millones de euros de beneficios extraordinarios. Y un privilegio como ese solo se puede disfrutar si se dispone, como tienen los oligopolios eléctricos, de una red de influencia amplísima y muy poderosa que abarque el mundo de la política, los medios, los partidos, o incluso de la función pública y la judicatura.
Con la excusa de que la Unión Europea prohibía que existieran empresas públicas en el sector, en España se privatizaron eléctricas vendiéndolas a empresas pública de otros países. Y no pasó nada. Una eléctrica como Endesa ha estado durante años estafando a miles de hogares y empresas, cobrando por servicios que no prestaba o redondeando a su favor las facturas, ganando ilegalmente miles de millones de euros (Así roban las eléctricas y el gobierno a las familias españolas), y no ha pasado nada. En 2014, el Consejo de administración de esta misma empresa, dominado por la pública italiana Enel, aprobó vender a … Enel sus activos latinoamericanos por un valor de 8.252,9 millones de euros; unos activos que solo en los primeros nueve meses del año le habían proporcionado 47.028 millones de euros de ingresos. Y los beneficios de la venta no los reinvirtió sino que se dedicaron a pagar el dividendo más elevado de la historia de España, 14.600 millones de euros, de los cuales más de la mitad (7.422,54 millones) fueron a Enel. Y no pasó nada.
Sin embargo, cuando el actual gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de tomar algunas medidas bastante moderadas y perfectamente homologables a las europeas para bajar el precio de la luz, sufre ataques sin cuartel.
Algunos pensarán que la responsabilidad de estos ataques y de que ahora parezca que no se pueda hacer nada para bajar el precio de la luz es de quienes dirigen el oligopolio, de unas empresas que carecen, como dejaba caer la ministra Teresa Ribera, de empatía y responsabilidad social y que tienen un inmenso poder social, político y mediático. No lo dudo pero creo que los partidos de izquierdas tienen también una buena parte de responsabilidad ante lo que está pasando con el recibo de la luz.
Les resultó fácil culpar a la derecha cuando subía los precios con gobiernos del PP pero no fueron capaces de diseñar y hacer públicas estrategias alternativas, ni de hacer pedagogía para ganarse el apoyo y la complicidad de las familias y las empresas. Ahora están comprobando que no basta con tener buenas intenciones cuando se ocupa el consejo de ministros y los despachos de la alta administración. Cuentan que en una ocasión, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt discutía con unos sindicalistas que trataban sin éxito de convencerlo para que tomara unas medidas. Cuando pasó un buen rato, el presidente les dijo: «Tenéis razón, me habéis convencido. Lo que decís es lo que hay que hacer. Ahora salid a la calle y obligadme a hacerlo». Esa es la clave. Mientras no haya un auténtico clamor social en contra de las barbaridades y privilegios injustificados que hay detrás del recibo de la luz no será posible cambiarlo, por muy moderadas que sean las propuestas que se pongan sobre la mesa.
La izquierda que se limita a gestionar, por muy bien que lo haga, sin comunicar, sin organizar ni movilizar y sin ganarse la complicidad y el apoyo activo de una gran mayoría de la sociedad, es decir, sin lograr que las medidas que propone (como las que he comentado para bajar el precio de la luz) se perciban como de sentido común, termina electrocutada.
viernes, 12 de abril de 2019
_- Entrevista a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. “Hay una enorme mayoría sensible al cambio climático y una minoría dispuesta a movilizarse y a comprometerse”.
_- Yayo Herrero
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Teresa Ribera (Madrid, 1969) aparece resuelta y sonriente en el antedespacho del Ministerio de Transición Ecológica. La experta en cambio climático ha pasado nueve meses como ministra de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, y se muestra convencida de que el 28 de abril los votantes y las alianzas posteriores le permitirán continuar la ingente tarea, apenas esbozada, de pactar un Green New Deal a la española. Ribera es consciente de las limitaciones económicas y humanas que tiene su departamento, y de las dificultades de llegar a acuerdos con los tiburones del sector eléctrico, aunque subraya que la conciencia ecológica de los jóvenes y los líderes políticos ha evolucionado mucho en los últimos ocho años, desde que dejó la secretaría de Estado con Zapatero.
El periodo de Gobierno ha sido muy corto. Indudablemente el tema energético se ha colocado en la agenda con más fuerza y se han llevado adelante acciones. ¿Qué balance hace?
Creo que hemos iniciado el camino con fuerza y una buena orientación. Afrontar la transición energética requiere tener visión de conjunto. Es preciso tener claro a dónde se quiere llegar. Y es preciso hacerlo de forma adecuada para consolidar la confianza en la capacidad de cambio. Cometer errores puede llevar a frenar el proceso. Hay muchos temas diversos en torno a la transición energética. Hemos avanzado enormemente pero nos queda trabajo, por ejemplo, en torno a la fiscalidad sobre la energía, un asunto enormemente complejo. Las instituciones beneficiarias de la recaudación no son siempre las mismas y esto hace que el establecimiento de políticas fiscales requiera un análisis fino y una negociación nada sencilla. Nos preocupa también todo lo relativo al almacenamiento y la adecuación y modernización de las redes de transporte, distribución y conexión.
Ha sorprendido sin embargo cierta marcha atrás en el compromiso de cierre de nucleares ¿Cómo lo están planteando?
No ha habido marcha atrás. La política en el sector nuclear ha estado tan abandonada como en el del carbón. No existía un plan de residuos que permita organizar un desmantelamiento seguro. Es preciso avanzar de una forma segura, tanto en el ámbito del suministro como en el financiero en varios planos: descarbonización, cierre de nucleares, despliegue de renovables. En diez años podríamos conseguir una disminución del 37% de las emisiones. Nos parece un logro importante.
Tampoco ha habido avances en la fijación del precio de la energía, una cuestión central para poder conseguir una transición ecológica, y crucial para encarar las preocupantes cifras de pobreza energética. ¿Qué ha pasado y qué se plantea hacer el Gobierno?
En estos meses hemos realizado un importante trabajo interno de análisis y preparación pero no ha dado tiempo a transformarlo en política pública, aunque está esbozada. Nos preocupa cómo hacer funcionar la fijación del precio. Tenemos el objetivo claro de desarrollar el autoconsumo, activar las subastas por tecnologías y dar paso a un crecimiento renovable que se notará rápidamente. Al mismo tiempo, la Estrategia de Pobreza Energética nos ayudará a identificar causas y articular coberturas para atacar este problema, con objetivos claros de reducción. El reto es realizar intervenciones que sean compatibles con el marco comunitario
Una transición energética que aborde los retos actuales en términos de descarbonización y de declive de los fósiles afecta a todas las áreas de Gobierno. En el pasado, hubo importantes incoherencias entre políticas públicas. ¿Hay en este equipo convicción para sacar este reto adelante?
Sin duda. Todo el equipo de Gobierno está alineado con los objetivos. Cuando en las reuniones planteo los retos y los plazos en los que hay que hacerlos, somos conscientes de la dificultad y complejidad de lo que tenemos por delante, pero también la necesidad.
¿Tiene su propio ministerio, en el que ya estuvo hace ocho años, recursos suficientes para cumplir una agenda tan ambiciosa?
No, no está dimensionado para esa agenda, debe crecer en recursos humanos y económicos. Falta mucho por hacer. La expectativa de los jóvenes es muy grande pero no la puedes gestionar de manera inmediata. Requiere cambios muy profundos, y hace falta tiempo. La gobernanza es clave y estamos trabajando en el fortalecimiento de los funcionarios y en la dotación de medios para poder llevarla a cabo. Hemos recopilado y ordenado el material e información disponible y comprobado que hay margen para hacer las cosas mejor. Creo que en el trabajo interno se ha avanzado mucho.
¿Y los otros ministros le siguen?
Respecto a hace ocho años, hoy el debate es más maduro y somos más conscientes de sus implicaciones. El presidente sabe que es prioritario. La ministra de Educación, la de Hacienda, el de Fomento… todos están concienciados. Creo que eso es muy positivo.
¿No han quedado fuera de la agenda muchas otras cuestiones importantísimas para la transición ecológica, como por ejemplo el agua?
El problema del agua en este país es acuciante y todas las previsiones y escenarios que nos ofrece la comunidad científica indican que se va a ir agravando. Y las políticas llevadas a cabo en los últimos años abocan a una situación de desabastecimiento. La UE nos advierte de incumplimientos en la obligada depuración y los propios tribunales impelen a abordar unas políticas completamente diferentes. Ha sido otro tema dejado de lado. El eslogan “Agua Para Todos” se convirtió una especie de mantra que nadie se atrevía a desobedecer. Igual que con respecto a la energía, necesitamos un planteamiento con visión de conjunto y de medio plazo.
¿Y con el tema del regadío?
En el asunto de los regadíos nos encontramos con situaciones de diferente tipo. La más importante es la necesidad de terminar con las extracciones ilegales. Además, es preciso empezar a pensar en el medio y largo plazo, analizando qué implicaciones tiene el cambio climático en la disponibilidad de la reserva hídrica. Esto nos obliga a abordar la política hidrológica desde una perspectiva diferente, impulsando la desalación o la reutilización.
Otro asunto del que se ha hablado poco en este período ha sido el de la biodiversidad. ¿Cómo se plantea si vuelven a gobernar?
Estoy particularmente obsesionada con romper la falsa y estereotipada oposición entre “urbanitas” y habitantes del medio rural. Lo que tiene que ver con la ordenación del territorio, los desequilibrios demográficos, la gestión de los parques o la biodiversidad estaba, hasta ahora, muy desconectado entre sí y, sin embargo, debe ser gestionado con una mirada integral. Faltaba una visión de conjunto, que es la que estamos diseñando. De hecho, estimo que la Subdirección de Biodiversidad está infradimensionada y hemos de fortalecerla para realizar esas políticas transversales.
Con todo, estamos satisfechos de algunos de los logros alcanzados, especialmente en torno a la biodiversidad marina y, sobre todo, con la ampliación del Parque Nacional de Cabrera y la aprobación del Corredor Migratorio de Cetáceos en el Mediterráneo. A esto hay que sumar el fortalecimiento de la lucha contra las especies exóticas invasora o la gestión del Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
¿Qué ha hecho y qué hará el Gobierno socialista, si sigue gobernando, respecto al asunto Castor?
Se trata de una infraestructura sin recorrido y, por ello, hemos de emprender el desmantelamiento seguro del almacén y aclarar la compleja situación jurídica. La primera medida es asegurar el taponamiento definitivo de los pozos y, luego, desmantelar la plataforma.
¿Y quién pagará la deuda? Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el almacén y que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a devolver en 30 años, con cargo a la factura…
El asunto está judicializado y es de enorme complejidad. Tras las sentencias, es importante evaluar los distintos escenarios con los grupos parlamentarios para poder encajar la mejor solución posible en el marco de una nueva ley.
¿Se arrepiente de haber dado luz verde a aquel decreto?
La propuesta de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto llegó avalada por todo tipo de organismos e instituciones, e incluía sistemas de alerta durante las operaciones que funcionaron. Sería frívolo pensar que una secretaria de Estado puede sustituir el criterio de tantos técnicos e instituciones sobre una declaración que, por otro lado, no fue recurrida por nadie, cuando lo habitual, sobre todo en casos complejos, es que se recurra.
Pero es que, en este caso, el inversor, Florentino Pérez, no arriesgaba nada. Si salía mal, cobraba igual.
Este asunto pone sobre la mesa un debate muy necesario: qué riesgos estamos dispuestos a asumir y cómo se fijan los límites a las garantías del Estado sobre este tipo de proyectos.
¿Sabe ya cuál será el coste final del proyecto para las arcas públicas?
Sabremos el coste una vez tengamos clara la dimensión de esta operación y sus requerimientos técnicos.
El Castor tiene elementos comunes con lo que se deriva de los tratados del libre comercio ¿no? La soberanía nacional cede ante las presiones empresariales…
Efectivamente. Los tratados, como el CETA, presentan importantes problemas. No solo por el asunto de los tribunales de arbitraje, sino porque están pensados para garantizar el statu quo de hoy, no el de la transición que necesitamos. Que los grandes flujos comerciales sean ventajosos para los grandes operadores no significa que se produzca un reparto mejor y equitativo de ese beneficio.
Ahora que va a ser diputada, díganos. ¿Está usted en la línea Ábalos de pactar con Ciudadanos, o prefiere un pacto con Unidas Podemos y los nacionalistas?
¡Yo estoy en la línea de sumar 176! Mi prioridad es facilitar el avance de la agenda de transición ecológica con la mayor participación y respaldo posibles, de acuerdo con lo que marque el secretario general de mi partido, candidato a la presidencia del Gobierno.
¿Y se ha sentido más cómoda estos meses hablando de cambio climático con Podemos o con C’s?
Como en el resto de la sociedad, hay gente en los partidos que tiene sensibilidad para la transición ecológica, y otros que no. He tenido acuerdos y desacuerdos con todas las fuerzas parlamentarias, desde Cs a Podemos.
¿Y diría que en el Parlamento hay una mayoría que entiende la necesidad de emprender la transición ecológica?
En estos nueve meses he llevado tres decretos al Congreso y no me los han aprobado como a Pedro Duque, con el 100% de los votos, pero casi. Creo que hay una enorme mayoría sensible al cambio climático y una minoría dispuesta a movilizarse y a comprometerse con las medidas que hace falta tomar.
¿Está asumida la necesidad de la transición a nivel social?
Tenemos que hacer un importante trabajo educativo. Hay una mayoría que entiende el titular y una minoría que comprende el calado de lo que implica.
Fuente:
http://ctxt.es/es/20190403/Politica/25369/Teresa-Ribera-entrevista-Yayo-Herrero-transicion-ecologica-Florentino-Perez.htm#.XKnBdCU-QjI.twitter
Ctxt
Teresa Ribera (Madrid, 1969) aparece resuelta y sonriente en el antedespacho del Ministerio de Transición Ecológica. La experta en cambio climático ha pasado nueve meses como ministra de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, y se muestra convencida de que el 28 de abril los votantes y las alianzas posteriores le permitirán continuar la ingente tarea, apenas esbozada, de pactar un Green New Deal a la española. Ribera es consciente de las limitaciones económicas y humanas que tiene su departamento, y de las dificultades de llegar a acuerdos con los tiburones del sector eléctrico, aunque subraya que la conciencia ecológica de los jóvenes y los líderes políticos ha evolucionado mucho en los últimos ocho años, desde que dejó la secretaría de Estado con Zapatero.
El periodo de Gobierno ha sido muy corto. Indudablemente el tema energético se ha colocado en la agenda con más fuerza y se han llevado adelante acciones. ¿Qué balance hace?
Creo que hemos iniciado el camino con fuerza y una buena orientación. Afrontar la transición energética requiere tener visión de conjunto. Es preciso tener claro a dónde se quiere llegar. Y es preciso hacerlo de forma adecuada para consolidar la confianza en la capacidad de cambio. Cometer errores puede llevar a frenar el proceso. Hay muchos temas diversos en torno a la transición energética. Hemos avanzado enormemente pero nos queda trabajo, por ejemplo, en torno a la fiscalidad sobre la energía, un asunto enormemente complejo. Las instituciones beneficiarias de la recaudación no son siempre las mismas y esto hace que el establecimiento de políticas fiscales requiera un análisis fino y una negociación nada sencilla. Nos preocupa también todo lo relativo al almacenamiento y la adecuación y modernización de las redes de transporte, distribución y conexión.
Ha sorprendido sin embargo cierta marcha atrás en el compromiso de cierre de nucleares ¿Cómo lo están planteando?
No ha habido marcha atrás. La política en el sector nuclear ha estado tan abandonada como en el del carbón. No existía un plan de residuos que permita organizar un desmantelamiento seguro. Es preciso avanzar de una forma segura, tanto en el ámbito del suministro como en el financiero en varios planos: descarbonización, cierre de nucleares, despliegue de renovables. En diez años podríamos conseguir una disminución del 37% de las emisiones. Nos parece un logro importante.
Tampoco ha habido avances en la fijación del precio de la energía, una cuestión central para poder conseguir una transición ecológica, y crucial para encarar las preocupantes cifras de pobreza energética. ¿Qué ha pasado y qué se plantea hacer el Gobierno?
En estos meses hemos realizado un importante trabajo interno de análisis y preparación pero no ha dado tiempo a transformarlo en política pública, aunque está esbozada. Nos preocupa cómo hacer funcionar la fijación del precio. Tenemos el objetivo claro de desarrollar el autoconsumo, activar las subastas por tecnologías y dar paso a un crecimiento renovable que se notará rápidamente. Al mismo tiempo, la Estrategia de Pobreza Energética nos ayudará a identificar causas y articular coberturas para atacar este problema, con objetivos claros de reducción. El reto es realizar intervenciones que sean compatibles con el marco comunitario
Una transición energética que aborde los retos actuales en términos de descarbonización y de declive de los fósiles afecta a todas las áreas de Gobierno. En el pasado, hubo importantes incoherencias entre políticas públicas. ¿Hay en este equipo convicción para sacar este reto adelante?
Sin duda. Todo el equipo de Gobierno está alineado con los objetivos. Cuando en las reuniones planteo los retos y los plazos en los que hay que hacerlos, somos conscientes de la dificultad y complejidad de lo que tenemos por delante, pero también la necesidad.
¿Tiene su propio ministerio, en el que ya estuvo hace ocho años, recursos suficientes para cumplir una agenda tan ambiciosa?
No, no está dimensionado para esa agenda, debe crecer en recursos humanos y económicos. Falta mucho por hacer. La expectativa de los jóvenes es muy grande pero no la puedes gestionar de manera inmediata. Requiere cambios muy profundos, y hace falta tiempo. La gobernanza es clave y estamos trabajando en el fortalecimiento de los funcionarios y en la dotación de medios para poder llevarla a cabo. Hemos recopilado y ordenado el material e información disponible y comprobado que hay margen para hacer las cosas mejor. Creo que en el trabajo interno se ha avanzado mucho.
¿Y los otros ministros le siguen?
Respecto a hace ocho años, hoy el debate es más maduro y somos más conscientes de sus implicaciones. El presidente sabe que es prioritario. La ministra de Educación, la de Hacienda, el de Fomento… todos están concienciados. Creo que eso es muy positivo.
¿No han quedado fuera de la agenda muchas otras cuestiones importantísimas para la transición ecológica, como por ejemplo el agua?
El problema del agua en este país es acuciante y todas las previsiones y escenarios que nos ofrece la comunidad científica indican que se va a ir agravando. Y las políticas llevadas a cabo en los últimos años abocan a una situación de desabastecimiento. La UE nos advierte de incumplimientos en la obligada depuración y los propios tribunales impelen a abordar unas políticas completamente diferentes. Ha sido otro tema dejado de lado. El eslogan “Agua Para Todos” se convirtió una especie de mantra que nadie se atrevía a desobedecer. Igual que con respecto a la energía, necesitamos un planteamiento con visión de conjunto y de medio plazo.
¿Y con el tema del regadío?
En el asunto de los regadíos nos encontramos con situaciones de diferente tipo. La más importante es la necesidad de terminar con las extracciones ilegales. Además, es preciso empezar a pensar en el medio y largo plazo, analizando qué implicaciones tiene el cambio climático en la disponibilidad de la reserva hídrica. Esto nos obliga a abordar la política hidrológica desde una perspectiva diferente, impulsando la desalación o la reutilización.
Otro asunto del que se ha hablado poco en este período ha sido el de la biodiversidad. ¿Cómo se plantea si vuelven a gobernar?
Estoy particularmente obsesionada con romper la falsa y estereotipada oposición entre “urbanitas” y habitantes del medio rural. Lo que tiene que ver con la ordenación del territorio, los desequilibrios demográficos, la gestión de los parques o la biodiversidad estaba, hasta ahora, muy desconectado entre sí y, sin embargo, debe ser gestionado con una mirada integral. Faltaba una visión de conjunto, que es la que estamos diseñando. De hecho, estimo que la Subdirección de Biodiversidad está infradimensionada y hemos de fortalecerla para realizar esas políticas transversales.
Con todo, estamos satisfechos de algunos de los logros alcanzados, especialmente en torno a la biodiversidad marina y, sobre todo, con la ampliación del Parque Nacional de Cabrera y la aprobación del Corredor Migratorio de Cetáceos en el Mediterráneo. A esto hay que sumar el fortalecimiento de la lucha contra las especies exóticas invasora o la gestión del Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
¿Qué ha hecho y qué hará el Gobierno socialista, si sigue gobernando, respecto al asunto Castor?
Se trata de una infraestructura sin recorrido y, por ello, hemos de emprender el desmantelamiento seguro del almacén y aclarar la compleja situación jurídica. La primera medida es asegurar el taponamiento definitivo de los pozos y, luego, desmantelar la plataforma.
¿Y quién pagará la deuda? Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el almacén y que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a devolver en 30 años, con cargo a la factura…
El asunto está judicializado y es de enorme complejidad. Tras las sentencias, es importante evaluar los distintos escenarios con los grupos parlamentarios para poder encajar la mejor solución posible en el marco de una nueva ley.
¿Se arrepiente de haber dado luz verde a aquel decreto?
La propuesta de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto llegó avalada por todo tipo de organismos e instituciones, e incluía sistemas de alerta durante las operaciones que funcionaron. Sería frívolo pensar que una secretaria de Estado puede sustituir el criterio de tantos técnicos e instituciones sobre una declaración que, por otro lado, no fue recurrida por nadie, cuando lo habitual, sobre todo en casos complejos, es que se recurra.
Pero es que, en este caso, el inversor, Florentino Pérez, no arriesgaba nada. Si salía mal, cobraba igual.
Este asunto pone sobre la mesa un debate muy necesario: qué riesgos estamos dispuestos a asumir y cómo se fijan los límites a las garantías del Estado sobre este tipo de proyectos.
¿Sabe ya cuál será el coste final del proyecto para las arcas públicas?
Sabremos el coste una vez tengamos clara la dimensión de esta operación y sus requerimientos técnicos.
El Castor tiene elementos comunes con lo que se deriva de los tratados del libre comercio ¿no? La soberanía nacional cede ante las presiones empresariales…
Efectivamente. Los tratados, como el CETA, presentan importantes problemas. No solo por el asunto de los tribunales de arbitraje, sino porque están pensados para garantizar el statu quo de hoy, no el de la transición que necesitamos. Que los grandes flujos comerciales sean ventajosos para los grandes operadores no significa que se produzca un reparto mejor y equitativo de ese beneficio.
Ahora que va a ser diputada, díganos. ¿Está usted en la línea Ábalos de pactar con Ciudadanos, o prefiere un pacto con Unidas Podemos y los nacionalistas?
¡Yo estoy en la línea de sumar 176! Mi prioridad es facilitar el avance de la agenda de transición ecológica con la mayor participación y respaldo posibles, de acuerdo con lo que marque el secretario general de mi partido, candidato a la presidencia del Gobierno.
¿Y se ha sentido más cómoda estos meses hablando de cambio climático con Podemos o con C’s?
Como en el resto de la sociedad, hay gente en los partidos que tiene sensibilidad para la transición ecológica, y otros que no. He tenido acuerdos y desacuerdos con todas las fuerzas parlamentarias, desde Cs a Podemos.
¿Y diría que en el Parlamento hay una mayoría que entiende la necesidad de emprender la transición ecológica?
En estos nueve meses he llevado tres decretos al Congreso y no me los han aprobado como a Pedro Duque, con el 100% de los votos, pero casi. Creo que hay una enorme mayoría sensible al cambio climático y una minoría dispuesta a movilizarse y a comprometerse con las medidas que hace falta tomar.
¿Está asumida la necesidad de la transición a nivel social?
Tenemos que hacer un importante trabajo educativo. Hay una mayoría que entiende el titular y una minoría que comprende el calado de lo que implica.
Fuente:
http://ctxt.es/es/20190403/Politica/25369/Teresa-Ribera-entrevista-Yayo-Herrero-transicion-ecologica-Florentino-Perez.htm#.XKnBdCU-QjI.twitter
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