Prácticamente todas las encuestas que se vienen realizando ponen de manifiesto la misma paradoja: a la gran mayoría de los españoles les parece que las medidas que toma el gobierno son positivas o muy positivas, pero los partidos que lo sostienen pierden intención de voto y todo apunta a que la derecha ganará las próximas elecciones generales.
El diario El País, por ejemplo, informaba hace unos días de que medidas que han sido tan criticadas en los medios como el tope al precio del gas y la rebaja del IVA en la factura de luz, las bonificaciones a los carburantes o el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas son apoyadas por el 76%, 75% y 66% de los españoles, respectivamente. Y un apoyo semejante o incluso mayor reciben otras más sociales, como las ayudas directas a familias con rentas bajas y la suspensión de los desahucios a los más vulnerables (74%), o los descuentos en los abonos del transporte público (82%).
Al mismo tiempo, sin embargo, en el mismo barómetro se ponía de relieve que ese apoyo no iba acompañado de un aumento en las expectativas de voto del PSOE y Unidas Podemos, sino más bien de todo lo contrario.
Yo no soy experto en este tipo de cuestiones y estoy seguro, además, de que esta paradoja, como casi todas las que tienen que ver con la vida social, tendrá una explicación compleja y no muy fácil de descubrir. Pero, quizá por eso, creo que vale la pena contribuir a la reflexión sobre algo aparentemente tan contradictorio y de lo que depende el futuro material y el bienestar de millones de compatriotas.
En nuestro país, como en casi todo el mundo, el sistema de comunicación social está en manos de empresas dominadas por los grandes capitales. No hay ni un solo medio, ni una televisión o radio privadas de mediano o gran alcance, que no sean propiedad o no respondan a intereses de los bancos, grandes empresas, fondos de inversión o Iglesia Católica. Ni uno solo. Y, además de ello, el gobierno de Sánchez, siguiendo la estela que dejó el de Zapatero en su día, no solo renunció a convertir a la televisión pública en un medio de información plural e independiente, sino que se lo ha entregado a la derecha.
En España se ha dado un caso verdaderamente singular y yo me atrevería a decir que histórico: el gobierno permite que la televisión pública desinforme, manipule los contenidos informativos y hasta mienta, para presentar las noticias del modo que más daño pueda hacer a la mayoría parlamentaria que lo sostiene democráticamente.
No es una opinión, es un hecho que se ha podido comprobar fácilmente viendo día a día los telediarios y las tertulias de RTVE y que vienen denunciando sindicatos y profesionales independientes.
Esa es la cuestión. A mí me parece imposible que la gestión que haga el gobierno se metabolice correctamente por la opinión pública y que esta preste suficiente apoyo electoral a los partidos que lo sostienen sin correcta información sobre lo que verdaderamente hace, sin deliberación democrática sobre sus medidas y cuando toda su acción se presenta en los medios constantemente desdibujada y vinculada a los peores desastres por una legión de periodistas y tertulianos al servicio de sus adversarios políticos. Y máxime, en un país como el nuestro, en el que la derecha política es extremadamente nacionalista y cree que solo ella es España, poque no somos «españoles de bien», o ni siquiera españoles, quienes pensamos o sentimos de modo diferente. La derecha española está convencida de que la izquierda es enemiga y no tiene derecho a gobernar y que, por tanto, es legítimo y necesario hacer cualquier cosa para evitar que lo haga. Y eso es lo que se traduce constantemente en la información mentirosa y malintencionada que emiten los medios privados y la televisión pública.
Pero no acaba ahí la cosa.
Lógicamente, no se puede esperar que la derecha ponga sus mediadores al servicio de un gobierno progresista; o que los bancos, grandes empresas y fondos de inversión permitan que en los medios de su propiedad expongan sus ideas las personas que defienden un reparto más equitativo de su riqueza y poder.
Por tanto, si los partidos políticos que gobiernan y tratan de sacar adelante medidas que vayan contra esos intereses dominantes quieren que la gente sepa con realismo lo que están haciendo, es imprescindible que dispongan de sus propios medios y mediadores.
Y el problema es que, incomprensiblemente, han renunciado a ellos.
Sin medios de comunicación, sin promover televisiones o radios ciudadanas que pudieran presentar la información, no ya de un modo favorable al gobierno, sino al menos más plural, es imposible que se pueda generalizar el apoyo a los partidos que lo conforman, incluso a pesar de que la mayoría de la población considere como positivas las medidas que adopta.
Y los únicos mediadores que podrían lograr que la sociedad conozca de primera mano y fielmente lo que hacen en el gobierno los partidos de izquierdas y explicar sin manipulaciones ni mentiras la verdadera naturaleza de su gestión, son sus militantes, sus organizaciones de base y las personas que por sus conocimientos o posición social disponen de influencia intelectual y capacidad de diálogo con la sociedad.
Sin embargo, los partidos de izquierdas se han convertido en organizaciones cesaristas, sin apenas presencia efectiva en la sociedad y con una militancia que prácticamente se reduce a la nacida y educada al amparo de los aparatos, con el único fin de controlarlos para ocupar puestos retribuidos. Ni hay militancia dedicada a informar, explicar y difundir la acción del gobierno en la sociedad, ni los dirigentes de los partidos recurren al activismo social o a quienes podrían utilizar su influencia académica, profesional o social para dar apoyo, alcance y legitimación a las medidas que se van adoptando.
Aunque a la inmensa mayoría de la población, como señalan las encuestas, les parecen bien las medidas que adopta un gobierno progresista lo que ocurre es que, prácticamente en el mismo momento en que se han tomado, una legión de periodistas y comunicadores magníficamente bien pagados se dedica a desnaturalizarlas para asociar con el gobierno, no su contenido real, sino el monstruo de mil cabezas en que lo convierten a base de tergiversación y mentiras.
Y ese efecto se produce principal o más fuertemente, tal y como también revelan las encuestas, entre la población que más se beneficia de las medidas del gobierno. Como es lógico que ocurra, pues es a esa parte de la población hacia la que se dirige en mayor medida la mediación que diseña el poder económico y financiero y la derecha a su servicio. Justo la más desfavorecida y a la que ha dejado de hablar, arropar, organizar y movilizar la izquierda que renuncia a sus organizaciones de base, al trabajo de militantes y simpatizantes y a la cooperación de la intelectualidad progresista y del activismo social.
El gobierno gestiona y lo hace bien pero quienes median entre él y la sociedad para informar de las medidas que toma y de sus efectos son sus adversarios políticos. ¿A quién puede extrañar, entonces, que no gane apoyo electoral por muy bien que lo haga?
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