Frente a la impunidad del mayor crimen de la historia. El descubrimiento de antiguos criminales nazis recuerda que miles de perpetradores del Holocausto no tuvieron castigo.

El Holocausto es el crimen por antonomasia de la historia de la humanidad. Lamentablemente, también es el crimen cuyos principales perpetradores y responsables, tanto inspiradores políticos como organizadores y asesinos directos, menos han pagado sus culpas ante un tribunal. Y si esa apreciación vale para los escalones más altos en la cadena de implicación, se multiplica casi exponencialmente cuando se piensa en los miles de implicados a pie de obra en el exterminio, imprescindibles para que el mecanismo funcionase.

Solo en los campos de concentración, unos 60.000 “si no más” hombres y mujeres sirvieron en algún momento, como recuerda Nikolaus Wachsmann en KL, su monumental historia del mundo concentracionario. Súmense los varios miles que pasaron por los cuatro Einsatzgruppen (unidades móviles de matanza) desplegados en el frente oriental y que arrancaron en 1941 con 2.990 miembros. Los miles de miembros de la Policía del Orden, las Totenkopfverbände y otras unidades de las SS que cometieron o ayudaron a cometer asesinatos, fundamentalmente en el Este. Los miles de soldados de la Wehrmacht o las Waffen SS que facilitaron el trabajo de los perpetradores. Los miles de burócratas —lo que nunca dejó de ser Eichmann—, de colaboradores.

Súmense a los alemanes o austriacos los ucranianos, lituanos, letones, croatas, bielorrusos… que se apuntaron de forma entusiasta a la hora estelar de los asesinos. Una cifra incalculable —en el sentido de que no existe ningún cálculo hecho—, pero no menos de "varios cientos de miles", como los cifra el historiador británico Max Hastings.

“La lista completa de perpetradores llenaría varias guías telefónicas (…) Pero no hay informe de posguerra sobre la gran mayoría. Algunos huyeron a Sudamérica, Australia o el Oriente Próximo árabe. Algunos se mantuvieron completamente en silencio y pasaron desapercibidos. A la mayoría simplemente los pasaron por alto. No habían vivido según la ley. No murieron por la ley”. La frase de Raul Hilberg en su imprescindible La destrucción de los judíos europeos simboliza bien lo que ocurrió ya en los primeros años, cuanto más a medida que iba pasando el tiempo. “La falta de voluntad política para llevar a los criminales de guerra nazis a los tribunales y/o castigarlos sigue siendo el principal obstáculo para lograr justicia, especialmente en la Europa del Este poscomunista”, enfatiza uno de los últimos informes del Centro Simon Wiesenthal.

Un cálculo del Centro Simon Wiesenthal apunta que desde los juicios de Nuremberg unos 106.000 nazis han sido acusados de crímenes de guerra, de los que cerca de 13.000 han sido hallados culpables, y más o menos la mitad, sentenciados. Sin salir, por ejemplo de las SS, la organización del aparato nazi más íntimamente implicada en el Holocausto, la mayoría de sus líderes “fueron tratados con una magnanimidad considerable”, en palabras del historiador y periodista Heinz Höhne. Dicha cifra puede parecer alta, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que solo en los primeros años cuarenta el número de miembros estimados de las SS ascendía a unos 800.000 y una cifra similar en sus unidades de combate (las Waffen SS).

¿Quedan grandes criminales nazis vivos que pudieran ser capturados y llevados ante un tribunal? No. Quizá los dos últimos casos más relevantes —y ninguno de ellos juzgado— hayan sido los de Alois Brunner, muerto en 2001 en un sótano de Damasco, según la investigación más reciente, y Aribert Heim, declarado en 2012 oficialmente muerto —muy probablemente falleció en Chile— por un tribunal alemán. ¿Y criminales nazis sin más? Sí, pero no solo cada vez menos por el paso del tiempo, sino —y hay que resignarse— en niveles más bajos —o muy bajos— que medios de la escala de responsabilidad, con dificultades para que se pueda armar en un tribunal un caso que lleve a su condena, con papeles auxiliares y, en ocasiones, ajenos a lo que específicamente sería la maquinaria del Holocausto. El más reciente episodio conocido, el del carpintero de Minneapolis, Michael Karkoc, lo muestra: la única causa de la que se tienen testigos presenciales en su contra es el asesinato de 44 personas en una localidad polaca (Claniow) en 1944 en una operación de represalia. ¿Criminal de guerra si se llega a demostrar su culpa? Sí, muy probablemente ¿Relacionado directamente con el Holocausto? No (en ese caso concreto al menos). Es importante la diferenciación. Muchos (y notables) criminales de guerra nazis, no tuvieron relación con el crimen específico que fue el Holocausto. Oradour-sur-Glane, Lidice, las Fosas Ardeatinas son tan infames como Treblinka o Auschwitz, pero etiológicamente —y numéricamente— diferentes.

Uno de los últimos —y más interesantes, léase o reléase a Gitta Sereny— casos llegados a los tribunales —y no una sola vez— fue el de John Demjanjuk y se le acusaba, primero en Israel, de ser uno de los operarios de las cámaras de gas de Treblinkay luego en Alemania de ser un guardia auxiliar en Sobibor, otro de los campos de exterminio de la Operación Reinhard.

El lugar en la cadena no resta relevancia a los nuevos casos que se puedan descubrir. Y no solo por recordar a las víctimas —cada nombre importa—, sino por recordar cuántos hombres corrientes —los “hombres grises”, los “ordinarymen” de Christopher R. Browning, de cuyo libro homónimo son estas palabras—“llevaron a cabo por voluntad propia el mayor genocidio de la historia de la humanidad”. Solo en el campo de exterminio de Treblinka, fueron asesinadas entre finales de julio de 1942 y mediados de octubre de 1943, el plazo en que estuvo en funcionamiento, entre 870.000 y 925.000 personas, según los dos principales museos del Holocausto. Ajustando las fechas, suponen entre 1.916 y 2.037 asesinatos diarios. Cada día. Uno tras otro. Sin parar. Es ocioso decir que no lo cometieron solos Eber, Stangl y Franz, sus sucesivos comandantes. La mayoría de los oficiales, suboficiales y clases de tropa de las SS y los auxiliares, en su mayoría ucranianos y polacos, que actuaron en campos de la Operación Reinhard (Belzec, Sobibor y Treblinka) nunca fueron llevados a juicio. Esos tres campos de exterminio son comparativamente los peores mataderos de la historia: en ellos fueron asesinados (fundamentalmente en las cámaras de gas) 1,7 millones de personas, en su inmensa mayoría judíos. Hubo solo alrededor de 120 sobrevivientes. Y además Auschwitz, Majdanek, los asesinatos en masa en el Este, las muertes en los guetos…

En virtud de ambos recuerdos, esta es la última relación de criminales de guerra nazis más relevantes elaborada, a fecha de 2016, por el Centro Simon Wiesenthal. Varios de ellos están localizados e incluso ha habido intentos de llevarlos ante la justicia:

1. Helma Kissner. De 92 años, y pendiente de proceso, sirvió como operadora de radio en Auschwitz. Acusada de complicidad en 260.000 asesinatos.

2. Helmut Oberlander, de 93. Sirvió en el Einsatzkommando 10A, parte del Einstazgruppe D, que asesinó a unos 23.000 judíos.

3. Hubert Zafke, de 94 años. Médico en Auschwitz durante 1943 y 1944. Complicidad en 3.681 asesinatos.

4. Alfred Stark, de 93. Participó en el asesinato masivo en septiembre de 1943 de 120 oficiales italianos en la isla griega de Cefalonia.

5. Helmut Rasbol, de 91 En 1942 y 1943 sirvió como guardia en el gueto de Bobruisk, en Bielorrusia. Casi todos internos del campo fueron ejecutados o murieron.

6. Aksel Andersen. El mismo caso del anterior.

7. Johann Robert Riss, de 93. Participó en el asesinato de 184 civiles en Padule di Fucecchio (Italia) el 23 de agosto de 1944.

8. Algimantas Dailide, de 96. Sirvió en la Saugumas (la policía de seguridad lituana) en Vilna. Arrestó a judíos y polacos ejecutados por los nazis y sus colaboradores en Lituania.

9. Jakob Palij, de 93. Fue guardia en el campo de Trawniki, de donde salieron muchos de los auxiliares que actuaron en los campos de la Operación Reinhard.

En diciembre pasado, el centro listó otros ocho casos: cinco miembros del Einsatzgruppe A, cuya zona de actuación fueron los Estados del Báltico, (identificados como Alfreds B., Anton K., Rudolf L, Andreas L. y Siegfried R.) y otros tres de Einsatzgruppe C, que actuó en Ucrania (Kurt. G., Karl o Wilhem H. y Herbert W.).

¿Merece la pena seguir persiguiendo a estos ancianos? Responde en el mismo texto el autor del informe, Efraim Zuroff, quien coordina las investigaciones del centro sobre criminales de guerra nazis en todo el mundo: "Durante los últimos 15 años, se han logrado al menos 103 condenas contra criminales de guerra nazis, se han presentado al menos 102 nuevas acusaciones y se han abierto más de 3.600 nuevas investigaciones. Pese a la premisa de que es demasiado tarde para llevar a los asesinos nazis a la justicia, las cifras demuestran claramente lo contrario”.

Fuente: El País

Varias sentencias judiciales obligan al progenitor a seguir ayudando a mantener a hijos mayores de edad y con estudios debido a la crisis económica

La crisis, aseguran varios despachos de abogados de familia, ha multiplicado las demandas de padres e hijos que se denuncian entre sí alegando, los primeros, que al quedarse en paro o haberles recortado el sueldo no son capaces de pagar la pensión alimentaria fijada tras el divorcio, y, los segundos, que la tasa de desempleo juvenil en España —la segunda más alta de Europa, solo por detrás de Grecia— les impide encontrar un trabajo para valerse por sí mismos. En el último año varias sentencias han obligado a padres divorciados a seguir pagando esa pensión a hijos de incluso 30 años debido a la complicada situación económica.

El Código Civil no especifica una edad máxima para que un hijo siga recibiendo dinero de su progenitor. Sí establece las causas que eximen del pago de esa pensión: que el padre carezca de ingresos suficientes; que el hijo pueda ejercer un oficio que le garantice la subsistencia o que su falta de ingresos provenga de “mala conducta o falta de aplicación al trabajo”.

“Lo normal era que esa pensión se extinguiera cuando el hijo finalizaba sus estudios, con una prórroga hasta que encontrara trabajo, 26 años máximo”, explica Ana Sáiz, de Aba Abogadas. En ese sentido, una muy citada sentencia del Tribunal Supremo de 2001 denegó la pensión alimentaria a dos hermanas de 26 y 29 años, licenciadas en Derecho y Farmacia, alegando que mantenerla “sería favorecer una situación pasiva de lucha por la vida que podría llegar a suponer un parasitismo social”.

Pero el mismo Tribunal Supremo acumula este año varias sentencias sobre la obligación del progenitor de seguir pagando una pensión a hijos mayores de edad. Así, el pasado 12 de julio obligó a un padre a volver a pagar a su hija una pensión alimentaria porque, pese a tener 27 años y una titulación profesional (maestra de educación especial), carecía de trabajo e ingresos suficientes para ser independiente. Otra sentencia del pasado enero recordaba la obligatoriedad de pagar esa pensión cuando la situación de dependencia “no es imputable” al hijo. Por ejemplo, cuando no encuentra trabajo porque la crisis ha disparado el paro... sigue.
Fuente: El País.