La imagen alegre de esta República, que llenó de ilusión a los pueblos de España, ha sido sistemática y planificadamente borrada del imaginario histórico por los publicistas franquistas y sus epígonos contemporáneos, imagen que pretenden sustituir por la azarosa y violenta de los últimos meses de la República, cuando el terrorismo de los pistoleros falangistas desestabilizaba al gobierno legítimo surgido de las urnas en febrero de 1936.
En la primavera de hace 80 años empezaron a ponerse las bases para elaborar una de las constituciones más avanzadas de su tiempo: libertad de pensamiento, derechos de la mujer, separación Iglesia-Estado, educación pública laica y gratuita... El gobierno provisional de la República tuvo que enfrentarse a numerosos problemas. España era en los albores de la década de los 1930 un país predominantemente agrario, con enormes desigualdades en la propiedad de la tierra, con industria escasa y muy concentrada en pocas zonas, con enormes tasas de analfabetismo, con una inadecuada e ineficaz organización del Estado, corroída por la oligarquía y el caciquismo. Durante el primer bienio, el gobierno de Azaña impulsó un moderado programa de reformas: incremento de los gastos en educación, dignificación del magisterio, proyecto de reforma agraria, descentralización del Estado (Estatuto de Cataluña), modernización del ejército, educación popular (Misiones Pedagógicas) ...
Pero, como todos sabemos, la República sucumbió ante una sublevación militar reaccionaria apoyada por las potencias fascistas. Derrotada la España republicana –abandonada por las democracias occidentales– una feroz represión se abatió sobre los vencidos. Arrojado medio millón de personas al exilio en condiciones lastimosas, España se convirtió en una inmensa cárcel, sobre la cual los vencedores se aprestaron a edificar un Nuevo Estado, inspirado tanto en los totalitarismos alemán e italiano como en los ecos de la España imperial de varios siglos atrás. Fueron derogadas las leyes republicanas que habían intentado tímidamente modernizar las arcaicas estructuras sociales y mentales del país, desde la Reforma Agraria hasta la Ley de Divorcio, incluyendo los estatutos de autonomía y las normas que hacían posible la coeducación en las escuelas. Fue prohibido el uso público del catalán, del euskera y del gallego. Se disolvieron los partidos de izquierda y se persiguió y castigó a sus miembros, y lo mismo se hizo con masones y protestantes. Porque el afán destructor del Nuevo Estado no se limitó a las instituciones republicanas, sino que se pretendió eliminar de nuestra Historia a la democracia, al parlamentarismo, a la Ilustración y a todas las demás señas de modernidad características de nuestra civilización europea.
La resistencia al franquismo existió de una u otra forma hasta la muerte del dictador, pero no fue lo suficientemente fuerte como para derrocarlo, aunque sí lo fue para evitar la perpetuación pura y simple del ominoso régimen. El resultado de la compleja y nada modélica Transición ha sido una monarquía parlamentaria en la que, bajo formas democráticas, lo esencial de los resortes del poder sigue residiendo en las clases y grupos sociales que se aprovecharon del franquismo.
Aparentemente, los pueblos de España están hoy alienados y embrutecidos por el fútbol y la televisión basura. Pero bajo esa apariencia de completa sumisión existe una creciente indignación ante las penalidades económicas, las dificultades para encontrar trabajo, la corrupción dominante y el desmantelamiento de nuestro raquítico “estado del bienestar”... Leer todo aquí. Guillermo Lusa. Profesor universitario. Associació Sabadell per la República.
Octagésimo aniversario de la II República española: el tiempo de los derechos.
La actuación del primer Gobierno de la Segunda República española, presidido por un terrateniente católico e integrado por ocho liberales moderados y tres socialistas, se encaminó desde el primer momento a asegurar el desarrollo constitucional y a adoptar medidas de emergencia para paliar los efectos de una crisis económica agravada por la inepta política de la dictadura del general Primo de Rivera.
Un Gobierno de predominio liberal no dudó entonces en publicar medidas de intervención, como las leyes de términos municipales, de laboreo forzoso, de prórroga de arrendamientos y de asentamientos colectivos, o la implantación de la jornada de ocho horas para los jornaleros.
Como dijo Azaña, “la obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal”, pero en las cuestiones económicas, por muy liberal que se fuese, era necesario intervenir para hacer frente a las consecuencias de la crisis mundial, en unos momentos de paro y de conflicto, en especial en la agricultura. “Con socialistas ni sin socialistas ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente...
En el campo, por ejemplo, se acabó con la relación tradicional de fuerzas que permitía a los propietarios, con la colaboración de los funcionarios, de la Guardia Civil y de los jueces, desvirtuar o neutralizar las leyes reformistas que se publicaban en los años de la monarquía (que haberlas las hubo, aunque sus consecuencias fuesen escasas). Al comienzo, los propietarios vieron la llegada del nuevo régimen con tranquilidad, puesto que estaban acostumbrados a que cambiasen los gobiernos en Madrid, mientras seguían controlando su entorno local. Comenzaron a alarmarse cuando vieron que los campesinos se organizaban para reivindicar sus derechos sin que la Guardia Civil se lo impidiera, como en el pasado; fue así como los jornaleros pudieron mejorar sus salarios y sus condiciones de vida.
Que esa política fuese acertada lo demostró que sirviera para evitar la extensión a España de la crisis económica mundial. Los índices económicos españoles de estos años muestran descensos moderados o estabilidad. La renta nacional creció y las mejoras salariales, consecuencia de la libertad de acción sindical, permitieron aumentar la capacidad de consumo de la población, generando un crecimiento interior desligado de la coyuntura internacional. Nada hubo en España que se pareciera al desastre de la gran recesión en Estados Unidos o en Alemania. Cuál fue la actitud de las derechas españolas hacia estos cambios lo muestra todavía un libro publicado en 1998 –e insisto en la fecha para que no se crea que se trata de un panfleto de la Guerra Civil– en el que cuando se enumeran las razones que movieron a Pedro Sainz Rodríguez a colaborar con la insurrección fascista, se nos da esta descripción de los horrores de la República: “Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado...”. O sea, el bolchevismo.
Por eso, cuando las derechas llegaron al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: recortaron los salarios (en Córdoba, el de la recogida de las aceitunas bajó de 6,50 a 5,75), se suspendieron las reuniones de los jurados mixtos y las leyes de términos y de laboreo forzoso se infringieron impunemente. Los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, expulsándolos de los lugares en los que trabajaban y negándoles la contratación como jornaleros...
La izquierda aceptó su derrota en las urnas en el 33; la derecha no lo hizo en el 36
Nadie ha expresado mejor que Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, lo que vino a significar, como una profunda ruptura en la historia española, la actuación del Gobierno provisional de 1931: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.
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