Primero los gobiernos les crearon las condiciones para que financiaran una burbuja de crédito sin precedentes y con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes de suelo para que los promotores les pidieran préstamos que financiaran construcciones en todas las esquinas de España, que irían quedándose vacías y sin vender cada vez en mayor número. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas y desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio o residencia.
Solo de 2000 a 2007, los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y por 9 el dirigido a la actividad inmobiliaria. Y eso que cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros.
No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas.
Pero no contentos con obtener beneficios normales, los bancos utilizaron a sus tasadores para aumentar artificialmente los activos sobre los cuales iban a dar créditos, para así generar más deuda y cobrar comisiones más suculentas y recurrieron a todo tipo de prácticas comerciales predatorias para fomentar el consumo: manejaban a su antojo los índices de referencia, incluían la abusiva cláusula que autoriza al banco a vender el piso en subasta notarial si se produce el impago de la deuda, reclamaban importes elevadísimos por cuentas que creían canceladas, cobraban comisiones leoninas (más que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, giraban una y otra vez un recibo inatendido por el cliente generando múltiples gastos de reclamación por una misma deuda, embargaban saldos en cuentas corrientes sin respetar lo establecido en la ley... hasta cuatro folios me ocupa el listado de malas prácticas que han recopilado las asociaciones de usuarios, es imposible consignarlas todas aquí. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de entre 12.000 y 15.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, etc.
Mientras sucedía todo esto, las autoridades dejaron hacer, consintieron las tropelías bancarias y permitieron que se inflase la burbuja sin cesar, haciendo oídos sordos a todas las advertencias.
El actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía en 2003: "no existe una 'burbuja inmobiliaria' (...) el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía de ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país y en el que trabajan cerca de un millón de personas" (El Mundo 2 de octubre de 2003).
Y el más tarde Ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmaría que quienes auguraban el riesgo de recesión por esa causa "no saben nada de economía" (El País, 11 de febrero de 2008).
Los dirigentes de uno y otro partido negaban lo que hiciera falta, por muy evidente que fuese para el resto de los españoles, con tal de dejar que los banqueros y los grandes empresarios de la construcción literalmente se forraran a costa de todos los españoles.
El gobernador del Banco de España que había colocado el PP, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores que en 2006 le señalaban formalmente que no se hacía nada frente a un endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había declaración suya o más tarde de su sucesor, el socialista Férnandez, en la que no reclamasen moderación salarial y recortes de gasto social.
Pero gracias a todo ello, los bancos españoles se convirtieron en los más rentables del universo, justo, eso sí, en la misma medida en que situaban a nuestra economía entre las más vulnerables.
Cuando estalló la burbuja y ya no se iba a poder disimular lo que había pasado, el inmenso negocio que los bancos habían hecho a costa de la deuda, todos consintieron en disimular.
Permitieron que los bancos declarasen en balance los activos dañados a precios de adquisición siendo cómplices así de un engaño descomunal que hirió de muerte la credibilidad de nuestra economía porque, por mucho que Zapatero dijese en septiembre de 2008 -como le dictaban Botín y compañía- que el sistema financiero español era "el más sólido del mundo", los inversores y prestamistas internacionales sabían lo que de verdad había hecho la banca española.
Los dos grandes partidos, a los que se suman los de los nacionalistas de derechas de Cataluña y el País Vasco, colocaron en las cajas de ahorros a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías provinciales que alentó la especulación, extendió la corrupción y que comenzó a llevar al desastre a la gran mayoría de las entidades, al convertirlas en clones de los bancos privados, sin tener capacidad real ni naturaleza legal para serlo.
Y para facilitar la recuperación de los bancos mas grandes y dejarles a ellos todo el mercado consensuaron la ley de cajas que las llevaba a su bancarización forzada, para provocar cuanto antes su caída y el reforzamiento por esa vía de los bancos más grandes... Leer todo aquí en Público, por Juan Torres.
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