Soy el hijo de una persona considerada gran dependiente. Cualquier cuidado para este tipo de pacientes es escaso. Hace un tiempo tomamos la difícil —y siempre cuestionada— decisión de ingresarla en una residencia especializada en el cuidado de personas con la enfermedad de Alzheimer. Centro de titularidad pública pero, sorpresa, de gestión privada; es decir, el día a día, el tratamiento y la atención de estas personas depende de una empresa privada. Por cierto, no sé de ninguna residencia en la Comunidad Autónoma en la que resido que sea de verdad pública.
¿Qué creen que buscará una empresa privada? ¿Proporcionar los mejores cuidados a personas completamente vulnerables u obtener beneficios?
Hay que dejar de jugar y de mercadear con la salud y la vida de los ciudadanos.— BORJA IBÁÑEZ CÁRCAMO Logroño 11 JUL 2014 -
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