En este comentario no pretendo hacer un análisis exhaustivo de este problema. Sólo pretendo mostrar que no se podrá resolver mientras el mercado siga siendo el mecanismo principal que determine el número, el tipo y el precio de las viviendas que se construyen.
Cuando se asume este último principio, la provisión a través del mercado, siempre se dice lo mismo: hay población sin acceso a la vivienda por un problema de oferta; es decir, porque no hay suficientes en el mercado. La solución, entonces, es seguir construyendo.
Es curioso que se mantenga esa tesis porque los datos no muestran que eso sea exactamente lo que ocurre.
Según los últimos datos disponibles, en España hay 26,9 millones de viviendas. Puesto que el número de hogares es de 19,2 millones, resulta que hay casi 1,5 viviendas por cada familia u hogar. Con edades entre 20 y 30 años (el grupo de población con mayor porcentaje de preocupación por carecer de vivienda), hay 4,9 millones y, al mismo tiempo, 3,8 millones de viviendas vacías. Y el Banco de España afirma que es preciso construir 600.000 viviendas cuando en 2023 se acumulaban en nuestro país 447.691 sin estrenar; es decir, construidas, pero sin haber encontrado quien las comprara.
Ya sé que acabo de dar datos generales y que hacer medias en estos casos puede inducir a conclusiones equivocadas. Sin embargo, los que acabamos de ver me parecen válidos para demostrar que, si se quiere resolver el problema del casi imposible acceso a la vivienda de cada vez más personas, no basta con construir más. ¿Quién garantiza que, si se construyesen las 600.000 viviendas nuevas que reclama el Banco de España, iban a ser habitadas por las personas que las necesitan?
El problema del acceso a la vivienda no es que haya insuficiente número de ellas o, ni siquiera, que no se encuentren en donde desea o necesite vivir la gente que no la tiene.
Para acceder hoy día a una vivienda no sólo basta con que haya suficientes en el mercado sino, además y sobre todo, disponer de ingresos suficientes para comprarlas o alquilarlas. Y eso no depende, como se quiere hacer creer, de que se construyan más a través del mercado, por una sencilla razón: este no proporciona viviendas a quien las necesita, sino a quien tenga dinero para comprarlas. La prueba evidente es que, mientras que millones de españoles no pueden acceder a la vivienda, el fondo de inversión Blackstone es propietario de 30.000. De hecho, como bien ha dicho Alejandro Inurrieta, quien más dificulta que se tomen las medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda en España son los grupos de presión de los fondos de inversión y de los multipropietarios de viviendas de alquiler.
La dificultad para acceder a la vivienda es un problema producido porque se ha permitido e incentivado que la vivienda deje de ser una mercancía que satisface una necesidad de habitación cuyo precio, como el de todos los bienes de consumo, tiende a decrecer. Por el contrario, se ha convertido en un activo financiero en el cual se invierte especulativamente porque se puede hacer que su precio aumente sin cesar o, últimamente, en un bien de capital para desarrollar negocios turísticos.
El uso social y económico de la vivienda se ha desnaturalizado y esto es lo que realmente origina la dificultad o falta de acceso a su propiedad o alquiler. Como activo financiero, interesa que su precio suba constantemente y quienes operan en esos mercados hacen todo lo posible para que así sea. En una carta a sus accionistas del pasado mes de febrero, el fondo Blackstone reconocía que le conviene que haya escasez de viviendas porque su estrategia es que suban sus precios.
La presencia cada más intensa en el mercado de viviendas de este fondo y de otros con sus mismos objetivos y modos de actuación comienza a impedir que hasta las más asequibles lleguen a manos de quienes, con menor ingreso, las necesitan. No sólo están aumentando su presencia como compradores de ese tipo de viviendas, sino también en el mercado de alquiler. Acaparan y hacen que aumente el precio utilizando para ello la Inteligencia Artificial o, simplemente, el poder para marcar las referencias de todas las operaciones inmobiliarias que les da su enorme número de propiedades.
Es verdad que no se construye un número suficiente de viviendas sociales y accesibles para la población de menor ingreso, pero el problema ni empieza ni acaba aquí. Ha sido la conversión de la vivienda en activo financiero lo que genera el conjunto complejo de factores que las están haciendo inasequibles para tantas personas: la especulación inmobiliaria, el alza de precios y su desajuste con los sueldos y salarios, o el aumento de los costes hipotecarios. Y, todo ello, unido a la mayor precariedad laboral y al incremento de la desigualdad que reduce el poder adquisitivo de la mayoría mientras da capacidad ilimitada de compra a una exigua minoría que acapara los mercados.
Lo que se está padeciendo es la consecuencia de dejar que sea el mercado quien decida cuántas viviendas construir y a qué precio. Y, ante eso, no caben soluciones parciales, ni simplistas.
Son necesarias actuaciones globales, de conjunto, que ataquen todas las causas del problema y, sobre todo, que se basen en un principio operativo básico y esencial: la vivienda es un bien público destinado a satisfacer una necesidad social y no un activo financiero con el que se comercia con el único fin de obtener provecho. Hay que aumentar, desde luego, la construcción de nuevas viviendas asequibles, fomentar el alquiler, controlar los precios o establecer que el pago para acceder a ella no supere un determinado porcentaje del ingreso. Sin duda alguna. Pero si no se parte de asumir, respetar y poner en práctica ese principio no se podrá conseguir nunca que las viviendas asequibles que se construyan sean habitadas finalmente por quienes realmente las necesitan.
Dicho de otra manera, sólo dejando a un lado al mercado y pasando a considerar a la vivienda como un bien público cuya provisión debe quedar asegurada a todas las personas que la necesiten se puede dar cumplimiento al artículo 47 de nuestra Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
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