Fuentes: El diario
De Trump a Milei y Le Pen, la extrema derecha cuestiona la existencia de la prensa pública, a la que acusa de “ideologizada” y “woke”; los ultras visten de lucha contra el discurso hegemónico su ataque a la libertad y el derecho a la información
En un viaje del presidente de EEUU en el Air Force One, una periodista le pregunta sobre la designación de Antifa como organización terrorista. “¿De qué medio eres?”, inquiere él. NPR (National Public Radio), dice ella, tras lo cual Trump pregunta burlón a su secretaria de prensa: “¿Todavía están aquí?”. La periodista insiste en su pregunta sobre Antifa. Él sonríe: “¿Tienen algo que ver con tu medio?”.
El desprecio de Trump por el periodismo forma parte de su marca personal, pero no es una característica singular. La extrema derecha encuentra en los medios de comunicación en general –y los públicos en particular– un enemigo al que combatir con todas las estrategias posibles: desde el ataque y la descalificación verbal hasta los castigos económicos, de la censura ejercida a través de leyes y órganos de control a la apropiación de esos medios públicos para convertirlos en simples canales de difusión de su discurso.
“Por su apego a la tradición, a principios religiosos, al statu quo, los partidos de derechas se han colocado contra los ámbitos capaces de instalar la duda, el cuestionamiento y la crítica”, explica Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Entre estos enemigos históricos –la intelectualidad, la ciencia, el arte– emerge la figura de los comunicadores, “la referencia más visible en la tarea de objetar injusticias, ofrecer alternativas y habilitar otros puntos de vista”, señala Cuesta.
No es casualidad que figuras como Javier Milei, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Marine Le Pen o el propio Santiago Abascal en España pongan a la prensa constantemente en la diana: “Atacarla supone, por un lado, deslegitimar a uno de los agentes clave en la democratización de los saberes y, por otro, disciplinar a todo aquel que ose disputar sentidos que pongan en riesgo sus valores”, resume la experta.
¿Y por qué poner el foco en los medios públicos? “Porque es una forma de sembrar la desorientación, la falta de referencias, el descreimiento en el valor epistémico de la opinión pública”, dice Cuesta. Y de reconocer la información como un derecho. “La ultraderecha, aliada hoy de un ecosistema tecnológico hipermediatizado, ofrece argumentos simples, chivos expiatorios, narrativas conspiranoicas…”, todo lo contrario de lo que representan los medios de comunicación entendidos como un servicio público.
La posición de la ultraderecha española encaja de lleno en esta estrategia de descrédito: por un lado, señalar el gasto que supone y cuestionar el servicio público; y por otro, las acusaciones de manipulaciones y sesgos. En la última comisión de RTVE en el Congreso, el diputado de Vox resumió así su plan si llegan al Gobierno: “Solo tendremos una duda, y es si entramos con motosierra o con lanzallamas”.
De hecho, si los ataques a la prensa vienen de lejos, lo que ha cambiado es la ferocidad de la agresión, que desoye las limitaciones y equilibrios del juego democrático. Además, las nuevas derechas radicales no solo operan –muy eficientemente– a nivel local, sino que tienen una proyección globalista, como muestra el reciente caso de la BBC, que ha sufrido la dimisión de sus dos líderes editoriales después de las críticas de la Casa Blanca a una información relacionada con el asalto al Capitolio y el papel de Donald Trump ese día.
Reino Unido: ataque a un referente periodístico
El de la BBC es un caso único por su alcance internacional y sus detalladas reglas sobre autonomía e imparcialidad: es el medio en que más confía el público en el Reino Unido y en Estados Unidos.
Su papel en la vida pública es tal que hasta las voces de la extrema derecha dependen de la radiotelevisión pública. Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha Reform, es uno de los políticos más entrevistados pese a su mínima representación parlamentaria, e incluso era tertuliano habitual de la cadena. Ahora Farage apoya los ataques de Trump y hace campaña contra el canon que pagan los televidentes a la BBC para su financiación.
El Partido Conservador no se ha atrevido a una propuesta tan explícita, pero ha empujado las críticas en la Cámara de los Comunes y dentro de la propia corporación pública por lo que llama sesgos de izquierdas en la cobertura de la guerra de Gaza, los derechos trans, la historia del colonialismo o las elecciones de Estados Unidos.
En un viaje del presidente de EEUU en el Air Force One, una periodista le pregunta sobre la designación de Antifa como organización terrorista. “¿De qué medio eres?”, inquiere él. NPR (National Public Radio), dice ella, tras lo cual Trump pregunta burlón a su secretaria de prensa: “¿Todavía están aquí?”. La periodista insiste en su pregunta sobre Antifa. Él sonríe: “¿Tienen algo que ver con tu medio?”.
El desprecio de Trump por el periodismo forma parte de su marca personal, pero no es una característica singular. La extrema derecha encuentra en los medios de comunicación en general –y los públicos en particular– un enemigo al que combatir con todas las estrategias posibles: desde el ataque y la descalificación verbal hasta los castigos económicos, de la censura ejercida a través de leyes y órganos de control a la apropiación de esos medios públicos para convertirlos en simples canales de difusión de su discurso.
“Por su apego a la tradición, a principios religiosos, al statu quo, los partidos de derechas se han colocado contra los ámbitos capaces de instalar la duda, el cuestionamiento y la crítica”, explica Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Entre estos enemigos históricos –la intelectualidad, la ciencia, el arte– emerge la figura de los comunicadores, “la referencia más visible en la tarea de objetar injusticias, ofrecer alternativas y habilitar otros puntos de vista”, señala Cuesta.
No es casualidad que figuras como Javier Milei, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Marine Le Pen o el propio Santiago Abascal en España pongan a la prensa constantemente en la diana: “Atacarla supone, por un lado, deslegitimar a uno de los agentes clave en la democratización de los saberes y, por otro, disciplinar a todo aquel que ose disputar sentidos que pongan en riesgo sus valores”, resume la experta.
¿Y por qué poner el foco en los medios públicos? “Porque es una forma de sembrar la desorientación, la falta de referencias, el descreimiento en el valor epistémico de la opinión pública”, dice Cuesta. Y de reconocer la información como un derecho. “La ultraderecha, aliada hoy de un ecosistema tecnológico hipermediatizado, ofrece argumentos simples, chivos expiatorios, narrativas conspiranoicas…”, todo lo contrario de lo que representan los medios de comunicación entendidos como un servicio público.
La posición de la ultraderecha española encaja de lleno en esta estrategia de descrédito: por un lado, señalar el gasto que supone y cuestionar el servicio público; y por otro, las acusaciones de manipulaciones y sesgos. En la última comisión de RTVE en el Congreso, el diputado de Vox resumió así su plan si llegan al Gobierno: “Solo tendremos una duda, y es si entramos con motosierra o con lanzallamas”.
De hecho, si los ataques a la prensa vienen de lejos, lo que ha cambiado es la ferocidad de la agresión, que desoye las limitaciones y equilibrios del juego democrático. Además, las nuevas derechas radicales no solo operan –muy eficientemente– a nivel local, sino que tienen una proyección globalista, como muestra el reciente caso de la BBC, que ha sufrido la dimisión de sus dos líderes editoriales después de las críticas de la Casa Blanca a una información relacionada con el asalto al Capitolio y el papel de Donald Trump ese día.
Reino Unido: ataque a un referente periodístico
El de la BBC es un caso único por su alcance internacional y sus detalladas reglas sobre autonomía e imparcialidad: es el medio en que más confía el público en el Reino Unido y en Estados Unidos.
Su papel en la vida pública es tal que hasta las voces de la extrema derecha dependen de la radiotelevisión pública. Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha Reform, es uno de los políticos más entrevistados pese a su mínima representación parlamentaria, e incluso era tertuliano habitual de la cadena. Ahora Farage apoya los ataques de Trump y hace campaña contra el canon que pagan los televidentes a la BBC para su financiación.
El Partido Conservador no se ha atrevido a una propuesta tan explícita, pero ha empujado las críticas en la Cámara de los Comunes y dentro de la propia corporación pública por lo que llama sesgos de izquierdas en la cobertura de la guerra de Gaza, los derechos trans, la historia del colonialismo o las elecciones de Estados Unidos.
Los Estados Unidos y los recortes de Donald Trump
Son “monstruos”, son la “izquierda radical” que “tanto daño ha hecho” a Estados Unidos. Así hablaba el presidente de EEUU, Donald Trump, de la televisión y la radio públicas, PBS y NPR, al poco de regresar a la Casa Blanca. Y no solo eso. Además de los insultos, Trump llegó con un recorte de 1.100 millones de dólares que ha dejado a ambas empresas en mínimos y amenazando la existencia de 330 emisoras asociadas locales de PBS y 246 de NPR.
Además, Trump ha ordenado grandes recortes a Voice of America, la veterana emisora de radio, símbolo de la Segunda Guerra Mundial que se mantuvo durante la Guerra Fría para trasladar los mensajes de EEUU. En marzo, firmó un decreto que instaba a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales a reducir sus “funciones legales y el personal asociado al mínimo indispensable por ley”. Un día después, Voice of America dejó de emitir por primera vez en 83 años y suspendió temporalmente a casi todos sus empleados a tiempo completo.
Milei, privatizaciones y las ‘fuerzas del cielo’
La motosierra de Javier Milei se activó contra la prensa pública ni bien llegó a la Casa Rosada. El primer mensaje fue contundente: cerrar la agencia pública de noticias argentina, Télam, fundada en 1945 y la más importante de América latina. Más de 300 despidos y un mantra: “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Los comunicadores se han convertido en una fijación para el presidente. “Milei tiene una especie de ejército en el mundo digital a las órdenes de Santiago Caputo (una de las personas con más influencia en el mandatario). Hay una parte más orgánica dentro de la Casa de Gobierno, pero lo más fuerte es la parte inorgánica, lo que ellos llaman ‘las fuerzas del cielo’, que son diferentes tuiteros, un streaming que se llama Carajo y también el señalado como ‘documentalista’ de Milei, Santiago Oria, que se dedican a escrachar a ciertos periodistas”, explica María O’Donnell, conductora de uno de los programas de radio más escuchados y blanco frecuente de estas campañas de desprestigio, muchas veces alimentadas con vídeos falsos creados con IA.
En cuanto a la televisión y la radio públicas, su destino desde el principio fue la privatización, dificultada hasta ahora por la falta de mayorías de La Libertad Avanza en el Congreso, pero que puede tomar un nuevo impulso a partir de la victoria en las pasadas legislativas. Los trabajadores de estos entes públicos se quejan del congelamiento de sus salarios y de censura. A cambio, nutre con la publicidad oficial que tanto denostó en campaña a medios ultras como La Derecha Diario, del español Javier Negre. En septiembre el presidente se indignó con su entonces portavoz y hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por permitir que se emitiera un programa sobre el derecho al aborto en el canal público. Adorni compaginaba su puesto con un programa de Youtube en el que se encargaba de desmentir supuestos bulos de la oposición.
Italia y su ‘Telemeloni’
Desde que la ultraderechista Giorgia Meloni asumió el poder en 2022, asociaciones periodísticas denuncian la creciente intromisión de su ejecutivo sobre la RAI, en una pugna para obtener mayor influencia ideológica sobre la radiotelevisión pública. ‘Telemeloni’ es el término que hoy usan muchos críticos para referirse a la cadena.
Este año Italia bajó tres puestos en el informe sobre libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, y la injerencia política sobre los medios públicos es una de las causas.
Periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati
El principal sindicato de periodistas del canal, Usigrai, ha acusado al Ejecutivo de usar la cadena como “megáfono” o correa de transmisión de las posturas del Gobierno. Y también de acallar voces críticas o incluso censurar contenidos por cuestiones ideológicas. En 2024, gran parte de periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati para el día de conmemoración de la liberación del fascismo.
El mes pasado estalló una bomba en el coche del periodista de investigación Sigfrido Ranucci. El director del programa Report, de la RAI, llevaba tiempo denunciando intentos de deslegitimación con duras críticas públicas, querellas judiciales o la reducción de tiempo de emisión de uno de los pocos espacios que indaga sobre corrupción, mafia o escándalos que implican al poder político.
Francia: la tele pública en la diana
En Francia, una información publicada por un medio de extrema derecha llamado L’Incorrect ha servido de disparador para una nueva campaña del entramado mediático del millonario Vincent Bolloré contra la radio y la televisión pública, a las que tacha de “ideologizadas” y “woke”.
En concreto, se trataba de un vídeo en el que se veía a los periodistas de opinión Thomas Legrand y Patrick Cohen, colaboradores habituales en France TV y en la matinal de la radio France Inter, en un restaurante comiendo con dirigentes del Partido Socialista. El periódico JDD, la radio Europe 1 y, sobre todo, la cadena de televisión CNEWS llenaron horas de antena y publicaron decenas de artículos. El presentador estrella de CNEWS, Pascal Praud, reivindicó las críticas como parte de una “batalla cultural”.
Marine Le Pen y su partido aprovecharon para reiterar su propuesta de desmantelar el ente público: “Su privatización permitiría a los franceses ahorrar 4.000 millones de euros al año”, lanzó la líder de Agrupación Nacional.
Su principal aliado en la Asamblea, Éric Ciotti, ha impulsado una comisión de investigación parlamentaria “sobre la neutralidad, el funcionamiento y la financiación del sector audiovisual público”, que comenzará en los próximos días.
Alemania: Alice contra el cánon
Los medios públicos también han sido uno de los blancos de la ultraderechista Alternativa para Alemania, a la que los sondeos de intención de voto sitúan ahora como primera fuerza. Algunos de sus dirigentes utilizan el término Staatsfunk (radiodifusión estatal) para sugerir que son órganos de propaganda del gobierno y los partidos tradicionales.
La líder ultra Alice Weidel ha acusado a las televisiones ARD y ZDF de sesgo contra su partido. “Son campañas mediáticas con dinero de los contribuyentes alemanes contra AfD”, afirmó tras los malos resultados en las elecciones en Brandeburgo, el año pasado. Lo dijo, irónicamente, en una entrevista con ARD.
Pero los ataques no se ciñen al plano discursivo. Una de las propuestas centrales del partido ultra es la eliminación del canon (que se conoce como Rundfunkbeitrag) que debe pagar cada vivienda para financiar el servicio público de radiotelevisión –actualmente de 18,36 euros al mes–. “Este aparato, estrechamente vinculado a los partidos establecidos en términos estructurales, personales y financieros, utiliza este poder de forma selectiva para influir en la opinión pública, llegando incluso a la manipulación (…) Debe reformarse profundamente, racionalizarse y desideologizarse”, reza el programa.
Polonia: la herencia ultra que no se borra
Los medios públicos se convirtieron en uno de los primeros objetivos del partido polaco Ley y Justicia (PiS) nada más llegar al poder. En 2016 se aprobó una ley que otorgó al Gobierno el control sobre la radio y la televisión públicas, y se creó el Consejo Nacional de Medios (RMN), que se sumó al ya existente organismo regulador de los medios (Consejo Nacional de Radiodifusión, KRRiT), que a su vez se llenó de fieles al partido ultraconservador.
La televisión pública TVP tradicionalmente se había inclinado hacia el partido en el poder, pero el PiS fue mucho más allá. Los informativos actuaron como altavoces del Gobierno, en ocasiones de manera descarada. Años después, un presentador llegó a disculparse con las personas LGTBI por el papel “vergonzoso” del canal en la difusión de “palabras de odio” contra el colectivo.
La huella del control ultra era tal que en 2023 el primer ministro liberal Donald Tusk puso en marcha una –también criticada– “limpieza”. Y acaba de presentar un proyecto de ley para “garantizar la despolitización de los medios públicos”. Pero la realidad es que, dos años después del cambio de Gobierno, el KRRiT continúa alineado con el ultraderechista PiS.
Hungría: compra medios y controlarás la información
Los 15 años en el poder del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán han transformado el panorama mediático húngaro: según Reporteros Sin Fronteras, gracias a maniobras políticas y económicas, y a la compra por parte de oligarcas con vínculos con el partido gobernante Fidesz, este controla el 80% de los medios. Así puede “moldear el discurso” y ejercer “presión sobre los medios no alineados con el Gobierno”, dice en su último informe el Instituto Reuters.
Poco después de que Fidesz llegara al poder en 2010, aprobó una legislación que recayó en un nuevo organismo de control: el Consejo de Medios, nombrado por un Parlamento de mayoría ultra. Se fusionaron todos los medios públicos en una sola corporación, con numerosos despidos –incluidas purgas de periodistas críticos–.
El resultado es una auténtica maquinaria propagandística gubernamental. Por ejemplo, antes de la victoria del Fidesz en las elecciones de 2018, periodistas de MTVA contaron cómo la cadena se centró en noticias negativas e incluso mentiras sobre refugiados e inmigrantes, vinculándolos con la delincuencia y el terrorismo, en línea con la retórica xenófoba del Gobierno.
Autor@s:
Natalia Chientaroli / Icíar Gutiérrez / Andrés Gil / María Ramírez / Amado Herrero / Joan Mas Autonell
Además, Trump ha ordenado grandes recortes a Voice of America, la veterana emisora de radio, símbolo de la Segunda Guerra Mundial que se mantuvo durante la Guerra Fría para trasladar los mensajes de EEUU. En marzo, firmó un decreto que instaba a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales a reducir sus “funciones legales y el personal asociado al mínimo indispensable por ley”. Un día después, Voice of America dejó de emitir por primera vez en 83 años y suspendió temporalmente a casi todos sus empleados a tiempo completo.
Milei, privatizaciones y las ‘fuerzas del cielo’
La motosierra de Javier Milei se activó contra la prensa pública ni bien llegó a la Casa Rosada. El primer mensaje fue contundente: cerrar la agencia pública de noticias argentina, Télam, fundada en 1945 y la más importante de América latina. Más de 300 despidos y un mantra: “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Los comunicadores se han convertido en una fijación para el presidente. “Milei tiene una especie de ejército en el mundo digital a las órdenes de Santiago Caputo (una de las personas con más influencia en el mandatario). Hay una parte más orgánica dentro de la Casa de Gobierno, pero lo más fuerte es la parte inorgánica, lo que ellos llaman ‘las fuerzas del cielo’, que son diferentes tuiteros, un streaming que se llama Carajo y también el señalado como ‘documentalista’ de Milei, Santiago Oria, que se dedican a escrachar a ciertos periodistas”, explica María O’Donnell, conductora de uno de los programas de radio más escuchados y blanco frecuente de estas campañas de desprestigio, muchas veces alimentadas con vídeos falsos creados con IA.
En cuanto a la televisión y la radio públicas, su destino desde el principio fue la privatización, dificultada hasta ahora por la falta de mayorías de La Libertad Avanza en el Congreso, pero que puede tomar un nuevo impulso a partir de la victoria en las pasadas legislativas. Los trabajadores de estos entes públicos se quejan del congelamiento de sus salarios y de censura. A cambio, nutre con la publicidad oficial que tanto denostó en campaña a medios ultras como La Derecha Diario, del español Javier Negre. En septiembre el presidente se indignó con su entonces portavoz y hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por permitir que se emitiera un programa sobre el derecho al aborto en el canal público. Adorni compaginaba su puesto con un programa de Youtube en el que se encargaba de desmentir supuestos bulos de la oposición.
Italia y su ‘Telemeloni’
Desde que la ultraderechista Giorgia Meloni asumió el poder en 2022, asociaciones periodísticas denuncian la creciente intromisión de su ejecutivo sobre la RAI, en una pugna para obtener mayor influencia ideológica sobre la radiotelevisión pública. ‘Telemeloni’ es el término que hoy usan muchos críticos para referirse a la cadena.
Este año Italia bajó tres puestos en el informe sobre libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, y la injerencia política sobre los medios públicos es una de las causas.
Periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati
El principal sindicato de periodistas del canal, Usigrai, ha acusado al Ejecutivo de usar la cadena como “megáfono” o correa de transmisión de las posturas del Gobierno. Y también de acallar voces críticas o incluso censurar contenidos por cuestiones ideológicas. En 2024, gran parte de periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati para el día de conmemoración de la liberación del fascismo.
El mes pasado estalló una bomba en el coche del periodista de investigación Sigfrido Ranucci. El director del programa Report, de la RAI, llevaba tiempo denunciando intentos de deslegitimación con duras críticas públicas, querellas judiciales o la reducción de tiempo de emisión de uno de los pocos espacios que indaga sobre corrupción, mafia o escándalos que implican al poder político.
Francia: la tele pública en la diana
En Francia, una información publicada por un medio de extrema derecha llamado L’Incorrect ha servido de disparador para una nueva campaña del entramado mediático del millonario Vincent Bolloré contra la radio y la televisión pública, a las que tacha de “ideologizadas” y “woke”.
En concreto, se trataba de un vídeo en el que se veía a los periodistas de opinión Thomas Legrand y Patrick Cohen, colaboradores habituales en France TV y en la matinal de la radio France Inter, en un restaurante comiendo con dirigentes del Partido Socialista. El periódico JDD, la radio Europe 1 y, sobre todo, la cadena de televisión CNEWS llenaron horas de antena y publicaron decenas de artículos. El presentador estrella de CNEWS, Pascal Praud, reivindicó las críticas como parte de una “batalla cultural”.
Marine Le Pen y su partido aprovecharon para reiterar su propuesta de desmantelar el ente público: “Su privatización permitiría a los franceses ahorrar 4.000 millones de euros al año”, lanzó la líder de Agrupación Nacional.
Su principal aliado en la Asamblea, Éric Ciotti, ha impulsado una comisión de investigación parlamentaria “sobre la neutralidad, el funcionamiento y la financiación del sector audiovisual público”, que comenzará en los próximos días.
Alemania: Alice contra el cánon
Los medios públicos también han sido uno de los blancos de la ultraderechista Alternativa para Alemania, a la que los sondeos de intención de voto sitúan ahora como primera fuerza. Algunos de sus dirigentes utilizan el término Staatsfunk (radiodifusión estatal) para sugerir que son órganos de propaganda del gobierno y los partidos tradicionales.
La líder ultra Alice Weidel ha acusado a las televisiones ARD y ZDF de sesgo contra su partido. “Son campañas mediáticas con dinero de los contribuyentes alemanes contra AfD”, afirmó tras los malos resultados en las elecciones en Brandeburgo, el año pasado. Lo dijo, irónicamente, en una entrevista con ARD.
Pero los ataques no se ciñen al plano discursivo. Una de las propuestas centrales del partido ultra es la eliminación del canon (que se conoce como Rundfunkbeitrag) que debe pagar cada vivienda para financiar el servicio público de radiotelevisión –actualmente de 18,36 euros al mes–. “Este aparato, estrechamente vinculado a los partidos establecidos en términos estructurales, personales y financieros, utiliza este poder de forma selectiva para influir en la opinión pública, llegando incluso a la manipulación (…) Debe reformarse profundamente, racionalizarse y desideologizarse”, reza el programa.
Polonia: la herencia ultra que no se borra
Los medios públicos se convirtieron en uno de los primeros objetivos del partido polaco Ley y Justicia (PiS) nada más llegar al poder. En 2016 se aprobó una ley que otorgó al Gobierno el control sobre la radio y la televisión públicas, y se creó el Consejo Nacional de Medios (RMN), que se sumó al ya existente organismo regulador de los medios (Consejo Nacional de Radiodifusión, KRRiT), que a su vez se llenó de fieles al partido ultraconservador.
La televisión pública TVP tradicionalmente se había inclinado hacia el partido en el poder, pero el PiS fue mucho más allá. Los informativos actuaron como altavoces del Gobierno, en ocasiones de manera descarada. Años después, un presentador llegó a disculparse con las personas LGTBI por el papel “vergonzoso” del canal en la difusión de “palabras de odio” contra el colectivo.
La huella del control ultra era tal que en 2023 el primer ministro liberal Donald Tusk puso en marcha una –también criticada– “limpieza”. Y acaba de presentar un proyecto de ley para “garantizar la despolitización de los medios públicos”. Pero la realidad es que, dos años después del cambio de Gobierno, el KRRiT continúa alineado con el ultraderechista PiS.
Hungría: compra medios y controlarás la información
Los 15 años en el poder del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán han transformado el panorama mediático húngaro: según Reporteros Sin Fronteras, gracias a maniobras políticas y económicas, y a la compra por parte de oligarcas con vínculos con el partido gobernante Fidesz, este controla el 80% de los medios. Así puede “moldear el discurso” y ejercer “presión sobre los medios no alineados con el Gobierno”, dice en su último informe el Instituto Reuters.
Poco después de que Fidesz llegara al poder en 2010, aprobó una legislación que recayó en un nuevo organismo de control: el Consejo de Medios, nombrado por un Parlamento de mayoría ultra. Se fusionaron todos los medios públicos en una sola corporación, con numerosos despidos –incluidas purgas de periodistas críticos–.
El resultado es una auténtica maquinaria propagandística gubernamental. Por ejemplo, antes de la victoria del Fidesz en las elecciones de 2018, periodistas de MTVA contaron cómo la cadena se centró en noticias negativas e incluso mentiras sobre refugiados e inmigrantes, vinculándolos con la delincuencia y el terrorismo, en línea con la retórica xenófoba del Gobierno.
Autor@s:
Natalia Chientaroli / Icíar Gutiérrez / Andrés Gil / María Ramírez / Amado Herrero / Joan Mas Autonell
Fuente:
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