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miércoles, 18 de marzo de 2020

Jamás. El fascismo no se puede resignificar.

Desmontaje de las placas en eel cementerio de La Almudena el pasado mes de noviembre.
Desmontaje de las placas en eel cementerio de La Almudena el pasado mes de noviembre. 

El término resignificación no está en el diccionario de la RAE. Aparecen otros, como mentir, manipular, falsear, blanquear, ofender, difamar o confundir, pero el alcalde de Madrid se ha apoyado en el primero para desmantelar el Memorial de la Almudena, un espacio que los descendientes de las víctimas del franquismo lograron levantar con muchísimo esfuerzo durante años tan largos que llegaron a parecer eternos.

He escrito víctimas del franquismo, y no de la guerra, porque los 2.963 fusilados cuyos nombres pretende borrar el alcalde y que muchos madrileños no olvidaremos jamás, fueron asesinados por el Estado franquista en tiempo de paz, entre 1939 y 1944.

Fueron procesados por una ley criminal —la de Responsabilidades Políticas, que permitía condenar a muerte a los simples militantes de los partidos del Frente Popular— y sentenciados en infames pantomimas que se autodenominaban consejos de guerra cuando ya, insisto, no había guerra.

¿De qué resignificación hablamos? ¿El Ayuntamiento va a certificar que se suicidaron, que murieron de gripe, que nunca existieron, que no llegaron a nacer?

Almeida pretende tapar sus nombres con una frase del presidente Azaña, que tuvo la suerte de morirse en Montauban el 3 de noviembre de 1940, mientras grupos de falangistas y agentes de la Gestapo merodeaban por los alrededores de su casa, al acecho de la oportunidad de detenerle y enviarle a España para que fuera fusilado. (1) ¿Eso también lo va a resignificar? ¿Va a poner las palabras paz, piedad, perdón, en sus aterrados labios de moribundo?

El fascismo no se puede resignificar. Un alcalde democrático debería saberlo, repudiar el crimen, el terror, la crueldad que significa, o dejar de llamarse a sí mismo democrático (2).

Notas..Las notas son del autor.

(1) Lo cual no es sólo una hipótesis. Fue la realidad de lo que le ocurrió al presidente de la Generalitat, Lluís Companys i Jover​ (Tarrós, 21 de junio de 1882-Barcelona, 15 de octubre de 1940). Quien fue raptado en Francia, traído a España, maltratado, torturado y en una infame pantomima de juicio fraudulento autodenominado consejo de guerra, cuando según ellos mismos ya no había guerra, y ejecutado, una vil actuación del franquismo.

(2) Demuestra una y otra vez que no cejan de la guerra civil y lamentablemente nos muestra su falta real de conciencia y comportamiento democrático. En muchos casos cometen fraude de Ley, pues recurren a la Ley de Memoria Histórica, para poner o mantener a personajes de la dictadura en calles y monumentos cuando la finalidad de la ley es la contraria.

Fuente: El País. Almudena Grandes

https://elpais.com/elpais/2020/02/23/opinion/1582471937_522991.html

domingo, 10 de junio de 2018

Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.

La última humillación se produjo esta semana en el Congreso en torno a la condecoración a Billy El Niño.

La sombra de Franco y su dictadura es alargada. No son suposiciones dichas a la ligera: los datos y, sobre todo, la historia que tanto quieren distorsionar, son quienes ponen a los populares frente a un espejo con sus mayores vergüenzas. Incluso, han sido los responsables de que la fundación dedicada al dictador haya recibido dinero público durante la época de Aznar. Tampoco les molesta que dicha institución disponga de documentación original secreta que corresponde al patrimonio público.

Once años, desde que se aprobara la llamada Ley de Memoria Histórica, en los que la humillación y los continuos obstáculos han sido la máxima del partido de Mariano Rajoy cuando ha tocado hablar de memoria histórica. Una ley descafeinada y nacida con la voluntad de mantener intacta las cloacas de de la transición. Fue sacada adelante con la oposición del PP y ERC, este último al considerar que no terminaba con el “sistema español de impunidad” de los años posteriores al fin de la dictadura.

El último episodio de humillación a las víctimas del franquismo sucedió esta semana, en la última intervención en el Congreso de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior, cuando se negó a retirar la condecoración a Billy El Niño. Luego, en el debate de la moción de censura, el que se rio fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.

2008

Muchos han acabado por creerse sus propias mentiras. Otros, directamente, son puros negacionistas de los horrores del franquismo. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en octubre de 2007, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en el gobierno de Aznar, definió de “extraordinaria placidez” los cuarenta años de dictadura. Afirmaba no sentir la necesidad de condenar nada porque “hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”.

Decía Mariano Rajoy en febrero de 2008, durante una entrevista a 20 minutos , que, si por él fuera, “eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado”. Unas declaraciones que no son frutos de una equivocación, sino que atienden a una idea clara de enterrar el pasado. Ese mismo año, tras la solicitud de Garzón de acceder a diversos archivos para elaborar un “censo” de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, Rajoy declaró no ser “partidario de abrir heridas del pasado, que no conducen a nada”.

Estas afirmaciones son totalmente entendibles teniendo en consideración la del resto de compañeros de partido. Durante un Congreso del PP de Madrid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , señaló que la gente de izquierdas son “unos carcas” porque están “todo el día pensando en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no se quién”. Años después se ha intentado retractar de dichas palabras poniendo como prueba que su abuelo también sufrió la represión.

No obstante, estas políticas no se han limitado a la esfera nacional. En Canarias , el PSOE se topó con CC y los populares para la aprobación de una PNL con la que elaborar un proyecto de exhumación de las fosas en las islas, que finalmente no salió adelante. El mismo sentido final el vivido en Valencia. El por entonces gobierno presidido por Rita Barberá promovió la construcción de más de mil nichos sobre una fosa común del franquismo. A pesar de que se paralizaron las obras tras ser denunciados los hechos, el Ayuntamiento apeló al TSJV, quien les otorgó nuevamente el permiso para continuar.

Ese año se cerró con la negativa del PP y del PSOE a una proposición de ley impulsada por ERC, que instaba a revisar la ley aprobada por Zapatero hacía casi doce meses.

2009

José Millán-Astray, general golpista, fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de Franco es “un coruñés de pro, de toda la vida”. Estas fueron las palabras esbozadas por el presidente provincial del PP de A Coruña, Carlos Negreira, en defensa a la estatua del militar que se pretendía retirar tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento sin el apoyo de los conservadores.

Por aquellos tiempos, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no era muy conocido para gran parte del país, salvo en Cataluña. Autoproclamados como la alternativa a la vieja política, lo cierto es que desde sus comienzos han compartido gran parte de su ideario. En junio de ese año, el grupo se abstuvo en la votación del proyecto de ley sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Albert Rivera expresó entonces que “para Ciudadanos, el texto que garantiza el derecho individual de las personas es correcto” pero veía peligroso que se utilizara esta ley “para hacer revisionismo político”. El Partido Popular, una vez más, votó en contra.

2011

Con Zapatero sobrepasado, se acabó por adelantar las elecciones. Rajoy se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno con mayoría absoluta y comenzaba así la crónica de una muerte anunciada para la Ley de Memoria Histórica. Ese 2011, el gobierno socialista –en funciones– consiguió colar in extremis subvenciones por valor de 5,6 millones de euros, destinados a 190 proyectos de recuperación y justicia. El año siguiente, el gobierno del PP enterró definitivamente una época sin acabar de nuestro país.

Los populares ya en aquel momento estaban más ocupados de hacer imposible la vida a familiares de las víctimas. En Poyales del Hoyo, municipio de la provincia de Ávila, el primer edil, Antonio Cerro, decidió dar por concluida la cesión de un espacio en el cementerio –que ellos mismos aprobaron en 2002– donde descansaban los restos mortales de tres mujeres del pueblo asesinadas por falangistas en 1936. Cerro aprovechó la coyuntura que se le presentó cuando un familiar reclamó los restos de su abuela para trasladar definitivamente todos los huesos a una fosa común.

2012

Con el Partido Popular ya asentado en las instituciones, los recortes no se hicieron esperar. En los PGE de 2012 se estableció la cantidad de 2,5 millones de euros “para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre”, lo que suponía un 60% menos que en el ejercicio anterior. A eso le acompañó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado para coordinar la exhumación de desaparecidos. Se acabó reubicando para su posterior caída en el olvido en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia.

2013

Por primera vez desde su aprobación, la Ley de Memoria Histórica se quedaba sin dotación presupuestaria . Fue el mismo año en que el diputado Rafael Hernando aseguraba en una tertulia que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Ahora, ya ni eso. Como había prometido años atrás Mariano Rajoy, ni un solo euro más se destinaría a recuperar los cuerpos de las víctimas.

Continuando con el camino que se habían marcado, en mayo los populares rehusaron condenar el franquismo en el Congreso . Izquierda Unida había llevado a la Cámara Baja convertir el 18 de julio, día del golpe de Estado, en jornada “oficial de condena de la dictadura”. Todos los grupos secundaron la propuesta salvo el PP, que votó en contra, y UPyD, que se abstuvo. Como justificación, el diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna espetó: “No podemos condenar a las nuevas generaciones al peso insoportable de la guerra civil. No aspiramos a una memoria unánime, aspiramos a una memoria para poder convivir”. Meses más tarde, mismo escenario y situación parecida. En esta ocasión, la proposición instaba a retirar los símbolos franquistas y la postura se repitió.

2014

Por si no hubiese sido poco las repetidas llamadas a la cordura desde España, entró en juego la Organización de Naciones Unidas. Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió un informe donde instaba al Ejecutivo a reparar el daño que la dictadura provocó. Como venía siendo habitual, el Partido Popular restó importancia al documento hasta el punto de ignorarlo.

Sin embargo, no era la primera vez –ni sería la última– que desde organismos internacionales se había dado un toque de atención al Gobierno. Ya en 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, dirigió a España una petición formal para la derogación de la Ley de Amnistía en nombre de la ONU, denunciando que incumplía la normativa internacional de Derechos Humanos. En 2017, Pablo de Greiff volvió a recordar a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

2015

“No hay fosas por descubrir”, dijeron ese año los populares, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, remataron. Fueron unas declaraciones pronunciadas en el Senado tras rechazar, otra vez, la concesión de fondos a la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura.

Otro rechazo, esta vez en Catalayud, fue el del PP y el PAR junto con la abstención de Ciudadanos, evitando que se retirase a Franco la medalla de oro de la ciudad. Preguntado por esto, Albert Rivera explicó que es el modus operandi de su partido en votaciones similares para así evitar “abrir un debate sobre la memoria histórica”.

No fue la única ocasión donde los conservadores azules se negaron a retirar viejas condecoraciones. El 18 de junio de 2015 el Partido Popular votó en el Congreso en contra de la PNL presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y José Antonio Primo de Rivera, entre otros.

En los municipios, por su parte, se respiraban nuevos aires. Era el año de los llamados gobiernos del cambio. Barcelona y Madrid estrenaban alcaldesas dispuestas a modificar el callejero de sus ciudades. Todos se mostraron partidarios de la iniciativa a excepción del grupo que entonces encabezada Esperanza Aguirre, quien no dudó en arremeter contra el ” sectarismo y revanchismo ” que decía suponer la medida .

2016

Ese año los nostálgicos del régimen de la dictadura e integrantes del partido que gobernaba se vieron para cenar y celebrar. En ese encuentro, un alto cargo del PP de Extremadura y dos alcaldes fueron premiados por honrar la memoria de Franco e incumplir la Ley de Memoria Histórica y defender al dictador. Un trabajo que han cumplido a rajatabla al oponerse de manera invariable a la retirada. En esta ocasión fue en el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular mostró su negativa contra la retirada de los honores a 13 personalidades del franquismo. “La Ley de Memoria Histórica es fratricida y debería de haberla derogado el PP”, dijo Esperanza Aguirre.

2017

Estaba en Costa de Marfil y parecía que hubiese sufrido una amnesia selectiva. Rajoy contó a los asistentes que no comprendía el cambio de nombre de la calle en la que llegó a vivir . Ese nombre era el de Salvador Moreno, partícipe del golpe militar de 1936 y, una vez acabada la guerra, ministro de la dictadura. Resulta entendible, por tanto, que su grupo parlamentario diera su “no” a una PNL –sin efectos jurídicos– que declaraba nulas las sentencias del franquismo. Una petición que también se vio con la negativa de ERC, reprochando al PSOE el momento y las formas. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo.

La que sí salió adelante fue la histórica Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que suponía una ampliación de la estatal y que, si bien no contó con ningún contrario, PP-A y Cs se abstuvieron. Estos últimos, porque “pone en cuestión” un periodo “sagrado” como la Transición, así como la Ley de Amnistía, que “se aprobó para perdonarnos”.

2018

Este año, el movimiento en torno a la memoria histórica está siendo notorio. En la capital se presentó la muestra No pasarán. Madrid 1936. Para sorpresa de nadie, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó que este acto buscaba la “división y el enfrentamiento”.

En la Comunidad, hasta hace unos días presidida por Cristina Cifuentes, el PP votó en contra de una iniciativa de Podemos que pedía a la justicia que investigue los crímenes franquistas. Ciudadanos, en cambio, optó una vez más por la abstención, hecho que no impidió que saliese adelante una PNL sin carácter legislativo.

A nivel estatal, ambas cámaras parlamentarias han acogido distintas propuestas legislativas. Por un lado, el Congreso ha visto frenado por el Gobierno la tramitación de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, proponía exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria. El motivo de dicha decisión atendió a razones presupuestarias que alcanzarían los 214 millones de euros, aseguraban. Mismo resultado obtuvo otra iniciativa dirigida a, entre otros puntos, investigar la Fundación Nacional Francisco Franco.

Las dos últimas grandes estocadas a la memoria de las víctimas se han producido en los últimos meses. La primera, el pasado 20 de marzo en el Congreso. PP, PSOE y Cs en bloque decidieron rechazar la reforma de la Ley de Amnistía para así abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. Una ley que ampara a franquistas acusados de torturas, como es el caso de Billy el Niño. La segunda, el pasado 24 de abril. El Pleno del Senado dio puerta, con el voto en contra del PP, a una iniciativa del PSOE con el apoyo del resto de grupos. Con ella se pretendía el cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica, así como investigar a la Fundación Francisco Franco y declararla ilegal.

En definitiva, 11 años donde ha quedado patente el claro interés del Partido Popular por que no se haga justicia y repare el daño que ocasionó Franco, su guerra y el posterior régimen dictatorial.

Decía el historiador José María García Márquez, que no debe olvidarse que la fundación de Alianza Popular se cerró con todos los cientos de delegados “puestos en pie y gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!”. Tal vez así se comprende mejor que l a memoria histórica jamás haya sido abordada como lo que debe ser: una cuestión de Estado.

Ahora, con la vuelta de los socialistas al poder tras salir adelante la moción de censura, Pedro Sánchez tiene ante sí la posibilidad de recuperar la ley de Memoria Histórica. Le toca al PSOE hacer honor a sus siglas y recuperar los años perdidos con el mandato de Mariano Rajoy.

Fuente: http://www.lamarea.com/2018/06/03/las-veces-que-el-pp-se-rio-de-la-memoria-historica/

lunes, 1 de enero de 2018

_- Reino de España: Diez años de fracaso de la ley de Memoria Histórica

_- Si hay un hecho que demuestra el fracaso de la llamada Ley de Memoria Histórica es que hoy, cuando se cumplen diez años de su entrada en vigor, el único partido que se niega a modificarla es el que manifestó una oposición frontal y beligerante a su aprobación. El PP, que acusaba en 2007 al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reabrir heridas y de enfrentar a los españoles con esta iniciativa legislativa, se siente ahora tan cómodo con la Ley que no ha necesitado ni derogarla.

El propio presidente Rajoy se vanagloria públicamente de la estrategia que le ha permitido convertir en papel mojado sus 22 artículos y 11 disposiciones: "Para la Ley de Memoria Histórica la asignación presupuestaria en todos nuestros presupuestos ha sido cero. La media es cero. Fue cero todos los años. Cero".

Los juristas coinciden, no obstante, en que el problema de esta ley va más allá de la falta de voluntad política del gobierno de turno. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica a eldiario.es que "la redacción era ambigua y poco clara, pero sobre todo no resolvía el problema de fondo. Ya en el preámbulo se hablaba de reconciliación, de la utilización de métodos violentos para implantar regímenes totalitarios… pero no se culminaba la argumentación. Se hablaba de reconciliación sin querer admitir que lo que se produjo en nuestro país fue un asesinato masivo. Franco, Mola y Queipo de Llano, los tres principales cabecillas de la rebelión, dijeron, hasta por escrito, que su objetivo era exterminar a los disidentes, exterminar a quienes no pensaban como ellos. Hasta que no se admita eso, hasta que no se condene firmemente lo ocurrido y no se recuperen los valores constitucionales republicanos, este país tiene un problema".

Al analizar los datos de estos diez años se comprueba que el principal logro de la Ley ha sido conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos del exilio. Gracias a esta medida, cerca de 340.000 descendientes de exiliados republicanos y combatientes de las Brigadas Internacionales han pasado a disponer de un pasaporte español, sin tener por ello que renunciar a la nacionalidad que ostentaran en ese momento. A partir de este único éxito, el resto de medidas se cuentan por fracasos o por tareas inconclusas.

Entre las segundas debemos incluir, en primer lugar, la erradicación de los símbolos franquistas. En los primeros años de aplicación de la Ley, todavía bajo Gobierno socialista, se retiraron más de 3.000 vestigios de la dictadura. El ritmo se ralentizó con la llegada de Rajoy a la Moncloa y pasó a depender, en buena medida, de la voluntad y el color político de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Calles, colegios, escudos...
A día de hoy la ley no ha impedido que decenas de ciudades y pueblos conserven calles, escudos y otros monumentos dedicados a destacados miembros de la dictadura. Si nos fijamos únicamente en los nombres de los colegios públicos, según el recuento realizado por eldiario.es, todavía hay más de 80 centros educativos que homenajean a figuras destacadas, y muchas veces sanguinarias, del franquismo.

La ley es tan interpretable que se han dado en estos años situaciones tan kafkianas como que dos juzgados dicten sentencias absolutamente contradictorias: mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permitió al pueblo de San Leonardo de Yagüe conservar su denominación en recuerdo del tristemente célebre Carnicero de Badajoz, un juzgado de Badajoz obligó al municipio de Guadiana del Caudillo a retirar de su nombre la referencia al dictador (aunque el Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a la sentencia).

La bienintencionada creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca también se ha quedado a medio camino. El archivo que debía reunir todos los fondos documentales relacionados con la Guerra de España y la posterior dictadura carece de los mínimos medios materiales y humanos para realizar eficazmente su trabajo. Diez años después de su creación, los investigadores no solo deben esperar más de seis meses para recibir las copias de los documentos que solicitan en Salamanca, sino que tienen que seguir peregrinando por decenas de archivos militares y civiles en los que se encuentra desperdigada la documentación relacionada con la represión franquista.

Lleno de fracasos
Martín Pallín cree que uno de los grandes puntos negros de la Ley es que haya permitido que las sentencias dictadas por los tribunales franquistas no hayan sido anuladas: "La Ley habla de ilegitimidad, no de nulidad. Es cierto que cualquier chico en la Facultad de Derecho interpretaría que una sentencia dictada por un tribunal ilegítimo es radicalmente nula, pero este país… digamos que es un poco extraño en cuanto a la interpretación de la ley".

El magistrado emérito se extiende: "Por eso el Tribunal Supremo interpretó que no son nulas de pleno derecho. Eso choca con todo lo ocurrido en Alemania e Italia donde no se discute que las sentencias dictadas bajo los regímenes de Mussolini y de Hitler son radicalmente nulas".

Pallín cree que, además de a Italia y Alemania, España debería mirar hacia Argentina: "Allí derogaron parlamentariamente las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que amparaban a los golpistas y a los asesinos. En estos momentos ya hay más de 300 represores en la cárcel. Aquí no propugno unas condenas como esas porque los responsables no viven y no tendría sentido, pero sí es necesaria una ruptura clara y rotunda con la dictadura como la que se ha hecho en Argentina".

En el debe de la ley también hay que anotar con tinta roja su absoluta ineficacia para avanzar en la apertura de las fosas comunes en que siguen yaciendo más de 100.000 demócratas asesinados por el franquismo. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), explica la raíz del problema en un artículo publicado en este diario: "La Ley hablaba de que las instituciones tenían que facilitar la búsqueda de desaparecidos, algo contrario a los derechos humanos porque en una democracia no deben facilitarse, sino que deben garantizarse".

Este importante matiz ha hecho que la búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas dependa principalmente de los propios familiares y de las asociaciones memorialistas. Miles de hijos de los asesinados se han ido muriendo de viejos, en estos diez años, sin ver cumplido el deseo de recuperar los restos de sus seres queridos.

"Otro de los fracasos –añade Martín Pallín– es la situación del Valle de los Caídos. No saben qué hacer con él". Este problema, según las asociaciones memorialistas, lo creó el propio Gobierno socialista de Zapatero: "Ellos fueron los primeros en incumplir la ley –mantiene Emilio Silva–. Solo al final de la legislatura encargaron un informe sobre el Valle que presentaron poco antes de las elecciones.Estaba diseñado para dejarle la patata caliente al PP y luego poder echarle en cara que no lo llevaba a cabo".

Sea como fuere, la realidad es que 42 años después de la muerte del dictador, su cuerpo y el del fundador del partido fascista español siguen ocupando el lugar de honor en un monumento de diseño y arquitectura fascista en el que se exalta la dictadura. Junto a Franco y a José Antonio yacen miles de combatientes franquistas y un número indeterminado de republicanos que fueron trasladados desde fosas comunes sin el conocimiento ni, obviamente, el consentimiento de sus familiares. Unos familiares a los que se les sigue negando la posibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos.

Otro de los puntos que marcaba la Ley y que ha sido incumplido es el de crear un censo de edificaciones y obras realizadas por los prisioneros políticos. En este punto, como en otros, solo el empuje de algunas comunidades autónomas ha permitido avanzar en el reconocimiento de los cientos de miles de esclavos esclavos que explotó el franquismo. La ARMH también recuerda que el texto, en vigor desde hace diez años, ignora otros aspectos fundamentales de la dictadura como fue el papel de la Iglesia, la represión de las mujeres, el robo de bebés, el expolio de los bienes de familias republicanas o la persecución de gais y lesbianas.

Un futuro incierto
El propio PSOE, que lideró la aprobación de la ley, cree que ha llegado el momento de la autocrítica y de la reforma. Odón Elorza reconoce a eldiario.es que "el texto tenía lagunas importantes, cuestiones sin abordar. Vamos con mucho retraso y asumimos nuestra parte de responsabilidad". Los socialistas han presentado una proposición de ley en el Congreso que va mucho más allá del texto aprobado en su día por Zapatero.

En ella sí contemplan, entre otras medidas, la nulidad de las sentencias franquistas, que sea el Estado el que asuma las exhumaciones o la creación de una Comisión de la Verdad. "Nosotros vamos en serio y no nos va a temblar el pulso a la hora de aprobar estas medidas. Otras direcciones políticas del PSOE no creyeron en la conveniencia de pisar el acelerador a fondo, nosotros sí. Ya no hay marcha atrás", afirma Elorza.

El propio diputado socialista es consciente de que su partido tiene en este tema un importante problema de credibilidad. Unidos Podemos y ERC recuerdan que el PSOE tuvo tiempo de aplicar todas estas iniciativas cuando gobernaba y temen que el equipo que lidera Pedro Sánchez acabe reculando como ya hizo Zapatero. Lo mismo creen las asociaciones memorialistas. Emilio Silva recuerda que "poco antes de que Zapatero ganara las elecciones, su número dos, Jesús Caldera, pidió una partida de un millón de euros para hacer pruebas de ADN y así identificar a los desaparecidos de las fosas. Cuando llegaron al Gobierno se olvidaron del tema. El PSOE dice una cosa cuando está en la oposición y la contraria cuando gobierna. Preferimos que se garanticen los derechos humanos cuando se tiene el poder de firma en el Boletín Oficial del Estado".

Como jurista, Martín Pallín no entra en esta disputa y prefiere centrarse en la filosofía que, a su juicio, debe impregnar una futura ley que pretenda paliar los defectos y cubrir las enormes lagunas de la actual: "La ley tiene que partir de una idea clara: el golpe de Estado no puede pervivir, ni ser justificado, ni comprendido, ni alabado por nadie, especialmente por ningún grupo político, sin que ello suponga caer en la ilegalidad".

Carlos Hernández Periodista, escritor y experto en comunicación empresarial y política; autor del libro "Los últimos españoles de Mauthausen". Comenzó su andadura profesional en Antena 3 TV como cronista parlamentario y, posteriormente, como corresponsal de guerra en Kosovo, Palestina, Afganistán e Iraq. Premio Víctor de la Serna al mejor periodista de 2003, concedido por la APM y el Ortega y Gasset de periodismo otorgado a los enviados especiales a Irak.

Fuente:
http://www.eldiario.es/sociedad/simbolos-financiacion-acabado-desmemoria-historica_0_723028328.html