Libia y Marruecos han ocupado los titulares de las últimas semanas. Crisis humanitarias que han causado la muerte de miles de personas y un enorme impacto en la vida de otras tantas que sufrirán sus consecuencias durante décadas. Estas son solo dos de las crisis que afectan a millones de personas en todo el mundo, pero existen otras muchas que no consiguen tantos focos. En el último año, el nivel de necesidades humanitarias, que ya era récord, ha aumentado hasta afectar a 363 millones de personas.
La causas de tal situación son múltiples y complejas; entre ellas, el impacto del cambio climático en las poblaciones que menos contribuyen a ello, los niveles de pobreza y desigualdad de amplias zonas del planeta, el efecto dominó del conflicto en Ucrania, las crisis de seguridad alimentaria o la falta de responsabilidad nacional e internacional en la garantía de los derechos humanos y las condiciones dignas para la vida.
Según la Oficina de Acción Humanitaria de la ONU, a mediados de septiembre solo se había cubierto el 30% del llamamiento humanitario de Naciones Unidas. Este déficit récord de financiación hace que cada vez sea más difícil responder a las necesidades urgentes de las poblaciones afectadas por las crisis. Pero, además, los datos globales ocultan una realidad muy desigual e injusta: hay crisis muy desatendidas con respecto a otras.
Es imperativo, por tanto, que la comunidad internacional aumente significativamente la financiación humanitaria y que mejore la eficiencia y eficacia de la ayuda. Es urgente asegurar que se alivia cualquier sufrimiento humano en cualquier lugar del mundo y así lo han demandado las ONG europeas. Millones de vidas están en juego.
Asumir responsabilidades
Europa está a la vanguardia de la comunidad de donantes y eso hace que deba tener un papel clave en la promoción del desarrollo sostenible y en la garantía de los derechos fundamentales en todo el planeta. Sus Estados miembros deben aumentar sus fondos nacionales para dar respuesta a las crisis que afectan a millones de personas. En este contexto, España marca el camino con su nueva Ley de Cooperación en la que se contempla que el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se destine a asistencia humanitaria.
Los Estados miembro de la Unión Europea se reúnen esta semana en Madrid para debatir el programa de trabajo del COHAFA, centrado en cuestiones como el déficit de financiación o el nexo que debe existir entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. Estos temas también se abordarán en un encuentro organizado, el día 25 de septiembre, por VOICE y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (España); donde también se hará especial incidencia en la llamada localización, es decir, el deber de trabajar mano a mano con las comunidades locales y sus organizaciones, especialmente aquellas lideradas por mujeres.
Las crisis de Libia y Marruecos, pero también las que afectan al Sahel, a Ucrania o Sudán, deben recordarnos que detrás de cada estadística hay vidas humanas, historias de sufrimiento y resistencia que merecen no solo titulares, sino sobre todo apoyo para garantizar los derechos de millones de personas y un futuro digno. La comunidad internacional tiene una responsabilidad que no puede eludir. Los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia son fundamentales para la acción humanitaria. En particular, la imparcialidad que significa que el sufrimiento humano debe aliviarse siempre que se encuentre, y que la prestación de apoyo debe responder al grado de sufrimiento que se pretende aliviar y no a cualquier otro interés.
La Unión Europea debe liderar estos esfuerzos y demostrar que la voluntad política puede ser una poderosa fuerza para cambiar el rumbo. La presidencia española de la UE es una buena oportunidad para demostrar el compromiso europeo con 363 millones de personas.
Dominic Crowley es presidente de VOICE, la red de 89 ONG europeas que promueven la ayuda humanitaria.
Irene Bello Quintana es presidenta de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, formada por más de 600 organizaciones de todo el Estado español que trabajan por un mundo justo, feminista y sostenible.
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