Retrato de la resistencia franquista.

Concentración profranquista en julio de 2018 en el Valle de Cuelgamuros.

Llenan los juzgados de recursos contra la aplicación de la ley de memoria, convocan concursos literarios sobre Franco y vierten contenido negacionista en internet.

Llenan los juzgados de recursos contra la aplicación de una ley, la de memoria, oponiéndose a la retirada de estatuas, nombres de calles y vestigios franquistas y a las exhumaciones para que otros reciban los restos de sus seres queridos. Convocan “concursos literarios” que premian con 5.000 euros el mejor texto sobre “Francisco Franco. Su figura, su obra y su legado”. Vierten en páginas web, redes sociales y supuestos medios de comunicación contenidos que llaman “alzamiento” al golpe de Estado de 1936 y “Caudillo”, “jefe de Estado”, “Generalísimo”… al dictador. Niegan la represión. Disponen de una editorial que publica títulos como Franco, la hoja de servicios de un soldado; La obsesión con Franco. Cómo defenderse de las leyes de memoria o Crónicas de la tiranía feminista. Concurren a las elecciones con Falange Española de las Jons, que el pasado 23 de julio obtuvo 5.104 votos (en 2019 fueron 616). Una red de fundaciones, asociaciones, exmilitares y pseudohistoriadores ejerce en España de resistencia franquista, es decir, antidemocrática.

El comisionado de Naciones Unidas Pablo de Greiff, que asesoró al Gobierno en la elaboración de la ley de memoria, lo califica de “anomalía absoluta” y recuerda que en el entorno europeo existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo. En Alemania, el Código Penal condena la incitación al odio y la xenofobia, así como la negación del Holocausto, la defensa del nazismo y el uso de símbolos (esvásticas, saludo nazi...). En Italia se penaliza la apología del fascismo. En España, PP y Vox han pactado derogar las leyes autonómicas de memoria allí donde gobiernan. En Cantabria, donde el PRC permitió, con su abstención, la investidura de la candidata popular para que no dependiera de la extrema derecha, PP y Vox acaban de aprobar en el Parlamento regional la derogación de la norma autonómica, aprobada en noviembre de 2021, sustituyéndola por otra. La norma estatal prevé la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado, a la dictadura o a a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, pero el adelanto electoral dejó ese procedimiento en suspenso.

Estos son los principales activos de la resistencia franquista y antimemorialista:

Fundación Nacional Francisco Franco. Creada en 1976, se presenta como “institución cultural, sin adscripción política”. Diversos artículos en su página web describen así al dictador: “Consiguió durante su magistratura construir los cimientos sobre los que fue posible que construyera la democracia que disfrutamos”; “su descollante figura tiene muchas más dimensiones positivas que negativas y sus aciertos son muy considerablemente superiores a sus equivocaciones”; “ha buscado siempre el contacto directo y cordial con el pueblo español, que, a su vez, le ha correspondido con adhesión incondicional, otorgándole una autoritas plena y sin fisuras, en un fenómeno sin parangón posible con cualquier otro político de nuestra Historia contemporánea”. En el artículo Guernica: tragedia, mentira y farsa, firmado por Miguel Platón y publicado originalmente en la web Libertad Digital, se presenta como una especie de logro que solo murieron 126 personas y se presume de “la reconstrucción modélica de la villa efectuada por Regiones Devastadas” tras el bombardeo franquista, apoyado por la aviación nazi. El brutal ataque, uno de los primeros bombardeos indiscriminados contra población civil, inspiró la obra más célebre de Picasso.

La jueza Eva María Bru Peral, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 10 de Madrid, acaba de estimar un recurso de la Fundación Franco contra la concesión de la licencia de obra para las exhumaciones de restos de víctimas de la Guerra Civil que fueron enterradas en el Valle de Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familias. En su sentencia afirma que no se siente “vinculada” por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en junio de 2022, levantó las medidas cautelares que ya había impuesto la misma jueza en noviembre de 2021, paralizando las obras necesarias para intervenir en las criptas. El Tribunal Supremo también revocó ese auto. El Alto Tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la “legitimación activa”, es decir, la capacidad para formar parte de un proceso judicial como recurrente, de la Fundación Franco a la hora de llevar a los tribunales sus objeciones a la ley de memoria. En abril de 2023 estableció que el cambio de denominación de calles, por ejemplo, no le provoca un perjuicio concreto “salvo el sentimiento de nostalgia” y que por tanto, “no puede configurar un interés que pueda ser tildado de legítimo, atendida su vinculación con ese efecto objetivamente exaltador que comportaban las denominaciones [de las calles]”.

Abogados. Luis Felipe Utrera Molina y Francisco Javier Zaragoza Ivars. El recurso que estimó la juez Bru Peral para anular la concesión de la licencia de obra en el Valle de Cuelgamuros lo firman también dos abogados con fuertes vínculos franquistas. Francisco Javier Zaragoza Ivars es hijo de Pedro Zaragoza Orts, falangista, alcalde de Benidorm entre 1950 y 1967 y miembro de la Fundación Franco hasta que falleció en 2009, a los 85 años. Luis Felipe Utrera Molina es hijo de José Utrera Molina, ministro en la dictadura y secretario general del Movimiento. Ambos abogados fueron muy activos en los tribunales para tratar de impedir la exhumación y traslado de los restos de Franco. Con la misma estrategia, Zaragoza Ivars logró que el juez José Yusty suspendiera la licencia urbanística necesaria —el Supremo aprobó finalmente el procedimiento—. Yusty, hijo y nieto de almirantes franquistas, es célebre en la carrera judicial por sus ataques a la memoria histórica, que a su juicio, “representa el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la Guerra Civil”. El magistrado defiende el escudo franquista como “el auténticamente constitucional”. Esa cascada de recursos en los juzgados retrasó durante años el inicio de las actuaciones en el mausoleo. Manuel Lapeña murió en septiembre de 2021, a los 97 años, sin haber podido recuperar los restos de su padre pese a contar, desde 2016, con una sentencia judicial que autorizaba la exhumación.

Álvaro Romero Ferreiro. Editorial SND. Conductor de autobuses, en 2014 fundó la editorial SND, donde ha publicado los siguientes libros: Tejero, un hombre de honor; Franco en el banquillo. La defensa toma la palabra y Franco, memoria imborrable, además de una especie de trivial sobre el dictador, Franco, el juego, “una oportunidad de demostrar que estamos muy orgullosos de nuestro pasado y nuestros antepasados”. La respuesta correcta a la pregunta sobre el “alzamiento” es: “Fue necesario para salvar a España del modelo fracasado de la II República. Los alzados, encabezados por Sanjurjo, Mola y Franco, eran conscientes de que estallaría una guerra terrible pero, tras el asesinato de Calvo Sotelo por elementos del Frente Popular, comprendió que no había otra alternativa que sublevarse contra el Gobierno”. Romero se presenta como patrono de la Fundación Franco y “columnista y tertuliano habitual en varios medios de comunicación, entre ellos Mediterráneo Digital, Radio Inter y Radio Ya, Decisión Radio e Informa Radio”.

Medios. Ferreiro también se presenta como fundador de ÑTV, que cuenta con un programa específico sobre Franco y vuelca en internet contenidos que reniegan del Estado democrático: “La maquinaria del nuevo Régimen inventó un folletín (...) La Carta Magna era el principio y el fin de la Patria franquista, es decir, de la España unida. Ese panfleto del 78 al que aún muchos demócratas de pacotilla aplauden y dicen que hay que cumplir fue la inyección en vena para que los incautos y benevolentes españolitos la respetaran y aplaudieran (...) Y claro, todos ellos aclamándole como un buen rey demócrata y parlamentario y que actúa perfectamente como exige la Prostitución del 78. Viendo este presumido arrogante, casado con una roja...”. El pasado marzo el canal 7NN anunció el cese de sus emisiones tras haber invertido más de cinco millones de euros. Sus propietarios son los hermanos José Ángel y Jaime Alonso García, ex altos cargos de la Fundación Francisco Franco. Fernando Paz, codirector del canal, tertuliano habitual en Intereconomía, fue candidato de Vox en Albacete hasta que el partido tuvo que prescindir de él después de que se conocieran unas declaraciones suyas relativizando y minimizando el Holocausto durante una conferencia en la sede de Falange. El pasado julio cerró Decisión Radio, heredera de Radio Ya, de la que fue presidente Rafael López-Diéguez, yerno del histórico ultra Blas Piñar y antiguo dirigente del partido de extrema derecha Alternativa Española.

Militares retirados. En julio de 2018, un grupo de 181 militares retirados publicó una “declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco” en la que defendían la Guerra Civil -“Llegado aquel momento crucial para la supervivencia de la nación española, [Franco] asumió la responsabilidad que le entregaron sus compañeros de armas para ejercer el mando único de la España asediada por el comunismo”- y pedían que, dados sus “documentados servicios a la Patria”, se tratase al dictador con “la gratitud correspondiente”. Entre los firmantes figuraban condenados por el 23-F. El comunicado puede leerse todavía en la página web de la Asociación de Militares Españoles (AME), que en la revista que edita, Militares, ha entrevistado también a Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco.

https://elpais.com/espana/2023-10-09/retrato-de-la-resistencia-franquista.html

Pedro el sepulturero o a quien insulta Vox

Cada día está más claro que tenemos un partido en el Congreso que desprecia expresa y públicamente el principio de soberanía del pueblo español.

El día que Macarena Olona llamó sepulturero a Pedro Sánchez durante el pleno del Congreso que debatía la prórroga del estado de alarma, me derrumbé. Aquel insulto me hizo sentir vergüenza, impotencia y cierta humillación. Al principio no entendí mis sentimientos, dado que no soy precisamente una cheerleader de la gestión de Sánchez en esta crisis. Sin embargo, confieso que nunca antes me había sentido tan cerca de ningún presidente del Gobierno de mi país como ese día. Pensé entonces que mi disgusto podía deberse a las circunstancias extremas que nos rodean, pero según avanzan los días y los insultos, comprendo que la razón no era emocional sino estrictamente política. La señora Macarena Olona nos insultó a todos cuando habló de “Pedro el sepulturero”. Me llamó sepulturera a mí. Y también a todos y cada uno de los españoles. Y lo hizo con una bandera de España en la boca en pleno Congreso de los Diputados y en la peor crisis que ha vivido este país en los últimos cuarenta años.

“Sepulturero”, “Pedro el sepulturero”.
Este insulto de Vox, uno de tantos, no expresaba un desacuerdo con el Gobierno ni siquiera una hostilidad personal hacia Pedro Sánchez. El día que Olona escupió esa palabra en el Congreso —y aquí el lugar es importante—, no hizo otra cosa que expresar el profundo desprecio que siente Vox por los representantes de la soberanía nacional. Olona no pretendía manifestar su oposición intelectual respecto de la gestión de la crisis, ni siquiera su antipatía genuina hacia Sánchez. Vox va un paso más allá en sus insultos porque no respeta a los representantes elegidos por el pueblo español ni termina de aceptar que es en nosotros, en todos los ciudadanos, donde reside la soberanía. Por eso no puede ocultar su profundo desprecio hacia el presidente del Gobierno. Si por ellos fuera, los líderes serían elegidos por aclamación y de ahí nace su íntima necesidad de humillar, no criticar ni corregir, al actual presidente. No es casual que para despreciar a Sánchez, Olona eligiera ensalzar una vez más a Franco. “Se empeñó en desenterrar a un muerto y hoy entierra a miles”, dijo. Y lo dijo porque ese muerto no era uno cualquiera, sino un caudillo capaz de llegar al poder mediante un golpe de Estado, mientras que “Pedro el sepulturero” jamás rozará esta altura política. No olviden que Sánchez ha sido elegido por el principio de soberanía del pueblo español que sostiene nuestra Constitución y que Vox desprecia.

No digo que Vox se lleve mal con la democracia como procedimiento administrativo, pero el hecho es que es un partido caudillista y que si bien ha conseguido entrar en el juego democrático y superar sus filtros, es manifiestamente incapaz de no expresar cada vez más claro y más alto su profundo desprecio por la idea misma de soberanía del pueblo español. ¿Cómo expresa este desprecio? Con insultos y humillaciones contra Pedro Sánchez en tanto que producto de nuestra soberanía. Para que me entiendan, los votantes de Vox destetan a Pablo Iglesias de manera genuina, lo mismo que los votantes de Podemos detestan a Santiago Abascal. En ambos casos se trata de un desagrado personal incluso íntimo, no de un desprecio institucional. En cambio, Vox desprecia a Pedro Sánchez como producto de la soberanía del pueblo español ergo Vox me desprecia también a mí (y a todos los españoles) cuando dice que Pedro Sánchez es un sepulturero.

Otro ejemplo.
Si mañana me encuentro por la calle con un antiguo profesor de mi facultad y le digo a gritos que es un deshecho intelectual y que ha plagiado su tesis, estaré expresando un desacuerdo personal o una opinión con mayor o menor acierto. Pero si insulto a ese mismo profesor mientras da clase en la Universidad y le acuso públicamente de plagio en sus investigaciones, entonces estaré insultando también a la Universidad que lo cobija. Y si además me pongo una bandera de la Universidad en la boca antes de escupir sobre ella, entonces estaré cometiendo un acto de rebelión.

“Negligencia criminal”, “ocultar imágenes de los muertos”, “eutanasia feroz”, “gobierno social-comunista”, “Pedro el sepulturero”... Los insultos de Vox han sido tan graves que el PSOE ha denunciado al partido ante la Fiscalía por delitos de injurias, calumnias y odio. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, el montaje que hicieron sobre una foto de la Gran Vía vacía para presentarla repleta de ataúdes con la bandera de España. Una falsificación que no contaba siquiera con el consentimiento del autor de la imagen, que exigió su retirada. Sin embargo, todos estos insultos no son un mero asunto delictivo sino sedicioso. Y como tal se deben afrontar, dentro de toda su gravedad y con todos los mecanismos legales al servicio de los ciudadanos, de nuestras instituciones y de nuestro país.

El discurso de odio de Vox se ha consentido porque se ha entendido como una expresión de su oposición hacia la izquierda. Sin embargo, cada día está más claro que tenemos un partido en el Congreso que desprecia expresa y públicamente el principio de soberanía del pueblo español. Es decir, tenemos un partido anticonstitucional en el Congreso. Ojalá el virus no oculte esta otra desgracia. Pues ya hemos aprendido que es decisivo tomar medidas antes que de que se extienda el brote.

https://elpais.com/elpais/2020/04/17/opinion/1587132318_857749.html