La moción de censura que ha convertido a un militante de Bildu en alcalde de Pamplona es una operación democrática impecable. Vamos a tener la ocasión de comprobarlo mediante la sencilla operación de comparar su mandato con lo que están haciendo todos los gobiernos municipales de coalición del PP y Vox.
— El PSOE refuerza a EH Bildu como socio frente a las campañas de la derecha.
No sé si los lectores jóvenes recordarán los Pactos de Madrid y de Ajuria Enea que suscribieron todos los partidos políticos con la finalidad de erigir un cordón sanitario frente a Batasuna, que esterilizara políticamente al brazo político de ETA. Los escaños de Batasuna no contarían para la formación de Gobierno en ninguno de los tres niveles en que se articula la dirección política del país: estatal, autonómico o municipal. Fueron instrumentos de mucha importancia en la lucha contra ETA.
Ambos pactos descansaban en la premisa de que el cordón sanitario no tenía como objetivo impedir que el nacionalismo abertzale pudiera hacer política, sino impedir que lo hiciera al mismo tiempo que ETA mantenía su actividad terrorista. La desaparición de la actividad terrorista de ETA conllevaría, en consecuencia, la apertura del espacio para la acción política, como una opción más, del nacionalismo abertzale. El éxito de los Pactos no era acabar con el nacionalismo abertzale, sino la aceptación por este último del sistema político contra el que había estado haciendo uso de la lucha armada.
La renuncia a la actividad terrorista, primero, y la disolución de ETA, después, sentaron las bases para la constitución de Bildu como un partido político más, que tendría que pasar el filtro del Registro de Partidos del Ministerio de Interior. La autoridad encargada del Registro de Partidos era la que decidía si Bildu podía participar en el sistema político español en condiciones de igualdad con todos los demás partidos.
La constitución de Bildu y su reconocimiento por el Estado mediante la aceptación de su inclusión en el Registro de Partidos supuso la normalización de la representación política de la izquierda abertzale. Todo ello, como ha enfatizado recientemente José Luís Rodríguez Zapatero, se hizo sin cesión de ningún tipo a ETA. Fue un éxito de la democracia sin sombra de ningún tipo. Con Zapatero como presidente y con Rubalcaba como ministro de Interior.
De ahí que no se entienda que se persiga mantener el cordón sanitario frente a Bildu, como lo están intentando hacer las derechas españolas. Bildu no es heredera de ETA, sino heredera del reconocimiento por parte de ETA de su derrota frente a la democracia española. Los conflictos únicamente se acaban cuando la parte que pierde reconoce la derrota. De ese reconocimiento nace Bildu, que debería ser celebrado por los demás partidos como lo que es: un éxito de la democracia española.
La ejecutoria de Bildu, además, desde su reconocimiento mediante la inscripción en el Registro de Partidos ha sido una ejecutoria impecable. En mi opinión, en su totalidad. Incluso cuando en algunas listas de las elecciones municipales se han incluido candidatos condenados en sentencia firme por delitos con derramamiento de sangre. Dicha inclusión no supone una afrenta a la sociedad española en general y a las víctimas del terrorismo en particular, sino todo lo contrario. ¿Qué mayor prueba del reconocimiento de la derrota que participar en el acto litúrgico más importante de la democracia a la que se ha estado combatiendo con las armas en las manos? ¿En dónde está la afrenta?
Está claro que no se supo explicar bien con antelación lo que la inclusión de esos condenados suponía y por qué se los incluía. Pero se reaccionó bien, reconociendo que no se había evaluado bien el dolor que se podía ocasionar a las víctimas y que se estaba dispuesto a rectificar. Bildu ha tenido mucho más respeto por las víctimas que el PP, que las ha estado manipulando permanentemente, como sabemos por las repetidas quejas de alguien tan por encima de toda sospecha en este terreno como Consuelo Ordóñez.
La moción de censura que ha convertido a un militante de Bildu en alcalde de Pamplona es una operación democrática impecable. Vamos a tener la ocasión de comprobarlo mediante la sencilla operación de comparar a lo largo de los cuatro años de mandato qué es lo que hace el gobierno municipal pamplonica con lo que están haciendo todos los gobiernos municipales de coalición del PP y Vox en todos los sitios donde gobiernan. De momento basta ver la cara que se le puso al presidente del Partido Popular europeo en el Parlamento, Manfred Weber, cuando el presidente del Gobierno español le informó en qué consistía la ejecutoria municipal de la coalición entre el PP y Vox.
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jueves, 28 de diciembre de 2023
martes, 7 de marzo de 2023
La moción de censura no es una broma.
El Ramón Tamames de 2023 no puede ser, en ningún caso, el Felipe González de 1980. Su candidatura es un esperpento que viene a poner de manifiesto el deterioro institucional que estamos alcanzando.
La moción de censura en la Constitución cumple una doble función. Destituir al presidente del Gobierno que se ha inhabilitado con su conducta para poder continuar ejerciendo como tal o proporcionar a los ciudadanos en un momento de crisis la oferta de un candidato con un programa de gobierno con credibilidad para reducir la incertidumbre.
Para lo primero es imprescindible que el candidato propuesto al menos por 50 diputados cuente con la mayoría absoluta en el Congreso que la Constitución exige para que la moción prospere. Es lo que ocurrió en julio de 2018, cuando 50 diputados socialistas presentaron una moción de censura contra Mariano Rajoy encabezada por Pedro Sánchez. Tras la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en la que quedó acreditada la corrupción del PP presidido por Rajoy, resultaba insoportable que pudiera continuar ejerciendo como presidente del Gobierno.
Rajoy tenía la opción de presentar la dimisión y de que se abriera un nuevo proceso de investidura con otro candidato del propio PP, pero, al negarse a hacerlo, a pesar de que Pedro Sánchez se lo ofreció hasta el momento inmediatamente anterior a la votación, no quedó otra vía que votar la moción para desalojarlo. Así lo entendió una muy amplia mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que votó simultáneamente la censura de Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez.
Para la segunda no es indispensable contar con la mayoría absoluta del Congreso. Ocurre más bien lo contrario. Los diputados que presentan la moción y el candidato que la encabeza saben que no cuentan con esa mayoría y que la moción no va a prosperar. Y sin embargo, la presentan porque entienden que, dada la gravedad de la crisis y la incertidumbre de la ciudadanía, es importante que se ponga de manifiesto que hay un candidato con un programa con suficiente credibilidad para hacer frente a la misma en el futuro.
Este fue el sentido de la moción de censura presentada por el grupo parlamentario socialista en mayo de 1980 contra Adolfo Suárez con Felipe González como candidato a la presidencia. La moción no prosperó, pero quedó claro que había una alternativa de gobierno con credibilidad, como quedaría acreditado poco más de dos años después.
Estas son las dos únicas mociones de censura plenamente constitucionales que se han presentado desde la entrada en vigor dela Constitución. Las dos han cumplido cabalmente la función que la Constitución atribuye a la institución.
Las otras dos, la de AP en los años ochenta con Antonio Hernández Mancha como candidato alternativo a Felipe González y la de Vox en esta misma legislatura con Santiago Abascal como candidato alternativo a Pedro Sánchez, han sido mociones de censura solo formalmente. No es que no tuviera ninguna de ellas posibilidad de prosperar, sino que ni siquiera podían ser justificadas ante la ciudadanía de una manera objetiva y razonable. Ambas fueron mociones de censura disparatadas, que acabaron en el primer caso con la carrera política de Hernández Mancha y en el segundo, con un “revolcón” para Santiago Abascal, en el que jugó un papel muy destacado Pablo Casado.
En estos días se está poniendo en marcha una nueva moción de censura por parte de Vox contra Pedro Sánchez, que ya no cabe calificar simplemente de disparatada, sino de algo más. En primer lugar, por el tiempo transcurrido desde el momento en que el presidente de Vox anunció la presentación hasta el momento en que ha sido registrada en el Congreso. Es imposible de entender que, si la situación en España es tan terrible e insostenible como Santiago Abascal predica, se tarde tanto tiempo en intentar ponerle fin.
Pero también por el lastimoso peregrinaje para encontrar a alguien que estuviera dispuesto a encabezarla. Que al final únicamente una persona como Ramón Tamames, de quien yo, como muchos otros ciudadanos, hemos aprendido mucho pero cuya trayectoria política ha sido tan voluble, haya aceptado el ofrecimiento, habla por sí mismo.
Con esta moción de censura no se pueden cumplir ninguno de los dos objetivos que los constituyentes, entre los que se encontraba Tamames, atribuyeron a la institución. Ni se puede destituir a Pedro Sánchez como presidente, ni se puede presentar ante los ciudadanos una oferta de futuro que los tranquilice. El Ramón Tamames de 2023 no puede ser, en ningún caso, el Felipe González de 1980. Su candidatura es un esperpento, que viene a poner de manifiesto el deterioro institucional que estamos alcanzando.
La moción de censura no es una broma. Es una de las operaciones políticas más relevantes de todas las que la Constitución contempla. No deja de ser paradójico que sea el PSOE, cuyo Gobierno es calificado de ilegítimo, el único partido que ha presentado dos mociones de censura dignas de tal nombre, mientras que los partidos que se autocalifican de constitucionalistas hayan sido incapaces de hacerlo.
https://www.eldiario.es/contracorriente/mocion-censura-no-broma_132_9999141.html Javier Pérez Royo,
La moción de censura en la Constitución cumple una doble función. Destituir al presidente del Gobierno que se ha inhabilitado con su conducta para poder continuar ejerciendo como tal o proporcionar a los ciudadanos en un momento de crisis la oferta de un candidato con un programa de gobierno con credibilidad para reducir la incertidumbre.
Para lo primero es imprescindible que el candidato propuesto al menos por 50 diputados cuente con la mayoría absoluta en el Congreso que la Constitución exige para que la moción prospere. Es lo que ocurrió en julio de 2018, cuando 50 diputados socialistas presentaron una moción de censura contra Mariano Rajoy encabezada por Pedro Sánchez. Tras la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en la que quedó acreditada la corrupción del PP presidido por Rajoy, resultaba insoportable que pudiera continuar ejerciendo como presidente del Gobierno.
Rajoy tenía la opción de presentar la dimisión y de que se abriera un nuevo proceso de investidura con otro candidato del propio PP, pero, al negarse a hacerlo, a pesar de que Pedro Sánchez se lo ofreció hasta el momento inmediatamente anterior a la votación, no quedó otra vía que votar la moción para desalojarlo. Así lo entendió una muy amplia mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que votó simultáneamente la censura de Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez.
Para la segunda no es indispensable contar con la mayoría absoluta del Congreso. Ocurre más bien lo contrario. Los diputados que presentan la moción y el candidato que la encabeza saben que no cuentan con esa mayoría y que la moción no va a prosperar. Y sin embargo, la presentan porque entienden que, dada la gravedad de la crisis y la incertidumbre de la ciudadanía, es importante que se ponga de manifiesto que hay un candidato con un programa con suficiente credibilidad para hacer frente a la misma en el futuro.
Este fue el sentido de la moción de censura presentada por el grupo parlamentario socialista en mayo de 1980 contra Adolfo Suárez con Felipe González como candidato a la presidencia. La moción no prosperó, pero quedó claro que había una alternativa de gobierno con credibilidad, como quedaría acreditado poco más de dos años después.
Estas son las dos únicas mociones de censura plenamente constitucionales que se han presentado desde la entrada en vigor dela Constitución. Las dos han cumplido cabalmente la función que la Constitución atribuye a la institución.
Las otras dos, la de AP en los años ochenta con Antonio Hernández Mancha como candidato alternativo a Felipe González y la de Vox en esta misma legislatura con Santiago Abascal como candidato alternativo a Pedro Sánchez, han sido mociones de censura solo formalmente. No es que no tuviera ninguna de ellas posibilidad de prosperar, sino que ni siquiera podían ser justificadas ante la ciudadanía de una manera objetiva y razonable. Ambas fueron mociones de censura disparatadas, que acabaron en el primer caso con la carrera política de Hernández Mancha y en el segundo, con un “revolcón” para Santiago Abascal, en el que jugó un papel muy destacado Pablo Casado.
En estos días se está poniendo en marcha una nueva moción de censura por parte de Vox contra Pedro Sánchez, que ya no cabe calificar simplemente de disparatada, sino de algo más. En primer lugar, por el tiempo transcurrido desde el momento en que el presidente de Vox anunció la presentación hasta el momento en que ha sido registrada en el Congreso. Es imposible de entender que, si la situación en España es tan terrible e insostenible como Santiago Abascal predica, se tarde tanto tiempo en intentar ponerle fin.
Pero también por el lastimoso peregrinaje para encontrar a alguien que estuviera dispuesto a encabezarla. Que al final únicamente una persona como Ramón Tamames, de quien yo, como muchos otros ciudadanos, hemos aprendido mucho pero cuya trayectoria política ha sido tan voluble, haya aceptado el ofrecimiento, habla por sí mismo.
Con esta moción de censura no se pueden cumplir ninguno de los dos objetivos que los constituyentes, entre los que se encontraba Tamames, atribuyeron a la institución. Ni se puede destituir a Pedro Sánchez como presidente, ni se puede presentar ante los ciudadanos una oferta de futuro que los tranquilice. El Ramón Tamames de 2023 no puede ser, en ningún caso, el Felipe González de 1980. Su candidatura es un esperpento, que viene a poner de manifiesto el deterioro institucional que estamos alcanzando.
La moción de censura no es una broma. Es una de las operaciones políticas más relevantes de todas las que la Constitución contempla. No deja de ser paradójico que sea el PSOE, cuyo Gobierno es calificado de ilegítimo, el único partido que ha presentado dos mociones de censura dignas de tal nombre, mientras que los partidos que se autocalifican de constitucionalistas hayan sido incapaces de hacerlo.
https://www.eldiario.es/contracorriente/mocion-censura-no-broma_132_9999141.html Javier Pérez Royo,
lunes, 8 de febrero de 2021
_- La esterilidad del fuera de juego
_- La cláusula rebus sic stantibus opera también en el mundo de la Política. No exactamente igual que lo hace en el mundo del Derecho, pero también opera. De la misma manera que las estipulaciones contractuales pueden verse afectadas por el cambio en las circunstancias en las que fueron pactadas, también la posición política que cada partido tiene al comienzo de una legislatura como consecuencia del apoyo electoral que ha recibido, puede verse afectada por los cambios que se producen a medida que la legislatura avanza.
En realidad, la cláusula opera con mucha menos seguridad en el mundo de la Política que en el mundo del Derecho, pero con mucha más intensidad. En el mundo del Derecho hace acto de presencia ocasionalmente, muy ocasionalmente. En el mundo de la Política está presente de manera casi permanente. El capital que cada partido recibe en la forma de porcentaje de voto ciudadano en la jornada electoral, está sometido a una fluctuación permanente desde el día siguiente, en parte como consecuencia de la forma en que cada partido lo invierte y en parte como consecuencia de cómo invierten los demás el suyo. Y en parte por lo que ocurre fuera de la competición política propiamente dicha.
La irrupción de la Covid-19, por poner un ejemplo, está teniendo un papel importante en las relaciones jurídicas, que no pueden no verse afectadas por el cambio que el virus ha supuesto a escala mundial. La Covid-19 está activando jurídicamente la cláusula rebus sic stantibus como posiblemente no se ha producido nunca antes. Pero con no menos intensidad lo está haciendo en el mundo de la Política. Que se lo pregunten, si no, a Donald Trump, al que su reacción ante el "virus chino", como a él le gustaba llamarlo, le ha costado nada menos que la Presidencia de los Estados Unidos.
La Política es la síntesis de todas las contradicciones que se producen en una sociedad. Síntesis que se ve necesariamente afectada por las síntesis en todas las demás sociedades con las que está interconectada. Cuando las contradicciones se acentúan y cuando la conexión de las contradicciones propias con las de las demás sociedades, especialmente con las de aquellas con las que tenemos una relación más intensa, experimenta un cambio intenso, cada partido en cada sistema político tiene que ajustar su posición, si no quiere quedarse en "fuera de juego", que, como todo buen aficionado al fútbol sabe, es la posición estéril por antonomasia.
Después de algo más de 30 años en que la sociedad española vino haciendo una síntesis política de sí misma dentro de un "molde bipartidista" bastante previsible, se inició un cambio significativo a partir de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014, cambio que no ha hecho más que acelerarse. El torbellino en que se ha convertido el sistema político español desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 no ha hecho más que ir ganando en intensidad. En dos ocasiones se han tenido que repetir las elecciones generales ante la imposibilidad de investir a ningún candidato como presidente del Gobierno. Se han aprobado dos Presupuestos Generales del Estado en cinco años. Se ha aprobado por primera vez una moción de censura. Se ha recurrido por primera vez al artículo 155 de la Constitución, acompañado de juicios de los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament por el Tribunal Supremo. Se ha formado por primera vez un Gobierno de coalición. Se ha hecho uso por primera vez del estado de alarma con prórrogas sucesivas. La dimensión "europea" de la política interna de cada uno de los países miembros de la Unión Europea ha adquirido una visibilidad extraordinaria. La enumeración no es exhaustiva, sino simplemente ejemplificativa.
Ante un cambio tan acelerado de las circunstancias en las que los partidos tenían que moverse, prácticamente todos lo han hecho, menos el PP. No todos han acertado por igual al moverse, pero todos se han movido. El PP es el que parece mantenerse en la misma posición política que definió José María Aznar en los años 90 y que es la que ha orientado su trayectoria desde entonces.
Cuando esa trayectoria quedó desarbolada tras el éxito de la moción de censura en 2018, el PP no ha sido capaz de reaccionar. Sigue instalado en la posición de que fue desalojado del Gobierno de una manera "ilegítima" en 2018 y de ahí no se mueve. Pedro Sánchez llegó al poder ilegítimamente y se ha mantenido desde entonces en el Gobierno de manera no menos ilegítima.
En torno a esa "ilegitimidad" ha girado su trayectoria. No a todo y en todo momento. Tanto si se trata de la prórroga del estado de alarma como de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de la ley de eutanasia como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No al Decreto sobre los fondos europeos para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19. La enumeración vuelve a ser ejemplificativa.
Con esa posición está consiguiendo todo lo contrario de lo que persigue. Le ha dado entrada en el sistema político a Vox, que se está convirtiendo en un competidor cada día más serio para él. Ha conseguido levantar el cordón sanitario que impedía que Bildu pudiera participar como un partido político más en la vida política. Ciudadanos fue importante en la tercera prórroga del estado de alarma. ERC, juntamente con otros varios, lo fueron en los Presupuestos. Y hasta Vox ha sido decisivo en la aprobación del Decreto-ley sobre los fondos europeos.
El único partido que no ha aportado nada más que negatividad, que ha estado permanentemente en fuera de juego, y que ha sido, por tanto, completamente estéril a lo largo de toda la legislatura, ha sido el PP.
Veremos qué pasa tras las elecciones catalanas.
En realidad, la cláusula opera con mucha menos seguridad en el mundo de la Política que en el mundo del Derecho, pero con mucha más intensidad. En el mundo del Derecho hace acto de presencia ocasionalmente, muy ocasionalmente. En el mundo de la Política está presente de manera casi permanente. El capital que cada partido recibe en la forma de porcentaje de voto ciudadano en la jornada electoral, está sometido a una fluctuación permanente desde el día siguiente, en parte como consecuencia de la forma en que cada partido lo invierte y en parte como consecuencia de cómo invierten los demás el suyo. Y en parte por lo que ocurre fuera de la competición política propiamente dicha.
La irrupción de la Covid-19, por poner un ejemplo, está teniendo un papel importante en las relaciones jurídicas, que no pueden no verse afectadas por el cambio que el virus ha supuesto a escala mundial. La Covid-19 está activando jurídicamente la cláusula rebus sic stantibus como posiblemente no se ha producido nunca antes. Pero con no menos intensidad lo está haciendo en el mundo de la Política. Que se lo pregunten, si no, a Donald Trump, al que su reacción ante el "virus chino", como a él le gustaba llamarlo, le ha costado nada menos que la Presidencia de los Estados Unidos.
La Política es la síntesis de todas las contradicciones que se producen en una sociedad. Síntesis que se ve necesariamente afectada por las síntesis en todas las demás sociedades con las que está interconectada. Cuando las contradicciones se acentúan y cuando la conexión de las contradicciones propias con las de las demás sociedades, especialmente con las de aquellas con las que tenemos una relación más intensa, experimenta un cambio intenso, cada partido en cada sistema político tiene que ajustar su posición, si no quiere quedarse en "fuera de juego", que, como todo buen aficionado al fútbol sabe, es la posición estéril por antonomasia.
Después de algo más de 30 años en que la sociedad española vino haciendo una síntesis política de sí misma dentro de un "molde bipartidista" bastante previsible, se inició un cambio significativo a partir de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014, cambio que no ha hecho más que acelerarse. El torbellino en que se ha convertido el sistema político español desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 no ha hecho más que ir ganando en intensidad. En dos ocasiones se han tenido que repetir las elecciones generales ante la imposibilidad de investir a ningún candidato como presidente del Gobierno. Se han aprobado dos Presupuestos Generales del Estado en cinco años. Se ha aprobado por primera vez una moción de censura. Se ha recurrido por primera vez al artículo 155 de la Constitución, acompañado de juicios de los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament por el Tribunal Supremo. Se ha formado por primera vez un Gobierno de coalición. Se ha hecho uso por primera vez del estado de alarma con prórrogas sucesivas. La dimensión "europea" de la política interna de cada uno de los países miembros de la Unión Europea ha adquirido una visibilidad extraordinaria. La enumeración no es exhaustiva, sino simplemente ejemplificativa.
Ante un cambio tan acelerado de las circunstancias en las que los partidos tenían que moverse, prácticamente todos lo han hecho, menos el PP. No todos han acertado por igual al moverse, pero todos se han movido. El PP es el que parece mantenerse en la misma posición política que definió José María Aznar en los años 90 y que es la que ha orientado su trayectoria desde entonces.
Cuando esa trayectoria quedó desarbolada tras el éxito de la moción de censura en 2018, el PP no ha sido capaz de reaccionar. Sigue instalado en la posición de que fue desalojado del Gobierno de una manera "ilegítima" en 2018 y de ahí no se mueve. Pedro Sánchez llegó al poder ilegítimamente y se ha mantenido desde entonces en el Gobierno de manera no menos ilegítima.
En torno a esa "ilegitimidad" ha girado su trayectoria. No a todo y en todo momento. Tanto si se trata de la prórroga del estado de alarma como de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de la ley de eutanasia como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No al Decreto sobre los fondos europeos para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19. La enumeración vuelve a ser ejemplificativa.
Con esa posición está consiguiendo todo lo contrario de lo que persigue. Le ha dado entrada en el sistema político a Vox, que se está convirtiendo en un competidor cada día más serio para él. Ha conseguido levantar el cordón sanitario que impedía que Bildu pudiera participar como un partido político más en la vida política. Ciudadanos fue importante en la tercera prórroga del estado de alarma. ERC, juntamente con otros varios, lo fueron en los Presupuestos. Y hasta Vox ha sido decisivo en la aprobación del Decreto-ley sobre los fondos europeos.
El único partido que no ha aportado nada más que negatividad, que ha estado permanentemente en fuera de juego, y que ha sido, por tanto, completamente estéril a lo largo de toda la legislatura, ha sido el PP.
Veremos qué pasa tras las elecciones catalanas.
Fuente:
Javier Pérez Royo. Profesor emérito de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla.
miércoles, 21 de junio de 2017
_- Irene Montero recita de la A a la Z 65 casos de corrupción del PP en 85 segundos.
_- El discurso de Irene Montero contra la corrupción, en el debate sobre la moción de censura de Unidos Podemos a Mariano Rajoy, ha tenido uno de los puntos más llamativos cuando ha recitado, casi en orden alfabético, 65 casos de corrupción en los que ha sido investigado el PP. Le ha llevado 85 segundos, 1:25 minutos.
Montero ha comenzado por los casos más recientes y llamativos, como la trama Gürtel y la Púnica, para luego repasar en orden alfabético otras tramas. Aunque la mayoría eran de los últimos años, ha citado algunas que se remontan a los años 90. No todas atañen solo a políticos del Partido Popular. Estas son las que ha nombrado, con enlace a las noticias publicadas sobre ellas en EL PAÍS.
1. Gürtel. Una investigación que comenzó en 2008 y en cuyo juicio tendrá que declarar Rajoy como testigo.
2. Púnica. El caso en el que está implicado Francisco Granados, antiguo ‘número 2’ del PP en la Comunidad de Madrid.
3. Lezo. Operación contra el desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II, que supuso el arresto de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y la dimisión de Esperanza Aguirre de todos sus cargos políticos.
4. Acuamed. Este caso supone la investigación de seis personas vinculadas a la gestión de una compañía dependiente del Ministerio de Agricultura. El alcalde de Algeciras y senador del PP José Ignacio Landaluce mantuvo conversaciones con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para acelerar la adjudicación de unas obras.
5. Nóos. Se condenó al expresidente de Baleares Jaime Matas a 3 años y 8 meses de cárcel.
6. Andratx. Supuso el paso por la cárcel de varios dirigentes del PP en Baleares.
7. Arena. Tras la tragedia del Madrid Arena, que supuso la muerte de cinco personas en 2012, se criticó la actitud de la entonces alcaldesa Ana Botella. Siete personas acabaron en la cárcel (ningún alto cargo del PP entre ellas).
8. Auditorio. Juzga la corrupción en torno a la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, donde era alcalde Pedro Antonio Sánchez, quien tuvo que dimitir recientemente como presidente de Murcia.
9. Baltar. Se condenó a José Luis Baltar por haber enchufado en la Diputación de Ourense que presidía a 104 personas durante las semanas previas al congreso provincial del PP que ganó su hijo, en 2010. Este hijo, José Manuel Baltar, está siendo investigado por haber ofrecido un empleo a cambio de sexo.
10. Bárcenas. Investigación a Luis Bárcenas, extesorero del PP y responsable de su caja B.
11. Biblioteca. Supuso la compra de facturas falsas creadas para enmascarar las comisiones pagadas al alcalde y al teniente de Urbanismo de Librilla (Murcia). Tuvo segunda parte.
13. Bon Sosec. Un cementerio de lujo que se construyó los años 90 con inversión del Gobierno de Baleares.
14. Bomsai. Un nuevo caso de corrupción en Baleares, en el que un empresario conseguía contratos públicos a empresas privadas a cambio de comisiones ilegales.
15. Brugal. Caso de tráfico de influencias y adjudicaciones de contratos públicos en Alicante. Está inculpada Sonia Castedo, exalcaldesa de la ciudad.
16. Caballo de Troya. Este entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Entre los implicados está Ángel de Cabo, testaferro del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
17. Camps. Aquí se puede leer una cronología de este caso ligado a la trama Gürtel que implicó al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que fue declarado no culpable.
18. Campeón. 13 acusados en la investigación de una trama que supuestamente defraudaba subvenciones públicas en Galicia y en la que han sido inculpados varios ex altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.
19. Carioca. Un caso de trata de mujeres y prostitución ilegal en el que estaban implicados agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Lugo.
20. Carmelitas. Luis Fernando Cartagena Travesedo, ex consejero de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, ingresó en prisión en 2008 para cumplir una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas de las Hermanas Carmelitas al Ayuntamiento de Orihuela.
21. Castellano. Según esta investigación, Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, habría recibido 163.736 euros de la trama del fuego, un presunto cártel de empresas del sector de la extinción de incendios forestales que trucó concursos públicos en siete comunidades autónomas y del Ejecutivo.
22. Catis. Una red en Cádiz, Canarias y Badajoz se dedicaba a falsificar diplomas y certificados oficiales cobrando por títulos y cursillos sin ofrecer formación alguna. Los títulos los emitía un sindicato en Cádiz y los validaban organismos oficiales, incluido el Gobierno de Canarias.
23. Ciudad del Golf. En 2012, la Audiencia absolvió al alcalde de Las Navas del Marqués, el popular Gerardo Pérez; al secretario municipal, Carlos de Vega, y al promotor Francisco Gómez, El Paloma, que habían impulsado una urbanización en un pinar protegido y que fue declarada ilegal.
24. Caso de la construcción. En 1994 se inhabilitó al exalcalde de Burgos, José María Peña San Martín, por la concesión irregular de licencias municipales.
25. Caso del lino. El Supremo absolvió en 2008 a los 18 acusados de estafa en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.
26. El Robledillo. El exalcalde de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, del PP, fue imputado en 2013 por un supuesto delito de tráfico de influencias en relación con la promoción urbanística de El Roblecillo.
27. Emarsa. En el llamado “saqueo” de la planta depuradora de Valencia está implicado el exdirigente del PP Enrique Crespo, que se enfrenta a una posible condena de 14 años de cárcel.
28. Caso Eólico Canarias. Se trata de una red de favores entre funcionarios, políticos y empresarios para hacerse con concesiones de instalación de aerogeneradores en Canarias.
29. Faycan. La exalcaldesa de Telde (Gran Canaria) se enfrenta a una pena de prisión de cinco años por malversación, fraude y falsedad en esta trama en la que había otros concejales y técnicos municipales del PP implicados.
30. Fitur. Los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes fueron condenados a 13 años de cárcel a cada uno por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) convocados por la Generalitat valenciana. Hubo otros 8 condenados.
31. Funeraria. En 2008 se condenó al exconcejal del PP Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación por el delito de prevaricación en el caso Funeraria, en el que se juzgó la privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992.
32. Guateque. Supuestos pagos ilegales a funcionarios para agilizar licencias urbanísticas en Madrid. Hay 30 procesados esperando sentencia.
33. Ibatur. Un caso de desvío de fondos y amaños desde el Instituto Balear de Turismo por el que también se imputó a Matas.
34. Imelsa. El principal acusado de esta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales es Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva entre 1995 y 2015, y presidente de la diputación de Valencia entre 2007 y 2015.
35. Inestur. Una trama de contratos y financiación ilegal que supuso la expulsión de Unión Mallorquina del Gobierno de Baleares en 2010. Este partido era el heredero de la UCD en las islas y apoyaba al Gobierno de Francesc Antich, del PSOE.
36. Lasarte. Una docena de cargos políticos y de altos funcionarios de Castilla y León habían estado usando sus cargos públicos para crear empresas, a veces a nombre de sus familiares, y pedirse autorización a sí mismos para instalar placas solares, aprovechando las primas que entonces se pagaban a la producción de energía fotovoltaica.
37. Líber. Una trama de corrupción en Librilla (Murcia).
38. Madeja. Un caso de cobro de comisiones a cambio de contratos en Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, además del Ministerio de Fomento, los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y la empresa pública Adif. Hay 96 imputados.
39. Marchelo. El juez imputa cinco delitos al concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín, Manuel Fernández, del PP: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público.
40. Mercamadrid. El Ayuntamiento de Madrid elevó ante la fiscalía un informe jurídico sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos en Mercamadrid durante la época en la que Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno en Madrid, presidía el consejo de administración de esta sociedad pública.
41. Caso Naseiro. Caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento de algunos de los implicados. Se conoció poco después de que José María Aznar fuera nombrado presidente del partido en 1989.
42. Novo Carthago. Un caso de supuesta corrupción urbanística en la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor (Murcia).
43. Ópera. Es la supuesta malversación de 1,2 millones de euros para crear un teatro de la ópera en Palma diseñado por Santiago Calatrava que jamás se construyó. Jaume Matas está inculpado. Forma parte del caso Palma Arena (ver más abajo).
44. Orquesta. Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos, y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores gallegos inculpados de participar en una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y de desviar de dinero destinado a la organización de fiestas locales.
45. Over Marketing. Empresa balear que organizaba eventos gracias a contratos obtenidos de forma irregular y que también está señalada como señalada como una de las vías de financiación irregular del PP madrileño en el caso Púnica.
46. Palma Arena. Caso de corrupción en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas.
47. Patos. Una trama de amaños y favores en la adjudicación de al menos una veintena de obras públicas en Galicia. La investigación implica a 50 personas.
48. Piscina. Un caso de adjudicación ilegal ocurrido en 2011 en Málaga. Manuel Díaz, concejal de Urbanismo del PP, adjudicó la construcción de una piscina municipal a un amigo de su familia.
49. Pokémon. Es una trama de corrupción repartida por Galicia y que ha salpicado también a otras comunidades como Murcia. Se destapó en 2014. Entre los implicados se encuentra el exalcalde de Lugo José Clemente López Orozco, que recibía pagos mensuales de 2.000 euros de la sociedad de empresas de mantenimiento Vendex.
50. Porto. Enrique Porto, Director de Urbanismo de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, fue denunciado por Anticorrupción en 2007 por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas con funcionarios. Junto al exalcalde de Villanueva de la Cañada Luis Partida, facilitaron un pelotazo urbanístico con el que se obtuvieron unas plusvalías de 4´6 millones de euros
51. Rasputín. Este caso se produjo en 2004, cuando un alto cargo del ejecutivo del gobierno de Baleares cargó a las arcas públicas seis entradas a un club de alterne en Moscú, Rusia.
52. Scala. Un caso en el que se desviaron cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007, y más de dos millones en presuntos sobornos en el Partido Popular de Ibiza. El principal imputado fue el exconseller balear José Juan Cardona, que ingresó en prisión en 2013.
53. Taula. Las supuestas prácticas corruptas de decenas de cargos del Partido Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por este partido. Todavía no está cerrado y siguen apareciendo nuevas vías de financiación irregular vinculadas a la trama. Fue el primer caso de corrupción del PP Valenciano que llevó a los tribunales a la fallecida Rita Barberá.
54. Terra Natura Benidorm. Se refiere a un caso de irregularidad de pagos de 2011, cuando la Generalitat Valenciana aceptó que el parque temático Terra Natura de Benidorm pagara el alquiler anual del terreno, de 1,2 millones de euros, con entradas del parque. El PP Valenciano rechazó una comisión de investigación por este pago por considerarlo “claro y transpartente”.
55. Torres de Calatrava. Fue un pago de 15 millones del gobierno de la Generalitat Valenciana (con Francisco Camps de Presidente) al arquitecto Santiago Calatrava por unas torres que nunca se construyeron. Aquí la noticia. Fue denunciado en 2011 por varios diputados autonómicos de Esquerra Unida, pero la Fiscalía Provincial de Valencia archivó la denuncia.
56. Torrevieja. Se refiere al caso de corrupción en esta ciudad alicantina que llevó a la cárcel en 2014 a Pedro Ángel Hernández, exalcalde del municipio y exdiputado autonómico del PP. Adjudicó, en 2004, el mayor contrato del Ayuntamiento de Torrevieja: el servicio de basura por 96 millones de euros.
57. Tótem. También conocido como Caso Totana, un caso de corrupción urbanística por el que el exalcade de esta localidad murciana (Juan Morales) pretendía obtener 3 millones de euros de comisiones por el Plan General de Ordenación Urbana. Se destapó en 2008 y tuvo como momento culminante 2014, cuando Morales se entregó a la justicia tras ocho días huido.
58. Troya. Un caso que llevó a la suspensión en 2012 de Juan Martín Serón, por aquel entonces alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), por cobrar 13 sobornos a cambio de actos propios de su cargo. Regresó a su la alcaldía tras cumplir su condena.
59. Túnel de Sóller. Caso de adjudicación irregular en Mallorca, iniciado en 1995. Por la adjudicación, un empresario pagó 50 millones de pesetas al PP Balear, que se usaroin para financiar sus campañas electorales.
60. Turismo Joven. El Consorcio de Turismo Joven en Baleares es una empresa pública que llegó a malversar cerca de tres millones de euros durante el gobierno de Jaume Matas. El caso fue destapado en 2008.
61. Umbra. Todo lo publicado en EL PAÍS sobre este caso de corrupción urbanística en Murcia, que tuvo en 2010 y por el que fueron imputados, entre otros, el Secretario Regional del PP Miguel Ángel Cámara, que por aquel entonces era también alcalde de la ciudad.
62. Uniformes. Un caso por el que fueron imputados 17 ediles del Ayuntamiento de Rota en 2014, incluidos la por aquel entonces alcaldesa, Eva Corrales. Se les investigó por comprar con dinero público uniformes a la empresa del exalcalde, Lorenzo Sánchez, del partido independiente Roteños Unidos.
63. Zeta. Una trama empresarial para defraudar subvenciones públicas a cursos de empleo. Fue destapada en 2014 en Galicia y alcanzó a amigos cercanos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. El principal imputado fue Gerardo Crespo, militante del PP
64. Caso Parques Eólicos. Es el nombre con el que se conoce el proceso a Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad, por las que recibió comisiones ilegales desde Suiza.
65. Cooperación. También conocido como Caso Blasco por tener al portavoz del PP en la Cortes Valencianas Rafael Blasco como principal imputado. Se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, con Francisco Camps de presidente de la Generalitat.
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/13/articulo/1497357773_974257.html
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