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jueves, 2 de febrero de 2023

_- ¿Que Irene Montero ha dicho qué?

_- España, ese país que no es machista porque todo el mundo tiene madre y hermana y las respeta, se ha llevado el gran sobresalto. La ministra de Igualdad ha culpado al PP de defender la cultura de la violación

El concepto “cultura de la violación” ha entrado hoy al Congreso de los diputados de la mano de la ministra de Igualdad y lo ha hecho, como no podía ser de otro modo, provocando un tremendo escándalo. No es un concepto nuevo ni lo ha inventado esta mañana Irene Montero. Las estudiosas del feminismo lo usan desde hace décadas para definir a esas sociedades –que son casi todas– en las cuales la violación de mujeres está interiorizada como un hecho ambiental. Algo que simplemente sucede igual que sucede la lluvia o el frío. Si cuando llueve uno debe usar un paraguas, cuando las violaciones ocurren las mujeres deben hacer determinadas cosas para no ser víctimas de ese fenómeno. No vayas sola por la calle en mitad de la noche, no uses una minifalda demasiado corta, ten cuidado de que no te echen nada en la bebida si no quieres ser violada. Cultura de la violación, el feminismo lo define a la perfección, es hacer recaer sobre la víctima la responsabilidad última de que no se cometa un grave delito. Un fenómeno de lo más curioso que no encontramos en ningún otro ámbito penal. Aún no se ha hecho el anuncio de la DGT que te recomiende no usar el coche a partir de las diez de la noche porque la posibilidad de cruzarte con un conductor ebrio que te acabe matando por un choque frontal es mayor a partir de esa hora.

La Xunta de Galicia lanzó hace unos días una campaña que debería aparecer en todos los libros de feminismo por representar a la perfección en qué consiste la cultura de la violación. Una campaña que explica de forma magistral cómo las sociedades ponen en los hombros de las potenciales víctimas la responsabilidad última de que una violación suceda. “No debería pasar, pero pasa”, reza el eslogan que acompaña a la imagen de una mujer que sale a correr con mallas deportivas al anochecer. Sin entrar al detalle de qué horas del día son las correctas para hacer deporte si eres mujer; tampoco recomendando que lo hagan vestidas convenientemente, es decir, con la típica armadura medieval de running con casco, escudo y lanza que venden en la sección femenina del Decathlon, la Xunta deja sobre la mesa esa idea mil y una veces rechazada desde el feminismo: la mujer es la que debe tener cuidado porque este fenómeno ambiental, que es la violación, existe.

A primera hora de la mañana, España, ese país que no es machista porque todo el mundo, incluido Abascal, tiene madre y hermana y las respeta, se ha llevado el gran sobresalto. Hostia, hostia, hostia, que Irene Montero ha culpado a los del PP de defender la cultura de la violación. Es decir, la ministra de Igualdad –cómo le gusta la crispación a esta chica– ha cometido la brutal barbarie de acusar al primer partido de la oposición de organizar violaciones como el que organiza capeas –un saludo para la chavalada del Elías Ahuja–. La reacción de la bancada popular llevándose las manos a la cabeza y gritando con fervor ‘árbitro, expulsión’ es comprensible. No creo que Irene Montero esperase que, tras decir que ese anuncio fomentaba la cultura de la violación, los diputados del PP se susurrasen unos a otros al oído que por supuesto la ministra se refiere a ese concepto tan básico y conocido en políticas de Igualdad. Por supuesto, no habían oído hablar de ello en la vida. 

La reacción de los medios, que han traducido la reflexión feminista de la ministra al castellano con un “Irene Montero acusa a los diputados del PP de ser violadores”, también es comprensible y esperable tal y como está el panorama. Lo preocupante y bochornoso ha sido la reacción de la presidenta del Congreso, la socialista y mujer Maritxell Batet. Sin pensárselo un segundo y con la seguridad que otorga no saber qué estás haciendo, ha llamado al orden a la ministra de Igualdad por usar un concepto básico en el campo de la igualdad. Porque ese no debe ser el tono en la casa de la soberanía popular. No se rían, pero es algo así como si el próximo miércoles, Batet llamase al orden a la ministra de Economía Nadia Calviño porque eso de la inflación, deflación y estanflación son palabros que suenan, como poco, agresivos y desagradables. Y por ahí sí que no. Para que algunos digan que no es necesario un ministerio de Igualdad. Como decía Forges: “País…”.

Fuente: https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/41420/Gerardo-Tece-Irene-montero-cultura-de-la-violacion-congreso-Xunta-de-Galicia-victima.htm

domingo, 27 de noviembre de 2022

Envilecimiento parlamentario.

Los insultos machistas de la ultraderecha de Vox contra Irene Montero repugnan a la conciencia democrática

Mientras el Parlamento aprobaba los terceros Presupuestos Generales del primer Gobierno de coalición de la democracia, el debate político estaba monopolizado por los graves insultos machistas que Vox vertió desde la tribuna del Congreso sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero. La legítima crítica política a la ley del solo sí es sí no autoriza en ningún caso un recurso que repugna a la conciencia democrática. El desencuentro y el choque dialéctico son leyes básicas de las democracias modernas, pero no lo son las mentiras, las descalificaciones personales y los insultos como modos de atraer la atención de las redes y apedrear a una diputada, sea o no ministra.

Amparar la legitimidad de esos ataques en los aspectos criticables de la ley del solo sí es sí es política y moralmente deplorable. El ejercicio del poder está sometido a la crítica de aliados y adversarios, pero no figura entre sus deberes el silencio o la indiferencia ante agresiones destinadas a minar su dignidad como persona. Lo ocurrido es mucho más que machismo ramplón y agrio: es negacionismo de la dignidad de las mujeres, como quedó patente ayer cuando otro diputado ultra quiso elogiar a otra diputada de su grupo señalando su “hombría”. La estrategia programática de provocación de la ultraderecha tiene eficacia mediática. La descalificación de brocha gorda y retrógrada alimenta una máquina política fundada en la desinformación deliberada, la añoranza reaccionaria y el odio para consumo masivo. La ultraderecha, de capa caída en las encuestas, necesita foco y lo busca a costa de lesionar las reglas básicas de la democracia en la tribuna del Congreso.

La visible jactancia de Vox en esta institución estos dos últimos días tiene causa: consiguió el objetivo de instalar el ruido del odio en el Parlamento en la víspera de la aprobación de unos Presupuestos concebidos para mejorar la capacidad de resistencia de la sociedad española a los embates de la crisis. Y le permite activar su único resorte electoral: acusar de tibieza al PP. Los primeros interesados en marcar distancias con este brutalismo político deberían ser los populares. Solo la portavoz, Cuca Gamarra, salió en las redes a condenar las ofensas a Montero. La pasividad visible de los diputados del PP en sus escaños —mientras toda la izquierda y muchos otros grupos ovacionaban en pie a la ministra en repulsa del ataque inmoral que había sufrido— no se sumó a la protesta del resto de formaciones políticas, y entre diputadas (y diputados) del PP hubo de sentirse un aliento de vergüenza irremediable. Al trumpismo desbocado se le combate con dignidad y coraje democráticos, como el que sin duda albergan numerosas diputadas del PP, con vidas independientes y emancipadas de tutela alguna de varón. A la presidencia de la cámara y a todos los demás grupos políticos les corresponde ahora analizar los cauces para que haya consecuencias reglamentarias a quienes atentan contra la dignidad básica de las mujeres.

https://elpais.com/opinion/2022-11-25/envilecimiento-parlamentario.html

jueves, 24 de noviembre de 2022

Tiene razón Irene Montero: es fascismo. La diputada de Vox Carla Toscano ha desplegado en el Parlamento su violencia contra la ministra de Igualdad y contra la democracia española

Toda violencia verbal o de pensamiento contra una persona es una violencia física. De hecho, no hay una transición tan grande como nos gustaría creer entre insultar a una persona y golpearla, entre insultar a una mujer y matarla, entre insultar a un colectivo y aniquilarlo. Es fácil llegar a esta conclusión cuando escuchamos los discursos de Hitler y Mussolini: sus palabras son pura violencia física contra las vidas y los cuerpos de millones. Sus palabras son y fueron asesinas porque así es como funciona la violencia fascista. Siempre, pero siempre, empieza en la boca.

Intentar hacer desaparecer moralmente al otro es un crimen. Y ese crimen lo hemos visto cometer públicamente por Carla Toscano, diputada de Vox, en el Congreso lo hemos visto cometer públicamente por Carla Toscano, diputada de Vox, en el Congreso de los Diputados. Es allí donde Toscano ha llamado a Irene Montero “libertadora de violadores” y allí donde le ha espetado:  “Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. El discurso de Carla Toscano es un argumento ad hominem, en su variante ad mulierem. Es decir, un argumento contra la persona y, en consecuencia, contra la existencia de la persona, por cuanto la despoja de su identidad y de su sentido. Un argumento que ha dejado de discutir ideas y aspectos técnicos y se centra únicamente en hacer desaparecer de la escena a la persona cuyos argumentos debería rebatir. Y esta clase de discurso solo demuestra que se ha renunciado a cualquier idea o tecné política en favor de la violencia. De hecho, las palabras de Carla Toscano solo tienen un objetivo: degradar en Irene Montero su condición de diputada,  de mujer y de ser humano y por eso son un acto criminal. Y este crimen viene a demostrar (más bien a recordar) cómo Vox pretende que el Congreso de los Diputados se convierta en un espacio de exterminio.

Históricamente, esta clase de violencia verbal fascista siempre viene acompañada de otra del cuerpo. No olvidemos que, para poder matar a millones de judíos, el nazismo tuvo que recurrir primero a esta clase de “borrado”. El primer paso del exterminio es la deshumanización, la merma de la moral y la credibilidad del enemigo. No olvidemos que el insulto es el germen de la violencia más atroz y reconozcamos que Carla Toscano ha desplegado su violencia fascista contra Irene Montero y contra la democracia española en la sede del Parlamento.

P.D.: Y encima se autoerigen en "superiores moralmente". Superioridad moral que autoproclaman poseer, contradiciendo toda realidad, pues estos seguidores de nazis, fascistas y franquistas, y a los que no condenan, con lo que son cómplices de esos asesinos nazis. Los que comenzaron las agresiones y guerras con mentiras, manipulaciones y montajes, como el que hicieron en la frontera polaca para justificar su agresión e invasión del país. Después, siguieron invadiendo países sin declaración previa de guerra, asesinaron, sin piedad, esclavisaron a millones de hombres y mujeres, los asesinaron mediante palizas, hambre, experimentos médicos, jornadas larguísimas de trabajo, castigos crueles, y hambre, hambre y hambre. Fusilamientos, cámaras de gas, torturas, malos tratos, ...etc.  
Por ello fueron juzgados y condenados en los juicios de Nuremberg. ¿Es esa su superioridad moral de la que alardean? Aquí en España su comportamiento a lo largo de la guerra y después con la dictadura... su cinismo e hipocrecía no tienen límites, se levantaron traicioneramente contra la República, el gobierno legal y legítimo elegido por el pueblo, en quien reside la autoridad de la nación. Son verdaderos fascistas que debían estar ilegalizados por la democracia a la que corrompen y con la que quieren acabar. En Gracia han sido ilegalizados y aquí se le da espacios en los medios y se fomenta su discurso. Son delincuentes contra la democracia y la constitución. No son dignos de ser diputados, ni representantes de unas ideas contrarias a la democracia, la constitución y la vida cívica. Sobre todo, con lo que ha padecido nuestro pueblo bajo su dictadura. 

miércoles, 21 de junio de 2017

_- Irene Montero recita de la A a la Z 65 casos de corrupción del PP en 85 segundos.

_- El discurso de Irene Montero contra la corrupción, en el debate sobre la moción de censura de Unidos Podemos a Mariano Rajoy, ha tenido uno de los puntos más llamativos cuando ha recitado, casi en orden alfabético, 65 casos de corrupción en los que ha sido investigado el PP. Le ha llevado 85 segundos, 1:25 minutos.
Montero ha comenzado por los casos más recientes y llamativos, como la trama Gürtel y la Púnica, para luego repasar en orden alfabético otras tramas. Aunque la mayoría eran de los últimos años, ha citado algunas que se remontan a los años 90. No todas atañen solo a políticos del Partido Popular. Estas son las que ha nombrado, con enlace a las noticias publicadas sobre ellas en EL PAÍS.
1. Gürtel. Una investigación que comenzó en 2008 y en cuyo juicio tendrá que declarar Rajoy como testigo.
2. Púnica. El caso en el que está implicado Francisco Granados, antiguo ‘número 2’ del PP en la Comunidad de Madrid.
3. Lezo. Operación contra el desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II, que supuso el arresto de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y la dimisión de Esperanza Aguirre de todos sus cargos políticos.
4. Acuamed. Este caso supone la investigación de seis personas vinculadas a la gestión de una compañía dependiente del Ministerio de Agricultura. El alcalde de Algeciras y senador del PP José Ignacio Landaluce mantuvo conversaciones con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para acelerar la adjudicación de unas obras.
5. Nóos. Se condenó al expresidente de Baleares Jaime Matas a 3 años y 8 meses de cárcel.
6. Andratx. Supuso el paso por la cárcel de varios dirigentes del PP en Baleares.
7. Arena. Tras la tragedia del Madrid Arena, que supuso la muerte de cinco personas en 2012, se criticó la actitud de la entonces alcaldesa Ana Botella. Siete personas acabaron en la cárcel (ningún alto cargo del PP entre ellas).
8. Auditorio. Juzga la corrupción en torno a la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, donde era alcalde Pedro Antonio Sánchez, quien tuvo que dimitir recientemente como presidente de Murcia.
9. Baltar. Se condenó a José Luis Baltar por haber enchufado en la Diputación de Ourense que presidía a 104 personas durante las semanas previas al congreso provincial del PP que ganó su hijo, en 2010. Este hijo, José Manuel Baltar, está siendo investigado por haber ofrecido un empleo a cambio de sexo.
10. Bárcenas. Investigación a Luis Bárcenas, extesorero del PP y responsable de su caja B.
11. Biblioteca. Supuso la compra de facturas falsas creadas para enmascarar las comisiones pagadas al alcalde y al teniente de Urbanismo de Librilla (Murcia). Tuvo segunda parte.
13. Bon Sosec. Un cementerio de lujo que se construyó los años 90 con inversión del Gobierno de Baleares.
14. Bomsai. Un nuevo caso de corrupción en Baleares, en el que un empresario conseguía contratos públicos a empresas privadas a cambio de comisiones ilegales.
15. Brugal. Caso de tráfico de influencias y adjudicaciones de contratos públicos en Alicante. Está inculpada Sonia Castedo, exalcaldesa de la ciudad.
16. Caballo de Troya. Este entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Entre los implicados está Ángel de Cabo, testaferro del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
17. Camps. Aquí se puede leer una cronología de este caso ligado a la trama Gürtel que implicó al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que fue declarado no culpable.
18. Campeón. 13 acusados en la investigación de una trama que supuestamente defraudaba subvenciones públicas en Galicia y en la que han sido inculpados varios ex altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.
19. Carioca. Un caso de trata de mujeres y prostitución ilegal en el que estaban implicados agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Lugo.
20. Carmelitas. Luis Fernando Cartagena Travesedo, ex consejero de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, ingresó en prisión en 2008 para cumplir una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas de las Hermanas Carmelitas al Ayuntamiento de Orihuela.
21. Castellano. Según esta investigación, Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, habría recibido 163.736 euros de la trama del fuego, un presunto cártel de empresas del sector de la extinción de incendios forestales que trucó concursos públicos en siete comunidades autónomas y del Ejecutivo.
22. Catis. Una red en Cádiz, Canarias y Badajoz se dedicaba a falsificar diplomas y certificados oficiales cobrando por títulos y cursillos sin ofrecer formación alguna. Los títulos los emitía un sindicato en Cádiz y los validaban organismos oficiales, incluido el Gobierno de Canarias.
23. Ciudad del Golf. En 2012, la Audiencia absolvió al alcalde de Las Navas del Marqués, el popular Gerardo Pérez; al secretario municipal, Carlos de Vega, y al promotor Francisco Gómez, El Paloma, que habían impulsado una urbanización en un pinar protegido y que fue declarada ilegal.
24. Caso de la construcción. En 1994 se inhabilitó al exalcalde de Burgos, José María Peña San Martín, por la concesión irregular de licencias municipales.
25. Caso del lino. El Supremo absolvió en 2008 a los 18 acusados de estafa en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.
26. El Robledillo. El exalcalde de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, del PP, fue imputado en 2013 por un supuesto delito de tráfico de influencias en relación con la promoción urbanística de El Roblecillo.
27. Emarsa. En el llamado “saqueo” de la planta depuradora de Valencia está implicado el exdirigente del PP Enrique Crespo, que se enfrenta a una posible condena de 14 años de cárcel.
28. Caso Eólico Canarias. Se trata de una red de favores entre funcionarios, políticos y empresarios para hacerse con concesiones de instalación de aerogeneradores en Canarias.
29. Faycan. La exalcaldesa de Telde (Gran Canaria) se enfrenta a una pena de prisión de cinco años por malversación, fraude y falsedad en esta trama en la que había otros concejales y técnicos municipales del PP implicados.
30. Fitur. Los cabecillas de la trama Gürtel Francisco CorreaPablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes fueron condenados a 13 años de cárcel a cada uno por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) convocados por la Generalitat valenciana. Hubo otros 8 condenados.
31. Funeraria. En 2008 se condenó al exconcejal del PP Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación por el delito de prevaricación en el caso Funeraria, en el que se juzgó la privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992.
33. Ibatur. Un caso de desvío de fondos y amaños desde el Instituto Balear de Turismo por el que también se imputó a Matas.
34. Imelsa. El principal acusado de esta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales es Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva entre 1995 y 2015, y presidente de la diputación de Valencia entre 2007 y 2015.
35. Inestur. Una trama de contratos y financiación ilegal que supuso la expulsión de Unión Mallorquina del Gobierno de Baleares en 2010. Este partido era el heredero de la UCD en las islas y apoyaba al Gobierno de Francesc Antich, del PSOE.
36. Lasarte. Una docena de cargos políticos y de altos funcionarios de Castilla y León habían estado usando sus cargos públicos para crear empresas, a veces a nombre de sus familiares, y pedirse autorización a sí mismos para instalar placas solares, aprovechando las primas que entonces se pagaban a la producción de energía fotovoltaica.
38. Madeja. Un caso de cobro de comisiones a cambio de contratos en Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, además del Ministerio de Fomento, los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y la empresa pública Adif. Hay 96 imputados.
39. Marchelo. El juez imputa cinco delitos al concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín, Manuel Fernández, del PP: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público.
40. Mercamadrid. El Ayuntamiento de Madrid elevó ante la fiscalía un informe jurídico sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos en Mercamadrid durante la época en la que Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno en Madrid, presidía el consejo de administración de esta sociedad pública.
41. Caso Naseiro. Caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento de algunos de los implicados. Se conoció poco después de que José María Aznar fuera nombrado presidente del partido en 1989.
42. Novo Carthago. Un caso de supuesta corrupción urbanística en la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor (Murcia).
43. Ópera. Es la supuesta malversación de 1,2 millones de euros para crear un teatro de la ópera en Palma diseñado por Santiago Calatrava que jamás se construyó. Jaume Matas está inculpado. Forma parte del caso Palma Arena (ver más abajo).
44. Orquesta. Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos, y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores gallegos inculpados de participar en una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y de desviar de dinero destinado a la organización de fiestas locales.
45. Over Marketing. Empresa balear que organizaba eventos gracias a contratos obtenidos de forma irregular y que también está señalada como señalada como una de las vías de financiación irregular del PP madrileño en el caso Púnica.
46. Palma Arena. Caso de corrupción en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas.
48. Piscina. Un caso de adjudicación ilegal ocurrido en 2011 en Málaga. Manuel Díaz, concejal de Urbanismo del PP, adjudicó la construcción de una piscina municipal a un amigo de su familia.
49. Pokémon. Es una trama de corrupción repartida por Galicia y que ha salpicado también a otras comunidades como Murcia. Se destapó en 2014. Entre los implicados se encuentra el exalcalde de Lugo José Clemente López Orozco, que recibía pagos mensuales de 2.000 euros de la sociedad de empresas de mantenimiento Vendex.
50. Porto. Enrique Porto, Director de Urbanismo de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, fue denunciado por Anticorrupción en 2007 por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas con funcionarios. Junto al exalcalde de Villanueva de la Cañada Luis Partida, facilitaron un pelotazo urbanístico con el que se obtuvieron unas plusvalías de 4´6 millones de euros
51. Rasputín. Este caso se produjo en 2004, cuando un alto cargo del ejecutivo del gobierno de Baleares cargó a las arcas públicas seis entradas a un club de alterne en Moscú, Rusia.
52. Scala. Un caso en el que se desviaron cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007, y más de dos millones en presuntos sobornos en el Partido Popular de Ibiza. El principal imputado fue el exconseller balear José Juan Cardona, que ingresó en prisión en 2013.
53. Taula. Las supuestas prácticas corruptas de decenas de cargos del Partido Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por este partido. Todavía no está cerrado y siguen apareciendo nuevas vías de financiación irregular vinculadas a la trama. Fue el primer caso de corrupción del PP Valenciano que llevó a los tribunales a la fallecida Rita Barberá.
54. Terra Natura Benidorm. Se refiere a un caso de irregularidad de pagos de 2011, cuando la Generalitat Valenciana aceptó que el parque temático Terra Natura de Benidorm pagara el alquiler anual del terreno, de 1,2 millones de euros, con entradas del parque. El PP Valenciano rechazó una comisión de investigación por este pago por considerarlo “claro y transpartente”.
55. Torres de Calatrava. Fue un pago de 15 millones del gobierno de la Generalitat Valenciana (con Francisco Camps de Presidente) al arquitecto Santiago Calatrava por unas torres que nunca se construyeron. Aquí la noticia. Fue denunciado en 2011 por varios diputados autonómicos de Esquerra Unida, pero la Fiscalía Provincial de Valencia archivó la denuncia.
56. Torrevieja. Se refiere al caso de corrupción en esta ciudad alicantina que llevó a la cárcel en 2014 a Pedro Ángel Hernández, exalcalde del municipio y exdiputado autonómico del PP. Adjudicó, en 2004, el mayor contrato del Ayuntamiento de Torrevieja: el servicio de basura por 96 millones de euros.
57. Tótem. También conocido como Caso Totana, un caso de corrupción urbanística por el que el exalcade de esta localidad murciana (Juan Morales) pretendía obtener 3 millones de euros de comisiones por el Plan General de Ordenación Urbana. Se destapó en 2008 y tuvo como momento culminante 2014, cuando Morales se entregó a la justicia tras ocho días huido.
58. Troya. Un caso que llevó a la suspensión en 2012 de Juan Martín Serón, por aquel entonces alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), por cobrar 13 sobornos a cambio de actos propios de su cargo. Regresó a su la alcaldía tras cumplir su condena.
59. Túnel de Sóller. Caso de adjudicación irregular en Mallorca, iniciado en 1995. Por la adjudicación, un empresario pagó 50 millones de pesetas al PP Balear, que se usaroin para financiar sus campañas electorales.
60. Turismo Joven. El Consorcio de Turismo Joven en Baleares es una empresa pública que llegó a malversar cerca de tres millones de euros durante el gobierno de Jaume Matas. El caso fue destapado en 2008.
61. Umbra. Todo lo publicado en EL PAÍS sobre este caso de corrupción urbanística en Murcia, que tuvo en 2010 y por el que fueron imputados, entre otros, el Secretario Regional del PP Miguel Ángel Cámara, que por aquel entonces era también alcalde de la ciudad.
62. Uniformes. Un caso por el que fueron imputados 17 ediles del Ayuntamiento de Rota en 2014, incluidos la por aquel entonces alcaldesa, Eva Corrales. Se les investigó por comprar con dinero público uniformes a la empresa del exalcalde, Lorenzo Sánchez, del partido independiente Roteños Unidos.
63. Zeta. Una trama empresarial para defraudar subvenciones públicas a cursos de empleo. Fue destapada en 2014 en Galicia y alcanzó a amigos cercanos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. El principal imputado fue Gerardo Crespo, militante del PP
64. Caso Parques Eólicos. Es el nombre con el que se conoce el proceso a Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad, por las que recibió comisiones ilegales desde Suiza.
65. Cooperación. También conocido como Caso Blasco por tener al portavoz del PP en la Cortes Valencianas Rafael Blasco como principal imputado. Se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, con Francisco Camps de presidente de la Generalitat.
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/13/articulo/1497357773_974257.html