La caída de la recaudación que conllevó la Gran Recesión afectó especialmente a las autonomías por el desplome de las figuras asociadas al sector inmobiliario.
La reacción fue triple. Uno, reducir gastos, con el inconveniente de que se perjudicaban los sociales (sanidad, educación y dependencia), que pasaron de representar el 69% del total (2007) al 75% (2015), lo que reducía margen de actuación. Dos, crear nuevas tasas territoriales, con la desventaja de su menor capacidad recaudatoria y el riesgo de conflicto competencial con la Administración central. Y tres, el endeudamiento.
Este llegó a ser tan notorio que —junto a la crisis fiscal desde 2009, simultánea a la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación, por lo que lo contaminó— que las comunidades quedaron excluidas de la apelación a los mercados internacionales.
El Fondo de pago a proveedores o el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA, que ha suministrado más de 170.000 millones) —sustitutivo de la posible emisión de hispabonos, una suerte de eurobonos domésticos— compensaron en parte, desde 2012, esa carencia.
La Comisión de expertos, en su informe de julio 2017, no acordó una fórmula para descrestar esa deuda, pero apuntó propuestas. Los miembros más sensibles a la problemática de las autonomías sobrefinanciadas, menos endeudas o que más habían recortado recelaban de cualquier reestructuración o quita, al considerar el "riesgo moral" que supondría aliviar a los más endeudados.
Aún así, el equipo concluyó que para acompañar la vuelta a los mercados, era "aconsejable" un nuevo trato favorable, ampliando carencias y fijando tipos de interés blandos. Como se hizo con los programas de rescate a socios de la UE, siempre bajo una "condicionalidad" que las comprometiese a cumplir objetivos de reequilibrio presupuestario.
Una minoría postuló una idea más radical, una reducción directa de la deuda. A condición de no cubrir de ninguna manera "la parte del endeudamiento diferencial" de las autonomías "derivada de una mayor propensión relativa al gasto", el posible origen de un riesgo moral discriminatorio.
La reestructuración cubriría dos tramos; uno, para todas, por su "insuficiencia de recursos padecida para financiar los servicios en el período 2009-2016"; el otro beneficiaría a las que tuvieron que endeudarse más por razones objetivas, no por capricho gastador.
Ante el desequilibrio financiero de las autonomías se puede actuar de dos maneras: inyectando más recursos al sistema, para lo que el Estado encuentra dificultades; o actuando sobre la deuda (o una mezcla). Pero uno de los aspectos sugerentes de aquel documento es que proporcionó la base para hacerlo al reconocer que las autonomías padecieron mayor insuficiencia que la Administración central.
Eso se explicitaba, más que en cuantías relativas, en términos de un "desequilibrio de instrumentos a favor del Estado", mucho mejor dotado que aquellas para aumentar sus recursos tributarios en las vacas flacas: las comunidades solo pueden modular al alza o a la baja la mitad de sus ingresos ordinarios.
https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525881732_086481.html
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