Muchos padres queremos que nuestros hijos sean resilientes emocionalmente, que sean capaces de superar los altibajos de la vida. Pero nuestra capacidad para fomentar la resiliencia depende, en gran medida, de nuestra propia resiliencia emocional.
“La resiliencia de los padres funciona como un patrón para que el niño pueda identificar cómo enfrentar los desafíos, cómo comprender sus propias emociones”, afirma Dan Siegel, autor de The Yes Brain, que se enfoca en cultivar la resiliencia en los niños.
Sin embargo, poder afrontar con filosofía los berrinches y rabietas representa un reto para muchos padres, en especial, si tenemos expectativas poco realistas sobre lo que es la infancia.
“La idea de que la crianza debe ser la maravillosa, feliz y perfecta culminación de nuestras esperanzas y sueños es parte de eso”, comenta Katherine Reynolds Lewis, autora del libro próximo a publicarse The Good News About Bad Behavior.
Lewis dice que el enojo, las lágrimas y otros arrebatos son parte natural del desarrollo de cualquier niño; es lo que ella llama “el caos de la niñez”.
No obstante, los padres que son incapaces de enfrentar ese caos o que no están dispuestos a hacerlo podrían considerar los arrebatos del niño como un problema que debe resolverse de inmediato.
Laura Markham, psicóloga clínica y editora del sitio AhaParenting.com, dice que, cuando eso sucede, “ridiculizamos a los niños, los culpamos y les decimos que es culpa suya; los aislamos al enviarlos a su habitación”.
La naturaleza de la respuesta de los padres puede variar, aseveró Markham, pero el mensaje es el mismo: el enojo, la tristeza o la frustración son inaceptables.
Según Markham, eso es lo contrario a la resiliencia; se trata de imponer una frágil rigidez que hace que padres e hijos se sientan temerosos de que las emociones intensas los destrocen.
En contraste con esa fragilidad, los padres que no evaden el poder de emociones como el enojo tienen una mayor capacidad para asimilar las interacciones desafiantes con sus hijos, expuso Siegel, quien es director ejecutivo del Instituto Mindsight. Además, no hay que preocuparse si este tipo de resiliencia no llega de forma natural, añade, pues con la práctica se vuelve más sencillo.
A continuación, ofrecemos algunos consejos para que esas interacciones complicadas sean más sencillas de asimilar.
Respira profundo
Para responder con inteligencia a los arrebatos de un hijo, primero debemos apagar las alarmas que se encienden en nuestra cabeza. Markham aconseja a los padres “presionar el botón de pausa” antes de ejercer cualquier acción, aun ante el escenario de un niño gritando.
En su investigación, Lewis descubrió que padres e hijos a menudo sincronizan los latidos de su corazón, su respiración y otras funciones fisiológicas, de modo que calmarnos puede tener un efecto físico mensurable en nuestro hijo, sin mencionar que también puede ayudarnos a enfrentar la situación con serenidad.
Deja que las emociones se presenten
La resiliencia depende de comprender que las emociones —incluso aquellas que se consideran “negativas”, como la tristeza, el sufrimiento o el enojo— no son un problema que debe resolverse, sino una consecuencia natural de ser humano.
“El asunto con las emociones es que no duran para siempre; hay un comienzo, un desarrollo y un final en todas ellas”, dice Carla Naumburg, trabajadora social clínica y autora de Ready, Set, Breathe: Practicing Mindfulness With Your Children for Fewer Meltdowns and a More Peaceful Family.
Más allá de eso, permitirnos (y permitirles a nuestros hijos) experimentar y expresar un amplio rango de emociones es vital para nuestro bienestar. Markham resaltó que cuando no expresamos nuestras emociones perdemos el control sobre ellas.
Sé curioso
Como padres, nos preguntamos con mucha frecuencia “¿por qué?” cuando observamos alguna conducta no deseada (“¿Por qué no puede recordar poner los calcetines en el cesto?”). Pero Naumburg afirma que preguntarnos por qué reaccionamos de esa manera podría ser más útil, en especial, cuando nos sacan de nuestras casillas. “Date cuenta de lo que está sucediendo contigo y comienza a responsabilizarte de eso”, sugirió Markham.
Establece límites con compasión
Establecer reglas y límites y apegarse a ellos puede convertirse en uno de los momentos más desagradables en la relación entre padres e hijos, pero actuar con compasión y amabilidad en esos momentos puede ayudar a mantener bajo el nivel de tu presión sanguínea.
Markham y Naumburg indican que reconocer verbalmente los sentimientos de tu hijo y consolarlo no necesariamente va de la mano con ceder ante sus exigencias. “Hay ocasiones en las que me siento con mi hija en el regazo, mientras llora, y la abrazo mientras le digo: ‘No’”, dice Naumburg. “Continúa llorando pero seguimos conectadas”.
Analiza tus respuestas
Susan Newman, psicóloga social y autora de The Book of No: 365 Ways To Say It and Mean It, afirma que los padres deben estar especialmente conscientes de las ocasiones en las que es más probable que cedan ante los arrebatos de su hijo y agrega: “Si puedes reconocer lo que te hace decir que sí de manera automática, es hora de retroceder y pensar: ‘Espera, ¿por qué lo hago?’”.
Newman continúa: “Vivimos en una cultura de los padres que dicen: ‘Sí’ y es más fácil decir que sí que batallar con el berrinche de un niño”. Sin embargo, los padres pueden considerar una negativa como una manera de explorar los límites y así poder comprenderlos mejor.
Toma distancia
Cuando nos identificamos demasiado con nuestros hijos o los consideramos un barómetro de nuestra propia autoestima, estamos preparando el terreno para la decepción (o algo peor) cuando las cosas no salen como las planeamos.
“Nuestro ego está muy atado a nuestro modo de crianza”, dice Julie Lythcott-Haims, autora de How to Raise an Adult. Naumburg señala que esto se debe en parte a una narrativa cultural que sugiere que “si los niños no están bien, entonces es porque nos hemos equivocado como padres”.
Como lo describe Lythcott-Haims: “Si nosotros logramos vivir nuestra vida, quizá nuestros hijos también puedan hacerlo”.
https://www.nytimes.com/es/2018/04/05/hijos-resilientes-berrinche-rabieta/
viernes, 29 de junio de 2018
Rajoy no deja un país mejor que el que encontró
Rafael Silva
Rebelión
Una de las últimas frases que pronunció M. Rajoy desde la tribuna de oradores del Congreso, tras saber que la moción de censura había acabado con su indecente Gobierno, fue la siguiente: "Es un honor saber que dejo un país mejor que el que encontré". Frase que nos provocaría un ataque de risa, a no ser porque, por incierta y cínica, lo que nos provoca es un ataque de profunda indignación. Rajoy no se va dejando un país mejor que el que encontró, ni siquiera igual, sino que deja un país muchísimo peor, un país "hecho unos zorros" diríase coloquialmente. Es más, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que ningún aspecto de nuestra sociedad, ninguna faceta de nuestra vida, ninguna institución del Estado, acaba mejor que antes de los 6 años de infructuoso, intolerante, antisocial, mezquino y detestable Gobierno del PP de Rajoy. Ni en economía, ni en pensiones, ni en política exterior, ni en derechos y libertades, ni en igualdad, ni en servicios públicos, ni en medio ambiente, ni en justicia, ni en cultura... no hay parcela alguna que pueda registrar un saldo positivo tras el paso del caballo de Atila de Rajoy y sus perversas políticas. En justicia, hasta los colectivos de profesionales se han manifestado en contra de las reformas del Gobierno de Rajoy, que eliminó la justicia universal, que no ha dotado de mejores medios materiales ni humanos a la Administración de Justicia, y que ha acortado los plazos de instrucción de los procesos. Asímismo, mediante la famosa Ley Mordaza, ha eliminado el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se dan circunstancias de limitación de libertades públicas básicas.
Reformó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que junto con la ya referida Ley Mordaza, limitan grandemente nuestro anterior sistema de derechos y libertades. Asimismo, el Gobierno saliente de Rajoy se ha caracterizado por utilizar y poner a su servicio las más altas Instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, judicializando una serie de procesos que debían haberse tratado únicamente por cauces políticos, tal como el conflicto nacional catalán. Como nos cuenta este reciente editorial del medio digital Contexto: "Deja Rajoy unos derechos fundamentales erosionados, expuestos a una percepción de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad pública y de la respuesta a la delincuencia que sólo provocan más sufrimiento en términos colectivos, más cárcel y más temor en el ejercicio de conductas hasta hace poco consideradas derechos sin más, además de un rosario de agravios con sed de sentencia ejemplarizante". En efecto, sin ir más lejos, y sin actividad armada alguna de la banda terrorista ETA, las denuncias y condenas por enaltecimiento del terrorismo se han visto elevadas frente a anteriores períodos. A ello han contribuido también los medios de comunicación dominantes del sector privado, todos ellos adalides del neoliberalismo más salvaje, y por supuesto, la degradación a la que ha estado sometido el ente público Radio Televisión Española, que ha alcanzado con el Gobierno de Rajoy unos niveles de manipulación informativa nunca antes vista, así como una involución de su programación general que le ha alejado seriamente de su carácter y función como servicio público, y que la ha relegado a una herramienta de propaganda del Gobierno y un instrumento al servicio de la alienación cultural.
El asunto catalán ha sido otro de los caballos de batalla del expresidente que afirmó "dejar un país mejor que el que encontró", pero sin embargo, lejos de reconocer la responsabilidad de su partido en el encono del asunto (pues los orígenes se remontan al recurso que interpuso el PP ante el TC sobre el famoso Estatut de 2006), ha sido absolutamente incapaz de establecer vías de diálogo y negociación con los sucesivos gobiernos de la Generalitat, dejando que el tema se enquistara en la sociedad catalana hasta alcanzar límites desorbitados, que tuvieron como cénit la jornada de violenta represión a la ciudadanía que participó en el referéndum del pasado 1 de Octubre. Rajoy no sólo ha sido un presidente antidemocrático, sino completamente inepto para abordar problemas políticos desde la política, traspasando dichos asuntos a la órbita de la justicia. Bien es verdad que para estas tareas ha tenido como compañeros de viaje al partido que ahora gobierna de nuevo, el PSOE de Pedro Sánchez y a esa nueva derecha de Ciudadanos, que aunque pretende aparecer como renovada y moderna, sigue siendo fiel a los postulados más ultraconservadores. Incluso la Corona desempeñó su detestable papel en este asunto. Pero de dicha institución ya sabemos que nada puede esperarse, salvo su disolución y la transformación de nuestro Estado en una República Federal. El culmen de dicho proceso ha sido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha dejado como resultado un montón de políticos catalanes presos o en el exilio. Un balance absolutamente lamentable.
La mano de Rajoy también se ha dejado sentir en varias Leyes que han sido completamente ninguneadas e ignoradas por su Gobierno, tales como la Ley de Memoria Histórica (sobre la cual se jactaba incluso de haber dedicado "0 euros" a su financiación), la Ley de Violencia de Género, o la Ley de la Dependencia, que han sido igualmente despojadas de presupuesto, lo cual es sinónimo de hacerlas inviables, y por tanto, suponen otra forma de incumplirlas. Tampoco ha sabido o querido dejar solución para algunos temas urgentes de carácter estatal, tal como el sistema de financiación autonómica, que tras muchos años de demanda de las diversas autonomías (incluidas las gobernadas por su propio partido), no han visto satisfechas sus demandas de una mejor financiación. Más bien al contrario, el Ministerio del ex Ministro Montoro se ha dedicado a practicar la guerra interna contra las Administraciones autonómicas, controlando sus cuentas mediante mecanismos como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), y exigiéndoles unos niveles de déficit público que les obligaban a no poder financiar el conjunto de sus servicios públicos. Las mujeres han sido otro saldo negativo del ex Presidente, aunque él mantuvo que dejaba "un país mejor que el que encontró". Huelgas feministas, brecha salarial, feminización de la pobreza y de la precariedad, y sobre todo, incremento de los crímenes machistas han sido los principales saldos del Gobierno de M. Rajoy en asuntos de igualdad. La visión transversal de género ha sido una carencia fundamental en las políticas del PP de Rajoy. Su desinterés por las mismas también.
La Ley de la Dependencia ha sido también objeto de acoso y derribo. Rajoy presupuestó 1.400 millones de euros para esta partida, lo que supone un 6,7% menos que en 2011. En 2017 un total de 38.000 personas dependientes fallecieron en nuestro país sin haber recibido prestación alguna. Dos de cada tres dependientes son mujeres, y el 90% de las personas que se ocupan de los cuidados, también. El grave deterioro de la economía que ya sufríamos con los últimos años del Gobierno de Zapatero tampoco fue corregido con Rajoy, por mucho que éste presumiera del "crecimiento económico y el empleo", coletilla que usaba como un mantra incuestionable de sus políticas. Nada más lejos de la triste realidad. El crecimiento económico únicamente ha servido en estos últimos años para acrecentar el número de ricos en nuestro país, para afianzar los beneficios empresariales, y para consolidar una hegemonía de los poderes económicos, que salieron inmensa y mayoritariamente beneficiados con la Reforma Laboral de 2012, toda una contrarreforma que acabó con los (ya mermados) equilibrios anteriores. El "empleo creado" no ha sido tal, sino una transformación de nuestro mercado laboral anterior, una reconversión hacia un mercado mucho más inestable y precario, dependiente de los deseos, necesidades y objetivos de los patronos. Con Rajoy la precariedad se ha convertido en modelo de vida, en norma cotidiana, en registro vital. Incluso los trabajadores y trabajadoras veteranos/as pierden sus puestos de trabajo sin mayores problemas, para que sus empresas contraten después "recursos humanos" jóvenes y precarios. La devaluación salarial ha sido continua, la pérdida de poder adquisitivo en todos los sectores laborales una constante, y el desmontaje de la Seguridad Social (incluso aunque durante algunos períodos haya aumentado el número de cotizantes puntualmente) y del Sistema Público de Pensiones, sus consecuencias más directas. Para una radiografía más completa de los destrozos económicos de Rajoy, véase el artículo de Emilio de la Peña para el medio digital Ctxt.
En el "país mejor" que deja Rajoy, se despide más fácilmente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido vaciado, y los pensionistas están en pie de guerra debido a sus míseras pensiones. En el "país mejor" que deja Rajoy, sólo la mitad de los desempleados están cobrando prestaciones, y los jóvenes no tienen expectativa vital de futuro, ya que están abocados a depender de sus familias, de la precariedad, o del exilio laboral. En el "país mejor" que deja Rajoy, la cultura y la ciencia han sido atacadas y desmanteladas, y los artistas tampoco pueden vivir de su trabajo. En el "país mejor" que deja Rajoy, las pocas empresas públicas que quedaban han sido absolutamente privatizadas, los bancos rescatados, las personas desahuciadas de sus viviendas, los clientes estafados, los estudiantes expulsados de la Universidad, y los servicios públicos básicos (sanidad, educación, etc.) disminuidos en recursos y en personal. Un conjunto de Mareas ciudadanas han sido la constante en su expresión de protesta ante los ataques, recortes, privatizaciones y desmantelamientos que estaban sufriendo sus respectivos sectores. En el "país mejor" que deja Rajoy, las políticas destinadas a la mejora y conservación del medio ambiente y a contrarrestar los gravísimos efectos del cambio climático han brillado por su ausencia. Una gran parte de la legislación ambiental existente se derogó, se privatizaron recursos naturales (montes, ríos, playas, costas...), y en el plano energético, ha destacado el freno a la implantación y desarrollo masivo de las energías renovables, dando por el contrario impulso a las prospecciones petrolíferas, facilidades al fracking y mayores poderes al oligopolio eléctrico, lo cual se ha traducido en mayores ganancias para las empresas, incremento del coste de los suministros básicos, y aumento de la pobreza energética.
Pero todavía hay más puntos negros en la España que deja Rajoy. Las cuotas de refugiados no se han cumplido, y ese "país mejor" se ha caracterizado por una agresión constante por todos los medios (tierra, mar y aire) a los migrantes que han intentado llegar a nuestra tierra, desplegando los más execrables mecanismos para impedirlo. La insensibilidad y la inhumanidad han llegado a límites insospechables. Las políticas de Defensa han sido absolutamente desastrosas, aumentando los presupuestos para armamento de forma obscena, multiplicando por tres los gastos dedicados a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, y plegándose a los requerimientos de la OTAN y de los Estados Unidos de Trump descaradamente. Y por si todo ello fuera poco, Rajoy se atreve a proclamar que deja "un país mejor que el que encontró", cuando la radiografía de la corrupción nos dibuja un paranoma absolutamente deprimente. La corrupción durante los años de Rajoy se ha convertido en realidad cotidiana, y de hecho, como sabemos, él mismo no ha tenido la dignidad suficiente como para dimitir como máximo responsable de su partido, cuando éste está salpicado hasta las cejas por cientos de casos que afectan a dirigentes de su formación. Jamás asumió sus propias responsabilidades, se limitó a mirar para otro lado, a desfigurar la vomitiva realidad, y a atacar a todos los demás para disculpar las indecentes prácticas de su formación política. Tuvo que ser desalojado del Gobierno por una Moción de Censura, cuando la situación era ya de plena salud democrática, de harto insostenible. Rajoy, como decíamos arriba, no ha dejado un país mejor que el que encontró. Pero él, desde su plaza de Registrador de la Propiedad en Santa Pola, seguirá pensando que sí. Ya sabemos por tanto la visión de un "país mejor" que tiene el Partido Popular.
Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es
Rebelión
Una de las últimas frases que pronunció M. Rajoy desde la tribuna de oradores del Congreso, tras saber que la moción de censura había acabado con su indecente Gobierno, fue la siguiente: "Es un honor saber que dejo un país mejor que el que encontré". Frase que nos provocaría un ataque de risa, a no ser porque, por incierta y cínica, lo que nos provoca es un ataque de profunda indignación. Rajoy no se va dejando un país mejor que el que encontró, ni siquiera igual, sino que deja un país muchísimo peor, un país "hecho unos zorros" diríase coloquialmente. Es más, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que ningún aspecto de nuestra sociedad, ninguna faceta de nuestra vida, ninguna institución del Estado, acaba mejor que antes de los 6 años de infructuoso, intolerante, antisocial, mezquino y detestable Gobierno del PP de Rajoy. Ni en economía, ni en pensiones, ni en política exterior, ni en derechos y libertades, ni en igualdad, ni en servicios públicos, ni en medio ambiente, ni en justicia, ni en cultura... no hay parcela alguna que pueda registrar un saldo positivo tras el paso del caballo de Atila de Rajoy y sus perversas políticas. En justicia, hasta los colectivos de profesionales se han manifestado en contra de las reformas del Gobierno de Rajoy, que eliminó la justicia universal, que no ha dotado de mejores medios materiales ni humanos a la Administración de Justicia, y que ha acortado los plazos de instrucción de los procesos. Asímismo, mediante la famosa Ley Mordaza, ha eliminado el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se dan circunstancias de limitación de libertades públicas básicas.
Reformó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que junto con la ya referida Ley Mordaza, limitan grandemente nuestro anterior sistema de derechos y libertades. Asimismo, el Gobierno saliente de Rajoy se ha caracterizado por utilizar y poner a su servicio las más altas Instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, judicializando una serie de procesos que debían haberse tratado únicamente por cauces políticos, tal como el conflicto nacional catalán. Como nos cuenta este reciente editorial del medio digital Contexto: "Deja Rajoy unos derechos fundamentales erosionados, expuestos a una percepción de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad pública y de la respuesta a la delincuencia que sólo provocan más sufrimiento en términos colectivos, más cárcel y más temor en el ejercicio de conductas hasta hace poco consideradas derechos sin más, además de un rosario de agravios con sed de sentencia ejemplarizante". En efecto, sin ir más lejos, y sin actividad armada alguna de la banda terrorista ETA, las denuncias y condenas por enaltecimiento del terrorismo se han visto elevadas frente a anteriores períodos. A ello han contribuido también los medios de comunicación dominantes del sector privado, todos ellos adalides del neoliberalismo más salvaje, y por supuesto, la degradación a la que ha estado sometido el ente público Radio Televisión Española, que ha alcanzado con el Gobierno de Rajoy unos niveles de manipulación informativa nunca antes vista, así como una involución de su programación general que le ha alejado seriamente de su carácter y función como servicio público, y que la ha relegado a una herramienta de propaganda del Gobierno y un instrumento al servicio de la alienación cultural.
El asunto catalán ha sido otro de los caballos de batalla del expresidente que afirmó "dejar un país mejor que el que encontró", pero sin embargo, lejos de reconocer la responsabilidad de su partido en el encono del asunto (pues los orígenes se remontan al recurso que interpuso el PP ante el TC sobre el famoso Estatut de 2006), ha sido absolutamente incapaz de establecer vías de diálogo y negociación con los sucesivos gobiernos de la Generalitat, dejando que el tema se enquistara en la sociedad catalana hasta alcanzar límites desorbitados, que tuvieron como cénit la jornada de violenta represión a la ciudadanía que participó en el referéndum del pasado 1 de Octubre. Rajoy no sólo ha sido un presidente antidemocrático, sino completamente inepto para abordar problemas políticos desde la política, traspasando dichos asuntos a la órbita de la justicia. Bien es verdad que para estas tareas ha tenido como compañeros de viaje al partido que ahora gobierna de nuevo, el PSOE de Pedro Sánchez y a esa nueva derecha de Ciudadanos, que aunque pretende aparecer como renovada y moderna, sigue siendo fiel a los postulados más ultraconservadores. Incluso la Corona desempeñó su detestable papel en este asunto. Pero de dicha institución ya sabemos que nada puede esperarse, salvo su disolución y la transformación de nuestro Estado en una República Federal. El culmen de dicho proceso ha sido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha dejado como resultado un montón de políticos catalanes presos o en el exilio. Un balance absolutamente lamentable.
La mano de Rajoy también se ha dejado sentir en varias Leyes que han sido completamente ninguneadas e ignoradas por su Gobierno, tales como la Ley de Memoria Histórica (sobre la cual se jactaba incluso de haber dedicado "0 euros" a su financiación), la Ley de Violencia de Género, o la Ley de la Dependencia, que han sido igualmente despojadas de presupuesto, lo cual es sinónimo de hacerlas inviables, y por tanto, suponen otra forma de incumplirlas. Tampoco ha sabido o querido dejar solución para algunos temas urgentes de carácter estatal, tal como el sistema de financiación autonómica, que tras muchos años de demanda de las diversas autonomías (incluidas las gobernadas por su propio partido), no han visto satisfechas sus demandas de una mejor financiación. Más bien al contrario, el Ministerio del ex Ministro Montoro se ha dedicado a practicar la guerra interna contra las Administraciones autonómicas, controlando sus cuentas mediante mecanismos como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), y exigiéndoles unos niveles de déficit público que les obligaban a no poder financiar el conjunto de sus servicios públicos. Las mujeres han sido otro saldo negativo del ex Presidente, aunque él mantuvo que dejaba "un país mejor que el que encontró". Huelgas feministas, brecha salarial, feminización de la pobreza y de la precariedad, y sobre todo, incremento de los crímenes machistas han sido los principales saldos del Gobierno de M. Rajoy en asuntos de igualdad. La visión transversal de género ha sido una carencia fundamental en las políticas del PP de Rajoy. Su desinterés por las mismas también.
La Ley de la Dependencia ha sido también objeto de acoso y derribo. Rajoy presupuestó 1.400 millones de euros para esta partida, lo que supone un 6,7% menos que en 2011. En 2017 un total de 38.000 personas dependientes fallecieron en nuestro país sin haber recibido prestación alguna. Dos de cada tres dependientes son mujeres, y el 90% de las personas que se ocupan de los cuidados, también. El grave deterioro de la economía que ya sufríamos con los últimos años del Gobierno de Zapatero tampoco fue corregido con Rajoy, por mucho que éste presumiera del "crecimiento económico y el empleo", coletilla que usaba como un mantra incuestionable de sus políticas. Nada más lejos de la triste realidad. El crecimiento económico únicamente ha servido en estos últimos años para acrecentar el número de ricos en nuestro país, para afianzar los beneficios empresariales, y para consolidar una hegemonía de los poderes económicos, que salieron inmensa y mayoritariamente beneficiados con la Reforma Laboral de 2012, toda una contrarreforma que acabó con los (ya mermados) equilibrios anteriores. El "empleo creado" no ha sido tal, sino una transformación de nuestro mercado laboral anterior, una reconversión hacia un mercado mucho más inestable y precario, dependiente de los deseos, necesidades y objetivos de los patronos. Con Rajoy la precariedad se ha convertido en modelo de vida, en norma cotidiana, en registro vital. Incluso los trabajadores y trabajadoras veteranos/as pierden sus puestos de trabajo sin mayores problemas, para que sus empresas contraten después "recursos humanos" jóvenes y precarios. La devaluación salarial ha sido continua, la pérdida de poder adquisitivo en todos los sectores laborales una constante, y el desmontaje de la Seguridad Social (incluso aunque durante algunos períodos haya aumentado el número de cotizantes puntualmente) y del Sistema Público de Pensiones, sus consecuencias más directas. Para una radiografía más completa de los destrozos económicos de Rajoy, véase el artículo de Emilio de la Peña para el medio digital Ctxt.
En el "país mejor" que deja Rajoy, se despide más fácilmente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido vaciado, y los pensionistas están en pie de guerra debido a sus míseras pensiones. En el "país mejor" que deja Rajoy, sólo la mitad de los desempleados están cobrando prestaciones, y los jóvenes no tienen expectativa vital de futuro, ya que están abocados a depender de sus familias, de la precariedad, o del exilio laboral. En el "país mejor" que deja Rajoy, la cultura y la ciencia han sido atacadas y desmanteladas, y los artistas tampoco pueden vivir de su trabajo. En el "país mejor" que deja Rajoy, las pocas empresas públicas que quedaban han sido absolutamente privatizadas, los bancos rescatados, las personas desahuciadas de sus viviendas, los clientes estafados, los estudiantes expulsados de la Universidad, y los servicios públicos básicos (sanidad, educación, etc.) disminuidos en recursos y en personal. Un conjunto de Mareas ciudadanas han sido la constante en su expresión de protesta ante los ataques, recortes, privatizaciones y desmantelamientos que estaban sufriendo sus respectivos sectores. En el "país mejor" que deja Rajoy, las políticas destinadas a la mejora y conservación del medio ambiente y a contrarrestar los gravísimos efectos del cambio climático han brillado por su ausencia. Una gran parte de la legislación ambiental existente se derogó, se privatizaron recursos naturales (montes, ríos, playas, costas...), y en el plano energético, ha destacado el freno a la implantación y desarrollo masivo de las energías renovables, dando por el contrario impulso a las prospecciones petrolíferas, facilidades al fracking y mayores poderes al oligopolio eléctrico, lo cual se ha traducido en mayores ganancias para las empresas, incremento del coste de los suministros básicos, y aumento de la pobreza energética.
Pero todavía hay más puntos negros en la España que deja Rajoy. Las cuotas de refugiados no se han cumplido, y ese "país mejor" se ha caracterizado por una agresión constante por todos los medios (tierra, mar y aire) a los migrantes que han intentado llegar a nuestra tierra, desplegando los más execrables mecanismos para impedirlo. La insensibilidad y la inhumanidad han llegado a límites insospechables. Las políticas de Defensa han sido absolutamente desastrosas, aumentando los presupuestos para armamento de forma obscena, multiplicando por tres los gastos dedicados a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, y plegándose a los requerimientos de la OTAN y de los Estados Unidos de Trump descaradamente. Y por si todo ello fuera poco, Rajoy se atreve a proclamar que deja "un país mejor que el que encontró", cuando la radiografía de la corrupción nos dibuja un paranoma absolutamente deprimente. La corrupción durante los años de Rajoy se ha convertido en realidad cotidiana, y de hecho, como sabemos, él mismo no ha tenido la dignidad suficiente como para dimitir como máximo responsable de su partido, cuando éste está salpicado hasta las cejas por cientos de casos que afectan a dirigentes de su formación. Jamás asumió sus propias responsabilidades, se limitó a mirar para otro lado, a desfigurar la vomitiva realidad, y a atacar a todos los demás para disculpar las indecentes prácticas de su formación política. Tuvo que ser desalojado del Gobierno por una Moción de Censura, cuando la situación era ya de plena salud democrática, de harto insostenible. Rajoy, como decíamos arriba, no ha dejado un país mejor que el que encontró. Pero él, desde su plaza de Registrador de la Propiedad en Santa Pola, seguirá pensando que sí. Ya sabemos por tanto la visión de un "país mejor" que tiene el Partido Popular.
Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es
Los destrozos de Rajoy.
El daño principal no se puede describir con números: fue acabar con el pacto social. Algunos datos cruciales sirven para desacreditar la propaganda desplegada estos días.
No es de esperar que uno se azote públicamente. Sólo los inmisericordes consigo mismos lo hacen y son muy pocos. Menos aún los políticos. Y menos todavía los políticos que hayan actuado contra el bienestar de los ciudadanos. En cualquier constitución civilizada se reconoce el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. La Constitución Española lo hace en su artículo 24. No cabía esperar por tanto que, en su despedida como presidente del Gobierno, Rajoy reconociese los destrozos causados. Si no reconoció ante un tribunal de justicia sus responsabilidades en el caso Gürtel, menos podía pensarse que fuera a reconocer en el Congreso de los Diputados un daño mucho mayor. “Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré”, dijo Rajoy. Tenía sus razones para hablar así. Le escuchaban los diputados de su partido, tan derrotados como él, a los que no podía defraudar. Y tendría, digo yo, razones íntimas: casi todo el mundo intenta conservar su autoestima. Lo que resulta más chocante es que analistas o informadores pretendan construir argumentos sesgados para valorar positivamente la gestión económica de Rajoy.
Se aduce, por ejemplo, que el Producto Interior Bruto, el PIB, creció en el periodo de su gobierno. Tuvo un aumento en los seis años que van de 2011 a 2017 del 6,5 por ciento. Una subida bastante pobre, más si se tiene en cuenta el bajo nivel de actividad económica que registró el último año antes de la llegada del Gobierno del PP. Pero eso no es lo importante. Para saber cómo llegó esa mejora tímida a los ciudadanos es necesario comprobar cómo se repartió la riqueza generada. Se la reparten las empresas y los trabajadores. También lo refleja el PIB. Entre el final de 2011 y el de 2017 lo que se llevaron las empresas aumentó el 12 por ciento. Por su parte, lo que le correspondió a cada asalariado subió en cambio el uno por ciento. Y si se descuenta el encarecimiento de la vida (el dinero de 2017 valía menos que el de 2011) la renta por asalariado fue un 3,7 por ciento más baja al final del tiempo de Rajoy que antes de la llegada del PP al poder.
Los indicadores económicos al uso, el PIB, la marcha de la bolsa, la prima de riesgo o el IPC, sirven para conocer algunas facetas de la actividad económica. El resultado de la actividad económica, sin embargo, se mide por el bienestar de la gente y ahí no sale. Hay otros datos que lo reflejan.
La renta. Es lo que gana cada año el conjunto de las personas, ya sea por su salario o por sus inversiones. Con los datos disponibles del INE, puede calcularse la renta media por persona: en 2011 fue de 13.902 euros. En el último año completo de Rajoy, 2017, fue de 13.690 euros, descontando el aumento del coste de la vida, la inflación. Un 1,5 por ciento menos. Es decir, nos empobrecimos. Claro, no todos. La mitad de la gente con menos renta vio caer sus ingresos un siete por ciento, mientras que la otra mitad, la de más ingresos, la mantuvo inalterable. Cuando el PP llegó al Gobierno, el 20 por ciento más afortunado económicamente ganaba 6,3 veces más que los del otro extremo. Era ya mucho si tenemos en cuenta que en Alemania o Francia representaba 4,5 veces. Pues con Rajoy los más pudientes han pasado a ganar 6,6 veces lo que se lleva el 20 por ciento con menos ingresos. Ha aumentado la desigualdad.
Esto ha llevado a otro dato más trágico: el aumento de la pobreza. En 2011 había ya 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Era mucho. España era el undécimo país de la Unión Europea con más pobres. El paso del PP por el Gobierno lo ha empeorado: ha convertido en pobres a medio millón más de personas. Ahora sólo nos superan seis países de la Unión.
Claro, esto tiene su traducción en la vida real, por ejemplo, la pobreza energética. Casi dos millones de hogares declaran que no pueden mantener su casa a temperatura adecuada, que pasan frío. Son 726.000 hogares más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. El año pasado las compañías eléctricas, de gas y de petróleo del IBEX ganaron casi 9.000 millones de euros, un 8 por ciento más que en el ejercicio anterior. Ese es el contraste.
La pobreza se extendió no sólo a los parados o los jubilados. Afectó también a los que trabajan, no sólo en tiempos de Rajoy. Al llegar había ya un 23,5 de asalariados en riesgo de pobreza, pero durante su mandato han aumentado un 18 por ciento aquellos a los que el producto de su trabajo no les da para cubrir sus necesidades: ahora suponen casi el 28 por ciento de los asalariados. Esto no es por casualidad, sino fruto de una actuación política: la llamada devaluación salarial aplicada por las empresas e impulsada por el Gobierno a través de la reforma laboral. Los sueldos han bajado entre la llegada y la salida del PP del poder un 5,1 por ciento, en términos reales, es decir, descontado el incremento del coste de la vida. Pero ese sacrificio no se ha repartido igual. La encuesta anual de estructura salarial del INE, cuyos últimos datos son de 2016, divide los sueldos en 10 tramos, de acuerdo con su cuantía. Ahí se puede comprobar que el tramo con los sueldos más bajos ha sufrido una caída del 4 por ciento en el periodo Rajoy, mientras que el tramo de los que más ganan ha gozado de una subida del 3 por ciento. La precariedad salarial, ya existente antes, se ha incrementado con Rajoy con el aumento de los contratos a tiempo parcial respecto a los de tiempo completo.
Repasamos ahora los servicios esenciales que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos y los estragos sufridos a manos del Estado y de las comunidades autónomas, por orden de Rajoy. La educación: fue uno de los bastiones del Estado de Bienestar contra el que primero se dirigió el PP. En 2011, el gasto público educativo era 2.200 millones mayor que al final del periodo negro. La sanidad fue otro blanco de los grandes recortes. Ahora el gasto sanitario es 1.642 millones menor que en 2011. El gasto en dependencia tampoco se libró de la tijera: en 2018 hay presupuestado un 7 por ciento menos para esta partida que en 2011.
Las pensiones han subido y su gasto ha aumentado, sobre todo por el mayor número de pensionistas, que además reciben una pensión superior, puesto que trabajaron en años con sueldos mejores que sus antecesores. Pero la subida ha sido escasa: la pensión mínima se ha incrementado en estos seis años el 4,3 por ciento. Con ello no compensa el incremento del coste de la vida, la inflación, que alcanzó el 4,8. Y lo que es más grave: el recorte de los salarios ha contribuido a que la recaudación de la Seguridad Social haya sido escasa. La solución: Rajoy se ha gastado el Fondo de reserva de la Seguridad Social, bien repleto cuando llegó a la Moncloa. En total se ha fundido 74.000 millones de euros.
La inflación, el aumento del coste de la vida, se ha moderado algo. En los seis años de Rajoy los precios al consumo han aumentado el 4,8 por ciento. Pero no todo se ha comportado así. Han bajado claramente la gasolina y el gasóleo. No han subido, o lo han hecho muy poco, los productos o servicios de los que una persona puede prescindir si vive con estrecheces: ropa, menaje, ocio. Pero servicios esenciales de los que el ciudadano difícilmente puede prescindir se han disparado. Entre 2011 y 2017 el pago por estudiar en la universidad, básicamente las tasas, se incrementó un 35 por ciento. La ampliación del copago por las medicinas a pensionistas, contribuyó a encarecer el gasto farmacéutico de los ciudadanos en un 17 por ciento desde que llegó el PP hasta que se ha tenido que ir. El recibo de la luz es ahora un 14 por ciento más caro.
Esta es la economía que afecta a personas, pero sí, hay cosas más distantes a ellas cuyos efectos terminan afectando también al bienestar de la gente. Por ejemplo, el dinero que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos han tomado prestado y tienen que devolver, la deuda pública. No es necesariamente malo que se endeuden para hacer frente a necesidades básicas o para gastarlo en impulsar el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy recortó los gastos destinados a estas cosas y al mismo tiempo endeudó más al Estado. Ahora la deuda pública supera el billón de euros (1.144.298 millones de euros) que equivale al 99 por ciento del PIB. Cuando el PP tomó el mando suponía el 70 por ciento. Ha aumentado en 400.000 millones de euros: un 54 por ciento. Una parte de la deuda se debe a los 58.000 millones gastados en rescatar a los bancos, la gran mayoría durante el mandato de Rajoy. Sin embargo, mientras esto ocurría, más de 400.000 familias fueron expulsadas de sus casas por los bancos al no poder pagarlas, la mayoría (300.000) durante el mandato de Rajoy. A ello hay que sumar las que abandonaron sus viviendas sin necesidad de ser expulsadas.
Para mejorar la economía a largo plazo es necesario cambiar el modelo productivo. Y para esto, es clave la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. Pues bien, Rajoy decidió reducir drásticamente el gasto en I+D+i. Cuando se ha ido, es un 17 por ciento más bajo que cuando llegó. Y eso que los recortes de Zapatero ya dejaron temblando esta partida presupuestaria.
Esto último da pie para aclarar que esto empezó antes. En mayo de 2010, cuando el Gobierno socialista de Zapatero cedió a la presión de los que mandan en la Unión Europea e inició el camino. Rajoy tomó el relevo con virulencia y multiplicó los destrozos. El principal de ellos no se puede describir con números: fue acabar con el pacto social establecido.
http://ctxt.es/es/20180606/Politica/20039/PP-rajoy-recortes-pacto-social-pobres-temporalidad-crecimiento-de-la-peña.htm
No es de esperar que uno se azote públicamente. Sólo los inmisericordes consigo mismos lo hacen y son muy pocos. Menos aún los políticos. Y menos todavía los políticos que hayan actuado contra el bienestar de los ciudadanos. En cualquier constitución civilizada se reconoce el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. La Constitución Española lo hace en su artículo 24. No cabía esperar por tanto que, en su despedida como presidente del Gobierno, Rajoy reconociese los destrozos causados. Si no reconoció ante un tribunal de justicia sus responsabilidades en el caso Gürtel, menos podía pensarse que fuera a reconocer en el Congreso de los Diputados un daño mucho mayor. “Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré”, dijo Rajoy. Tenía sus razones para hablar así. Le escuchaban los diputados de su partido, tan derrotados como él, a los que no podía defraudar. Y tendría, digo yo, razones íntimas: casi todo el mundo intenta conservar su autoestima. Lo que resulta más chocante es que analistas o informadores pretendan construir argumentos sesgados para valorar positivamente la gestión económica de Rajoy.
Se aduce, por ejemplo, que el Producto Interior Bruto, el PIB, creció en el periodo de su gobierno. Tuvo un aumento en los seis años que van de 2011 a 2017 del 6,5 por ciento. Una subida bastante pobre, más si se tiene en cuenta el bajo nivel de actividad económica que registró el último año antes de la llegada del Gobierno del PP. Pero eso no es lo importante. Para saber cómo llegó esa mejora tímida a los ciudadanos es necesario comprobar cómo se repartió la riqueza generada. Se la reparten las empresas y los trabajadores. También lo refleja el PIB. Entre el final de 2011 y el de 2017 lo que se llevaron las empresas aumentó el 12 por ciento. Por su parte, lo que le correspondió a cada asalariado subió en cambio el uno por ciento. Y si se descuenta el encarecimiento de la vida (el dinero de 2017 valía menos que el de 2011) la renta por asalariado fue un 3,7 por ciento más baja al final del tiempo de Rajoy que antes de la llegada del PP al poder.
Los indicadores económicos al uso, el PIB, la marcha de la bolsa, la prima de riesgo o el IPC, sirven para conocer algunas facetas de la actividad económica. El resultado de la actividad económica, sin embargo, se mide por el bienestar de la gente y ahí no sale. Hay otros datos que lo reflejan.
La renta. Es lo que gana cada año el conjunto de las personas, ya sea por su salario o por sus inversiones. Con los datos disponibles del INE, puede calcularse la renta media por persona: en 2011 fue de 13.902 euros. En el último año completo de Rajoy, 2017, fue de 13.690 euros, descontando el aumento del coste de la vida, la inflación. Un 1,5 por ciento menos. Es decir, nos empobrecimos. Claro, no todos. La mitad de la gente con menos renta vio caer sus ingresos un siete por ciento, mientras que la otra mitad, la de más ingresos, la mantuvo inalterable. Cuando el PP llegó al Gobierno, el 20 por ciento más afortunado económicamente ganaba 6,3 veces más que los del otro extremo. Era ya mucho si tenemos en cuenta que en Alemania o Francia representaba 4,5 veces. Pues con Rajoy los más pudientes han pasado a ganar 6,6 veces lo que se lleva el 20 por ciento con menos ingresos. Ha aumentado la desigualdad.
Esto ha llevado a otro dato más trágico: el aumento de la pobreza. En 2011 había ya 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Era mucho. España era el undécimo país de la Unión Europea con más pobres. El paso del PP por el Gobierno lo ha empeorado: ha convertido en pobres a medio millón más de personas. Ahora sólo nos superan seis países de la Unión.
Claro, esto tiene su traducción en la vida real, por ejemplo, la pobreza energética. Casi dos millones de hogares declaran que no pueden mantener su casa a temperatura adecuada, que pasan frío. Son 726.000 hogares más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. El año pasado las compañías eléctricas, de gas y de petróleo del IBEX ganaron casi 9.000 millones de euros, un 8 por ciento más que en el ejercicio anterior. Ese es el contraste.
La pobreza se extendió no sólo a los parados o los jubilados. Afectó también a los que trabajan, no sólo en tiempos de Rajoy. Al llegar había ya un 23,5 de asalariados en riesgo de pobreza, pero durante su mandato han aumentado un 18 por ciento aquellos a los que el producto de su trabajo no les da para cubrir sus necesidades: ahora suponen casi el 28 por ciento de los asalariados. Esto no es por casualidad, sino fruto de una actuación política: la llamada devaluación salarial aplicada por las empresas e impulsada por el Gobierno a través de la reforma laboral. Los sueldos han bajado entre la llegada y la salida del PP del poder un 5,1 por ciento, en términos reales, es decir, descontado el incremento del coste de la vida. Pero ese sacrificio no se ha repartido igual. La encuesta anual de estructura salarial del INE, cuyos últimos datos son de 2016, divide los sueldos en 10 tramos, de acuerdo con su cuantía. Ahí se puede comprobar que el tramo con los sueldos más bajos ha sufrido una caída del 4 por ciento en el periodo Rajoy, mientras que el tramo de los que más ganan ha gozado de una subida del 3 por ciento. La precariedad salarial, ya existente antes, se ha incrementado con Rajoy con el aumento de los contratos a tiempo parcial respecto a los de tiempo completo.
Repasamos ahora los servicios esenciales que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos y los estragos sufridos a manos del Estado y de las comunidades autónomas, por orden de Rajoy. La educación: fue uno de los bastiones del Estado de Bienestar contra el que primero se dirigió el PP. En 2011, el gasto público educativo era 2.200 millones mayor que al final del periodo negro. La sanidad fue otro blanco de los grandes recortes. Ahora el gasto sanitario es 1.642 millones menor que en 2011. El gasto en dependencia tampoco se libró de la tijera: en 2018 hay presupuestado un 7 por ciento menos para esta partida que en 2011.
Las pensiones han subido y su gasto ha aumentado, sobre todo por el mayor número de pensionistas, que además reciben una pensión superior, puesto que trabajaron en años con sueldos mejores que sus antecesores. Pero la subida ha sido escasa: la pensión mínima se ha incrementado en estos seis años el 4,3 por ciento. Con ello no compensa el incremento del coste de la vida, la inflación, que alcanzó el 4,8. Y lo que es más grave: el recorte de los salarios ha contribuido a que la recaudación de la Seguridad Social haya sido escasa. La solución: Rajoy se ha gastado el Fondo de reserva de la Seguridad Social, bien repleto cuando llegó a la Moncloa. En total se ha fundido 74.000 millones de euros.
La inflación, el aumento del coste de la vida, se ha moderado algo. En los seis años de Rajoy los precios al consumo han aumentado el 4,8 por ciento. Pero no todo se ha comportado así. Han bajado claramente la gasolina y el gasóleo. No han subido, o lo han hecho muy poco, los productos o servicios de los que una persona puede prescindir si vive con estrecheces: ropa, menaje, ocio. Pero servicios esenciales de los que el ciudadano difícilmente puede prescindir se han disparado. Entre 2011 y 2017 el pago por estudiar en la universidad, básicamente las tasas, se incrementó un 35 por ciento. La ampliación del copago por las medicinas a pensionistas, contribuyó a encarecer el gasto farmacéutico de los ciudadanos en un 17 por ciento desde que llegó el PP hasta que se ha tenido que ir. El recibo de la luz es ahora un 14 por ciento más caro.
Esta es la economía que afecta a personas, pero sí, hay cosas más distantes a ellas cuyos efectos terminan afectando también al bienestar de la gente. Por ejemplo, el dinero que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos han tomado prestado y tienen que devolver, la deuda pública. No es necesariamente malo que se endeuden para hacer frente a necesidades básicas o para gastarlo en impulsar el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy recortó los gastos destinados a estas cosas y al mismo tiempo endeudó más al Estado. Ahora la deuda pública supera el billón de euros (1.144.298 millones de euros) que equivale al 99 por ciento del PIB. Cuando el PP tomó el mando suponía el 70 por ciento. Ha aumentado en 400.000 millones de euros: un 54 por ciento. Una parte de la deuda se debe a los 58.000 millones gastados en rescatar a los bancos, la gran mayoría durante el mandato de Rajoy. Sin embargo, mientras esto ocurría, más de 400.000 familias fueron expulsadas de sus casas por los bancos al no poder pagarlas, la mayoría (300.000) durante el mandato de Rajoy. A ello hay que sumar las que abandonaron sus viviendas sin necesidad de ser expulsadas.
Para mejorar la economía a largo plazo es necesario cambiar el modelo productivo. Y para esto, es clave la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. Pues bien, Rajoy decidió reducir drásticamente el gasto en I+D+i. Cuando se ha ido, es un 17 por ciento más bajo que cuando llegó. Y eso que los recortes de Zapatero ya dejaron temblando esta partida presupuestaria.
Esto último da pie para aclarar que esto empezó antes. En mayo de 2010, cuando el Gobierno socialista de Zapatero cedió a la presión de los que mandan en la Unión Europea e inició el camino. Rajoy tomó el relevo con virulencia y multiplicó los destrozos. El principal de ellos no se puede describir con números: fue acabar con el pacto social establecido.
http://ctxt.es/es/20180606/Politica/20039/PP-rajoy-recortes-pacto-social-pobres-temporalidad-crecimiento-de-la-peña.htm
¿En qué consiste la dieta nórdica que recomienda la OMS, junto a la mediterránea, para mejorar tu salud? Redacción BBC Mundo.
Seguro que has oído hablar de la dieta mediterránea como un referente de alimentación saludable. Pero, ¿existen otros modelos a seguir?
Una revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó evidencias de que tanto la dieta mediterránea como la dieta nórdica pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes o los problemas cardiovasculares, que con frecuencia están ligados a la obesidad.
Pero si bien la dieta mediterránea es muy conocida, ¿en qué consiste la dieta nórdica?
Según el informe de la OMS, la dieta nórdica comparte muchas características con la dieta mediterránea pero está basada en alimentos procedentes tradicionalmente de Europa del Norte: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
Varios países europeos han promovido esta dieta como un modelo alimentario beneficioso para la salud, principalmente en esa región, con resultados positivos, según la OMS.
Más pescado y sin aceite de oliva
La dieta nórdica se basa en el consumo de estos alimentos:
vegetales de hoja verde y de raíz, bayas o frutas del bosque, fruta, cereales enteros, como la cebada, la avena o el centeno, legumbres, lácteos bajos en grasa, pescados, incluidos los grasos como el salmón, la caballa o el arenque, que se consumen varias veces a la semana.
Quizás la mayor diferencia con la dieta mediterránea, según la OMS, es que en lugar de aceite de oliva en la dieta nórdica predomina el aceite de colza.
De acuerdo al informe de la OMS, para las poblaciones no nórdicas los principios de esta dieta noreuropea quizás sean más fáciles de adaptar que los alimentos en sí.
En términos generales, se trata de promover el consumo de cereales enteros, fruta y vegetales a la vez que se excluyen las grasas saturadas.
La OMS destaca que varios estudios la han vinculado a mejorías en los factores de riesgo tanto de enfermedades cardiovasculares como de diabetes, aunque no ha sido tan estudiada como la dieta mediterránea.
La "Nueva Dieta Nórdica" y un decálogo de principios
La "Nueva Dieta Nórdica" es una interpretación gastronómica de esta dieta tradicional de la zona del norte europeo.
Fue desarrollada en 2004 por varios chefs nórdicos de referencia que firmaron un manifiesto del mismo nombre.
Esta interpretación está basada en cuatro principios esenciales: salud, potencial gastronómico, sustentabilidad e identidad nórdica.
Estos principios promueven el consumo de ingredientes locales, silvestres y frescos.
En toda la región se han desarrollado políticas y eventos destinados a la promoción de esta nueva versión de la dieta tradicional, no solo desde el punto de vista de la salud sino también desde la perspectiva cultural e incluso turística.
En 2012 el ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca publicó esta guía general de alimentación de acuerdo a ese manifiesto:
1. Come más frutas y vegetales todos los días
2. Come más productos de cereales enteros
3. Consume más alimentos del mar y los lagos
4. Come carne de mejor calidad, pero en menor cantidad
5. Come más comida de paisajes salvajes
6. Come productos orgánicos cuando te sea posible
7. Evita los aditivos en la comida
8. Come más platos basados en los alimentos de temporada
9. Come más platos de comida casera
10. Genera menos desperdicios.
3 en 1: dieta, cultura y salud
Según la OMS tanto la dieta mediterránea como la dieta nórdica son ejemplos de cómo los recursos culturales pueden ser utilizados con fines novedosos y beneficiosos para la salud.
"La cultura gastronómica está basada en la tradición pero está también abierta al cambio y a la adopción de nuevas ideas, como evidencia el auge de la dieta nórdica y de las múltiples variantes de la dieta mediterránea, que son a la vez nuevas y culturalmente auténticas", dice el documento de la OMS.
"Quienes desarrollan las políticas deberían tratar de alinear en la medida de lo posible las guías de nutrición con el contexto cultural local", recomienda el organismo.
http://www.bbc.com/mundo/noticias-44041788#
La dieta Mediterránea aquí.
Una revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó evidencias de que tanto la dieta mediterránea como la dieta nórdica pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes o los problemas cardiovasculares, que con frecuencia están ligados a la obesidad.
Pero si bien la dieta mediterránea es muy conocida, ¿en qué consiste la dieta nórdica?
Según el informe de la OMS, la dieta nórdica comparte muchas características con la dieta mediterránea pero está basada en alimentos procedentes tradicionalmente de Europa del Norte: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
Varios países europeos han promovido esta dieta como un modelo alimentario beneficioso para la salud, principalmente en esa región, con resultados positivos, según la OMS.
Más pescado y sin aceite de oliva
La dieta nórdica se basa en el consumo de estos alimentos:
vegetales de hoja verde y de raíz, bayas o frutas del bosque, fruta, cereales enteros, como la cebada, la avena o el centeno, legumbres, lácteos bajos en grasa, pescados, incluidos los grasos como el salmón, la caballa o el arenque, que se consumen varias veces a la semana.
Quizás la mayor diferencia con la dieta mediterránea, según la OMS, es que en lugar de aceite de oliva en la dieta nórdica predomina el aceite de colza.
De acuerdo al informe de la OMS, para las poblaciones no nórdicas los principios de esta dieta noreuropea quizás sean más fáciles de adaptar que los alimentos en sí.
En términos generales, se trata de promover el consumo de cereales enteros, fruta y vegetales a la vez que se excluyen las grasas saturadas.
La OMS destaca que varios estudios la han vinculado a mejorías en los factores de riesgo tanto de enfermedades cardiovasculares como de diabetes, aunque no ha sido tan estudiada como la dieta mediterránea.
La "Nueva Dieta Nórdica" y un decálogo de principios
La "Nueva Dieta Nórdica" es una interpretación gastronómica de esta dieta tradicional de la zona del norte europeo.
Fue desarrollada en 2004 por varios chefs nórdicos de referencia que firmaron un manifiesto del mismo nombre.
Esta interpretación está basada en cuatro principios esenciales: salud, potencial gastronómico, sustentabilidad e identidad nórdica.
Estos principios promueven el consumo de ingredientes locales, silvestres y frescos.
En toda la región se han desarrollado políticas y eventos destinados a la promoción de esta nueva versión de la dieta tradicional, no solo desde el punto de vista de la salud sino también desde la perspectiva cultural e incluso turística.
En 2012 el ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca publicó esta guía general de alimentación de acuerdo a ese manifiesto:
1. Come más frutas y vegetales todos los días
2. Come más productos de cereales enteros
3. Consume más alimentos del mar y los lagos
4. Come carne de mejor calidad, pero en menor cantidad
5. Come más comida de paisajes salvajes
6. Come productos orgánicos cuando te sea posible
7. Evita los aditivos en la comida
8. Come más platos basados en los alimentos de temporada
9. Come más platos de comida casera
10. Genera menos desperdicios.
3 en 1: dieta, cultura y salud
Según la OMS tanto la dieta mediterránea como la dieta nórdica son ejemplos de cómo los recursos culturales pueden ser utilizados con fines novedosos y beneficiosos para la salud.
"La cultura gastronómica está basada en la tradición pero está también abierta al cambio y a la adopción de nuevas ideas, como evidencia el auge de la dieta nórdica y de las múltiples variantes de la dieta mediterránea, que son a la vez nuevas y culturalmente auténticas", dice el documento de la OMS.
"Quienes desarrollan las políticas deberían tratar de alinear en la medida de lo posible las guías de nutrición con el contexto cultural local", recomienda el organismo.
http://www.bbc.com/mundo/noticias-44041788#
La dieta Mediterránea aquí.
jueves, 28 de junio de 2018
La causa de los 140.000 (desaparecidos). La dictadura franquista continúa impune
Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
Es posible salvar el euro? Macron articuló una visión clara del futuro de Europa, pero Merkel enfrió todas sus propuestas.
JOSEPH E. STIGLITZ
Puede que el euro esté acercándose a otra crisis. Italia, tercera economía más grande de la eurozona, eligió un gobierno que, en el mejor de los casos, puede describirse como euroescéptico. No debería sorprender a nadie. La reacción de Italia es otro episodio predecible (y predicho) en la larga saga de un sistema monetario mal diseñado, en el que la potencia dominante (Alemania) impide reformas necesarias e insiste en políticas que agravan los problemas básicos, con una retórica aparentemente dirigida a inflamar pasiones.
A Italia le fue mal desde la creación del euro. Su PIB real (deflactado) en 2016 fue el mismo que en 2001. Pero tampoco le fue bien a la eurozona en conjunto. De 2008 a 2016, su PIB real sólo aumentó un 3% en total. En 2000, un año después de la introducción del euro, la economía de Estados Unidos era sólo 13% más grande que la de la eurozona; en 2016 era 26% más grande. Tras un crecimiento real cercano al 2,4% en 2017 (insuficiente para revertir el daño de un decenio de malos resultados), la economía de la eurozona comienza nuevamente a perder ímpetu.
Si a un solo país le va mal, la culpa es del país; si les va mal a muchos, la culpa es del sistema. Y como explico en mi libro El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa, el euro era un sistema prácticamente diseñado para fracasar: eliminó los principales mecanismos de ajuste de los gobiernos (tipos de interés y de cambio) y, en vez de crear instituciones nuevas que ayudaran a los países a enfrentar la diversidad de situaciones en que se encuentran, impuso nuevas restricciones (basadas a menudo en teorías económicas y políticas desacreditadas) al déficit, a la deuda e incluso a las políticas estructurales.
Supuestamente, el euro traería prosperidad compartida, lo que afianzaría la solidaridad y promovería el objetivo de integración europea. Pero en realidad, hizo exactamente lo contrario: frenó el crecimiento y sembró la discordia.
El problema no es falta de ideas sobre cómo continuar. El presidente francés Emmanuel Macron, en un discurso pronunciado en la Sorbona en septiembre pasado y en otro pronunciado en mayo, cuando recibió el Premio Carlomagno por sus contribuciones a la unidad europea, articuló una visión clara para el futuro de Europa. Pero la canciller alemana Angela Merkel echó un balde de agua fría sobre sus propuestas, al sugerir, por ejemplo, sumas de dinero ridículamente pequeñas para áreas donde se necesitan inversiones con urgencia.
En mi libro destaco la necesidad urgente de contar con un esquema compartido de garantía de depósitos para prevenir embestidas contra los sistemas bancarios de los países débiles. Aunque Alemania parece consciente de que una unión bancaria es importante para el funcionamiento de una moneda única, su respuesta hasta ahora ha sido similar a la de San Agustín: “Oh, Señor, hazme casto, pero no todavía”. Al parecer, lo de la unión bancaria es una reforma para emprender en algún momento futuro, sin importar cuánto daño se haga en el presente.
El problema central de las uniones monetarias es cómo corregir desajustes cambiarios como el que ahora afecta a Italia. La respuesta de Alemania ha sido echar la carga sobre los países débiles, que ya sufren alto desempleo y bajas tasas de crecimiento. Y ya sabemos cómo termina: más dolor, más sufrimiento, más desempleo y menos crecimiento todavía. Incluso si en algún momento el crecimiento se recupera, el PIB nunca llega al nivel que hubiera alcanzado con una estrategia más sensata. La alternativa es trasladar una parte mayor del peso del ajuste a los países fuertes, que tienen salarios más altos y una demanda más sólida sostenida por programas de inversión pública.
Ya hemos visto muchas veces el primer y segundo acto de este drama. Un nuevo gobierno asume con promesas de negociar mejor con los alemanes para poner fin a la austeridad y diseñar un programa de reforma estructural más razonable. Si los alemanes ceden aunque sea un poco, igual no alcanza para cambiar el rumbo económico. El sentimiento antialemán aumenta, y cualquier gobierno (de centroizquierda o centroderecha) que insinúe la necesidad de hacer reformas pierde el poder. Avanzan los partidos antisistema, surge el estancamiento político.
El rumbo político de toda la eurozona está entrando en un estado de parálisis: los ciudadanos quieren permanecer en la Unión Europea, pero también quieren el fin de la austeridad y el regreso de la prosperidad. Se les dice que no pueden tener ambas cosas. Esperando todavía un cambio de ideas en el norte de Europa, los gobiernos en problemas mantienen el rumbo, y el sufrimiento de sus pueblos aumenta.
La excepción es el gobierno socialista del primer ministro portugués António Costa, que llevó a su país a un renovado crecimiento (2,7% en 2017) y alcanzó un alto nivel de popularidad (en abril de 2018, el 44% de los portugueses calificaba el desempeño del gobierno como superior a las expectativas).
Puede que Italia sea otra excepción, pero en un sentido muy diferente. Allí hay oposición al euro tanto desde la izquierda cuanto desde la derecha. Ahora que la ultraderechista Liga está en el poder, puede que su líder Matteo Salvini (un político experimentado) ponga realmente en práctica la clase de amenazas que en otros países los novatos tuvieron miedo de implementar. Italia es suficientemente grande, y tiene una gran cantera de economistas buenos y creativos, para manejar un abandono de facto del euro con la implantación en la práctica de un sistema bimonetario flexible, que tal vez ayude a restaurar la prosperidad. Iría contra las reglas del euro, pero la carga de un abandono teórico, con todas sus consecuencias, se trasladaría a Bruselas y Frankfurt; en tanto, Italia podrá contar con que la parálisis de la UE evite la ruptura final. Cualquiera sea el resultado, la eurozona quedará hecha pedazos.
Pero no tiene por qué ser así. Alemania y otros países del norte de Europa pueden salvar al euro si muestran más humanidad y más flexibilidad. Pero tras haber visto muchas veces los primeros actos de este drama, no confío en que vayan a cambiar el argumento.
Joseph E. Stiglitz es el ganador del Premio Nobel 2001 en Ciencias Económicas. Traducción: Esteban Flamini. © Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.
https://elpais.com/economia/2018/06/21/actualidad/1529601682_692892.html
Puede que el euro esté acercándose a otra crisis. Italia, tercera economía más grande de la eurozona, eligió un gobierno que, en el mejor de los casos, puede describirse como euroescéptico. No debería sorprender a nadie. La reacción de Italia es otro episodio predecible (y predicho) en la larga saga de un sistema monetario mal diseñado, en el que la potencia dominante (Alemania) impide reformas necesarias e insiste en políticas que agravan los problemas básicos, con una retórica aparentemente dirigida a inflamar pasiones.
A Italia le fue mal desde la creación del euro. Su PIB real (deflactado) en 2016 fue el mismo que en 2001. Pero tampoco le fue bien a la eurozona en conjunto. De 2008 a 2016, su PIB real sólo aumentó un 3% en total. En 2000, un año después de la introducción del euro, la economía de Estados Unidos era sólo 13% más grande que la de la eurozona; en 2016 era 26% más grande. Tras un crecimiento real cercano al 2,4% en 2017 (insuficiente para revertir el daño de un decenio de malos resultados), la economía de la eurozona comienza nuevamente a perder ímpetu.
Si a un solo país le va mal, la culpa es del país; si les va mal a muchos, la culpa es del sistema. Y como explico en mi libro El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa, el euro era un sistema prácticamente diseñado para fracasar: eliminó los principales mecanismos de ajuste de los gobiernos (tipos de interés y de cambio) y, en vez de crear instituciones nuevas que ayudaran a los países a enfrentar la diversidad de situaciones en que se encuentran, impuso nuevas restricciones (basadas a menudo en teorías económicas y políticas desacreditadas) al déficit, a la deuda e incluso a las políticas estructurales.
Supuestamente, el euro traería prosperidad compartida, lo que afianzaría la solidaridad y promovería el objetivo de integración europea. Pero en realidad, hizo exactamente lo contrario: frenó el crecimiento y sembró la discordia.
El problema no es falta de ideas sobre cómo continuar. El presidente francés Emmanuel Macron, en un discurso pronunciado en la Sorbona en septiembre pasado y en otro pronunciado en mayo, cuando recibió el Premio Carlomagno por sus contribuciones a la unidad europea, articuló una visión clara para el futuro de Europa. Pero la canciller alemana Angela Merkel echó un balde de agua fría sobre sus propuestas, al sugerir, por ejemplo, sumas de dinero ridículamente pequeñas para áreas donde se necesitan inversiones con urgencia.
En mi libro destaco la necesidad urgente de contar con un esquema compartido de garantía de depósitos para prevenir embestidas contra los sistemas bancarios de los países débiles. Aunque Alemania parece consciente de que una unión bancaria es importante para el funcionamiento de una moneda única, su respuesta hasta ahora ha sido similar a la de San Agustín: “Oh, Señor, hazme casto, pero no todavía”. Al parecer, lo de la unión bancaria es una reforma para emprender en algún momento futuro, sin importar cuánto daño se haga en el presente.
El problema central de las uniones monetarias es cómo corregir desajustes cambiarios como el que ahora afecta a Italia. La respuesta de Alemania ha sido echar la carga sobre los países débiles, que ya sufren alto desempleo y bajas tasas de crecimiento. Y ya sabemos cómo termina: más dolor, más sufrimiento, más desempleo y menos crecimiento todavía. Incluso si en algún momento el crecimiento se recupera, el PIB nunca llega al nivel que hubiera alcanzado con una estrategia más sensata. La alternativa es trasladar una parte mayor del peso del ajuste a los países fuertes, que tienen salarios más altos y una demanda más sólida sostenida por programas de inversión pública.
Ya hemos visto muchas veces el primer y segundo acto de este drama. Un nuevo gobierno asume con promesas de negociar mejor con los alemanes para poner fin a la austeridad y diseñar un programa de reforma estructural más razonable. Si los alemanes ceden aunque sea un poco, igual no alcanza para cambiar el rumbo económico. El sentimiento antialemán aumenta, y cualquier gobierno (de centroizquierda o centroderecha) que insinúe la necesidad de hacer reformas pierde el poder. Avanzan los partidos antisistema, surge el estancamiento político.
El rumbo político de toda la eurozona está entrando en un estado de parálisis: los ciudadanos quieren permanecer en la Unión Europea, pero también quieren el fin de la austeridad y el regreso de la prosperidad. Se les dice que no pueden tener ambas cosas. Esperando todavía un cambio de ideas en el norte de Europa, los gobiernos en problemas mantienen el rumbo, y el sufrimiento de sus pueblos aumenta.
La excepción es el gobierno socialista del primer ministro portugués António Costa, que llevó a su país a un renovado crecimiento (2,7% en 2017) y alcanzó un alto nivel de popularidad (en abril de 2018, el 44% de los portugueses calificaba el desempeño del gobierno como superior a las expectativas).
Puede que Italia sea otra excepción, pero en un sentido muy diferente. Allí hay oposición al euro tanto desde la izquierda cuanto desde la derecha. Ahora que la ultraderechista Liga está en el poder, puede que su líder Matteo Salvini (un político experimentado) ponga realmente en práctica la clase de amenazas que en otros países los novatos tuvieron miedo de implementar. Italia es suficientemente grande, y tiene una gran cantera de economistas buenos y creativos, para manejar un abandono de facto del euro con la implantación en la práctica de un sistema bimonetario flexible, que tal vez ayude a restaurar la prosperidad. Iría contra las reglas del euro, pero la carga de un abandono teórico, con todas sus consecuencias, se trasladaría a Bruselas y Frankfurt; en tanto, Italia podrá contar con que la parálisis de la UE evite la ruptura final. Cualquiera sea el resultado, la eurozona quedará hecha pedazos.
Pero no tiene por qué ser así. Alemania y otros países del norte de Europa pueden salvar al euro si muestran más humanidad y más flexibilidad. Pero tras haber visto muchas veces los primeros actos de este drama, no confío en que vayan a cambiar el argumento.
Joseph E. Stiglitz es el ganador del Premio Nobel 2001 en Ciencias Económicas. Traducción: Esteban Flamini. © Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.
https://elpais.com/economia/2018/06/21/actualidad/1529601682_692892.html
Entrevista a Gonzalo Pontón sobre La lucha por la desigualdad (y II) “El pensamiento científico del siglo XVIII no tuvo nada de original, los verdaderos logros se alcanzaron con Galileo, Bacon, Descartes, Newton”.
Salvador López Arnal
El viejo topo
Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la UB. A los veinte años se incorporó a la editorial Ariel y ha sido fundador de las editoriales Crítica (1976) y Pasado & Presente (2011). Se calcula que a lo largo de 50 años, ha publicado más de dos mil títulos, de los cuales unos mil son libros de historia. En 2016 publicó su primer libro: La lucha por la desigualdad que sido Premio Nacional de Ensayo de 2017 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. V
***
Nos habíamos quedado aquí. Lo mejor de la Ilustración del XVIII, ha afirmado usted, ya había nacido en el XVII con Newton y Descartes. No dudo de la grandeza científico-filosófica de Descartes y Newton, cuyas obras conozco un poco, pero políticamente no eran nada del otro mundo en mi opinión. Newton, cuando tuvo responsabilidades en asuntos de política monetaria, no se anduvo con muchos miramientos compasivos y Descartes, con su moral provisional, más bien aconsejaba ocultarse para vivir bien, tranquilo y sin muchas complicaciones. No hay mucho de ruptura en sus posiciones.
Lo que sostengo en mi libro es que el pensamiento filosófico y científico del siglo XVIII no tuvo nada de original, porque los verdaderos logros se habían alcanzado ya en el siglo XVII con Galileo, Bacon, Descartes, Newton, Kepler, Boyle, Euler, Van Leeuwenhoek, Grocio, Puffendorf, etc. Sus descubrimientos filosóficos, técnicos y científicos están en la base del éxito económico burgués. Pero no el pensamiento contrario a ese proyecto, encabezado por Baruch Spinoza, cuya filosofía igualitaria fue perseguida a muerte por la inmensa mayoría de los "ilustrados".
Me viene a la memoria una expresión de Marx del Manifiesto: conquista de la democracia. Si no usamos un concepto muy demediado de democracia reduciéndolo a contiendas electorales con muy diferentes medios, ¿usted ve posible conciliar democracia y el capitalismo realmente existente en unas fases históricas más salvajes e inhumanas? Si fuera que no su respuesta, ¿qué hacer entonces sin soñar mundos ficticios aunque sean agradables?
Marx solo habla una vez de la democracia en el Manifiesto comunista y la identifica con el paso del proletariado a clase dominante. En otros escritos suyos (en los Manuscritos de París, por ejemplo) llega a exprimir la esencia de lo que él considera democracia: en ella el hombre no existe para la ley, sino que la ley existe para el hombre, e insiste en que la Constitución la ley, el estado son solo características que el pueblo se da a sí mismo. La democracia formal de nuestras sociedades modernas no tiene nada que ver con la idea de democracia de Marx. Al capitalismo realmente existente no le molesta lo más mínimo que la gente vote cada cuatro años. Como dijo una vez Golda Meir, si el voto sirviera para algo ya lo habrían prohibido. En realidad no hace falta soñar con mundos ficticios, basta con cambiar el que tenemos.
"La vigilia de la razón" es el título del capítulo IX, el último de su libro. ¿Debemos seguir siendo racionalistas? ¿Incluso después de Hiroshima, y teniendo en cuenta el momento en que estamos, próximos al desastre ambiental y al enfrentamiento militar atómico? ¿No es a eso, a todo eso y a más infiernos, a lo que nos ha llevado la racionalidad tecnocientífica contemporánea?
De alguna manera, ese el punto de la Escuela de Frankfurt contra la Ilustración. Max Horkheimer y Theodor Adorno escribieron en su Dialéctica de la Ilustración que había sido el sueño de la razón el que había producido los monstruos del nazismo y el estalinismo y que por culpa de esa razón la "emancipación" propuesta por la Ilustración había conducido de nuevo a un periodo de barbarie, de lo que deducían que los grandes enemigos de la humanidad eran la tecnología y las instituciones del mundo contemporáneo. Este libro procedía de una conversación que Horkheimer y Adorno mantuvieron en Nueva York, en 1946, adonde habían llegado huyendo de la Alemania nazi. No tenían razón, pero hay que entender sus emociones en el marco de su tiempo y de sus peripecias personales. También el ayatolá Jomeini dijo que los derechos humanos y la justicia universal no eran más que productos de la razón europea. Siguiendo esa deriva, seguramente habría que acusar a Einstein de genocidio. El desastre ambiental y el enfrentamiento atómico al que te refieres no surgen de la razón, sino, precisamente, de la irracionalidad y de las vísceras; no hay más que pensar en lo razonables que son sus principales protagonistas: Trump y Kim Jong-un.
Cambio un poco de tercio si no le importa. El Romanticismo impugna el racionalismo ilustrado y exalta los sentimientos, se suele afirmar. El nacionalismo, se afirma también, es hijo del Romanticismo: "apela a las emociones, a las vísceras y proyecta mundos imaginarios, fantásticos". Son palabras suyas; también éstas: "Y los nacionalistas han sustituido el mundo por una novela de ciencia ficción. El imaginario nacionalista se asemeja al del cristianismo primitivo: los pobres heredarán la tierra. En el caso catalán, los catalanes heredarán esa tierra prometida que llaman República Catalana". Pero si es así, si la metáfora que usted nos regala es exacta, si el nacionalismo ideológico tiene contornos de creencia religiosa, ¿cómo avanzar, cómo aproximarnos, cómo disolver la situación de alta tensión que se ha ido creando y que se sigue creando por ejemplo aquí, en Cataluña?
Muchos nacionalismos tienen una base religiosa indiscutible. Acordémonos del "Gott mit uns", del "Por Dios, por la patria y el rey", de los nacionalismos más racistas, o del "Dios es inglés" o "Dios es belga" de los brutales colonizadores europeos de África. Por las venas del nacionalismo catalán también corre la mística: "Catalunya serà cristiana o no serà" es un mot de ralliement que compartieron elites eclesiásticas y laicas: Torras i Bages y Prat de la Riba; Vidal i Barraquer y Cambó, Aureli Escarré y Jordi Pujol…. con la sanción "modernizadora", como siempre, de la intelligentsia pesebrista: D’Ors, Riba, Calvet, Cardó, Galí, Triadú, Cahner, Comín… Y precisamente "cristiana", no católica, que tiene una dimensión universal. El cristianismo catalán es de souche terrienne, muy adecuado para una sociedad de propietarios rurales y de pagesos y masovers cuasipropietarios que entregan sus hijos a una iglesia que, teóricamente dependiente de Roma, crea estructuras propias independientes e incluso su propio Vaticano en Montserrat, que ilumina, solo, "la catalana terra". De esa sociedad de kulaks, que cree no tener en su seno contradicciones de clase porque las resuelve la caridad cristiana, se nutrirán el irracionalismo carlista, el nacionalista e, incluso, el independentista.
Los hijos y nietos de esa Cataluña rural desarrollarán las estructuras comerciales, industriales y bancarias del Principado sin abandonar nunca su cristianismo étnico, una fe –más que una religión— muy parecida al acomodaticio anglicanismo, que será uno de los mecanismos de control social de la burguesía británica, espejo lejano e inalcanzable de la catalana. La fuerza de cohesión ("fem pinya"), el sentido de identidad ("un sol poble"), la ortodoxia ("nosaltres sols") y la carga soteriológica del cristianismo ("Catalunya serà cristiana o no serà") se convertirán en las señas de identidad dominantes, porque son las de la clase hegemónica ("el pal de paller"). De todas ellas, la soteriología será el instrumento principal de la razón práctica de los dirigentes catalanes (que siguen siendo buenos cristianos, por supuesto, como lo son Puigdemont o Junqueras) que, llegado el momento, avisarán al conjunto de los creyentes –la comunión de los santos- de la inminencia del Santo Advenimiento, desatando una pulsión de urgencias, un fervor de corte milenarista, que roza el éxtasis. Por eso no se puede comprender la ceguera de los gentiles ni su blasfemia al no reconocer el reino de dios en la tierra. El paso de "Catalunya serà cristiana o no serà" a "Cataluña serà independent o no serà" es casi automático. Y cargado de un irracionalismo militante que, pasado el Milenio, puede derivar en un martirologio sacrificial.
Cuando trabajó de joven en la editorial Ariel coincidió con Manuel Sacristán. Como usted también es traductor déjeme preguntarle por la labor socrático-traductora del autor de Las ideas gnoseológicas de Heidegger. ¿Fue un buen traductor? El mismo comentó en una entrevista con la revista mexicana Dialéctica en 1983 que una parte de sus traducciones fueron pane lucrando.
Es bien cierto que Manuel Sacristán tuvo que ganarse la vida recurriendo a la traducción. No fue, en principio, voluntad suya. Su vocación era universitaria, pero en 1965 fue expulsado de la Universidad de Barcelona por su militancia comunista. Tres años antes le habían negado la cátedra de Lógica de la Universidad de Valencia por la misma razón. A pesar de que en 1972 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona le contrató de nuevo, al finalizar el curso no le renovaron el contrato y, más tarde, siempre que le permitieron volver a enseñar, lo tuvo que hacer en precario, con contratos temporales hasta poco antes de su muerte, cuando ocupó, durante unos pocos meses, una cátedra extraordinaria.
De modo que Manuel Sacristán tuvo que ganarse la vida sobre todo traduciendo. Como escribió el mismo, se pasó la vida "de trabajar para una editorial a la Universidad y viceversa". Sacristán era un gran traductor del alemán, del inglés, del francés, del italiano… era un gran traductor de cualquier idioma porque lo que dominaba como nadie era la lógica, la semántica y las leyes internas de la lengua castellana. Sacristán tradujo e introdujo en España el primer libro de Marx publicado desde la guerra civil, Revolución en España, bajo el seudónimo de "Manuel Entenza", uno de los varios que utilizaba ("Juan Manuel Mauri", "Máximo Estrella"…) para escapar al control de la policía franquista. La lista de autores que tradujo bajo su propio nombre es apabullante: Marx, Engels, Lukács, Gramsci, Adorno, Hull, Quine, Galbraith, Bunge, Copleston, Havemann, Dutschke, Dubcek, Korsch, Marcuse, Schumpeter… Tradujo un promedio de seis libros por año durante muchos años. Por otra parte, la calidad de su trabajo, las peticiones que recibía, le permitieron escoger y proponer textos de agitación cultural que las editoriales aceptaban sin rechistar. Él mismo lo expresaba así hacia el final de su vida: "Al traducir no solo me ganaba la vida, sino que colocaba producto intelectual en la vida cultural del país".
Jamás se quejó de su trabajo de traductor, pero es obvio que si hubiera destinado ese tiempo a escribir su propia obra en libertad esta habría sido intelectualmente muy poderosa… y muy "peligrosa". Como escribió Francisco Fernández Buey, su mejor discípulo: "Si Manuel Sacristán solo hubiera escrito la monografía sobre Heidegger, que fue su tesis doctoral, y la Introducción a la lógica y al análisis formal, ya con eso habría entrado en la historia de la filosofía universal como un filósofo importante del siglo XX, como un filósofo de los que tienen pensamiento propio".
Usted ha sido durante años militante del PSUC si ando errado. Aparte del PSUC-viu y de Iniciativa, no queda mucho de aquel gran proyecto político. ¿Se arrepiente de aquellos años de militancia? ¿Cómo puede explicarse la grandeza y ahora casi desaparición de ese proyecto transformador socialista-comunista con muy fuerte arraigo social?
El PSUC fue una máquina de guerra casi perfecta contra el franquismo. Tras el fracaso de la "huelga nacional pacífica" en 1959 (una fantasmagoría de Carrillo y compañía), su alma de frente popular le llevó a tratar de aglutinar en una sola fuerza la lucha contra el fascismo. Apoyó el movimiento obrero, la agitación estudiantil universitaria, las fuerzas de la cultura, de los colegios profesionales, de las asociaciones vecinales y de ciudadanía, incluso la herejía obrerista de la Iglesia católica. El PSUC fue la fuerza política tras la CONC, la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes, de la Taula Rodona Democràtica, de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, de la Assemblea Permanent d’Intel.lectuals de Catalunya y de la Assemblea de Catalunya, que llegó a contar con 45 partidos y organizaciones cívicas. En 1978 el partido de los comunistas catalanes alcanzó la cifra de 40.000 militantes, algo que el resto de partidos no podía ni soñar. Nadie, nunca, llegó a preocupar tanto al Régimen como el PSUC.
Junto a su incesante voluntad de unificación de las fuerzas antifascistas, que le supuso renunciar a políticas que más tarde le pasarían factura, otro de los signos de identidad del PSUC fue constituirse en un partido "nacional y de clase", otro paso que tendría graves consecuencias en el futuro. Sin embargo, en las elecciones de 1977, el PSUC consiguió más del 18 % de los votos que, junto con el 28,38 % obtenido por el PSC, hubiera permitido una Cataluña gobernada por la izquierda (la derecha solo consiguió el 33%). Pero el anticomunismo vulgar de Joan Reventós y el anticatalanismo garbancero de Felipe González y Alfonso Guerra lo impidieron. Aun así, la derecha catalana, asustada, recurrió a sus correligionarios españoles para hacer frente al "peligro rojo". Diseñaron entonces la operación Tarradellas que consiguió desmontar las plataformas unitarias, liberar de compromisos "frentepopulistas" a los distintos partidos y, pese a que la izquierda volvió a ganar las elecciones generales y municipales de 1979, facilitar el triunfo de la derecha catalana y cristiana en las elecciones al Parlament de 1980 que entronizaron en el poder a Jordi Pujol durante 23 años.
A partir de ahí, estallaron todas las costuras del PSUC dejando al descubierto sus contradicciones externas -la soterrada pero inacabable lucha con el PCE por mantener su independencia- e internas: ruptura entre los cuadros sindicales y la dirección, lucha de los aparatchikis por el control del partido; defección de la mayoría de los intelectuales burgueses que –tras un recorrido por el utopismo- regresaron a los espacios propios de su clase: a CiU, al PSC o incluso al PP. Pero lo peor de todo fue perder su capacidad de movilización "en un proceso en que el desarme ideológico impuesto por el PCE lo arrastró finalmente a la destrucción" (Fontana). Tras el 5º Congreso del partido, en 1981, la militancia se había reducido a 12.000 afiliados.
La politiquería, el tacticismo y el posibilismo de los dirigentes del PSUC, ansiosos de tocar poder, naufragaba en el marco temporal de los años 80, tan distinto del de los 60, y le dejaba, al fin, ante el cruel dilema histórico del movimiento socialista: revolución (ya imposible) o reforma (donde habría de competir con los demás partidos). Al no poder resolverlo, el PSUC quedó anclado entre dos orillas, in mezzo al guado. La dirección del partido se equivocó muchas veces, pero, como escribió Manuel Sacristán "ninguna historia de errores, irrealismos y sectarismos es excepción en la izquierda española".
Si en los años 80 Cataluña, con la inexorable reducción del sector secundario, se había convertido ya en una sociedad de clases medias controlada por la burguesía de "soca-rel", a partir del ingreso de España en la Unión Europea y, sobre todo, del derrumbe del "socialismo" de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo neoliberal, en el siglo XXI las hijuelas del PSUC, de verde o de violeta, no tenían nada que ofrecer a una "sociedad opulenta" (Galbraith). El movimiento de los indignados ante la gran recesión iniciada en 2007 pareció encender, por un momento, la vieja chispa igualitaria, pero su deriva en Podem o Catalunya en Comú la ha apagado en seguida sumergiéndola en la vieja charca del modo burgués de hacer política. Los hechos son tozudos: en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, los partidos que no se plantean una alternativa al capitalismo coparon 123 de los 135 escaños del Parlament de Cataluña.
La lucha del capitalismo por la desigualdad continúa. Pero siempre nos quedará el viejo topo.
Muchas gracias por sus reflexiones. Y tiene razón: siempre nos quedarán el viejo topo y El Viejo Topo.
El viejo topo
Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la UB. A los veinte años se incorporó a la editorial Ariel y ha sido fundador de las editoriales Crítica (1976) y Pasado & Presente (2011). Se calcula que a lo largo de 50 años, ha publicado más de dos mil títulos, de los cuales unos mil son libros de historia. En 2016 publicó su primer libro: La lucha por la desigualdad que sido Premio Nacional de Ensayo de 2017 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. V
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Nos habíamos quedado aquí. Lo mejor de la Ilustración del XVIII, ha afirmado usted, ya había nacido en el XVII con Newton y Descartes. No dudo de la grandeza científico-filosófica de Descartes y Newton, cuyas obras conozco un poco, pero políticamente no eran nada del otro mundo en mi opinión. Newton, cuando tuvo responsabilidades en asuntos de política monetaria, no se anduvo con muchos miramientos compasivos y Descartes, con su moral provisional, más bien aconsejaba ocultarse para vivir bien, tranquilo y sin muchas complicaciones. No hay mucho de ruptura en sus posiciones.
Lo que sostengo en mi libro es que el pensamiento filosófico y científico del siglo XVIII no tuvo nada de original, porque los verdaderos logros se habían alcanzado ya en el siglo XVII con Galileo, Bacon, Descartes, Newton, Kepler, Boyle, Euler, Van Leeuwenhoek, Grocio, Puffendorf, etc. Sus descubrimientos filosóficos, técnicos y científicos están en la base del éxito económico burgués. Pero no el pensamiento contrario a ese proyecto, encabezado por Baruch Spinoza, cuya filosofía igualitaria fue perseguida a muerte por la inmensa mayoría de los "ilustrados".
Me viene a la memoria una expresión de Marx del Manifiesto: conquista de la democracia. Si no usamos un concepto muy demediado de democracia reduciéndolo a contiendas electorales con muy diferentes medios, ¿usted ve posible conciliar democracia y el capitalismo realmente existente en unas fases históricas más salvajes e inhumanas? Si fuera que no su respuesta, ¿qué hacer entonces sin soñar mundos ficticios aunque sean agradables?
Marx solo habla una vez de la democracia en el Manifiesto comunista y la identifica con el paso del proletariado a clase dominante. En otros escritos suyos (en los Manuscritos de París, por ejemplo) llega a exprimir la esencia de lo que él considera democracia: en ella el hombre no existe para la ley, sino que la ley existe para el hombre, e insiste en que la Constitución la ley, el estado son solo características que el pueblo se da a sí mismo. La democracia formal de nuestras sociedades modernas no tiene nada que ver con la idea de democracia de Marx. Al capitalismo realmente existente no le molesta lo más mínimo que la gente vote cada cuatro años. Como dijo una vez Golda Meir, si el voto sirviera para algo ya lo habrían prohibido. En realidad no hace falta soñar con mundos ficticios, basta con cambiar el que tenemos.
"La vigilia de la razón" es el título del capítulo IX, el último de su libro. ¿Debemos seguir siendo racionalistas? ¿Incluso después de Hiroshima, y teniendo en cuenta el momento en que estamos, próximos al desastre ambiental y al enfrentamiento militar atómico? ¿No es a eso, a todo eso y a más infiernos, a lo que nos ha llevado la racionalidad tecnocientífica contemporánea?
De alguna manera, ese el punto de la Escuela de Frankfurt contra la Ilustración. Max Horkheimer y Theodor Adorno escribieron en su Dialéctica de la Ilustración que había sido el sueño de la razón el que había producido los monstruos del nazismo y el estalinismo y que por culpa de esa razón la "emancipación" propuesta por la Ilustración había conducido de nuevo a un periodo de barbarie, de lo que deducían que los grandes enemigos de la humanidad eran la tecnología y las instituciones del mundo contemporáneo. Este libro procedía de una conversación que Horkheimer y Adorno mantuvieron en Nueva York, en 1946, adonde habían llegado huyendo de la Alemania nazi. No tenían razón, pero hay que entender sus emociones en el marco de su tiempo y de sus peripecias personales. También el ayatolá Jomeini dijo que los derechos humanos y la justicia universal no eran más que productos de la razón europea. Siguiendo esa deriva, seguramente habría que acusar a Einstein de genocidio. El desastre ambiental y el enfrentamiento atómico al que te refieres no surgen de la razón, sino, precisamente, de la irracionalidad y de las vísceras; no hay más que pensar en lo razonables que son sus principales protagonistas: Trump y Kim Jong-un.
Cambio un poco de tercio si no le importa. El Romanticismo impugna el racionalismo ilustrado y exalta los sentimientos, se suele afirmar. El nacionalismo, se afirma también, es hijo del Romanticismo: "apela a las emociones, a las vísceras y proyecta mundos imaginarios, fantásticos". Son palabras suyas; también éstas: "Y los nacionalistas han sustituido el mundo por una novela de ciencia ficción. El imaginario nacionalista se asemeja al del cristianismo primitivo: los pobres heredarán la tierra. En el caso catalán, los catalanes heredarán esa tierra prometida que llaman República Catalana". Pero si es así, si la metáfora que usted nos regala es exacta, si el nacionalismo ideológico tiene contornos de creencia religiosa, ¿cómo avanzar, cómo aproximarnos, cómo disolver la situación de alta tensión que se ha ido creando y que se sigue creando por ejemplo aquí, en Cataluña?
Muchos nacionalismos tienen una base religiosa indiscutible. Acordémonos del "Gott mit uns", del "Por Dios, por la patria y el rey", de los nacionalismos más racistas, o del "Dios es inglés" o "Dios es belga" de los brutales colonizadores europeos de África. Por las venas del nacionalismo catalán también corre la mística: "Catalunya serà cristiana o no serà" es un mot de ralliement que compartieron elites eclesiásticas y laicas: Torras i Bages y Prat de la Riba; Vidal i Barraquer y Cambó, Aureli Escarré y Jordi Pujol…. con la sanción "modernizadora", como siempre, de la intelligentsia pesebrista: D’Ors, Riba, Calvet, Cardó, Galí, Triadú, Cahner, Comín… Y precisamente "cristiana", no católica, que tiene una dimensión universal. El cristianismo catalán es de souche terrienne, muy adecuado para una sociedad de propietarios rurales y de pagesos y masovers cuasipropietarios que entregan sus hijos a una iglesia que, teóricamente dependiente de Roma, crea estructuras propias independientes e incluso su propio Vaticano en Montserrat, que ilumina, solo, "la catalana terra". De esa sociedad de kulaks, que cree no tener en su seno contradicciones de clase porque las resuelve la caridad cristiana, se nutrirán el irracionalismo carlista, el nacionalista e, incluso, el independentista.
Los hijos y nietos de esa Cataluña rural desarrollarán las estructuras comerciales, industriales y bancarias del Principado sin abandonar nunca su cristianismo étnico, una fe –más que una religión— muy parecida al acomodaticio anglicanismo, que será uno de los mecanismos de control social de la burguesía británica, espejo lejano e inalcanzable de la catalana. La fuerza de cohesión ("fem pinya"), el sentido de identidad ("un sol poble"), la ortodoxia ("nosaltres sols") y la carga soteriológica del cristianismo ("Catalunya serà cristiana o no serà") se convertirán en las señas de identidad dominantes, porque son las de la clase hegemónica ("el pal de paller"). De todas ellas, la soteriología será el instrumento principal de la razón práctica de los dirigentes catalanes (que siguen siendo buenos cristianos, por supuesto, como lo son Puigdemont o Junqueras) que, llegado el momento, avisarán al conjunto de los creyentes –la comunión de los santos- de la inminencia del Santo Advenimiento, desatando una pulsión de urgencias, un fervor de corte milenarista, que roza el éxtasis. Por eso no se puede comprender la ceguera de los gentiles ni su blasfemia al no reconocer el reino de dios en la tierra. El paso de "Catalunya serà cristiana o no serà" a "Cataluña serà independent o no serà" es casi automático. Y cargado de un irracionalismo militante que, pasado el Milenio, puede derivar en un martirologio sacrificial.
Cuando trabajó de joven en la editorial Ariel coincidió con Manuel Sacristán. Como usted también es traductor déjeme preguntarle por la labor socrático-traductora del autor de Las ideas gnoseológicas de Heidegger. ¿Fue un buen traductor? El mismo comentó en una entrevista con la revista mexicana Dialéctica en 1983 que una parte de sus traducciones fueron pane lucrando.
Es bien cierto que Manuel Sacristán tuvo que ganarse la vida recurriendo a la traducción. No fue, en principio, voluntad suya. Su vocación era universitaria, pero en 1965 fue expulsado de la Universidad de Barcelona por su militancia comunista. Tres años antes le habían negado la cátedra de Lógica de la Universidad de Valencia por la misma razón. A pesar de que en 1972 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona le contrató de nuevo, al finalizar el curso no le renovaron el contrato y, más tarde, siempre que le permitieron volver a enseñar, lo tuvo que hacer en precario, con contratos temporales hasta poco antes de su muerte, cuando ocupó, durante unos pocos meses, una cátedra extraordinaria.
De modo que Manuel Sacristán tuvo que ganarse la vida sobre todo traduciendo. Como escribió el mismo, se pasó la vida "de trabajar para una editorial a la Universidad y viceversa". Sacristán era un gran traductor del alemán, del inglés, del francés, del italiano… era un gran traductor de cualquier idioma porque lo que dominaba como nadie era la lógica, la semántica y las leyes internas de la lengua castellana. Sacristán tradujo e introdujo en España el primer libro de Marx publicado desde la guerra civil, Revolución en España, bajo el seudónimo de "Manuel Entenza", uno de los varios que utilizaba ("Juan Manuel Mauri", "Máximo Estrella"…) para escapar al control de la policía franquista. La lista de autores que tradujo bajo su propio nombre es apabullante: Marx, Engels, Lukács, Gramsci, Adorno, Hull, Quine, Galbraith, Bunge, Copleston, Havemann, Dutschke, Dubcek, Korsch, Marcuse, Schumpeter… Tradujo un promedio de seis libros por año durante muchos años. Por otra parte, la calidad de su trabajo, las peticiones que recibía, le permitieron escoger y proponer textos de agitación cultural que las editoriales aceptaban sin rechistar. Él mismo lo expresaba así hacia el final de su vida: "Al traducir no solo me ganaba la vida, sino que colocaba producto intelectual en la vida cultural del país".
Jamás se quejó de su trabajo de traductor, pero es obvio que si hubiera destinado ese tiempo a escribir su propia obra en libertad esta habría sido intelectualmente muy poderosa… y muy "peligrosa". Como escribió Francisco Fernández Buey, su mejor discípulo: "Si Manuel Sacristán solo hubiera escrito la monografía sobre Heidegger, que fue su tesis doctoral, y la Introducción a la lógica y al análisis formal, ya con eso habría entrado en la historia de la filosofía universal como un filósofo importante del siglo XX, como un filósofo de los que tienen pensamiento propio".
Usted ha sido durante años militante del PSUC si ando errado. Aparte del PSUC-viu y de Iniciativa, no queda mucho de aquel gran proyecto político. ¿Se arrepiente de aquellos años de militancia? ¿Cómo puede explicarse la grandeza y ahora casi desaparición de ese proyecto transformador socialista-comunista con muy fuerte arraigo social?
El PSUC fue una máquina de guerra casi perfecta contra el franquismo. Tras el fracaso de la "huelga nacional pacífica" en 1959 (una fantasmagoría de Carrillo y compañía), su alma de frente popular le llevó a tratar de aglutinar en una sola fuerza la lucha contra el fascismo. Apoyó el movimiento obrero, la agitación estudiantil universitaria, las fuerzas de la cultura, de los colegios profesionales, de las asociaciones vecinales y de ciudadanía, incluso la herejía obrerista de la Iglesia católica. El PSUC fue la fuerza política tras la CONC, la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes, de la Taula Rodona Democràtica, de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, de la Assemblea Permanent d’Intel.lectuals de Catalunya y de la Assemblea de Catalunya, que llegó a contar con 45 partidos y organizaciones cívicas. En 1978 el partido de los comunistas catalanes alcanzó la cifra de 40.000 militantes, algo que el resto de partidos no podía ni soñar. Nadie, nunca, llegó a preocupar tanto al Régimen como el PSUC.
Junto a su incesante voluntad de unificación de las fuerzas antifascistas, que le supuso renunciar a políticas que más tarde le pasarían factura, otro de los signos de identidad del PSUC fue constituirse en un partido "nacional y de clase", otro paso que tendría graves consecuencias en el futuro. Sin embargo, en las elecciones de 1977, el PSUC consiguió más del 18 % de los votos que, junto con el 28,38 % obtenido por el PSC, hubiera permitido una Cataluña gobernada por la izquierda (la derecha solo consiguió el 33%). Pero el anticomunismo vulgar de Joan Reventós y el anticatalanismo garbancero de Felipe González y Alfonso Guerra lo impidieron. Aun así, la derecha catalana, asustada, recurrió a sus correligionarios españoles para hacer frente al "peligro rojo". Diseñaron entonces la operación Tarradellas que consiguió desmontar las plataformas unitarias, liberar de compromisos "frentepopulistas" a los distintos partidos y, pese a que la izquierda volvió a ganar las elecciones generales y municipales de 1979, facilitar el triunfo de la derecha catalana y cristiana en las elecciones al Parlament de 1980 que entronizaron en el poder a Jordi Pujol durante 23 años.
A partir de ahí, estallaron todas las costuras del PSUC dejando al descubierto sus contradicciones externas -la soterrada pero inacabable lucha con el PCE por mantener su independencia- e internas: ruptura entre los cuadros sindicales y la dirección, lucha de los aparatchikis por el control del partido; defección de la mayoría de los intelectuales burgueses que –tras un recorrido por el utopismo- regresaron a los espacios propios de su clase: a CiU, al PSC o incluso al PP. Pero lo peor de todo fue perder su capacidad de movilización "en un proceso en que el desarme ideológico impuesto por el PCE lo arrastró finalmente a la destrucción" (Fontana). Tras el 5º Congreso del partido, en 1981, la militancia se había reducido a 12.000 afiliados.
La politiquería, el tacticismo y el posibilismo de los dirigentes del PSUC, ansiosos de tocar poder, naufragaba en el marco temporal de los años 80, tan distinto del de los 60, y le dejaba, al fin, ante el cruel dilema histórico del movimiento socialista: revolución (ya imposible) o reforma (donde habría de competir con los demás partidos). Al no poder resolverlo, el PSUC quedó anclado entre dos orillas, in mezzo al guado. La dirección del partido se equivocó muchas veces, pero, como escribió Manuel Sacristán "ninguna historia de errores, irrealismos y sectarismos es excepción en la izquierda española".
Si en los años 80 Cataluña, con la inexorable reducción del sector secundario, se había convertido ya en una sociedad de clases medias controlada por la burguesía de "soca-rel", a partir del ingreso de España en la Unión Europea y, sobre todo, del derrumbe del "socialismo" de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo neoliberal, en el siglo XXI las hijuelas del PSUC, de verde o de violeta, no tenían nada que ofrecer a una "sociedad opulenta" (Galbraith). El movimiento de los indignados ante la gran recesión iniciada en 2007 pareció encender, por un momento, la vieja chispa igualitaria, pero su deriva en Podem o Catalunya en Comú la ha apagado en seguida sumergiéndola en la vieja charca del modo burgués de hacer política. Los hechos son tozudos: en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, los partidos que no se plantean una alternativa al capitalismo coparon 123 de los 135 escaños del Parlament de Cataluña.
La lucha del capitalismo por la desigualdad continúa. Pero siempre nos quedará el viejo topo.
Muchas gracias por sus reflexiones. Y tiene razón: siempre nos quedarán el viejo topo y El Viejo Topo.
miércoles, 27 de junio de 2018
Entrevista a Gonzalo Pontón sobre La lucha por la desigualdad (I) “Había mucha luz en las casas de los 'ilustrados', pero las chozas y las viviendas de los pobres seguirían a oscuras durante muchos años”.
Salvador López Arnal
El viejo topo
Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la UB. A los veinte años se incorporó a la editorial Ariel y ha sido fundador de las editoriales Crítica (1976) y Pasado & Presente (2011). Se calcula que a lo largo de 50 años, ha publicado más de dos mil títulos, de los cuales unos mil son libros de historia. En 2016 publicó su primer libro: La lucha por la desigualdad que sido Premio Nacional de Ensayo de 2017 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
***
Déjeme darle mi más sincera enhorabuena por su libro, por su grandísimo libro (que incluye una cronología magistral). 776 páginas, casi 40 páginas de bibliografía comentada, innumerables notas… ¿Cuánto tiempo ha dedicado a la investigación y escritura de su libro? ¿Desde cuándo lo tenía en mente?
Entre 2009 (fecha de mi jubilación oficial) y 2011 dispuse de dos años, vamos a llamarlos sabáticos, durante los cuales trabajé intensamente, y obsesivamente, en investigar las fuentes de mi tema -la heurística-. Luego necesité cinco años más, no tan acuciantes, para redactar La lucha por la desigualdad. Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII.
De los más de dos mil libros que ha publicado a lo largo de 50 años de trabajo editorial, la mitad son libros de historia. ¿Por qué ese interés tan acentuado por la historia? ¿No le importan tanto la filosofía, la literatura, la biología o las ciencias formales por ejemplo? ¿No tienen tanta importancia para saber a qué atenernos en el mundo de hoy?
El lema de Crítica –su programa- al iniciar su andadura, en 1976, era: “Esta editorial, que pretende contribuir a la formación de una cultura crítica, quiere poner al alcance de todos, junto a obras clásicas todavía vigentes, lo más vivo y valioso del pensamiento contemporáneo”. Un vistazo al catálogo histórico de Crítica puede dar cuenta de si esos propósitos se han cumplido, o no. En cualquier caso, una buena parte de lo que he publicado ahí son colecciones, dirigidas por los mejores especialistas, sobre el conocimiento filosófico, político, económico, social, literario, científico y artístico. Otro tanto puedo decir de Pasado & Presente, donde he seguido publicando libros de esa misma temática, quizá aún con más intensidad, tratando de ser fiel al lema de esta editorial: “Pasado & Presente quiere ofrecer al lector las reflexiones más rigurosas sobre nuestro pasado (histórico, científico y cultural) y al mismo tiempo intervenir, con espíritu crítico y curioso, en el debate intelectual y moral del presente. Esto es, pensar el futuro”. Es cierto que en ambos textos programáticos sobrevuela la voluntad de un cierto historicismo, y es un hecho que debo haber publicado cerca de mil títulos de historia, seguramente por dos razones: primero, por mi propia formación académica y, después, por mi concepción de la historia como ciencia y como arma: para interpretar el mundo y para tratar de cambiarlo.
La lucha por la desigualdad es el título de su libro. ¿Quiénes lucharon por la desigualdad? ¿Con qué objetivos: más dinero, más riqueza, más poder político, voluntad de poder en estado puro?
Entiendo la lucha por la desigualdad en el contexto de la lucha de clases. Cuando la clase dominante ve peligrar su posición por la amenaza de las clases subalternas, utiliza todo el poder que puede conseguir para preservar sus privilegios y la injusticia de su dominio -su desigualdad-, que defenderá a muerte. Así, la aristocracia feudal contra la burguesía; la burguesía contra el proletariado.
El subtítulo del ensayo: “Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII”. ¿Qué límites tiene ese mundo occidental al que hace referencia? ¿Por qué el siglo XVIII? ¿Qué tiene de especial ese siglo que solemos llamar el siglo de la Ilustración? ¿Por qué no los siglos de Bruno o Galileo?
La larga sombra del siglo XVIII se proyecta aún sobre el siglo XXI. En aquella época se produjo un salto cualitativo en los niveles de desigualdad europeos, un “equilibrio puntuado”, en términos evolutivos. Hasta entonces la desigualdad tenía bases esencialmente agrarias, las propias del régimen feudal, lo que la hacía permanente, pero estática. Tras la acumulación primitiva de capital que supuso un comercio cada vez más predatorio, el capitalismo inició un nuevo avatar: el manufacturero basado en el carbón y el algodón, los pilares de la Revolución industrial. A diferencia de lo que había ocurrido con el capitalismo comercial, este paso no requirió grandes inversiones, pero sí una mano de obra numerosa e indigente. La encontró en los campesinos, que los terratenientes habían desahuciado del campo, los artesanos de las ciudades, ahora proletarizados tras la destrucción de sus gremios, y en el saldo demográfico que llenaba las ciudades de miserables. La explotación de esa mano de obra cautiva, sobre todo de mujeres y niños, dentro del continente europeo, y la de los esclavos –negros y blancos— que extraían las materias primas en las colonias, fue inmisericorde, pero determinó el espectacular éxito económico de la burguesía.
Dueña del poder político y económico, la burguesía vio en el consumo de artículos y mercancías, que antes había sido exclusivo de la aristocracia feudal, la satisfacción de su éxito. Se lanzó entonces a un sistema de producción cuya única finalidad, como había establecido Adam Smith, era el consumo. Ese modelo económico desde el lado de la oferta, iniciado a finales del siglo XVIII pero que ha llegado a la exasperación en nuestros días, ha llevado a las clases subalternas a supeditar la vida a la consecución de los recursos económicos necesarios para sobrevivir en el capitalismo, a la abolición del ocio y a la renuncia a la educación y la cultura, pero también a la dilapidación, hasta entonces desconocida, de materias primas semielaboradas y a la extenuación de los recursos naturales del planeta, que es aún el modelo de sociedad en que vivimos hoy.
Con el fin de blindar su poder en el tiempo, la burguesía se dotó de referentes doctrinales que sancionaran su legitimidad sin que se alterara el orden social. Se alió entonces con los miembros más proclives del Antiguo régimen y con la intelligentsia, los “ilustrados”, para formar una elite de nuevo cuño que controlara los medios de comunicación y la opinión pública. Esta nueva elite estableció sus propios ámbitos de socialización en los que tejió una red de vínculos familiares, económicos y políticos que le permitió un acaparamiento de oportunidades y el acceso a una bolsa de valores de información privilegiada y exclusiva que impermeabilizó férreamente ante las clases subalternas. Para ello creó instituciones educativas específicas para sus miembros al tiempo que se oponía ferozmente a la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, expulsándolas tanto de la formación no deseada como de la información privilegiada. No solo eso: acuñó un lenguaje específico -una “imagen manifiesta” (Dennett)- en contraposición a la realidad, que establecía en la conciencia colectiva una reverencia acrítica hacia las directrices de las elites que se presentaban no solo como infalibles, sino como las únicas posibles, ya que la sola alternativa era la “anarquía”.
Se consiguió, así, consolidar una desigualdad categórica: desigualdad económica, sí; pero también desigualdad intelectual: las dos mordazas del tambor con las que el capitalismo controla, todavía hoy, a la sociedad global.
El prólogo del libro lo ha escrito Josep Fontana. ¿Ha sido profesor, maestro suyo? ¿Qué papel cree usted que ha jugado el profesor Fontana en la historiografía española de estas últimas décadas?
Josep Fontana es, sin discusión, el mayor historiador español de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Su obra como historiador, tanto desde la cátedra como en la investigación, es de una amplitud, de una densidad y de una intensidad admirables. Desde sus trabajos sobre las bases económicas y fiscales de las sociedades del Antiguo régimen hasta sus más recientes y comprometidos libros de historia del siglo XX, pasando por sus abundantes reflexiones sobre el oficio de historiador y el papel de este en sociedades en crisis, el profesor Fontana ha conjugado el análisis histórico de sociedades pasadas con el destino de los hombres y mujeres de hoy para denunciar la explotación del hombre por el hombre y la necesidad de seguir luchando para construir un mundo mucho más justo e igualitario, es decir, más humano.
En el prólogo, el doctor Fontana comenta que usted ha construido una máquina de guerra “que desarrolla poderosamente” con el objetivo de demoler los mitos del siglo de las Luces. ¿Cuáles son los principales mitos que, en su opinión, rodean y envuelven al acaso mal llamado “siglo de las luces”?
Las “luces” es un vocablo usado desde el Renacimiento con la misma intención que en el siglo XVIII. No quiere decir nada más allá de que se opone a la pretendida oscuridad de la Edad Media (cf. Dark Ages). Pero bajo la advocación de “siglo de las Luces” se ampara la pretensión burguesa de haber abierto entonces las ventanas a la educación y al conocimiento. Es cierto, pero no es la verdad. “Para que la sociedad sea feliz, y la gente se sienta cómoda en las peores circunstancias, es necesario que existan muchas personas que, además de pobres, sean ignorantes”, escribía Bernard de Mandeville en los años veinte del siglo XVIII. Para luchar por su desigualdad, la burguesía creó instituciones educativas específicas para sus hijos y desdeñó la enseñanza de las viejas e inútiles universidades. Al mismo tiempo, se opuso ferozmente a la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, especialmente las campesinas -un trabajo propio de las bestias de carga, según el ilustrado Forney- para que se mantuvieran en el lugar que les había asignado la divina providencia; es decir para que trabajaran sin descanso y para que no pusieran en cuestión el nuevo orden social burgués: “No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas” (Philippon de la Madeleine).
Había mucha luz en las casas de los “ilustrados”, pero las chozas y las viviendas de los pobres seguirían a oscuras durante muchos años.
Abre usted su libro con una de Cervantes , Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, capítulo XX. La copio: “¡A la barba de las habilidades de Basilio!, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al de tener se atenía”. ¿Es una ley histórica universal? ¿Es la conjetura del Manifiesto formulada siglos antes y acaso con otro lenguaje? ¿No hay otra ni puede haber otra?
¿Qué eufemismo usa la lengua inglesa para no tener que decir ‘pobres’ y ‘ricos’?: Los ‘have’ y los ‘have-not’, los que tienen y los que no tienen. Los ‘have’ cada día tienen más y los ‘have-not’ cada día menos. No es una cuestión específica del siglo XVIII. Si en 2007, al empezar la gran recesión, 500 familias disponían de la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad (3.500 millones de personas), en 2015 se habían reducido a 62 y en 2018 van a ser, quizás, una decena, cuyos nombres son bien conocidos: Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Carlos Slim, Larry Ellison, Larry Page e Ingvar Kamprad, que han ganado, solo en 2017, 149.000 millones de dólares.
Hoy hay más de 1.000 millones de seres humanos que viven en la pobreza extrema; otros 500 millones ganan 1,5 $ al día; mueren seis millones de niños por falta de alimentos y medicamentos cada año y otros 125 millones están sin escolarizar.
En una entrevista de finales de 2017 usted señaló que cualquier opinión sobre un período político debe situarse en el contexto histórico. De acuerdo, muy de acuerdo. Si aplicamos su razonable observación al período que ha estudiado, ¿no es acaso demasiado crítico con el siglo de la Ilustración? ¿No es demasiado exigente cuando afirma (son sus palabras de cierre) que la Ilustración no fue un movimiento original y unitario, paneuropeo, destructor del cristianismo, padre de la democracia, defensor de la igualdad y redentor de los oprimidos? ¿No hay una parte de la Ilustración que sí que fue eso?
Creo que lo que yo he hecho en mi libro (o, por lo menos, he intentado hacer) ha sido precisamente situar la Ilustración en su contexto histórico, el contexto de las Revoluciones burguesas, y probar que la cultura que prevaleció fue la cultura de las clases hegemónicas. Los burgueses del siglo XVIII obtuvieron la cobertura intelectual que necesitaban de los intelectuales de su clase, no de improbables “intelectuales” plebeyos, que no existían. Los philosophes franceses, los economistas políticos británicos, los pietistas de Prusia, los cameralistas de Austria, los jurisdiccionalistas italianos y hasta algunos de los proyectistas españoles –es decir, los “ilustrados”-- defendían sin fisuras una sociedad basada en la libertad, la propiedad, la jerarquía y el orden, dictada por Dios e inmutable en el tiempo. Como escribió Diderot –el más decente de todos los “ilustrados”—: “La sociedad será feliz si la libertad y la propiedad están garantizadas […] En la democracia, incluso en la más perfecta, la igualdad entre sus miembros es una quimera […] El populacho es demasiado estúpido, demasiado miserable y está demasiado ocupado como para ilustrarse”. Y como escribió Voltaire –el más indecente de todos ellos--: “Los hombres están divididos en dos clases, una la de los ricos que mandan y, otra, la de los pobres que sirven. El género humano no puede subsistir sin que haya una infinidad de hombres útiles que no posean absolutamente nada. […] El hombre común ha de ser dirigido, no educado: no merece serlo… Nueve de cada diez ciudadanos deben seguir siendo ignorantes, porque el vulgo no merece ser ilustrado y se le debe tratar como a los monos”.
Por lo demás, permítame insistir, si la Ilustración no fue eso, ¿qué fue entonces en su opinión?
Ya lo explicó Kant en ¿Qué es la Ilustración?, en diciembre de 1783, tan desgraciadamente, y tan parcialmente, traducido al castellano. El texto completo de Kant a la pregunta del pastor Johann Friedrich Zöllner se inscribe en una defensa de la libertad de opinión pública, es decir de la Öffentlichkeit burguesa. Según Kant, los hombres deben abandonar su falta de madurez y utilizar los conocimientos que ya tienen con independencia de lo que digan otros. El famoso Sapere aude! procede de Horacio y se halla en el contexto de una pulsión pragmática y utilitaria, con una apelación a no perder tiempo. Lo que hace Kant es lanzar un reto intelectual a todos aquellos que, disponiendo como disponen de los conocimientos de la Revolución científica, y de las obras filosóficas y económicas de su tiempo, no deben ignorarlas viviendo con la placidez de un rústico, sino que deben ponerse a la tarea sin pérdida de tiempo. ¿Qué tarea? La construcción de la sociedad burguesa, prescindiendo del mundo del Antiguo régimen, porque este no iba a cambiar por sí solo. La Ilustración se erigió, así, en el intelectual orgánico de la burguesía.
Voltaire, Montesquieu, D’Holbach, Locke, incluso Diderot y Rousseau componían una suerte de «gauche divine», según sus palabras, al compartir la misma conciencia de clase hegemónica. Le s horrorizaba, también son sus palabras, “que los niños campesinos fueran a la escuela y dejaran de labrar los campos, no sabían lo que es la solidaridad, apelaban más bien a una vaporosa fraternidad universal”. ¿No podríamos decir que también ellos hicieron o contribuyeron a hacer lo que podía hacerse y que no fue poco, lo mismo que usted ha comentado al hablar de nuestros años de transición en esa entrevista a la que hacía referencia anteriormente?
Empiezo por el final: a diferencia de lo que pasó en la transición (yo prefiero llamarla ‘transacción’), los ilustrados de toda Europa no vivían bajo la amenaza cierta de un golpe militar. Su mayor amenaza era la Iglesia católica (ni siquiera eso en los países protestantes), que no era despreciable, como explico en mi libro, pero que no tenía nada que hacer si el poder burgués del estado decidía intervenir. Sostengo que los que llamamos ilustrados dieron cobertura intelectual a la clase dominante (a la que casi todos pertenecían) y eso me parece totalmente razonable. Pero es radicalmente falso que no pudieran hacer otra cosa. Algunos intelectuales del siglo XVIII como Boulanger, Maréchal o Babeuf, en Francia; John Millar o Mary Wollstonecraft, en Gran Bretaña; Bergk o Erhard, en Alemania; Radicati, en Italia, Ramón Salas, en España, etc. se arriesgaron a perder la cátedra, la libertad e, incluso, la vida para defender una sociedad más justa, más culta, menos desigual. Todos ellos aparecen en mi libro, pero no en el repertorio heredado de la Ilustración que durante más de dos siglos nos ha brindado, sospechosamente, un relato casi sin fisuras sobre sus logros y los pretendidos valores universales que nos legaron sus autores. ¡Qué coincidencia que no aparezca ninguno de los que acabo de citar!. Justamente en línea con mi afirmación de que hay que situarse en el contexto de una época para analizarla, la propaganda burguesa lo ha hecho ignorando las realidades económicas y sociales del contexto en que aquellos intelectuales escribieron sus obras, separándolos de su tiempo en una iconografía exenta e ignorando los textos, los pasajes o los párrafos que no convenían porque desmienten de forma palmaria muchos de los méritos que han atribuido a aquellos intelectuales, hijos, al fin, de su tiempo y comprometidos con él.
Permítame insistir un poco más. ¿No fueron Marx, Engels, Jenny Marx, Bakunin y tantos otros, unos ilustrados heterodoxos? A ellos sí que les importaba que los niños campesinos fueran al colegio. Francisco Fernández Buey tal vez hubiera dicho de ellos que eran “algo más que ilustrados”.
Justamente Marx et alii demuestran lo que acabo de escribir. Todos ellos eran burgueses, como Boulanger, Millar o Erhardt, pero desclasados como ellos. Y no solo no ejercían de tales, sino que se rebelaban contra su clase. El mundo que quería construir Marx no era el de la revolución burguesa, sino el de la revolución proletaria. ¿Quién si no un burgués, con la formación y la educación burguesa, podía escribir El Capital? ¿Acaso hubiera podido hacerlo Helene Demuth, tal vez Friedrich Lessner?
No, no hubieran podido. Descansemos un momento si no le importa.
De acuerdo.
Fuente: El Viejo Topo, marzo de 2018.
El viejo topo
Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la UB. A los veinte años se incorporó a la editorial Ariel y ha sido fundador de las editoriales Crítica (1976) y Pasado & Presente (2011). Se calcula que a lo largo de 50 años, ha publicado más de dos mil títulos, de los cuales unos mil son libros de historia. En 2016 publicó su primer libro: La lucha por la desigualdad que sido Premio Nacional de Ensayo de 2017 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Déjeme darle mi más sincera enhorabuena por su libro, por su grandísimo libro (que incluye una cronología magistral). 776 páginas, casi 40 páginas de bibliografía comentada, innumerables notas… ¿Cuánto tiempo ha dedicado a la investigación y escritura de su libro? ¿Desde cuándo lo tenía en mente?
Entre 2009 (fecha de mi jubilación oficial) y 2011 dispuse de dos años, vamos a llamarlos sabáticos, durante los cuales trabajé intensamente, y obsesivamente, en investigar las fuentes de mi tema -la heurística-. Luego necesité cinco años más, no tan acuciantes, para redactar La lucha por la desigualdad. Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII.
De los más de dos mil libros que ha publicado a lo largo de 50 años de trabajo editorial, la mitad son libros de historia. ¿Por qué ese interés tan acentuado por la historia? ¿No le importan tanto la filosofía, la literatura, la biología o las ciencias formales por ejemplo? ¿No tienen tanta importancia para saber a qué atenernos en el mundo de hoy?
El lema de Crítica –su programa- al iniciar su andadura, en 1976, era: “Esta editorial, que pretende contribuir a la formación de una cultura crítica, quiere poner al alcance de todos, junto a obras clásicas todavía vigentes, lo más vivo y valioso del pensamiento contemporáneo”. Un vistazo al catálogo histórico de Crítica puede dar cuenta de si esos propósitos se han cumplido, o no. En cualquier caso, una buena parte de lo que he publicado ahí son colecciones, dirigidas por los mejores especialistas, sobre el conocimiento filosófico, político, económico, social, literario, científico y artístico. Otro tanto puedo decir de Pasado & Presente, donde he seguido publicando libros de esa misma temática, quizá aún con más intensidad, tratando de ser fiel al lema de esta editorial: “Pasado & Presente quiere ofrecer al lector las reflexiones más rigurosas sobre nuestro pasado (histórico, científico y cultural) y al mismo tiempo intervenir, con espíritu crítico y curioso, en el debate intelectual y moral del presente. Esto es, pensar el futuro”. Es cierto que en ambos textos programáticos sobrevuela la voluntad de un cierto historicismo, y es un hecho que debo haber publicado cerca de mil títulos de historia, seguramente por dos razones: primero, por mi propia formación académica y, después, por mi concepción de la historia como ciencia y como arma: para interpretar el mundo y para tratar de cambiarlo.
La lucha por la desigualdad es el título de su libro. ¿Quiénes lucharon por la desigualdad? ¿Con qué objetivos: más dinero, más riqueza, más poder político, voluntad de poder en estado puro?
Entiendo la lucha por la desigualdad en el contexto de la lucha de clases. Cuando la clase dominante ve peligrar su posición por la amenaza de las clases subalternas, utiliza todo el poder que puede conseguir para preservar sus privilegios y la injusticia de su dominio -su desigualdad-, que defenderá a muerte. Así, la aristocracia feudal contra la burguesía; la burguesía contra el proletariado.
El subtítulo del ensayo: “Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII”. ¿Qué límites tiene ese mundo occidental al que hace referencia? ¿Por qué el siglo XVIII? ¿Qué tiene de especial ese siglo que solemos llamar el siglo de la Ilustración? ¿Por qué no los siglos de Bruno o Galileo?
La larga sombra del siglo XVIII se proyecta aún sobre el siglo XXI. En aquella época se produjo un salto cualitativo en los niveles de desigualdad europeos, un “equilibrio puntuado”, en términos evolutivos. Hasta entonces la desigualdad tenía bases esencialmente agrarias, las propias del régimen feudal, lo que la hacía permanente, pero estática. Tras la acumulación primitiva de capital que supuso un comercio cada vez más predatorio, el capitalismo inició un nuevo avatar: el manufacturero basado en el carbón y el algodón, los pilares de la Revolución industrial. A diferencia de lo que había ocurrido con el capitalismo comercial, este paso no requirió grandes inversiones, pero sí una mano de obra numerosa e indigente. La encontró en los campesinos, que los terratenientes habían desahuciado del campo, los artesanos de las ciudades, ahora proletarizados tras la destrucción de sus gremios, y en el saldo demográfico que llenaba las ciudades de miserables. La explotación de esa mano de obra cautiva, sobre todo de mujeres y niños, dentro del continente europeo, y la de los esclavos –negros y blancos— que extraían las materias primas en las colonias, fue inmisericorde, pero determinó el espectacular éxito económico de la burguesía.
Dueña del poder político y económico, la burguesía vio en el consumo de artículos y mercancías, que antes había sido exclusivo de la aristocracia feudal, la satisfacción de su éxito. Se lanzó entonces a un sistema de producción cuya única finalidad, como había establecido Adam Smith, era el consumo. Ese modelo económico desde el lado de la oferta, iniciado a finales del siglo XVIII pero que ha llegado a la exasperación en nuestros días, ha llevado a las clases subalternas a supeditar la vida a la consecución de los recursos económicos necesarios para sobrevivir en el capitalismo, a la abolición del ocio y a la renuncia a la educación y la cultura, pero también a la dilapidación, hasta entonces desconocida, de materias primas semielaboradas y a la extenuación de los recursos naturales del planeta, que es aún el modelo de sociedad en que vivimos hoy.
Con el fin de blindar su poder en el tiempo, la burguesía se dotó de referentes doctrinales que sancionaran su legitimidad sin que se alterara el orden social. Se alió entonces con los miembros más proclives del Antiguo régimen y con la intelligentsia, los “ilustrados”, para formar una elite de nuevo cuño que controlara los medios de comunicación y la opinión pública. Esta nueva elite estableció sus propios ámbitos de socialización en los que tejió una red de vínculos familiares, económicos y políticos que le permitió un acaparamiento de oportunidades y el acceso a una bolsa de valores de información privilegiada y exclusiva que impermeabilizó férreamente ante las clases subalternas. Para ello creó instituciones educativas específicas para sus miembros al tiempo que se oponía ferozmente a la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, expulsándolas tanto de la formación no deseada como de la información privilegiada. No solo eso: acuñó un lenguaje específico -una “imagen manifiesta” (Dennett)- en contraposición a la realidad, que establecía en la conciencia colectiva una reverencia acrítica hacia las directrices de las elites que se presentaban no solo como infalibles, sino como las únicas posibles, ya que la sola alternativa era la “anarquía”.
Se consiguió, así, consolidar una desigualdad categórica: desigualdad económica, sí; pero también desigualdad intelectual: las dos mordazas del tambor con las que el capitalismo controla, todavía hoy, a la sociedad global.
El prólogo del libro lo ha escrito Josep Fontana. ¿Ha sido profesor, maestro suyo? ¿Qué papel cree usted que ha jugado el profesor Fontana en la historiografía española de estas últimas décadas?
Josep Fontana es, sin discusión, el mayor historiador español de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Su obra como historiador, tanto desde la cátedra como en la investigación, es de una amplitud, de una densidad y de una intensidad admirables. Desde sus trabajos sobre las bases económicas y fiscales de las sociedades del Antiguo régimen hasta sus más recientes y comprometidos libros de historia del siglo XX, pasando por sus abundantes reflexiones sobre el oficio de historiador y el papel de este en sociedades en crisis, el profesor Fontana ha conjugado el análisis histórico de sociedades pasadas con el destino de los hombres y mujeres de hoy para denunciar la explotación del hombre por el hombre y la necesidad de seguir luchando para construir un mundo mucho más justo e igualitario, es decir, más humano.
En el prólogo, el doctor Fontana comenta que usted ha construido una máquina de guerra “que desarrolla poderosamente” con el objetivo de demoler los mitos del siglo de las Luces. ¿Cuáles son los principales mitos que, en su opinión, rodean y envuelven al acaso mal llamado “siglo de las luces”?
Las “luces” es un vocablo usado desde el Renacimiento con la misma intención que en el siglo XVIII. No quiere decir nada más allá de que se opone a la pretendida oscuridad de la Edad Media (cf. Dark Ages). Pero bajo la advocación de “siglo de las Luces” se ampara la pretensión burguesa de haber abierto entonces las ventanas a la educación y al conocimiento. Es cierto, pero no es la verdad. “Para que la sociedad sea feliz, y la gente se sienta cómoda en las peores circunstancias, es necesario que existan muchas personas que, además de pobres, sean ignorantes”, escribía Bernard de Mandeville en los años veinte del siglo XVIII. Para luchar por su desigualdad, la burguesía creó instituciones educativas específicas para sus hijos y desdeñó la enseñanza de las viejas e inútiles universidades. Al mismo tiempo, se opuso ferozmente a la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, especialmente las campesinas -un trabajo propio de las bestias de carga, según el ilustrado Forney- para que se mantuvieran en el lugar que les había asignado la divina providencia; es decir para que trabajaran sin descanso y para que no pusieran en cuestión el nuevo orden social burgués: “No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas” (Philippon de la Madeleine).
Había mucha luz en las casas de los “ilustrados”, pero las chozas y las viviendas de los pobres seguirían a oscuras durante muchos años.
Abre usted su libro con una de Cervantes , Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, capítulo XX. La copio: “¡A la barba de las habilidades de Basilio!, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al de tener se atenía”. ¿Es una ley histórica universal? ¿Es la conjetura del Manifiesto formulada siglos antes y acaso con otro lenguaje? ¿No hay otra ni puede haber otra?
¿Qué eufemismo usa la lengua inglesa para no tener que decir ‘pobres’ y ‘ricos’?: Los ‘have’ y los ‘have-not’, los que tienen y los que no tienen. Los ‘have’ cada día tienen más y los ‘have-not’ cada día menos. No es una cuestión específica del siglo XVIII. Si en 2007, al empezar la gran recesión, 500 familias disponían de la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad (3.500 millones de personas), en 2015 se habían reducido a 62 y en 2018 van a ser, quizás, una decena, cuyos nombres son bien conocidos: Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Carlos Slim, Larry Ellison, Larry Page e Ingvar Kamprad, que han ganado, solo en 2017, 149.000 millones de dólares.
Hoy hay más de 1.000 millones de seres humanos que viven en la pobreza extrema; otros 500 millones ganan 1,5 $ al día; mueren seis millones de niños por falta de alimentos y medicamentos cada año y otros 125 millones están sin escolarizar.
En una entrevista de finales de 2017 usted señaló que cualquier opinión sobre un período político debe situarse en el contexto histórico. De acuerdo, muy de acuerdo. Si aplicamos su razonable observación al período que ha estudiado, ¿no es acaso demasiado crítico con el siglo de la Ilustración? ¿No es demasiado exigente cuando afirma (son sus palabras de cierre) que la Ilustración no fue un movimiento original y unitario, paneuropeo, destructor del cristianismo, padre de la democracia, defensor de la igualdad y redentor de los oprimidos? ¿No hay una parte de la Ilustración que sí que fue eso?
Creo que lo que yo he hecho en mi libro (o, por lo menos, he intentado hacer) ha sido precisamente situar la Ilustración en su contexto histórico, el contexto de las Revoluciones burguesas, y probar que la cultura que prevaleció fue la cultura de las clases hegemónicas. Los burgueses del siglo XVIII obtuvieron la cobertura intelectual que necesitaban de los intelectuales de su clase, no de improbables “intelectuales” plebeyos, que no existían. Los philosophes franceses, los economistas políticos británicos, los pietistas de Prusia, los cameralistas de Austria, los jurisdiccionalistas italianos y hasta algunos de los proyectistas españoles –es decir, los “ilustrados”-- defendían sin fisuras una sociedad basada en la libertad, la propiedad, la jerarquía y el orden, dictada por Dios e inmutable en el tiempo. Como escribió Diderot –el más decente de todos los “ilustrados”—: “La sociedad será feliz si la libertad y la propiedad están garantizadas […] En la democracia, incluso en la más perfecta, la igualdad entre sus miembros es una quimera […] El populacho es demasiado estúpido, demasiado miserable y está demasiado ocupado como para ilustrarse”. Y como escribió Voltaire –el más indecente de todos ellos--: “Los hombres están divididos en dos clases, una la de los ricos que mandan y, otra, la de los pobres que sirven. El género humano no puede subsistir sin que haya una infinidad de hombres útiles que no posean absolutamente nada. […] El hombre común ha de ser dirigido, no educado: no merece serlo… Nueve de cada diez ciudadanos deben seguir siendo ignorantes, porque el vulgo no merece ser ilustrado y se le debe tratar como a los monos”.
Por lo demás, permítame insistir, si la Ilustración no fue eso, ¿qué fue entonces en su opinión?
Ya lo explicó Kant en ¿Qué es la Ilustración?, en diciembre de 1783, tan desgraciadamente, y tan parcialmente, traducido al castellano. El texto completo de Kant a la pregunta del pastor Johann Friedrich Zöllner se inscribe en una defensa de la libertad de opinión pública, es decir de la Öffentlichkeit burguesa. Según Kant, los hombres deben abandonar su falta de madurez y utilizar los conocimientos que ya tienen con independencia de lo que digan otros. El famoso Sapere aude! procede de Horacio y se halla en el contexto de una pulsión pragmática y utilitaria, con una apelación a no perder tiempo. Lo que hace Kant es lanzar un reto intelectual a todos aquellos que, disponiendo como disponen de los conocimientos de la Revolución científica, y de las obras filosóficas y económicas de su tiempo, no deben ignorarlas viviendo con la placidez de un rústico, sino que deben ponerse a la tarea sin pérdida de tiempo. ¿Qué tarea? La construcción de la sociedad burguesa, prescindiendo del mundo del Antiguo régimen, porque este no iba a cambiar por sí solo. La Ilustración se erigió, así, en el intelectual orgánico de la burguesía.
Voltaire, Montesquieu, D’Holbach, Locke, incluso Diderot y Rousseau componían una suerte de «gauche divine», según sus palabras, al compartir la misma conciencia de clase hegemónica. Le s horrorizaba, también son sus palabras, “que los niños campesinos fueran a la escuela y dejaran de labrar los campos, no sabían lo que es la solidaridad, apelaban más bien a una vaporosa fraternidad universal”. ¿No podríamos decir que también ellos hicieron o contribuyeron a hacer lo que podía hacerse y que no fue poco, lo mismo que usted ha comentado al hablar de nuestros años de transición en esa entrevista a la que hacía referencia anteriormente?
Empiezo por el final: a diferencia de lo que pasó en la transición (yo prefiero llamarla ‘transacción’), los ilustrados de toda Europa no vivían bajo la amenaza cierta de un golpe militar. Su mayor amenaza era la Iglesia católica (ni siquiera eso en los países protestantes), que no era despreciable, como explico en mi libro, pero que no tenía nada que hacer si el poder burgués del estado decidía intervenir. Sostengo que los que llamamos ilustrados dieron cobertura intelectual a la clase dominante (a la que casi todos pertenecían) y eso me parece totalmente razonable. Pero es radicalmente falso que no pudieran hacer otra cosa. Algunos intelectuales del siglo XVIII como Boulanger, Maréchal o Babeuf, en Francia; John Millar o Mary Wollstonecraft, en Gran Bretaña; Bergk o Erhard, en Alemania; Radicati, en Italia, Ramón Salas, en España, etc. se arriesgaron a perder la cátedra, la libertad e, incluso, la vida para defender una sociedad más justa, más culta, menos desigual. Todos ellos aparecen en mi libro, pero no en el repertorio heredado de la Ilustración que durante más de dos siglos nos ha brindado, sospechosamente, un relato casi sin fisuras sobre sus logros y los pretendidos valores universales que nos legaron sus autores. ¡Qué coincidencia que no aparezca ninguno de los que acabo de citar!. Justamente en línea con mi afirmación de que hay que situarse en el contexto de una época para analizarla, la propaganda burguesa lo ha hecho ignorando las realidades económicas y sociales del contexto en que aquellos intelectuales escribieron sus obras, separándolos de su tiempo en una iconografía exenta e ignorando los textos, los pasajes o los párrafos que no convenían porque desmienten de forma palmaria muchos de los méritos que han atribuido a aquellos intelectuales, hijos, al fin, de su tiempo y comprometidos con él.
Permítame insistir un poco más. ¿No fueron Marx, Engels, Jenny Marx, Bakunin y tantos otros, unos ilustrados heterodoxos? A ellos sí que les importaba que los niños campesinos fueran al colegio. Francisco Fernández Buey tal vez hubiera dicho de ellos que eran “algo más que ilustrados”.
Justamente Marx et alii demuestran lo que acabo de escribir. Todos ellos eran burgueses, como Boulanger, Millar o Erhardt, pero desclasados como ellos. Y no solo no ejercían de tales, sino que se rebelaban contra su clase. El mundo que quería construir Marx no era el de la revolución burguesa, sino el de la revolución proletaria. ¿Quién si no un burgués, con la formación y la educación burguesa, podía escribir El Capital? ¿Acaso hubiera podido hacerlo Helene Demuth, tal vez Friedrich Lessner?
No, no hubieran podido. Descansemos un momento si no le importa.
De acuerdo.
Fuente: El Viejo Topo, marzo de 2018.
Cuatro palabras que cambiaron el curso de la historia
Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!
-¿También bebés?
-También bebés.
Estas cuatro palabras, emitidas por la cadena de noticias CBS en 1969, tuvieron un profundo impacto en la opinión pública estadounidense, en la presidencia de Nixon y en el curso de la Guerra de Vietnam. Esta semana, la pregunta sobre los bebés volvió a escucharse en la Casa Blanca, esta vez en torno a los miles de niños inmigrantes, algunos de apenas unos meses, arrancados de los brazos de sus madres y padres y encarcelados en jaulas por orden del presidente Donald Trump.
La pregunta “¿También bebés?” fue planteada hace medio siglo por el experimentado periodista de investigación Mike Wallace a un joven veterano de guerra de Vietnam llamado Paul Meadlo. “También bebés”, respondió Meadlo, un soldado raso del ejército que, junto con muchos otros soldados estadounidenses, había llevado a cabo una incursión contra un poblado vietnamita llamado My Lai el 16 de marzo de 1968.
Lo que siguió llegó a conocerse como la Masacre de My Lai. Los soldados estadounidenses masacraron a más de 500 civiles en el transcurso del día. “Suplicaban y decían: ‘No, no’. Y las madres abrazaban a sus hijos y… bueno, seguimos disparando. Ellos agitaban los brazos y suplicaban”, le declaró Meadlo a Wallace.
Meadlo llegó a la entrevista con CBS gracias a un joven periodista independiente llamado Seymour Hersh, que estaba investigando la masacre. Hersh localizó a Meadlo, obtuvo su testimonio y lo convenció de hacer la entrevista para CBS . Lo que el periodista descubrió sobre la masacre de My Lai lo atormenta hasta el día de hoy. En una entrevista para Democracy Now! sobre su nuevo libro, Reporter: A Memoir (Periodista: una autobiografía, en español), Hersh expresó: “En lugar de encontrarse con el enemigo, en el poblado solo había familias, mujeres, niños y ancianos. Y entonces comenzaron a asesinarlos. Los arrojaron a una zanja, violaron a las mujeres, los mataron. Arrojaban a los bebés y les disparaban con bayonetas. Esto fue difícil de procesar para mí, fue muy difícil en el primer año. Algunas de las cosas que mantuve fuera del artículo inicial eran simplemente horrendas”.
En cuanto a la aparición de Meadlo en CBS , Hersh recordó: “Mike Wallace, que era fuerte como un toro, le preguntó cinco veces en esa entrevista, ‘¿También bebés?’ y siguió repitiendo ‘¿También bebés?’”.
Más adelante, Hersh publicó el informe sobre la masacre en la pequeña agencia de noticias antibélicas Dispatch News Service, después de que varios de los principales medios estadounidenses la rechazaran. En 1970 recibió el Premio Pulitzer por esta investigación. Hersh considera que existen paralelismos entre aquella situación y la cobertura que finalmente está haciendo la prensa sobre la actual crisis de separación de familias inmigrantes. “Esto podría ser un punto de inflexión”, opinó Hersh.
Hoy vemos fotos de niños y niñas llorando junto a sus padres y madres esposados, y hemos podido escuchar una grabación publicada por el medio ProPublica donde se escucha a los niños gritar “¡Mamá! ¡Papi!” mientras un guardia se burla de ellos, diciéndoles “Bueno, aquí tenemos una orquesta. Solo falta el director”. Autoridades electas y medios de comunicación se han congregado en la región fronteriza de Estados Unidos y México para exigir el acceso a los centros de detención. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue interrogada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca acerca de por qué su departamento solo había publicado fotos de niños de más de 10 años de edad encarcelados en jaulas y ninguna foto de niñas o niños pequeños. “¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están los bebés?”, le preguntaron varias veces. La confusión de la secretaria Nielsen sobre el paradero de bebés y niñas desató reacciones aún más fuertes.
La política de Trump de “tolerancia cero” hacia inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, anunciada por el fiscal general Jeff Sessions el pasado 6 de abril, permitió que el Departamento de Seguridad Nacional, con su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y su Patrulla Fronteriza, arrestara a los adultos sospechosos de cruzar la frontera sin la documentación adecuada, y los separara de sus hijos. La cantidad de niños y niñas secuestrados por estos organismos es mayor a 2.300. La revista electrónica The Intercept estima que han sido más de 3.700 desde octubre.
Decenas de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes han organizado protestas en todo el país contra la orden de Trump desde el mismo día de su emisión. El movimiento se fue multiplicando. Muchos congresistas exigieron ver a los niños encarcelados. Gobernadores demócratas y republicanos comenzaron a emitir órdenes ejecutivas para retirar o impedir que las tropas de la Guardia Nacional dependientes de sus estados acudan a la frontera para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional. Varias aerolíneas se unieron en su rechazo de transportar a los niños separados de sus padres. El miércoles, finalmente, Trump emitió una orden ejecutiva que revierte su propia decisión. Desde ahora, las familias ya no serán separadas al atravesar la frontera.
Sin embargo, eso no soluciona la crisis de los miles de niños y niñas que ya han sido arrancados de los brazos de sus padres. No se generó un mecanismo para reunir a los padres, de los cuales algunos ya han sido deportados, con sus hijos, que todavía están en jaulas, cárceles y campamentos de emergencia establecidos a lo largo de todo el país en 17 estados.
Hace cincuenta años, cuatro palabras escuchadas en todo el país cambiaron el curso de la Guerra de Vietnam: la pregunta “¿También bebés?” y la respuesta “También bebés”. Cuatro palabras que se escucharon esta semana, “Mamá, mamá. Papi, papi”, expusieron la crueldad del gobierno de Trump y cambiaron poderosamente el curso del debate sobre la inmigración.
© 2018 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Fuente: http://www.democracynow.org/es/2018/6/22/cuatro_palabras_que_cambiaron_el_curso
Democracy Now!
-¿También bebés?
-También bebés.
Estas cuatro palabras, emitidas por la cadena de noticias CBS en 1969, tuvieron un profundo impacto en la opinión pública estadounidense, en la presidencia de Nixon y en el curso de la Guerra de Vietnam. Esta semana, la pregunta sobre los bebés volvió a escucharse en la Casa Blanca, esta vez en torno a los miles de niños inmigrantes, algunos de apenas unos meses, arrancados de los brazos de sus madres y padres y encarcelados en jaulas por orden del presidente Donald Trump.
La pregunta “¿También bebés?” fue planteada hace medio siglo por el experimentado periodista de investigación Mike Wallace a un joven veterano de guerra de Vietnam llamado Paul Meadlo. “También bebés”, respondió Meadlo, un soldado raso del ejército que, junto con muchos otros soldados estadounidenses, había llevado a cabo una incursión contra un poblado vietnamita llamado My Lai el 16 de marzo de 1968.
Lo que siguió llegó a conocerse como la Masacre de My Lai. Los soldados estadounidenses masacraron a más de 500 civiles en el transcurso del día. “Suplicaban y decían: ‘No, no’. Y las madres abrazaban a sus hijos y… bueno, seguimos disparando. Ellos agitaban los brazos y suplicaban”, le declaró Meadlo a Wallace.
Meadlo llegó a la entrevista con CBS gracias a un joven periodista independiente llamado Seymour Hersh, que estaba investigando la masacre. Hersh localizó a Meadlo, obtuvo su testimonio y lo convenció de hacer la entrevista para CBS . Lo que el periodista descubrió sobre la masacre de My Lai lo atormenta hasta el día de hoy. En una entrevista para Democracy Now! sobre su nuevo libro, Reporter: A Memoir (Periodista: una autobiografía, en español), Hersh expresó: “En lugar de encontrarse con el enemigo, en el poblado solo había familias, mujeres, niños y ancianos. Y entonces comenzaron a asesinarlos. Los arrojaron a una zanja, violaron a las mujeres, los mataron. Arrojaban a los bebés y les disparaban con bayonetas. Esto fue difícil de procesar para mí, fue muy difícil en el primer año. Algunas de las cosas que mantuve fuera del artículo inicial eran simplemente horrendas”.
En cuanto a la aparición de Meadlo en CBS , Hersh recordó: “Mike Wallace, que era fuerte como un toro, le preguntó cinco veces en esa entrevista, ‘¿También bebés?’ y siguió repitiendo ‘¿También bebés?’”.
Más adelante, Hersh publicó el informe sobre la masacre en la pequeña agencia de noticias antibélicas Dispatch News Service, después de que varios de los principales medios estadounidenses la rechazaran. En 1970 recibió el Premio Pulitzer por esta investigación. Hersh considera que existen paralelismos entre aquella situación y la cobertura que finalmente está haciendo la prensa sobre la actual crisis de separación de familias inmigrantes. “Esto podría ser un punto de inflexión”, opinó Hersh.
Hoy vemos fotos de niños y niñas llorando junto a sus padres y madres esposados, y hemos podido escuchar una grabación publicada por el medio ProPublica donde se escucha a los niños gritar “¡Mamá! ¡Papi!” mientras un guardia se burla de ellos, diciéndoles “Bueno, aquí tenemos una orquesta. Solo falta el director”. Autoridades electas y medios de comunicación se han congregado en la región fronteriza de Estados Unidos y México para exigir el acceso a los centros de detención. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue interrogada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca acerca de por qué su departamento solo había publicado fotos de niños de más de 10 años de edad encarcelados en jaulas y ninguna foto de niñas o niños pequeños. “¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están los bebés?”, le preguntaron varias veces. La confusión de la secretaria Nielsen sobre el paradero de bebés y niñas desató reacciones aún más fuertes.
La política de Trump de “tolerancia cero” hacia inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, anunciada por el fiscal general Jeff Sessions el pasado 6 de abril, permitió que el Departamento de Seguridad Nacional, con su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y su Patrulla Fronteriza, arrestara a los adultos sospechosos de cruzar la frontera sin la documentación adecuada, y los separara de sus hijos. La cantidad de niños y niñas secuestrados por estos organismos es mayor a 2.300. La revista electrónica The Intercept estima que han sido más de 3.700 desde octubre.
Decenas de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes han organizado protestas en todo el país contra la orden de Trump desde el mismo día de su emisión. El movimiento se fue multiplicando. Muchos congresistas exigieron ver a los niños encarcelados. Gobernadores demócratas y republicanos comenzaron a emitir órdenes ejecutivas para retirar o impedir que las tropas de la Guardia Nacional dependientes de sus estados acudan a la frontera para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional. Varias aerolíneas se unieron en su rechazo de transportar a los niños separados de sus padres. El miércoles, finalmente, Trump emitió una orden ejecutiva que revierte su propia decisión. Desde ahora, las familias ya no serán separadas al atravesar la frontera.
Sin embargo, eso no soluciona la crisis de los miles de niños y niñas que ya han sido arrancados de los brazos de sus padres. No se generó un mecanismo para reunir a los padres, de los cuales algunos ya han sido deportados, con sus hijos, que todavía están en jaulas, cárceles y campamentos de emergencia establecidos a lo largo de todo el país en 17 estados.
Hace cincuenta años, cuatro palabras escuchadas en todo el país cambiaron el curso de la Guerra de Vietnam: la pregunta “¿También bebés?” y la respuesta “También bebés”. Cuatro palabras que se escucharon esta semana, “Mamá, mamá. Papi, papi”, expusieron la crueldad del gobierno de Trump y cambiaron poderosamente el curso del debate sobre la inmigración.
© 2018 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Fuente: http://www.democracynow.org/es/2018/6/22/cuatro_palabras_que_cambiaron_el_curso
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