miércoles, 11 de septiembre de 2019

La pena de muerte como arma política. La ejecución de Ethel y Julius Rosenberg

Rossen Vassilev Jr.
Global Research

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

El 19 de junio [de 2019] se conmemoró el sexagésimo sexto aniversario de la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg, una joven pareja judío-estadounidense de la ciudad de Nueva York, cuya supuesta culpabilidad como “espías atómicos” soviéticos nunca se ha demostrado, a pesar de las muchas mentiras, falsificaciones y otro tipo de engaños de la propaganda blanca, gris y negra arrojados contra ellos desde entonces. Quienes son partidarios del absolutismo moral creen que todo asesinato es inmoral, excepto en casos de legítima defensa justificada o quizá en casos de asesinatos por misericordia o suicidios asistidos médicamente (“eutanasia”). Esa es la razón por la que todas las naciones europeas han abolido la pena de muerte. Excepto en los antiguos países comunistas de la Europa del este, la tasa de crímenes violentos de Europa (incluida la tasa de asesinatos) no ha aumentado a consecuencia de esta drástica reforma legal (Rachels & Rachels 149-150). La pena de muerte es especialmente controvertida e indefendible moralmente cuando se aplica a delitos que no son de sangre, como la deserción militar en tiempo de guerra o la “alta traición” (espionaje) en tiempo de paz. Un caso particularmente escandaloso de “alta traición” fue el de Ethel y Julius Rosenberg, a los que se acusó falsamente de ser “espías atómicos” de Moscú y fueron electrocutados el 19 de junio de 1953 por algo que el director del FBI J. Edgar Hoover calificó de forma grandilocuente de “crimen del siglo”. Muchos años después un eminente experto en derecho, formado en la Facultad de Derecho de Harvard, concluyó de forma inequívoca que “por muy controvertido que fuera, el caso Rosenberg también fue un enorme error judicial. Nadie puede estar orgulloso de lo que hizo la justicia estadounidense en el caso Rosenberg. Merece un lugar especial en la conciencia de nuestra sociedad” (Sharlitt 256).

Sin embargo, los fanáticos “patriotas”, que antaño condenaron injustamente y asesinaron a los Rosenberg, ahora quieren juzgar y condenar a muerte por “alta traición” a Edward Snowden , exempleado de la National Security Agency (NSA, Agencia de Seguridad Nacional) que denunció las prácticas ilegales de esta organización y ahora está fugitivo. Gracias a Snowden ahora sabemos que la NSA ha estado espiando a ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, grabando y almacenando en secreto todas sus comunicaciones privadas. Otro posible objetivo futuro es Julian Assange , el famoso aunque controvertido director y fundador de Wikileaks, en caso de que este periodista australiano conocido por el Russiagate sea extraditado de Gran Bretaña y juzgado en Estados Unidos. Este artículo trata del abuso por parte del gobierno [estadounidense] de la pena de muerte como castigo y arma política casi legal, como ocurrió en el juicio injusto y la ejecución de los Rosenberg acusados de espiar en tiempo de paz, un acontecimiento que históricamente se conoce como “el punto culminante de la Era McCarthy” (Wexley xiii).

La Era McCarthy
En 1948 comenzó la era del macartismo, la tristemente célebre histeria de acoso al rojo del Estados Unidos de postguerra. El término “macartismo” proviene del nombre del entonces recién elegido senador republicano por Wisconsin, Joseph McCarthy . Como miembro de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado el senador McCarthy persiguió a las personas comunistas que supuestamente operaban dentro del gobierno demócrata del presidente Harry Truman, especialmente en el Departamento de Estado del general George C. Marshall, al que se culpó de haber “perdido a China” frente a los comunistas chinos de Mao Tze-Tung apoyados por los soviéticos en 1948-1949. Con la ayuda del Comité de Actividades Antiestadounidenses (HUAC, por sus siglas en inglés) del Congreso estadounidense Joe McCarthy quería demostrar que el gobierno Truman, que contaba con muchos partidarios del “New Deal” y algunos vestigios izquierdistas de la anterior presidencia de Franklin Delano Roosevelt (FDR), estaba plagado de “comunistas” que espiaban secretamente para Moscú. Hasta el propio gobierno Truman había establecido el Programa Federal de Fidelización de Empleados y varios grupos (como el Comité Estadounidense para la Libertad Cultural) con el fin de descubrir a las personas supuestamente comunistas que había en el gobierno y en los medios de comunicación (Carmichael 1-5, 41-46).

Lo que hizo especialmente célebre al senador McCarthy fue su activo papel en la persecución y encarcelamiento de miles de personas que eran verdaderamente comunistas estadounidenses o que eran sospechosas de serlo, incluidos casi 150 miembros destacados del Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA, por sus siglas en inglés), acusados de conspirar supuestamente para derrocar el sistema constitucional de Estados Unidos por medio una revolución violenta. Según la draconiana Ley Smith, cualquier persona estadounidense que fuera miembro del CPUSA podía ser procesada por traición y por ser espía soviético. Ni siquiera Hollywood se libró de esta caza de brujas anticomunista en todo el país ya que cientos de actores y actrices de cine, directores, guionistas, productores, compositores de música, publicistas e incluso tramoyistas fueron incluidos en una lista negra, despedidos de sus trabajos o, como los “antipáticos” Hollywood Ten [Diez de Hollywood], encarcelados por sus simpatías y filiaciones “comunistas” (Carmichael 46-47). Algunas personas famosas de la “Dream Factory”, como Charlie Chaplin y Bertolt Brecht, prefirieron marcharse al extranjero para no acabar en la cárcel.

Foto: Ethel y Julius Rosenberg (Fuente: Wikimedia Commons)

El presidente Truman había asegurado reiteradamente al pueblo estadounidense que la URSS no podría conseguir un arma nuclear en los siguientes entre 10 y 20 años, de modo que cuando los rusos probaron una bomba atómica en agosto de 1949 se emprendió la búsqueda de traidores dentro del propio Estados Unidos y de espías atómicos que trabajaran para Moscú. El senador McCarthy y el igualmente infame ayudante del fiscal Roy Cohn, que fue asesor principal de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, acusaron públicamente a muchos “comunistas” conocidos y desconocidos de espionaje atómico para la Unión Soviética. Uno de los acusados era el oscuro propietario de un pequeño taller en la ciudad de Nueva York llamado David Greenglass, que había sido un joven sargento destinado al Proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México, donde se desarrollaron las primeras bombas atómicas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Las acusaciones de Cohn contra él carecían de todo fundamento ya que no había “ni un solo testigo ni una sola prueba de que Greenglass hubiera cometido espionaje” (Wexley 113-114). Pero llevado por el pánico y temiendo por su vida, Greenglass implicó falsamente a su hermana Ethel y a su marido Julius (como lamentablemente reconoció muchos años después) presionado por los fiscales y para protegerse a sí mismo y especialmente a su querida esposa Ruth de posibles acusaciones criminales de espionaje atómico y alta traición (Roberts 479-484).

Basándose únicamente en el sospechoso testimonio de Greenglass los fiscales del gobierno detuvieron, encarcelaron y juzgaron a Julius y Ethel Rosenberg por robar secretos de la bomba atómica de Estados Unidos y pasarlos a Moscú. En una grave violación del código de conducta judicial Cohn, el fiscal del juicio Irving Saypol y el juez que presidía el tribunal Irving Kaufman se consultaron ilegalmente casi a diario y conspiraron en secreto con otros altos cargos del Departamento de Justicia, incluido el Fiscal General de Estados Unidos Herbert Brownell Jr., para socavar la defensa legal de la pareja acusada.

La acusación se inventó la mayoría de las pruebas contra los Rosenberg con la ayuda de David Greenglass, que se convirtió en testigo del gobierno a cambio de indulgencia por las supuestas actividades en el pasado como espías soviéticos tanto de él como de su esposa (Roberts 476-477). Un libro relativamente reciente de un destacado redactor del New York Times revela que Greenglass cometió perjurio al declarar en el tribunal contra los Rosenberg, lo que finalmente llevó a la condena y ejecución de su hermana y cuñado (Roberts 482-483). Y lo que es peor, “durante el juicio ni los Rosenberg ni su abogado defensor pudieron acceder a ninguna prueba documental que apoyara las afirmaciones del gobierno sobre Julius y Ethel” (Carmichael 109). Esta omisión deliberada convirtió el juicio en una farsa, que “violó además el derecho fundamental de los Rosenberg según la Cuarta Enmienda a conocer qué pruebas había contra ellos” (Carmichael 109).

Debido a las fuertes presiones políticas, especialmente por parte del presidente del Tribunal Supremo Fred Vinson, el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó la revisión de las condenas por espionaje de los Rosenberg y la suspensión de sus ejecuciones ordenada por el juez del Tribunal Supremo William O. Douglas con el fin de reabrir su controvertido caso (Sharlitt: 46-49, 80-81). Aunque era obvio que eran inocentes de la acusación de ser espías atómicos, los Rosenberg fueron ejecutados en la temible cárcel Sing Sing de Nueva York el 19 de junio de 1953 a pesar de las enormes protestas tanto en Estados Unidos como en el mundo y de las peticiones de clemencia. Sólo dos meses después un bombardero soviético lanzó la primera bomba de hidrógeno (termonuclear) operativa del mundo en una prueba en superficie, que demostró lo absurdo de la idea de que Moscú necesitara robar los secretos atómicos a Estados Unidos para producir sus propias armas nucleares. Un revelador libro recién publicado resume los sórdidos detalles legales del caso Rosenberg: “[…] Una pareja joven judío-estadounidense rehusó hacer la falsa confesión de haber cometido traición contra Estados Unidos. Debido a un idealismo fuera de lugar el marido había cometido un crimen respecto al cual la acusación no afirmaba que hubiera perjudicado a Estados Unidos. Para satisfacer una agenda política varios altos cargos, los fiscales, y el juez, que eran unos irresponsables y oportunistas, elevaron este crimen a la categoría de “traición”. Los Rosenberg no podían confesar un delito que no habían cometido y por el que los funcionarios de Justicia exigían cínicamente los nombres de los cómplices, los cuales también se iban a enfrentar a la amenaza de ser ejecutados por un delito no cometido. Habrían enviado a familiares y amigos a la muerte, habrían dejado huérfanos a sus hijos y los habría cargado en el futuro de una vergüenza inmerecida” (David & Emily Alman 377).

Desde entonces han salido a la luz muchas pruebas nuevas (algunas de las cuales habían sido suprimidas previamente por el gobierno o retenidas por la fiscalía) que confirman la inocencia de los Rosenberg. Actualmente se acepta mayoritariamente que Ethel Rosenberg nunca fue una espía soviética y que los fiscales lo sabían perfectamente. Esta mujer madre de dos hijos fue detenida y encarcelada y el FBI de J. Edgar Hoover la mantuvo como rehén para chantajear a su marido y hacer que confesara su supuesta culpabilidad y dijera los nombres de otros espías soviéticos. Aparte de muchos “testimonios de oídas”, ni la fiscalía ni el juez presentaron prueba alguna que “demostrara a existencia de una red de espionaje encabezada por Julius Rosenberg” alegando convenientemente que todas esas pruebas documentales “tenían que permanecer secretas por razones de seguridad nacional” (Carmichael 109).

Julius trató infructuosamente de defenderse insistiendo en que, aunque las acusaciones de espionaje fueran, en efecto, ciertas, el supuesto espionaje que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial lo hizo a favor del entonces aliado soviético de Estados Unidos durante la guerra y no tenía absolutamente nada que ver con robar información sobre la bomba atómica. Pero el argumento del juez sentenciador (ridículo desde el punto de vista legal y de los hechos) de que los Rosenberg habían puesto la bomba atómica en las “ensangrentadas manos” del dictador soviético Joseph Stalin, lo que más tarde provocó la muerte de 54.000 soldados estadounidenses en la Guerra de Corea (1950-1953), tuvo éxito, al menos a ojos de la enfurecida opinión pública estadounidense y selló el destino de la pareja acusada.

Pero lo más trágico de todo este caso fabricado fue que los británicos ya habían detenido y encarcelado al científico nuclear alemán Klaus Fuchs, el cual había admitido haber enviado a Moscú información secreta acerca de la bomba atómica estadounidense mientras estuvo trabajando para el ultrasecreto Proyecto Manhattan en Los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, los macartistas de la caza de brujas necesitaban varios chivos expiatorios en su país a los que echar la culpa de que Stalin hubiera desarrollado un arsenal nuclear.

Si la pena de muerte por un “delito no de sangre”, como la alta traición en tiempo de paz (que en el caso de los Rosenberg el presidente Dwight Eisenhower se negó a conmutar por cadena perpetua) no hubiera estado en vigor en aquel momento, los Rosenberg habrían sido exonerados más tarde y puestos en libertad al ir disminuyendo gradualmente la histeria anticomunista. Esto es exactamente lo que ocurrió a los líderes convictos y encarcelados del Partido Comunista, todos los cuales fueron liberados uno tras otro por los tribunales: “A principios de 1958 los exdirigentes del Partido Comunista condenados en 1948 en virtud de la Ley Smith habían sido puestos en libertad; el Tribunal Supremo había anulado sus condenas” (Roberts 453).

Conclusión
El caso de Ethel y Julius Rosenberg es un ejemplo flagrante de la corrupción y politización del sistema judicial de Estados Unidos en el muy tenso ambiente de Guerra Fría de la década de 1950. A pesar tanto de su valentía y de su indomable voluntad de vivir como del fuerte apoyo público que recibieron en Estados Unidos y en el extranjero, los Rosenberg no sobrevivieron a las injusticias inconstitucionales que les infligieron unas autoridades judiciales llenas de prejuicios políticos y moralmente deshonestas, decididas a cumplir sus objetivos anticomunistas por todos los medios posibles, tanto legales como ilegales. El Departamento de Justicia había falsificado gran parte de las pruebas condenatorias contra los Rosenberg, mientras que los testigos clave en el juicio cambiaron reiteradamente sus testimonios tras haber sido adiestrados por los fiscales. Como escribió más tarde un experto analista de juicios sobre la condena y ejecución “injustificada” de los Rosenberg: "Dado el miedo al comunismo en el que estaba sumido Estados Unidos en la década de 1950, es dudoso que pudiera haber otro resultado. [...] Sus muertes siguen siendo una mancha en la sociedad estadounidense. [...] Cuando la paranoia se apodera de una nación las personas inocentes sufren con las culpables” (Moss 97).

Casos judiciales tristemente célebres como el de los Rosenberg siguen recordando a la opinión pública informada que la pena de muerte nunca está ni se debe considerar legalmente justificada o moralmente defendible, especialmente en casos no violentos como el espionaje en tiempo de paz, porque la pena capital hace prácticamente imposible revertir los errores judiciales del pasado al presentar nuevas pruebas o pruebas suprimidas previamente que exoneren a aquellas personas acusadas que han sido ejecutadas. En el caso de los Rosenberg la fiscalía y los tribunales se han negado obstinadamente hasta la fecha a reconocer la inocencia demostrada de los acusados y a anular sus condenas y penas de muerte injustas.

Rossen Vassilev Jr. es estudiante de último año de periodismo en la Universidad Ohio de Athens, Ohio.

Bibliografía:

Alman, David, y Emily Alman, Exoneration: The Trial of Julius and Ethel Rosenberg and Morton Sobell, Seattle, WA, Green Elms Press, 2010.

Carmichael, Virginia, Framing History: The Rosenberg Story and the Cold War, Minneapolis and London, University of Minnesota Press, 1993.

Moss, Francis, The Rosenberg Espionage Case. (Famous Trials series), San Diego, CA, Lucent Books, 2000.

Rachels, James, y Stuart Rachels, The Elements of Moral Philosophy (octava edición), McGraw-Hill Education, 2015.

Roberts, Sam, The Brother: The Untold Story of Atomic Spy David Greenglass and How He Sent His Sister, Ethel Rosenberg, to the Electric Chair, Nueva York, Random House, 2001.

Sharlitt, Joseph H, Fatal Error: The Miscarriage of Justice that Sealed the Rosenbergs’ Fate, Nueva York, Charles Scribner’s Sons, 1989.

Wexley, John, The Judgment of Julius and Ethel Rosenberg, Nueva York, Ballantine Books, 1977.

Fuente: http://www.globalresearch.ca/death-penalty-political-weapon-execution-ethel-julius-rosenberg/5683539

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

martes, 10 de septiembre de 2019

Entrevista a Enrique Irazoqui sobre Manuel Sacristán. “Ambos fuimos detenidos en 1963, en la manifestación contra el asesinato de Julián Grimau”. Salvador López Arnal, TopoExpress

http://www.rebelion.org/docs/260203.pdf





https://www.elviejotopo.com/topoexpress/entrevista-sobre-manuel-sacristan/

El Mediterráneo, cementerio de pobres

Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada

Mientras la culta Europa mira hacia otro lado, miles de subsaharianos mueren ahogados en las aguas de un mar cuya historia está cargada de acontecimientos. Tres civilizaciones, dirá Braudel, han confluido en su articulación política, dando vida a personajes, proyectos de dominación y desencuentros. Ha sido campo de guerra, de control imperial. Ha enfrentado a Occidente, Roma y Grecia; cristianos, ortodoxos, y musulmanes. Hoy es un cementerio de indigentes. La aporofobia: miedo, rechazo, aversión a los pobres se apodera de las clases dominantes de la Europa mediterránea. Miles de emigrantes viven una tragedia, huyen del hambre, la tortura, guerras civiles, canallas, operaciones humanitarias organizadas por la OTAN y los países civilizados, Libia sin ir más lejos. Ingenuos, piensan ser recibidos con los brazos abiertos, tal y como reza el nombre de uno de los barcos que los ha recogido en alta mar: Open Arms . Sin embargo, no son bienvenidos por los gobiernos y autoridades. Provienen de una patera, no de yates o cruceros que hacen la ruta turística por un Mediterráneo donde todo es maravilloso. De ser sus ocupantes los damnificados nadie recriminaría la acción de salvamento. Pero los sobrevivientes son pobres, sus historias irrelevantes. No pertenecen a la beatiful people , ni beben champagne , ni poseen generosas cuentas bancarias. Deberían haber muerto, no tienen derecho a una vida digna. Constituyen un problema. El mismo que enfrentó el Ocean Viking , barco fletado por Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée, con 356 personas rescatadas a bordo, que no tenía donde atracar. Sus ocupantes son apestados. Para justificar su rechazo se les estigmatiza, si se les acoge otros vendrán a continuación, produciéndose un efecto llamada. Hay que ser inflexibles. Su destino es ahogarse o la repatriación.

Esta Europa, cuna del renacimiento, orgullosa de practicar los derechos civiles y las libertades públicas, con un Parlamento y tribunales que velan por el mantenimiento y respeto de los derechos humanos, discrimina entre náufragos ricos e inmigrantes pobres. Sus fragatas vigilan para evitar la llegada de indeseables: dicen defender el derecho internacional y a occidente. No hay trabajo, primero los nuestros. Fomentan el miedo y el racismo. Los rescatados son pobres, constituyen un peligro. Se convierten en inmigrantes indocumentados, potenciales asesinos, ladrones, agentes del islam. Si por un casual, alcanzan las costas son confinados en centros de acogida, verdaderas cárceles. Se les insulta, desprecia y acusa de mentir. Vienen a perturbar la paz, pobres de solemnidad, negros y musulmanes.

El ex vicepresidente mundial de Coca Cola, anterior director en España, diputado y miembro de la ejecutiva de Ciudadanos, el más acaudalado de los 350 legisladores, Marcos de Quinto, se refirió a los rescatados por el Open Arms como bien comidos pasajeros . Vox pide la incautación del barco y acusa a la ONG Proactiva de favorecer la inmigración ilegal , uso fraudulento de las leyes del mar y complicidad con las mafias internacionales del tráfico de personas . El Partido Popular, acusa al gobierno de improvisación, favorecer el efecto llamada y alentar a las mafias. Más de lo mismo. En Italia, Matteo Salvini, en Francia Marie Le Pen, despliegan los mismos argumentos. Hay acuerdo, practican la aporofobia.

Han destruido países con guerras canallas, pero eluden responsabilidades. La crisis del barco Open Arms , como la crisis del Aquarius en 2018 y ahora el Ocean Viking , demuestra como las vidas humanas y el rescate en alta mar pasan a segundo plano. Todos se tiran la pelota. A Italia le vienen bien los exabruptos xenófobos y racistas de su ministro de Interior Matteo Salvini. El barco podía haber atracado, pero esperó 19 días. Se jugó con la desesperación de los sobrevivientes. Mientras, España desojaba la margarita. Todos criticando al gobierno y el gobierno criticando a Italia. Italia denunciando a la Unión Europea y la derecha sacando partido. Poco importa el sufrimiento de personas que han sido torturadas, violadas, con familias asesinadas y quemadas en su presencia. Sólo en 2017 se ahogaron 2 mil 835 personas cuando intentaban cruzar el mar desde Libia, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

Desde Libia o Sudán, la historia es recurrente. Así relata a Médicos Sin Fronteras un joven de 16 años su experiencia antes de ser rescatado: Salí de Sudán después que un grupo armado matara a mi padre (...) Tarde siete días en cruzar el Sahara (...) Traté de cruzar dos veces, pero fui capturado por la Guardia Costera de Libia (...) Estaba en Tayura cuando el Centro de detención fue bombardeado . Mucha gente murió. Logre escapar (...) puedes ver las cicatrices en los pies. Corrí descalzo por las llamas (...) quiero ir a Europa; donde se respeten los derechos humanos, donde me traten como un ser humano y donde pueda encontrar trabajo... Y Yuka Crickmar, técnica de asuntos humanitarios de MSF remata: Cada persona con la que he hablado ha sido encarcelada, ha sufrido extorsión, ha sido forzada a trabajar en condiciones de esclavitud o tortura. También he visto las cicatrices (...) cuando miro sus ojos queda claro por lo que han pasado estas personas. Me decían que estaban listas para morir en el mar, en lugar de pasar otro día más sufriendo en Libia .

Son pobres, existen para ser explotados y extraditados al infierno. No han ganado el primer millón de euros en YouTube, ni son influencers . ¿Para qué rescatarlos? Esta es la verdadera Europa humanitaria. No nos engañemos.

Fuente:
https://www.jornada.com.mx/2019/08/25/opinion/022a1mun

lunes, 9 de septiembre de 2019

MAUTHAUSEN. Deber de Memoria. Deber de Justicia. Algo tan aséptico como la publicación de los nombres de los 4.427 españoles asesinados en Mauthausen puede convertirse en un bálsamo

DOLORES DELGADO 9 AGO 2019 - 12:00 CEST


El día de la liberación de Mauthausen.

Desde que estuve en mayo en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen, hoy conservado como lugar de memoria europea, las imágenes tétricas de la extensa y amplia avenida central del primero y la configuración siniestra del segundo, vienen a mi memoria como un escenario de tortura y muerte inapelable. Son imágenes que jamás deberían borrarse de nuestras mentes para tener muy presente lo que ocurrió, que nunca debe repetirse.

Hoy es uno de esos días en los que un diario oficial hace algo grande que quedará para la historia como día de reparación simbólica. El BOE publica los nombres de 4.427 españoles asesinados en ese campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Algo tan aséptico y frío como un edicto del Registro Civil Central, que incluye el listado provisional de los nombres, su procedencia geográfica, sus fechas de nacimiento y también de fallecimiento en este complejo diseñado para el exterminio por el régimen nazi, puede convertirse en bálsamo para las víctimas y para la conciencia colectiva de un pueblo que, con demasiada frecuencia, olvida a sus héroes.

Como ministra de Justicia es un honor impulsar esta iniciativa que constituye un paso más para cumplir uno de los objetivos del Gobierno, la devolución de su ciudadanía a nuestros compatriotas víctimas del nazismo, y en este procedimiento en concreto, la inscripción de su defunción en el Registro Civil. Se abre un proceso público de alegaciones que tiene como finalidad permitir a familiares e investigadores hacer constar posibles errores. En este proceso de identificación que ahora ve la luz, debo agradecer la colaboración que el Gobierno francés hizo en los años cincuenta, remitiendo los nombres a las autoridades franquistas de la época, que hicieron caso omiso, y el minucioso trabajo de cotejo realizado por un equipo de la Complutense de Madrid, encabezado por el profesor Gutmaro Gómez Bravo, con la asistencia de la Amical de Mauthausen y otros campos y de las víctimas del nazismo en España.

La intención del Gobierno es continuar trabajando el registro incluyendo a víctimas españolas de otros campos. Esta iniciativa, junto con el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril declarando el 5 de mayo como “día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo en España”, pretende rendir tributo a la memoria de un colectivo que defendió valores democráticos frente al totalitarismo. Ese contingente estaba compuesto en su inmensa mayoría por exiliados republicanos que quisieron continuar luchando por las libertades y la democracia en Europa una vez perdida la guerra en España. Su compromiso y su sacrificio por aquellas conquistas que se lograron finalmente en Europa tardarían en fructificar 40 años en nuestro país. Es el momento de finalizar la tarea pendiente de reivindicación de su memoria en su patria, por la que tanto dieron. Llegamos tarde: la mayoría de los supervivientes han desaparecido. Sin embargo, su memoria y ejemplo permanecerán en la conciencia colectiva de los demócratas españoles, especialmente en las nuevas generaciones. Su legado representa una parte sustancial de lo mejor de España y son, por derecho propio, pilares fundamentales de nuestra memoria democrática. Y, aunque sea de forma simbólica, damos así cumplimiento a nuestro deber de Justicia.

Dolores Delgado García es ministra de Justicia en funciones.

https://elpais.com/politica/2019/08/09/actualidad/1565338790_713275.html?rel=str_articulo#1567414560370

domingo, 8 de septiembre de 2019

IDEAS Julia Cagé: “Las ideas de derechas tienen más peso porque están mejor financiadas” Economista crítica con el elitismo en política, apuesta por incluir a más representantes de clase trabajadora para evitar crisis como la de los 'chalecos amarillos'






La economista Julia Cagé.
La economista Julia Cagé. BRUNO ARBESÚ

Los datos son inapelables; pero sus recetas están abiertas a la discusión. La economista francesa Julia Cagé (Metz, 1984) mezcla el rigor académico con la voluntad de implicarse en el debate público. En su libro Le prix de la démocratie (El precio de la democracia) recopila y desmenuza décadas de información sobre la financiación de los partidos y las campañas en varios países occidentales. Explica cómo el dinero privado —donativos con deducciones fiscales— condiciona los resultados electorales y las políticas de los Gobiernos. Y propone un imaginativo sistema de financiación pública, y listas electorales que obligatoriamente incluyan a miembros de la clase trabajadora.



PREGUNTA. Los chalecos amarillos, sin dinero y sin organización, han tenido un mayor impacto político que los sindicatos, y los partidos bien financiados. ¿No desmiente esto la tesis de su libro?
RESPUESTA. Más bien veo los chalecos amarillos como una prueba de que las categorías populares o modestas ya no se sienten representadas por la clase política ni por Macron, y que las medidas que ha tomado desde el principio del quinquenio solo benefician a los más favorecidos y no a los tres cuartos de franceses más humildes. ¿Y cómo han hecho para hacerse escuchar? Liándola, por decirlo de manera un poco cruda. Y eso no me parece una manera sana de hacer política. En un sistema sano, los problemas que ponen sobre la mesa, que me parecen justos, habrían sido objeto de debate público. Ahora, no creo que lleguen a las elecciones europeas, precisamente porque no hay dinero, ni financiación pública, ni organización.
P. Pueden votar. Un voto de un chaleco amarillo vale igual que cualquier otro. 
R. Sí, pero el voto de alguien que está en los chalecos amarillos o mi voto hoy vale mucho menos que el de una persona que tenga mucho dinero. Este es el problema de nuestras democracias. Tenemos el voto en las urnas y, de otro lado, la cuestión de la financiación de los partidos y las campañas, pagadas por personas que forman parte del grupo de los muy favorecidos. Al final estos tienen más voz que yo. Por eso los chalecos amarillos no se sienten representados y no confían en el sistema democrático, y por eso aumenta la abstención o el voto populista.
P. ¿Cree que Macron ganó gracias a la financiación de su campaña?


“Macron adopta medidas que benefician al 1% de los franceses más ricos: quienes le han financiado”

R. Lo interesante es ver cómo un partido que no existía un año antes puede ganar. Es la formación política que en un intervalo más corto recaudó más dinero. Desde su creación en 2016 hasta finales de 2017, La República en Marcha recaudó más de 13 millones de euros, la mayor parte de donaciones de 7.500 euros, el tope permitido. En el contexto francés es una cifra enorme, aunque en Estados Unidos no sería mucho.
P. ¿Donantes ricos?
R. Sí, y han dado 7.500 e incluso más: 7.500 en 2016, 7.500 en 2017, 4.600 euros para la campaña. Y es legal. Macron hizo campaña en París entre los más ricos, en Londres, en Nueva York, en Líbano. Y cuando solo se habla con gente así, ¿qué dicen ellos? “Nuestra prioridad, si usted es presidente, es suprimir el impuesto de las fortunas e introducir la flat-tax [un tipo impositivo único sobre los beneficios en los ahorros]”. Tenemos un presidente que, en vez de adoptar políticas que ayuden al 99%, (suprimió el impuesto sobre las fortunas y aplicó la flat-tax ), lo hace con las que benefician al 1%. Ellos le han financiado, y esto tiene efectos concretos en las políticas que se están aplicando, y explica en parte la crisis de los chalecos amarillos.
P. Las políticas de derechas se explican básicamente por el dinero que reciben, según usted.
R. Las políticas de derechas económicas. No es lo mismo con las cuestiones sociales, donde las preferencias de los muy ricos no siempre se inclinan a la derecha. En EE UU, el partido Demócrata es tan conservador en el plano económico como el Republicano. Este es el fracaso de Hillary Clinton: las clases populares no se sienten representadas por ella. Y en Europa, ¿quién acometió la gran política de flexibilización laboral en Reino Unido? El Partido Laborista. ¿En Italia? Matteo Renzi, del Partido Democrático, la izquierda. ¿En Alemania? El SPD de Gerhard Schröder. ¿Y qué ocurre hoy? En Alemania la AfD nunca ha estado tan arriba, porque las clases populares ya no se sienten representadas por la izquierda, y van a la extrema derecha. En Italia, la caída de Renzi ha provocado la victoria de la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. En Reino Unido tenemos el Brexit, y en EE UU, a Trump. Ha habido un divorcio entre las clases populares y los partidos históricamente de izquierdas en cuestiones económicas.


“Propongo dar siete euros de dinero público a cada francés para que financie a un movimiento político”

P. Usted parece creer que hay una especie de corrupción inherente en la derecha. Quizá hay personas de derechas que simplemente creen que sus ideas son mejores para mejorar la sociedad.
R. No es corrupción, el sistema es legal. Pueden ser mejores las ideas de derechas, o las de izquierdas, pero el problema hoy es que las de derechas tienen más peso porque están mejor financiadas.
P. ¿Cuál es la solución?
R. Lo primero es limitar drásticamente los donativos privados. En segundo lugar, la democracia tiene un coste, y si no queremos que lo cubran intereses privados y que capturen el juego democrático, es necesario que los sufrague el poder público. Propongo un sistema igualitario de financiamiento de la democracia: lo que llamo los bonos para la igualdad democrática. Consiste en dar anualmente a cada ciudadano unos siete euros de dinero público, en Francia, para que financie al movimiento político de su elección.
P. También propone una Asamblea mixta, que incorpore a representantes de las clases populares para representar mejor al conjunto de la sociedad. ¿Qué impide hoy a un obrero ser diputado?
R. Primero, se necesita dinero para hacer campaña. Esto implica que ya hay una criba. Incluso para las legislativas, la aportación media del partido es del 25% o 30% del gasto total, por lo que hay que encontrar financiación complementaria.
P. ¿Quién pone el resto?
R. En Francia, el candidato usa su propio dinero, o el del partido, o donativos privados. Si emplea su fortuna personal le pueden rembolsar el 47,5% del límite de gastos si obtiene más del 5% de votos. Esto explica la sociología de los cargos electos. Imagine que usted es cajera de supermercado. No tiene casa ni activos. Gana 1.200 euros al mes. Va al banco y dice: “Me presentaré a las elecciones en tres meses. Necesito adelantar 30.000 euros, pero no se preocupen, sacaré más del 5% y lo devolveré”. El banco no presta nunca. Si usted es abogado, ya tiene el dinero o al banco no le importa prestárselo. Esto discrimina y hace que teggamos muchos menos candidatos de grupos sociales más desfavorecidos. Y otra cuestión: las cosas como son. Al hablar de una Asamblea mixta con partidos como el socialista o los verdes se admite off the record que están tan desconectados de las clases populares que, si mañana quisieran hacer listas mixtas, no lo lograrían.
P. Con este sistema, ¿habría habido un fenómeno como el de los chalecos amarillos?
R. No, porque habrían podido expresar sus reivindicaciones en la Asamblea Nacional. Todo habría pasado por la vía del debate democrático y no por los neumáticos quemados en las calles.

La fórmula finlandesa para salvar a los ‘sin techo’ Finlandia reduce la población sin hogar en un 35% con una idea rompedora: otorgar una casa a quien la necesita, sin exigencias. La clave es crear un “sentimiento de pertenencia”

BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN
Twitter 5 SEP 2019 - 00:00 CEST

El que haya visitado varias veces Finlandia conocerá la expresión“the finnish way” (la manera, el estilo finlandés) que sus ciudadanos repiten con cierto pundonor. Se trata de una forma de tomar decisiones para afrontar problemas que resulta innovadora y deja al resto del mundo con la boca abierta. A veces, una aparente locura que, sin embargo, sale bien. Es el caso de Housing First: la simple —y a la vez original— forma de sacar a miles de vagabundos de las calles devolviéndoles un pedacito de dignidad e integrándolos socialmente. “El futuro empieza con un manojo de llaves”, reza el lema de la campaña.

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Un politólogo, un obispo, un médico y un sociólogo formaron en 2007 el comité especial gubernamental que tenía como misión sacar de las calles a miles de personas sin hogar. Inspirado en el movimiento estadounidense Pathways Housing First, fundado a principios de los años noventa por el psicólogo Sam Tsemberis, el Gobierno del país nórdico consiguió reducir entre 2008 y 2015 un 35% el número de ciudadanos que se acuestan y se despiertan cada día a la intemperie: 1.345 personas que vagabundeaban por las calles sin esperanza de futuro lo dejaron de hacer. En Helsinki, según dicen las ONG involucradas en el programa, ya casi no hay vagabundos. Y el objetivo del Gobierno ahora es erradicar la población sin techo en todo el país para 2027, según Bloomberg.

Siguiendo la estela de Tsemberis —que implementó el proyecto en Nueva York, una ciudad especialmente complicada durante las últimas décadas del siglo XX—, la clave no está en la reinserción ni en la desintoxicación de drogas o alcohol como condición sine qua non para acceder a una vivienda. Por lo contrario, se trata de un cuasiliteral “empezar la casa por el tejado”. Todo comienza con la entrega de llaves, sin condiciones ni prejuicios. Y a partir de ahí, aseguran los impulsores del proyecto, la vida de miles de familias y ciudadanos empieza a mejorar. “Se concibe la casa como el punto de partida y no como punto de llegada en el camino de los sin techo”, explica en un vídeo la ONG FEANTSA, involucrada en el proyecto que ya gestiona más de 3.000 apartamentos en 10 ciudades del país.

A diferencia de Estados Unidos y de otra docena de países europeos (España entre ellos) a los que se ha exportado Housing First, los vagabundos de Finlandia, un país de poco más de cinco millones de habitantes, sí tienen el deber de pagar un alquiler. Pese a las crisis económicas —de su gigante Nokia primero y del euro después—, el país nórdico cuenta con un robusto Estado de bienestar que el nuevo Gobierno, liderado por el socialista Antti Rinne, quiere preservar y proteger a toda costa. Los beneficiarios pueden pagar la renta del nuevo hogar con parte de la ayuda económica que reciben del Estado por su condición de desempleado, de incapacitado, de viudo, en concepto de ayudas al alquiler, etcétera. Otro punto que hace único a este programa es que en los complejos de viviendas, integradas en barrios de clase media para evitar los guetos (como ocurre en Dinamarca, por ejemplo), no está prohibido el consumo de alcohol.

Finlandia está eliminando paulatinamente los refugios temporales para personas sin hogar (de 600 que había en Helsinki en 2008, ya solo quedan unos 50, que solo se utilizan en invierno como emergencia, cuando las temperaturas se desploman hasta los 20 grados bajo cero). “El sistema de refugio temporal no estaba funcionando (…). Mientras esa gente no tenga una casa permanente, siempre serán considerados sin techo”, subraya, citado por Politico, Juha Kaakinen, que formó parte del cuarteto de expertos que puso en marcha el proyecto y hoy es consejero delegado de Y-Foundation, la ONG encargada de implementarlo en Finlandia. El fundador de Housing First, Sam Tsemberis, añade que, a diferencia de un piso compartido o de un refugio donde uno pernocta de manera intermitente, esta iniciativa ofrece “sentimiento de pertenencia” a un lugar, a una comunidad. Un valor intangible que hace al ser humano más humano. Los impulsores de la idea en Finlandia, que bautizaron su primer informe como Nimi Ovessa (tu nombre en la puerta), están convencidos de que el mero hecho de ver una placa con la identificación de cada inquilino al lado del telefonillo o en el buzón inyecta fuerza de voluntad para poder empezar a cambiar de vida y de hábitos.

“Este apartamento me ha dado la oportunidad de volver a una vida normal. Puedo planear mi futuro”, afirma un hombre de 48 años. Una mujer de 59 años añade que vivir en un apartamento le da “seguridad”. Son dos de los beneficiados por esta medida que, a lo largo de 10 años, ha costado a las arcas públicas unos 300 millones de euros (70 millones en el último trienio). Una cantidad que no resulta abrumadora si se cuenta el ahorro anual por persona sin hogar que el erario deja de gastar en servicios de emergencias, policía y gastos judiciales: 9.600 euros, según el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Aunque, por lo general, el programa ha sido bien acogido, también ha suscitado críticas. Timo Kauppinen, sociólogo en el Instituto Nacional de Sanidad y Bienestar, explica por correo electrónico que cuando se planifican nuevos apartamentos de este tipo, algunos vecinos reaccionan con lo que se ha bautizado como NIMBY (el acrónimo en inglés de “no en mi patio trasero”). “Estas casas generan algunos temores de antemano, tal vez más aún si se planifican cerca de escuelas o jardines de infancia. Sin embargo, mi impresión es que en realidad no ha habido grandes problemas en los vecindarios una vez que estas unidades han comenzado a funcionar”, sostiene Kauppinen. Los habitantes de las zonas donde se alojan estas casas —normalmente a las afueras de una decena de grandes ciudades como Helsinki, Tampere o Turku— tardan una media de dos años en acostumbrarse a sus nuevos vecinos. Pero lo hacen.

Trabajadores sociales y especialistas en enfermedades mentales, adicciones y demás problemas que aquejan muchos de los antiguos homeless se acercan una vez a la semana a estos vecindarios para ofrecerles apoyo y fomentar su integración en la vida de la comunidad, por ejemplo, recogiendo basura o involucrándose en actividades del barrio.

Pese a los 5.482 vagabundos que se estima que aún quedan en las calles de toda Finlandia (un país con una densidad de población muy baja: 17 habitantes por kilómetro cuadrado), según las autoridades, el programa ha cosechado éxito. Mientras en el Reino Unido el número de sin techo ha aumentado un 7% en el último año; en Alemania, un 35% desde 2017, y en Francia, un 50% en la última década, el país nórdico es el único en Europa, según el WEF, en el que el número de personas sin hogar ha disminuido.

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