Ante la crisis la caridad no debe sustituir a los derechos asistenciales

Los servicios sociales están disminuyendo cuando más ciudadanos los necesitan - Cientos de casos se derivan hacia organizaciones benéficas - Los expertos alertan de que así se rompe el pacto social
Los profesionales de los servicios sociales públicos se lamentan con frecuencia de que este pilar del Estado de bienestar es la cenicienta entre los cuatro existentes -con las pensiones, la educación y la sanidad-. La crisis les está dando la razón con abundancia, porque justo en estos años en que se redoblan las carencias, los que temían pasan a ser pobres y los que ya lo eran cruzan la raya de la exclusión; en momentos en que el desempleo vacía la nevera y muestra su cara más amarga a los jóvenes que no completaron estudios; cuando las aguas se vuelven turbulentas en aquellos hogares reunidos de nuevo por el impago de hipotecas... Justo ahora, los servicios sociales están pasando más hambre que nadie.
"Se puede decir que los están dejando en los huesos, en su estructura más básica, y encima hay una tendencia a devolverlos al asistencialismo, más propio de la antigua beneficencia que de un derecho público consagrado", critica Ana Lima, presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales.
Se refiere, por un lado a la escasez de presupuestos, los que destina el Gobierno han disminuido en nueve millones y los convenios que mantenían las comunidades y los Ayuntamientos con empresas para la atención de las muchas necesidades sociales "están reduciéndose o, directamente, no se renuevan", afirma Lima. "Es fácil que todo eso ocurra porque no hay una ley estatal, ni comunitarias, que los garantice: son solo convenios que se firman en épocas de vacas gordas, pero que se echan abajo en situación deficitaria", dice. En paralelo, asistimos a "una visión asistencialista, paliativa, un parcheo aquí y allá, donde surge la necesidad. Eso es más propio de la labor, encomiable, que desarrollan las organizaciones benéficas privadas, pero los servicios sociales son mucho más que eso", afirma Lima.
Para empezar, son un derecho, no una simple ayuda caritativa, por tanto, tratan de alejar el estigma de aquellos que solicitan este apoyo en momentos de carencias. Cuando Nuria (no quiere apellidos) decidió que la familia no debía seguir sosteniendo su precaria situación económica acudió a la asistente social en busca de una renta básica de inserción. "Al principio no me hacía mucha gracia, la verdad, me daba la impresión de que estaba pidiendo limosna, mendigando, pero pensé, -y mis hermanos me convencieron-, que si existían estos organismos, y si estaban para eso... Aunque bueno, sigue sin hacerme gracia, yo lo que quiero es trabajar y decir, 'esto me lo he ganado'. Lo otro, quieras que no, me lo dan. Ya sé que también es con mis impuestos, pero...".
Los servicios sociales, además, abordan cada caso de una manera integral, o tratan de hacerlo. Conseguir una renta de inserción, que ronda entre 400 o 500 euros, según los casos y las comunidades autónomas, requiere algo más que pasar por una débil situación económica. "Mi hija y yo nos hemos comprometido a acudir a las oficinas de empleo siempre que nos llamen. Aunque ella está en la universidad, gracias a las becas, siempre puede trabajar en fines de semana o en vacaciones, algo que sea compatible con los estudios", dice esta zaragozana. Los servicios sociales le ayudan también a redactar currículos, preparar entrevistas de trabajo... "Y ahora, en septiembre, empezarán los cursillos formativos: puedo elegir, pero tengo que hacer alguno de ellos", señala.
"La reducción del gasto público social está afectando negativamente al bienestar y la calidad de vida de grandes sectores de la ciudadanía. Estos recortes no pueden ser sustituidos por acciones benéficas de carácter caritativo. Estas organizaciones no tienen ni los recursos ni las infraestructuras para suplir los servicios públicos que están siendo eliminados. Es volver al siglo XIX, cuando ya estamos en el siglo XXI", critica Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
"Lo que es indignante es que se diga que España no tiene los fondos para mantener o incluso expandir el gasto público social cuando los datos muestran que el gasto público social es mucho más bajo que el que le corresponde por su nivel de riqueza económica. El PIB per cápita de España es el 94% del promedio de la UE de los 15. Y en cambio, el gasto público social por habitante es solo el 74% del promedio de esos países. Si fuera el 94% nos gastaríamos 66.000 millones de euros más de lo que nos gastamos en nuestro Estado de bienestar", explica Navarro. Cree que los recursos existen "pero el Estado no los recoge porque teme enfrentarse con los grupos financieros, económicos y clases sociales adineradas que no contribuyen a las arcas del Estado como lo hacen sus homólogos en la UE de los 15", critica...
¿Justifica una situación de crisis, por más feroz que esta sea, el adelgazamiento de los servicios sociales o más bien debería ser al contrario?
"Para volver a la beneficencia, por más que alguien lo pretendiera, se necesitaría cambiar la Constitución. El artículo 1, el 10 y el 41 consagran la dignidad personal y la protección social de la ciudadanía como derecho fundamental. La beneficencia pública entra en contradicción con un Estado social de Derecho", dice Patrocinio de las Heras, que fue en los ochenta responsable de Acción Social, del Instituto Nacional de Acción Social y del Inserso." ,,, Leer todo en El País. Más aquí.