En paralelo, en Islandia desde 2008 una sucesión de acontecimientos políticos, impulsados por fuertes movilizaciones sociales, han forzado la renuncia en bloque del gobierno y el adelanto de las elecciones, la convocatoria a dos referéndums populares que culminaron con el voto masivo por el no pago de la deuda, el enjuiciamiento y encarcelamiento temporario de banqueros y funcionarios y la posibilidad de contar con una nueva Constitución. Sin embargo, sólo las redes alternativas (Rebelión entre ellas) y algunos portales (como el CADTM) han hecho circular estas informaciones, que en su mayoría han sido ignoradas por los medios tradicionales.
Situado en el norte boreal de Europa, Islandia es una pequeña isla rodeada de islas e islotes aún más pequeños. En conjunto alcanzan una extensión de unos 103.000 km2 que albergan a 320 mil habitantes. Su economía dispone de importantes fuentes de energía hidráulica y geotérmica, pero depende mucho de la industria pesquera, que representa un 40 por ciento de sus ingresos y da empleo al 7 por ciento de la fuerza de trabajo.
En los años 80 el gobierno -bajo presión de la oleada thatcherista- puso en marcha la privatización de la pesca: impuso cuotas para las capturas e hizo millonarios a unos cuantos pescadores. En paralelo, se sumó a la política del “ofertismo”, propia de la “reaganomics”, bajando impuestos y desregulando mercados, a la par que comenzó a publicitar la política de privatizaciones. Por si algo faltara, Milton Friedman visitó varias veces Reikiavik, la capital del país.
No obstante este avance neoliberal, el país siguió mostrando indicadores notables. El Estado garantizaba -bajo un régimen asimilado al del Estado de bienestar- asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a sus habitantes. La esperanza de vida estaba entre las más elevadas del mundo y la tasa de desocupación era insignificante, no alcanzaba al 2 por ciento. El gobierno invirtió en energía verde, en plantas de aluminio y en nuevas tecnologías, y en 2007 ascendió al primer lugar en el índice de desarrollo humano del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), muy por delante de países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. En 2009 fue calificado por la Organización de las Naciones Unidas como el tercer país más desarrollado del mundo, siendo ubicado su PIB per cápita entre los diez primeros.
Primera expresión de la crisis
Sin embargo a partir de 2003 -año en que se concreta la privatización de sus tres principales bancos (Kaupthing, Glitnir y sobre todo Ice-save)- el país ingresa de lleno en los flujos financieros internacionales. Tanto la banca como los banqueros iniciaron una carrera desaforada por la expansión de sus activos dentro y fuera del país. Se impulsó una política de endeudamiento y comenzó a incubarse una crisis que estalla en 2008. Esta crisis es considerada como la primera expresión de la crisis mundial que hoy tiene en vilo a los centros económico-financieros del mundo.
Todo se inició cuando, a partir de la privatización bancaria, el gobierno impulsó una política de “vivienda propia”, que los bancos apoyaron con créditos hipotecarios de fácil acceso y cuyas cuotas estaban atadas a la evolución de los precios, pero no a la de los salarios. A la par, el consumo fue alentado con créditos de corto plazo. Cuando en 2008 el déficit de balanza comercial obligó a devaluar la moneda nacional un 50 por ciento, la inflación se disparó y esas cuotas (hipotecarias o de créditos comunes) resultaron impagables.
Para financiar todo este festival crediticio los bancos fueron tomando fondos en el mercado mundial, especialmente en Gran Bretaña y Holanda. Al momento del estallido, el endeudamiento bancario superaba en más de diez veces al PIB nacional. Resultado: más de la tercera parte de la población está hoy sobreendeudada; 13.000 viviendas fueron embargadas y decenas de miles de familias ingresaron en la pobreza.
Para el sentido común todo esto ha sido posible por el contubernio doloso de banqueros, empresarios y políticos. Para algunos analistas, un grupo no mayor de treinta personas. Sin embargo, que este grupo haya sido el instrumentador de una política determinada no puede ocultar que lo sucedido en Islandia es parte de la crisis mundial, que como siempre en las grandes coyunturas explota por el lado financiero, pero cuyas raíces están en la economía productiva.
Sin embargo la resistencia de la población de este pequeño país ha roto con la política de “lo posible” y ha conseguido logros significativos. La secuencia de estos hechos es por demás significativa:
• En 2009 las movilizaciones y manifestaciones callejeras, incluidos “cacerolazos”, rechazaron el plan de ajuste del FMI, hicieron renunciar al gobierno y obligaron a convocar a elecciones anticipadas. El nuevo gobierno intentó por ley imponer una reestructuración de la deuda, que alcanza a los 3.500 millones de euros, que implica que cada familia pagaría 100 euros por mes durante 15 años.
• En 2010 la población nuevamente en las calles rechazó esta ley; el presidente decide entonces no ratificarla y convoca a un referéndum popular. El 93 por ciento de los votantes se expresó por el “No pago de la deuda”. En paralelo se desenvuelve una investigación sobre las responsabilidades en la crisis, que concluye con varios banqueros y funcionarios enjuiciados y presos, aunque luego fueron liberados, mientras otros huyeron del país. De hecho uno de los banqueros está hoy buscado por la Interpol.
• En 2011 un nuevo referéndum ratificó el “No pago” por el 60 por ciento de los votos.
Reforma constitucional
En numerosas oportunidades la sociedad islandesa se planteó reemplazar la Constitución vigente desde 1944, una copia de la danesa, que en su momento sólo cambió “rey” por “presidente”. La actual crisis financiera estimuló esta necesidad y abrió el debate político, por lo que el Parlamento resolvió la creación de la Asamblea Constituyente, para la cual fueron elegidos por voto popular 25 representantes (10 mujeres y 15 hombres), entre los 522 mayores de 18 años que se postularon. Sin embargo, antes que se iniciaran las deliberaciones, la elección fue invalidada por el Tribunal Supremo por vicios procedimentales. La Asamblea fue transformada entonces en Consejo Constitucional, integrado por las mismas personas antes elegidas, quienes comenzaron a sesionar a principios de abril en tres grupos, y debían entregar sus propuestas a fines de julio pasado (a la fecha no se dispone de información sobre si esto se concretó).
Las reuniones han sido públicas -cada jueves el Consejo se ha reunido y debatido, con una emisión en directo en la web. Los islandeses pueden consultar y proponer semanalmente nuevos artículos y enmiendas para su inclusión en la Carta Magna, y dar opinión sobre los mismos. Un papel decisivo juegan aquí las redes sociales (Facebook, Twitter y Flickr), mientras que en Youtube se publican periódicamente entrevistas con cada uno de los 25 miembros del Consejo en lo que la cultura popular ya ha dado en llamar “democracia 2.0”.
El sistema de aprobación final no está claramente determinado. Se supone que el grupo redactor elevará al Consejo el proyecto de nueva Constitución consensuado y si éste lo aprueba, pasaría finalmente al Parlamento. Sin embargo, no hay claridad aún sobre este proceso, y esta indefinición ha hecho que surgieran voces de advertencia, previendo que “…los políticos quieran repasarla antes del referéndum”, por eso claman para que “…la gente pueda votar lo que han escrito, antes que los políticos metan mano, teniendo en cuenta que de aquí saldrá un nuevo sistema con el que queremos, entre otras cosas, erradicar la corrupción”.
Más allá del resultado final de esta confrontación, Islandia muestra que es posible pensar en salidas alternativas, que no es imprescindible salvar a los bancos como paso previo a cualquier otra medida. Que es posible romper con el “posibilismo” que impone el cerco neoliberal y hacer que los costos no los paguen los que siempre los pagan. Que hay otro camino que implica decisiones no sólo económicas, sino fundamentalmente políticas y democráticas. Islandia es una excepción, una singularidad; una rareza, no sólo por dejar quebrar sus bancos, perseguir a banqueros y funcionarios o decidir reformar la Constitución, sino por la forma democrática y participativa con que estos logros se hacen posible.
EDUARDO LUCITA es Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda). (La foto del gato la he tomado del NYT, el gato ha a parecido en su casa de Mahattan, después de años desaparecido)
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