El ataque al estado del bienestar

La aprobación del pacto PSOE-PP, que intenta establecer un límite al gasto público a fin de equilibrar el presupuesto del Estado, representa una medida que continuará con los enormes recortes de derechos sociales -como es la congelación de las pensiones- que están ya ocurriendo en España. Su inclusión en la Constitución proveerá una herramienta poderosísima para debilitar e incluso desmantelar al ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar español.
Aquellos quienes proponen tal medida la presentan como eminentemente razonable, argumentando que, en la misma manera que las familias no pueden gastar más de lo que ingresan, al Estado (que en España incluye el estado central, autonómico y municipal) tampoco debiera permitírsele que gastara más de lo que ingresa. Y para expresar la necesidad y contundencia de tal medida, se proponen incluirla en la Constitución. Tal argumentación ignora u oculta, sin embargo, que la gran mayoría de las familias gastan anualmente más de lo que ingresan, debido a la existencia del crédito. Cuando una familia se compra una casa, o un coche, o educa a sus hijos invirtiendo en su formación, pide prestado dinero y lo paga en varios años. Y lo mismo ocurre con el Estado, el cual constantemente invierte en infraestructuras físicas (como en carreteras) o sociales (como centros de salud y escuelas públicas) que mejorarán el presente y el futuro de la ciudadanía, no sólo de hoy, sino de las generaciones que nos sigan, necesitando endeudarse para financiarlo. El argumento que repiten machaconamente las derechas de que “es injusto dejarles una deuda pública a nuestros hijos”, oculta que nuestros hijos requieren estas inversiones para que les dejemos un mundo mejor. Negarle al estado la capacidad de endeudarse es semejante a que se les dijera a las familias que no pueden endeudarse. Hoy, por cierto, la deuda pública es mucho menor -60% del PIB- que la deuda privada de las familias (y de las empresas) -189%-.
Naturalmente que la prudencia en pedir préstamos es aconsejable, pero el Estado español (a todos los niveles) dista mucho de haberse extralimitado. La deuda pública es menor que el promedio de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE). Es más, España tiene el gasto público social (que constituye una gran parte del gasto público por habitante) más bajo de la UE-15. Es sólo el 74% del promedio de la UE-15, mucho más bajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo económico que España tiene, que es ya el 94% del PIB per cápita de la UE-15.
La frase que el Sr. Rajoy y Co. utilizan con frecuencia de que “hay que recortar el gasto público social para salvar el futuro estado del bienestar” asume errónea y falsamente que éste está hipertrofiado, postura insostenible a la luz de los datos. Lo que en realidad esconde este argumento es el deseo de mantener, o incluso reducir el sector público, disminuyendo todavía más los escasos recursos que recoge el Estado a fin de privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, las escuelas de infancia y los servicios sociales, entre otros.
Una consecuencia de tal medida es incrementar todavía más la regresividad del sistema fiscal español, uno de los más regresivos existentes hoy en la Unión Europea. Los niveles nominales de gravación aparentan progresividad. Pero, en la práctica (consecuencia de deducciones, ventajas fiscales y fraude fiscal) los niveles reales son enormemente regresivos. Mientras que la mayoría de la población trabajadora (a la cual se le paga en nómina) paga impuestos en porcentajes similares a sus homólogos en la UE-15 (el trabajador de la manufactura paga el mismo porcentaje en impuestos que el promedio de la UE-15), la gran empresa (que paga mucho menos –en términos proporcionales- que la mediana y pequeña empresa), la banca y las rentas superiores pagan impuestos en porcentajes (que derivan de sus rentas del capital) que son mucho menores (sus niveles de gravación reales son del 10% al 17%) que los de sus homólogos en el promedio de la UE-15. Y ello es consecuencia de su enorme y excesiva influencia sobre el Estado, y de la tolerancia y/o complicidad de este último hacia esta regresividad. Según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el 80% del fraude fiscal (88.000 millones de euros) lo realizan estos sectores.
Pero además de esta situación de regresividad que caracteriza la situación española, hay otra estructural que ocurre también en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En ellos, las rentas derivadas del capital se gravan mucho menos que las rentas del trabajo. Como bien decía paradójicamente Warren Buffet, uno de los hombres más ricos de EEUU, en un artículo del New York Times titulado significativamente “Basta de mimar a los súper ricos” (14.08.11), es profundamente injusto que si una persona recibe 80.000 dólares por tener acciones en la banca pague muchos menos impuestos que otra persona que obtiene tal dinero trabajando. Esta política se justifica con el argumento de que hay que mimar al capital para favorecer la inversión y crear empleo. Pero como bien dice el propio Sr. Buffet, se creó en EEUU mucho más empleo durante el periodo 1950-1980 -que tenía una carga fiscal más elevada- que durante el periodo 1980-2010 (en que hubo un bajón de impuestos al capital y en general). El Partido Republicano, controlado por el Tea Party, que es la ultraderecha estadounidense, está hoy proponiendo incluir en la Constitución Estadounidense una medida de limitación de gasto público casi idéntica a la que propone el pacto PSOE-PP, habiendo sido también responsable -como lo han sido los gobiernos del PSOE y del PP- de bajar impuestos de las rentas del capital. En realidad, esta disminución de impuestos contribuyó en gran manera a crear el déficit del estado que ahora se intenta resolver recortando el gasto público social. Y todo ello mandado por la Constitución. Vicenç Navarro.