De 395 iniciativas parlamentarias, sólo dos tuvieron que ver con la pobreza infantil y fueron rechazadas

Una de las peores consecuencias de la interminable lista de casos de corrupción es que no se puede hablar de otra cosa, excepción hecha, tal vez, de Cataluña. Hipnotizados entre la impotencia y la atracción que ejercen las espectaculares llamadas a la “regeneración”, estamos paralizados, quizás a la espera de unas elecciones en las que poder decir algo. Pero hay cosas que no pueden esperar. Cosas de las que tenemos que hablar urgentemente, porque responden a necesidades ineludibles que, si no se corrigen rápido, tendrán consecuencias muy graves en nuestro futuro.

Necesitamos un debate serio sobre la corrupción, por supuesto, lo necesitamos por razones políticas, para infundir un cierto grado de confianza y autoestima en la sociedad y para que se implanten normas sociales y controles administrativos que detecten las redes de corrupción y los comportamientos inmorales de los dirigentes políticos y que obliguen a actuar en consecuencia, en el plano político y judicial. Pero necesitamos todavía con mayor urgencia un debate sobre los niveles de pobreza infantil a que hemos llegado y sobre sus terribles consecuencias.

La debilidad del debate público español es inquietante. Falta seriedad y precisión, exigencia en el debate parlamentario, incapaz de satisfacer ninguno de los elementos que estableció en su día el Índice de Calidad del Debate Democrático (el llamado DQI, siglas en inglés de Discourse Quality Index):
-elevado número de interlocutores,
-ausencia de discursos ofensivos,
-más amplia y mejor argumentación,
-mayor disponibilidad para el compromiso.
La debilidad del debate es tan grande que las propias autoridades no comprenden a veces el auténtico alcance de algunos de los problemas que afrontan.
¿Cómo es posible que en el Parlamento español, de 395 iniciativas en lo que va de legislatura, solo dos hayan estado directamente relacionadas con la pobreza infantil y que las dos hayan sido rechazadas?

Estamos hablando de que España es el país con mayor pobreza infantil de Europa, detrás de Grecia y Letonia, y que la tendencia no mejora. Hablamos de que la protección de los niños en España es ínfima, peor que la que obtienen los mayores de 65 años. De que los países de nuestro entorno, al margen de matices ideológicos, no han dudado un minuto en desplegar instrumentos para combatir esa feroz desigualdad. En el Reino Unido, por ejemplo, el Gobierno conservador se somete, periódica y voluntariamente, a un riguroso examen parlamentario para saber qué se ha logrado en esa lucha y qué hay que seguir mejorando... Más. SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 2 NOV 2014 - El País.