Primero fue el borrado de los discos duros del caso Bárcenas requeridos por el juez, y después, la Audiencia Provincial de Madrid “extravió” la causa interpuesta por UPyD e IU sobre la eliminación de dichas pruebas. Ante el primer caso, cabe preguntarse por la tibieza del magistrado que pide los dispositivos en lugar de no requisarlos para evitar su formateo por parte de los investigados. El segundo hecho revela una vez más la inaplazable reforma de una justicia politizada hasta el tuétano, cómplice de prácticas que entorpecen el normal desarrollo de los procesos judiciales.— DANIEL GARCÍA DELICADO Albacete 24 FEB 2015
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