_- Finalmente el Ministerio de Defensa ha autorizado el envío a Arabia Saudí del cargamento de 400 bombas de precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada semana. El gobierno saudí amenazó con suspender a su vez la compra a España de cinco corbetas por valor de 1.813 millones de euros, de llevarse a cabo la suspensión de contrato anunciada por la ministra. Este contrato, según la empresa pública encargada de la construcción, Navantia, generaría cerca de 6.000 puestos de trabajos, entre directos e indirectos. El asunto ha provocado un interesante debate entre intereses y valores enfrentados. Por un lado, trabajadores que veían peligrar sus empleos y que se vieron apoyados por diferentes políticos, especialmente por el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, quien afirmó: “el contrato (de Navantia con Arabia Saudí) me parece necesario. Significa trabajo y nosotros somos constructores de barcos, lo hemos hecho desde la época de los fenicios. En Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra en Yemen. Si no los hacemos nosotros, los harán otros”.
Expuesto lo anterior debemos de contemplar algunos datos necesarios para comprender la situación.
El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire a las milicias de los hutíes en Yemen, uno de los países más pobres de Oriente Medio. Era el inicio de la guerra que, desde entonces, golpea a la población del país árabe. Los saudís quieren derrocar a los rebeldes hutíes, de religión chiíta, que llegaron al poder de Yemen a principios de 2015. A diferencia del gobierno anterior de Yemen, el gobierno hutí se alinearía con Irán, Rusia o China, algo intolerable para Arabia Saudí y Estados Unidos. Por ello, en 2015, armas valoradas en casi 546 millones de euros salieron de las fronteras españolas con destino a Arabia Saudí, un 46% más que en 2014.
El mismo año en que comenzó la guerra de Yemen, el Gobierno del Partido Popular autorizó contratos para vender, durante los años siguientes, armamento valorado en 584 millones de euros a esta monarquía del Golfo. Entre los tipos de armas que España permitió exportar al país saudí había rifles, obuses, municiones, torpedos, misiles. Entre ellas estaban las 400 bombas de precisión láser cuya venta se planteó frenar por el Ejecutivo de Sánchez ante el riesgo de que pudieran utilizarse para bombardear Yemen. Las bombas que vamos a vender a Arabia Saudí son similares a las que en 2015, les vendió la Administración de Obama: 4.000 bombas GBU-12 Paveway II. Trump, por su parte, prometió vender 104.000 bombas guiadas a los saudíes.
Uno de los motivos por los que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que revisaría las condiciones de venta de armamento español a los países de la coalición fue que, pocos días antes de esa decisión, el 9 de agosto de 2018, un proyectil lanzado por la coalición liderada por Arabia Saudí cayó sobre un grupo de niños que viajaba en autobús escolar al norte de Yemen. Al menos 40 menores murieron en el ataque.
Amnistía Internacional ha documentado más de 36 bombardeos que “podrían constituir” violaciones y crímenes en virtud del derecho internacional. Las bodas, funerales, los mercados y los centros médicos son algunos de los objetivos de los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen. El 23 de abril la aviación saudí bombardeó la celebración de una boda en la provincia yemení de Haya, 33 personas fallecieron y 41 resultaron heridas a causa del ataque, cuyo objetivo fueron las tiendas de invitados. Una imagen difundida por medios locales permitió identificar el origen de la munición utilizada en el ataque. Se trataba de los restos de una bomba guiada por láser GBU-12 Paveway II, fabricada por la empresa norteamericana Raytheon. Estos son ejemplos de la “utilidad” y “eficacia” de las bombas que venderemos a Arabia Saudí.
Desde el inicio del conflicto, según datos de Naciones Unidas, 6.660 civiles han muerto y 10.563 han resultado heridos, aunque “la cifra real es probablemente significativamente más alta”, reiteran los expertos. Las fuerzas saudíes también han cometido “tratos crueles y tortura, actos denigrantes, violaciones y al reclutamiento de niños menores de 15 años o haberlos utilizado como parte activa en las hostilidades”, según la ONU. Un total de 2,3 millones se han desplazado internamente a causa de la violencia.
En cuanto a las corbetas que estamos fabricando para los saudíes, que nadie imagine que son unos pacíficos barcos civiles. Se trata de buques de guerra que, en el mejor de los casos, sirven, según denuncian las ONG’s, para mantener el bloqueo naval que impide a Yemen la llegada de la ayuda humanitaria.
En esas corbetas se transportan helicópteros artillados (NH-90, AB-212, AB-412 o Eurocopter AS-565) y hasta dos embarcaciones semirrígidas de 5,5 metros de eslora cada una, lo que permite realizar acciones de asalto. Al tratarse de un buque de guerra, puede incorporar varios cañones de hasta 76 mm y sistemas de misiles SAM y SSM, así como dos lanzadores triples de torpedos.
Por supuesto que los trabajadores de Navantia y sus familias tienen derecho a sobrevivir. Pero visto la anterior, toca reflexionar si es ético sostener esa manutención en la muerte de miles de civiles por el ejército de una monarquía absolutista. Sentencias del tipo de “si no las vendemos nosotros se las venderán otros” o “mi responsabilidad es mirar por el interés de mis vecinos como alcalde”, como han dicho los sindicatos y el alcalde de Cádiz, son razonamientos inmorales e incluso xenófobos. Recuerda ese argumento de la ultraderecha de que los que importan son los españoles y no los seres humanos. ¿A Kichi le importan los gaditanos (mejor dicho, su puesto de trabajo) y no los seres humanos no gaditanos? ¿De verdad el sindicalismo español no sabe ni de internacionalismo, ni de derechos humanos, ni de solidaridad hasta el punto de interesarse solo por los empleos de su empresa? Hubo un tiempo en que trabajadores de Europa se negaban a trabajar en las industrias que vendían armamento al bando golpista de Franco. Es evidente que todos los que defendemos el fin de la venta de armas a Arabia Saudí o cualquier otra dictadura debemos pensar en una alternativa para esos trabajadores, como desde el ecologismo la planteábamos para los mineros del carbón u otras reconversiones industriales que hubo en España. Algunas veces me parece estar viendo la película El Verdugo, de Berlanga, donde el protagonista plantea que lo suyo es solo un trabajo que, además, quiere que herede su hijo. Porque si se trata de mantener de puestos de trabajo y mantener a tus hijos a costa de cualquier cosa, también el ladrón de bancos o el torturador (menos mal que alguien asumió perder un puesto de trabajo cuando se jubiló Billy el Niño) deberían mantenerse. La humanidad ha mejorado cuando los principios éticos y los derechos humanos se han puesto por delante de cuestiones particulares como el empleo de algunos, es el caso de la prohibición de las bombas de racimo o las minas antipersona, o el embargo a la Sudáfrica del apartheid. Es indiscutible que, en todos esos casos, se perdieron muchos puestos de trabajo, pero se entendió que había un motivo mayor.
Del mismo modo, países como Alemania, Bélgica, Holanda o Noruega ya no autorizan ni exportan armas que se puedan utilizar en el conflicto de Yemen, siguiendo directrices de la ONU y el Parlamento Europeo.
Lo preocupante es que España vive un boom en la venta de armas al mundo como nunca antes en su historia. Los millones de euros facturados entre el 2015 y 2017 han convertido a España en uno de los mayores proveedores mundiales de armas a Arabia Saudí. En estos años, ha ocupado el cuarto puesto en la lista de los principales exportadores de armas a la monarquía del Golfo, y ha conseguido posicionarse como el séptimo país del planeta que más comercializa armamentos y material bélico. Quizás lo que está haciendo la industria militar española es aprovecharse de que otros países sí tienen escrúpulos para apropiarnos de ese mercado.
Existe otro detalle todavía mucho más preocupante, como señala Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Navantia, empresa pública propiedad del Estado, es una empresa donde su cuenta de resultados siempre ha sido negativa. En 2016 se perdieron 230 millones, y en los últimos diez años 730 millones de euros. Y si pierde dinero es porque los costes de producción de sus buques son superiores al valor de su venta. Por tanto, las cinco corbetas que se venderán a Arabia Saudí por 1.800 millones para cubrir sus costes de producción deberían tener un valor más elevado. Las pérdidas se subsanan con recursos del Estado, es decir, ni Navantia ni los españoles ganamos dinero vendiendo esas armas a los saudíes, al contrario, se las vendemos por debajo de su coste, estamos subvencionando las armas con las que Arabia Saudí masacra en Yemen o impiden la llegada de alimentos y ayuda humanitaria a una población donde se calcula que siete millones de personas están al borde de la inanición. Este es otro argumento para ir trabajando en una alternativa a los trabajadores de Navantia. Como señala Ortega, los sindicatos de Navantia, el ayuntamiento de Cádiz, el Gobierno de Andalucía y el Gobierno del Estado no se han puesto a investigar y diseñar un plan de conversión de esa naviera. No se ha buscado la complicidad de colegios profesionales de ingenieros, de asociaciones profesionales y de empresarios para llevar un plan de revitalización de la zona. Y seguro que es posible una reindustrialización y puesta en marcha de nuevos servicios en toda la bahía de Cádiz para limitar el impacto negativo de una conversión industrial de Navantia. Según Ortega, ese es el único camino para una empresa, que todos los años pierde dinero y cuyos puestos de trabajo son ineficientes por lo que valdría más la pena estudiar su conversión del ámbito militar y pasar a producir bienes y servicios de carácter civil que, cuando menos, no producirían ese desgarro moral, que es vender armas para la guerra.
Es curioso como, desde el poder, se apoyan unas causas de defensa de puestos de trabajo y no otras. Paradójicamente la mayoría no sabe que España está perdiendo dinero y puestos de trabajo por apoyar las sanciones a Rusia e Irán propuestas por Estados Unidos, puesto que se está bloqueando importantes ventas a esos países, sobre todo de productos agrícolas, sin que ni medios ni gobernantes hayan protestado o al menos reconocido. Países que, por cierto que no están bombardeando a nadie.
La sociedad española en general debe hacer suyo el problema de los puestos de trabajo de Navantia, pero también los trabajadores y sus familias deben hacer suyo el drama de la muerte de miles de personas por las armas que ellos fabrican. Esa es la solidaridad que nos hace humanos.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es ‘Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación’ (Akal, 2016)
Fuente:
http://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2018/09/16/sobrevivir-gracias-a-la-muerte/
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