El trabajo infantil se combate con educación.

A pesar de ser una de las prioridades de los organismos de derechos humanos, 160 millones de niños siguen sufriendo explotación laboral. Las guerras, las crisis económicas y la desigualdad son las principales amenazas.

“Si no trabajo, mi familia morirá de hambre. Con mis ingresos estoy pagando el alquiler de nuestra casa y asegurando la comida para mí y para mi madre. Por eso sigo trabajando en la tienda”. Esta frase tan dura es de Sumaya, de Bangladés. Tiene 14 años y desde hace dos trabaja en una tienda de ropa. Ahora vive más contenta y relajada, a pesar de las muchas horas que pasa de pie: ha dejado de ejercer como trabajadora doméstica y sus jefes no la maltratan físicamente como hacían en su antiguo empleo.

El caso de Sumaya es el de tantos niños y niñas, como Sétou, Kabir, o Anne, que viven en países como Malí, India o Burkina Faso. Sumaya, dentro de su frágil situación, al menos ahora vive menos amenazada. Otros no tienen la misma suerte. Como ellos, en el mundo hay 160 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años —63 millones de niñas y 97 millones de niños, según la OIT y Unicef— que trabajan. Se trata de uno de cada 10, y entre ellos, casi la mitad realiza trabajos peligrosos.

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, un año más, hemos de lamentarnos por un fenómeno que no disminuye. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se marcaron como meta erradicar el trabajo infantil en 2025, o sea de aquí a dos años. Sin embargo, todo apunta a que en esa fecha habrá todavía 140 millones de niños trabajando.

Más de un tercio de los niños y niñas en situación de trabajo infantil no están escolarizados. Aquellos que realizan trabajos peligrosos tienen aún menos probabilidades de asistir a la escuela.

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de la infancia, perjudica su bienestar y es dañino para su desarrollo integral. No hablamos del trabajo que un niño efectúa de forma puntual y ligera, como reponer alimentos o coser algún vestido, o de tareas que, si se ejecutan de forma adecuada, pueden hasta contribuir al aprendizaje y a la socialización de niñas, niños y adolescentes. Hablamos de aquel que priva a la infancia de sus derechos fundamentales, como a la educación, la protección, la participación y la salud, sin olvidarnos del ocio y el juego, tan importantes en esta etapa. Hablamos de erradicar un trabajo que no siempre garantiza su acceso a medicamentos, alimentación y ropa adecuada, y los expone a accidentes y enfermedades por sus duras condiciones (demasiadas horas, manipulación de material pesado o peligroso, exposición a condiciones climáticas adversas). Aquel que los separa de sus padres y madres u otros familiares, haciéndolos vivir en entornos hostiles, y sin relaciones seguras con los pares o personas adultas de confianza. Esta mezcla conlleva una mayor exposición a violencias de todo tipo, incluyendo la sexual. Hablamos también de erradicar formas extremas de vulneraciones de derechos como la explotación sexual comercial y el reclutamiento forzado en grupos armados.

El trabajo infantil, al provenir de una combinación de causas —la falta de leyes apropiadas, o su implementación, la falta de recursos y el carácter informal de la economía, las carencias en los sistemas de protección social y de educación, normas sociales y prácticas dañinas— se agudiza en situaciones de crisis: el riesgo de trabajo infantil para los que viven en países afectados por conflictos es tres veces superior a la media mundial.

La crisis de la covid-19 ha provocado un receso en los avances hacia la eliminación del trabajo infantil y sus peores formas. Si bien es cierto que regiones del mundo como Asia o América registraron una reducción de la incidencia del trabajo infantil, hay grandes disparidades entre regiones, y a nivel global, la lucha contra este fenómeno está estancada. En África subsahariana, donde la incidencia es la más alta, este ha aumentado en los últimos años y ahora concierne al 23,9% de los niños y niñas. También hay disparidad en las franjas de edad, con un preocupante aumento de los menores de entre 5 y 11 años que ahora trabajan en todo el mundo. A esa edad, lo justo es jugar, beneficiarse de un entorno protector y asistir a la escuela.

Más de un tercio de los niños y niñas en situación de trabajo infantil no están escolarizados y aquellos que realizan trabajos peligrosos tienen aún menos probabilidades de asistir a la escuela. El trabajo infantil afecta al acceso a la escuela, así como a la asistencia y el mantenimiento. Le impide a la infancia aprender de forma adecuada y feliz. Por eso es tan importante garantizar una educación segura, inclusiva y de calidad para todos los niños y niñas. Se debe asegurar la educación obligatoria hasta cierta edad —la misma edad bajo la cual el trabajo esté prohibido —, y fortalecer los sistemas para que la educación respete las necesidades de aquellos niños y niñas que se incorporan después de experiencias de trabajo. Se ha de garantizar la continuidad para los y las adolescentes que quieran seguir estudiando, reforzar los sistemas de formación profesional o técnica, y proporcionar un acceso al empleo seguro.

Hay que educar desde la raíz, fomentando el diálogo y activando la escucha con todos los actores, sobre todo con aquellos que más saben de los riesgos: los propios niños y niñas. Es hora de acelerar los esfuerzos para que tomen conciencia de sus derechos, para que se protejan a sí mismos y a sus pares. Hemos de combatir su invisibilidad, escuchando y entendiendo lo que nos dicen, para así conocer sus realidades, fortalecer sus capacidades y apoyar sus iniciativas. Es crucial que se les deje el espacio para defender su derecho a la educación, pero también a un trabajo digno, lo que significa salario mínimo, condiciones de seguridad y garantía de un horario adecuado a su edad y desarrollo.

Laurence Cambianica es especialista en Programas de Protección de Educo.

https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2023-06-12/el-trabajo-infantil-se-combate-con-educacion.html