Pedro Huerta dirige, con el cargo de secretario general, Escuelas Católicas, la mayor organización de la enseñanza concertada. Pertenecen a ella, en números redondos, 2.000 colegios, en los que estudian 1,2 millones de alumnos y trabajan 100.000 personas, 82.000 de ellas docentes. Licenciado en Filosofía y religioso de la orden de los Trinitarios, Huerta nació hace 53 años en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y trabajó tres décadas en Andalucía, primero en prisiones y después en colegios, especialmente en centros considerados socialmente complejos. La entrevista tiene lugar el primer martes de junio, por la tarde, en la poca vistosa sede de Escuelas Católicas, ubicada en el barrio de Moratalaz de Madrid, en unos sofás de su despacho, muy blanco y apenas decorado, en uno de cuyos estantes descansa una foto en la que aparece junto al papa Francisco.
Pregunta. Los resultados electorales de mayo han dejado la aplicación de la nueva ley educativa, la Lomloe, en manos de autoridades autonómicas que se han opuesto a ella. Y es posible que si en julio hay otros partidos en el Gobierno, la ley vuelva a cambiar. ¿Qué opina?
Respuesta. Es un escenario de incertidumbre preocupante. Nosotros no queremos que se derogue la Lomloe. Lo digo de verdad. Podría decir: ‘Pero si ustedes se manifestaron y salieron en contra de la Lomloe’. No, hay que diferenciar. Nosotros salimos a manifestar que algunos aspectos de la Lomloe no mejoraban el sistema educativo, sino que buscaban la desaparición progresiva de la complementariedad de redes, de los conciertos educativos. Pero eso no quiere decir que queramos que se derogue la Lomloe. Si ocurriera, sería perjudicial para el sistema educativo, para los colegios, para los mismos alumnos, y para los docentes, que están ya bastante cansados y hastiados con tanto cambio. Y sobre todo, la Lomloe incluye un corpus pedagógico que es bueno, que era muy necesario y cuyo desarrollo, del currículo, de [la normativa de] titulaciones, y otros elementos sigue siendo muy necesario.
P. ¿Qué cree que acarrearía, si cambia el Gobierno, una paralización del calendario de implantación de la ley, que este curso ha empezado por los cursos impares y el próximo está previsto que se extienda a los pares.
R. Generaría mucha inseguridad y mucho hastío en el profesorado, por no hablar del mundo editorial, de creación de materiales educativos... El currículo que se ha propuesto ahora no es fácil. Es muy complejo y ha requerido muchas horas de formación del profesorado. A finales de este mes y en julio, una parte importante del profesorado, tanto del nuestro como el de la pública, va a seguir formándose sobre los elementos que la Lomloe incorpora en cuanto a cambio metodológico y pedagógico... Quien mandara paralizar esos cambios, tendría que dar muchas explicaciones, porque afectaría a la calidad de nuestro sistema educativo.
P. ¿Qué le parece el aprendizaje basado en competencias que pretende implantar la Lomloe?
R. En los aspectos pedagógicos, la Lomloe tenía que haber llegado antes. Ese modelo se tendría que haber implantado mucho antes en España. Con la Lomce [la anterior ley educativa, del PP, aprobada hace 10 años] se perdió la oportunidad de incorporar este enfoque, que no es un invento de aquí, se nos lleva pidiendo desde Europa mucho tiempo, y que creo que va a mejorar la calidad de nuestro sistema.
P. Pero Escuelas Católicas pidió retrasar la implantación de la ley.
R. Sí, pero para que los docentes pudieran adquirir adecuadamente su enfoque. Mi duda es si las bondades de este nuevo sistema están siendo realmente incorporadas por los docentes, porque es un cambio muy fuerte, que requiere cambios en la evaluación, y se está haciendo demasiado rápido. Me consta, porque hablo con muchos docentes, yo mismo lo he sido hasta hace dos años, que está costando mucho, y que en muchos sitios se está incorporando a medias, de forma aparente. Esto requiere más tiempo, así que imagine si la solución que se le da ahora es paralizarlo… sería el colmo. Entiendo las prisas de los políticos para poner en marcha la ley, la preocupación por si dándole más tiempo hay un cambio de Gobierno y la elimina. Y precisamente por eso hace falta lo que también venimos pidiendo desde hace años, que es un pacto educativo que permita que pueda haber transformaciones del sistema educativo sin depender de los cambios de gobierno, no solo a nivel nacional, también autonómico.
P. Afirma que la Lomloe tiene elementos que amenazan a la escuela concertada, pero no parecen haberse materializado.
R. La Lomloe es una herramienta que está ahí. Y ciertas partes que atacan a la escuela concertada, como el artículo 109 [que establece, por ejemplo: “Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”] han sido utilizadas por unas comunidades y por otras no, independientemente del color político. Hay autonomías gobernadas por el PP que lo han hecho y otras del PSOE, que no. Lo que hemos dicho desde el principio es que no debe dejarse una herramienta tan abierta, que puede convertirse en un arma arrojadiza en contra de una parte importante del sistema educativo, en manos de las comunidades autónomas. Y sí nos gustaría que algunos aspectos de la Lomloe se matizaran.
P. ¿Qué comunidades la han usado?
R. Cataluña, por ejemplo. En la nueva ley educativa que están haciendo en el País Vasco, también se ha utilizado bastante. En La Rioja, en Extremadura, y en Galicia hemos tenido también bastantes momentos de preocupación, porque nos han dicho que, por la ley, tenían que priorizar la educación pública. Y otras, como Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha o Asturias, con gobiernos socialistas, ha habido un diálogo fluido y muy bueno.
P. ¿La Iglesia española está haciendo lo necesario para investigar los abusos sexuales a menores cometidos en su seno, denunciar a los culpables, reparar a las víctimas y poner los mecanismos para que no vuelva a ocurrir? Muchos piensan que no.
R. Como Iglesia no puedo hablar, en todo caso opinar. Sus responsables han presentado nuevos protocolos e instrucciones, y me parece un paso importante. Comprendo que desde fuera pueda desearse que los tiempos y las formas de comunicar de la Iglesia fueran otros, más parecidos a los de una empresa, por ejemplo. Pero se responde, y en este momento creo que puede reconocerse en la Iglesia un rostro avergonzado y en condiciones de actuar y de poner remedio. Tal vez desde fuera nos hubiera gustado que en otros momentos actuara mucho antes y fuera más contundente. Y más en situaciones tan duras, tan dramáticas y tan vergonzosas como estas.
P. ¿Y los colegios católicos están haciendo lo necesario? Muchas veces cuesta que respondan sobre estas cuestiones y falta transparencia.
R. Toda la sociedad hemos avanzado mucho en transparencia, en reconocer sin ambigüedades estas situaciones, en decisión para afrontarlas, intervenir y repararlas. Nos está pasando a todos, y a los colegios también. Estamos en un momento de asunción de responsabilidades, no solo ante los casos, sino para prevenirlos en el futuro. Desde Escuelas Católicas tenemos dos programas para formar a los directores y profesores en prevención, y hemos presentado una guía con el mismo objetivo. Se está haciendo. ¿Hay mucho que hacer todavía? Evidentemente.
P. Durante décadas, los casos se han ocultado, y se ha reubicado sin más a los agresores, a veces en otros colegios. ¿Por qué?
R. Creo que institucionalmente no se había dado una reflexión como se está dando ahora, sincera, cercana, sobre su alcance. No como un problema, sino como una falta de testimonio de lo que somos y algo que hay que cambiar. Un problema es algo que me genera una situación que es mejor tapar. Y así es como se ha actuado, como si fueran problemas que hubiera que tapar. No había una predisposición institucional, como no la había en gran parte de la sociedad. Ahora tenemos que trabajar para que no ocurran, y para que si ocurren sepamos cómo intervenir, no tapemos nada y seamos lo suficientemente claros. No porque lo diga una ley, sino porque lo dice nuestra esencia, lo que somos.
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