La nueva presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el discurso de presentación de su programa de Gobierno en la sesión de investidura, puso mucho énfasis en subrayar que no dará un paso atrás en lo que a violencia de género y protección a las mujeres se refiere. Con miembros de Vox en el Gobierno o sin miembros de Vox , pero con pactos firmados con dicho partido, todos los presidentes autonómicos del PP están diciendo lo mismo. Alguno, como el de la Comunidad Valenciana, que tiene más de un miembro de Vox en su Gobierno, uno de los cuales niega expresamente la existencia de la violencia de género, ha dicho que nadie tiene que preocuparse porque las políticas de igualdad dependerán directamente de la Presidencia.
El paso atrás ya se ha dado. En realidad, se vienen dando pasos atrás en las comunidades gobernadas por el PP en este terreno desde hace muchos años. Esta pasada semana se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) mediante la cual otorga el amparo a Antonia Correa y condena a la Comunidad de Murcia a indemnizarla por haberla obligado a desplazarse a Madrid para poder interrumpir el embarazo. A raíz de la divulgación de esta sentencia, los medios de comunicación han informado sobre el caso de Antonia Correa en particular y sobre la práctica “anticonstitucional” de forzar a las mujeres a desplazarse de las provincias en las que viven, incluso de la entera comunidad autónoma, para poder ejercer un derecho que, de acuerdo con la última sentencia del TC sobre la ley de plazos, está vinculado directamente con el artículo 15 de la Constitución y, es, por tanto, un derecho fundamental y no un derecho de “configuración legal”. “Que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad física y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados para hacer frente a esta difícil situación del modo menos traumático posible”, acaba de decir el TC respecto de Antonia Correa, es un “derecho fundamental”. Obligarla a desplazarse para ejercer ese derecho es anticonstitucional.
El calvario de Antonia Correa empezó en 2014. Más de nueve años para ver reconocido su derecho. Y ahora tiene que iniciar un nuevo procedimiento para reclamar la indemnización a la Comunidad de Murcia, que ya veremos cuál es y si no acaba de nuevo en los tribunales. Al mismo tiempo que hemos conocido esa fecha de 2014 para el caso de Antonia Correa, nos hemos enterado también que en 2021 fueron al menos 4.154 mujeres, en 12 provincias, además de Ceuta y Melilla, las que se vieron obligadas a pasar por el mismo trance por el que pasó ella. La práctica anticonstitucional no ha sido, pues, una excepción, sino que puede elevarse a la categoría de un incumplimiento constitucional muy extendido. Para miles de mujeres en un número considerable de provincias el derecho fundamental a interrumpir el embarazo no se reconoce por las autoridades públicas obligadas no sólo a reconocerlo, sino, de acuerdo con la jurisprudencia del TC respecto a los derechos fundamentales, a actuar de la forma más favorable para el ejercicio del derecho.
Esta realidad española en lo que no solo al derecho a la interrupción del embarazo se refiere, sino también en lo que toca a la protección de la libertad sexual de las mujeres, a la transexualidad y, en general, al respeto a los derechos fundamentales de las personas integradas en el colectivo que cubren las siglas LGTBI. La realidad es tan lacerante, que resulta imprescindible que se pongan en práctica políticas públicas para cambiarla. En esto es en lo que se ha trabajado, con muchas dificultades por el primer Gobierno de coalición desde la entrada en vigor de la Constitución.
Todo lo contrario es lo que suponen los pactos entre el PP y Vox. Con estos pactos la situación es peor en la mayor parte del país que la de 2014. El riesgo no es el de que no se corrijan situaciones escandalosas, como las que el caso de Antonia Correa ha hecho visible, sino el de que se acentúen todavía más las prácticas anticonstitucionales.
En Del Espíritu de las Leyes, Montesquieu define la libertad como “la sensación que cada uno tiene de su propia seguridad”. No la seguridad, sino la “sensación” de la propia seguridad. Quien “no se siente seguro, no es libre”. La multiplicación de la pérdida de sensación de seguridad y el consiguiente incremento de falta de libertad es lo que suponen los pactos entre el PP y Vox. Nadie puede llamarse a engaño.
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